Edición 128 Mayo - Junio 2017

El mes de mayo inició con la entrega de 650 mil firmas en pro de la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ante la Registraduría distrital. Desde que se hizo su inscripción en la Registraduría Nacional del Estado Civil, este proceso ha tenido tanto detractores como seguidores, generando que la discusión política tome vida en los espacios públicos de la ciudad.

Los partidarios de la revocatoria, a mitad del mes de enero, inscribieron cuatro comités para recolección de firmas: Unidos Revocamos a Peñalosa, Revoquemos a Peñalosa, Recuperemos a Bogotá y Bogotá Mejor sin Peñalosa, los cuales se sustentan en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, donde la revocatoria es uno de los mecanismos de participación. Además como puede observarse en el “FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS (APOYOS) PARA EL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANO” que le entregó la Registraduría al comité Unidos Revocamos a Peñalosa, uno de los mayores argumentos es que “el alcalde ha engañado a los bogotanos y bogotanas desde la presentación del ante proyecto de plan de desarrollo radicado ante el Consejo Territorial de Planeación que difiere con el radicado ante el Concejo de Bogotá. Las medidas iniciadas para cubrir el déficit presupuestal del plan de desarrollo han implicado el recorte del gasto público social, el despido de miles de trabajadores, la venta de empresas de servicios públicos como la ETB y el grupo de energía, entre otras”.

Este comité fue el primero en entregar un compilado de firmas. Esta primera entrega “fue una estrategia de presión para la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, porque están asustados de que les revoquen el proceso", señaló Leonardo Puentes, vocero del comité Revoquemos a Peñalosa, al periódico El Tiempo. El comité Recuperemos a Bogotá se fusionó con Unidos Revocamos a Peñalosa, mientas que Bogotá Mejor sin Peñalosa, encabezado por César Augusto González, ex candidato al Senado por el Polo y ex candidato al Concejo por el Partido Liberal, no tuvo fuerza.

Por su parte, los detractores nacieron luego de la inscripción de la revocatoria, y están en defensa, no del cargo, sino del plan de gobierno presentado en el año 2015. “Lo que haremos es defender un modelo de ciudad, que ya comienza a ser realidad, y en este momento no hay riesgo más grande para ese modelo de ciudad que la revocatoria”, aseguró Andrés Villamizar, director de la fundación Azul Bogotá, en un video corto publicado en el perfil de Facebook de esta organización. El 18 de abril Azul Bogotá inscribió un comité de revocatoria a la alcaldía de Enrique Peñalosa a nombre del ciudadano José Fernando Flórez Ruiz, director jurídico de la fundación, con el propósito de “demostrar con esto, que hoy es absolutamente fácil, basado en mentiras, revocarle el mandato a un alcalde. Nosotros recogimos de las redes sociales las más fragantes mentiras, las recopilamos en un documento, presentamos este documento ante la Registraduría para ver si nos aceptaban como comité promotor. Para sorpresa nuestra lo aceptaron, es decir, en este momento podemos recoger firmas, basados en estas mentiras”, y añadieron que “lo que estamos haciendo acá es un experimento”  

De fondo buscaban que se hiciera una revisión no solamente de forma sino de contenido a las solicitudes de revocatoria, pero su acción provocó que el cinco de mayo se interpusiera un fraude procesal  ante la Fiscalía a José Fernando Flórez Ruiz por parte del registrador Juan Carlos Galindo Vácha, quien asegura en la página de la Registraduría Nacional que  “Villamizar reconoce que el propósito de la inscripción del comité promotor en cuestión es un experimento. Es decir que presentó los hechos a la Registraduría Nacional de manera diferente a la realidad, cuando debía estar en el deber jurídico de decir la verdad. Y la verdad en este caso es que su objetivo debía ser impulsar la revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa y no hacer un experimento (…). Así, en nuestro criterio se podría estar configurando el delito de fraude procesal. Por eso hemos elevado la denuncia ante la Fiscalía”. Como respuesta, el cinco de mayo la fundación  sacó un comunicado en defensa de su director jurídico y de su fundación.

¿Qué viene?
Desde que el mecanismo de revocatoria nació en la Constitución Política, se han presentado 166 procesos, de los cuales solo 50 llegaron a las urnas y cero han culminado con la revocatoria del mandato, lo que les impone un reto a los actuales promotores de la revocatoria del alcalde de Bogotá.  La Registraduría le recordó al comité Unidos Revocamos a Peñalosa que tiene un mes a partir del dos de mayo para entregar más firmas. Posterior a ello, la Registraduría tiene 45 días para revisar la validez de estas y convocar a unas elecciones con el propósito de que los bogotanos decidan si quieren que Peñalosa continúe o no en la alcaldía.

El número de votos no debe ser inferior al 40% de los ciudadanos que votaron el día que se eligió el respectivo mandatario. El número de votos por la revocatoria debe ser al menos la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva votación. La revocatoria de mandato será de ejecución inmediata. Dentro de los dos meses siguientes se convocará a elecciones para escoger al sucesor. La elección para elegir el nuevo mandatario se convocará siempre y cuando falten más de 18 meses para que se termine el periodo del gobernante revocado. Si faltan menos de 18 meses para que termine el periodo, se designará un gobernador o alcalde para el resto del periodo, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el mandatario.

Y si la Registraduría no avala las firmas…
El día nueve de mayo el comité Unidos Revocamos a Peñalosa, junto con otros sectores de la sociedad, convocaron a una movilización con motivo de la revisión de los argumentos, a partir de un proyecto de resolución para la verificación de las revocatorias al mandato, que aprobaría el Consejo Nacional Electoral, y que podría suspender el proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá. Los líderes de este ejercicio de participación aseguran que continuarán con la recolección de firmas, de la mano de la movilización social.

Mientras tanto, los insultos, reclamos y discusiones se seguirán generando entre los detractores y amigos de la revocatoria, tanto en los escenarios mediáticos como en los espacios públicos de la capital. Esto hace pensar que la puja entre los detractores y los partidarios de la revocatoria será en la calle capitalina, en los escenarios del ejecutivo, en la cultura política del bogotano.  

Desde el pasado Primero de mayo, fecha en la que el presidente Nicolás Maduro anunció desde el acto del día de las y los trabajadores su llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, se esperaba una apertura hacia una situación más proclive al diálogo y la búsqueda de salidas consensuadas a la conflictividad social y política que vive Venezuela. Lejos de eso, pareciera que los factores que adversan al proceso bolivariano han implantado una radicalización de la agenda violenta de calles, incrementándose el número de muertos, heridos y ataques a instituciones públicas, privadas, comerciales e institucionales. Todo esto, mientras el gobierno de Maduro insiste en abrir espacios de diálogo y acercamiento con sectores sociales vinculados a la cultura, el sector empresarial, la iglesia, el sector juvenil, entre otros muchos.

Alternativa a la guerra civil
El proceso constituyente está abierto y la comunidad nacional e internacional se reagrupa en favor y en contra de esta iniciativa, que como lo explicó el propio Presidente en la Av. Bolívar de Caracas, busca evitar la guerra civil y propiciar la paz entre los distintos sectores del pueblo venezolano. Sin embargo, un importante número de dirigentes opositores han llamado a desconocer esta iniciativa del poder constituyente, y hablan de un golpe de Estado e intenciones de perpetuarse en el poder por parte del chavismo.

Además de lo anterior, no han presentado alternativas a la creciente ola de violencia que grupos radicalizados en distintos puntos de Caracas y del interior del país han venido provocando en los últimos días, con secuestros de unidades de transporte, trancazo en vías públicas, acceso a centros hospitalarios, ataques a centros maternales, entre otras acciones de corte terrorista para generar un estado de ingobernabilidad y conmoción social que obligue al Ejecutivo a demitir o a sucumbir a los reclamos inconstitucionales de la oposición en Venezuela.

Debate interno
El llamado a la Constituyente también ha provocado debates internos entre los sectores que se identifican con el chavismo. Hay quienes dicen que un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente sería una traición al legado de Chávez, mientras que por otro lado, quienes apoyan esta iniciativa, recuerdan los mensajes y propias argumentaciones de Chávez con relación a la adecuación permanente del texto constitucional con las nuevas realidades sociales, políticas, educativas y económicas del país. Tal es el caso de la reforma constitucional propuesta por el propio ex presidente en 2007, la cual fue rechazada por la población en su momento.

Hoy, explícitamente, se busca constitucionalizar figuras sociales inexistentes en la Venezuela del '99, como son las misiones y grandes misiones, que atienden problemas sociales muy sentidos por amplios sectores de la población, como la educación, la salud o la vivienda, entre otros aspectos vitales de la Nación, como la producción y la organización del poder popular.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los objetivos primordiales de este llamado a Constituyente, realizado en estos momentos y con esta coyuntura, es la búsqueda del restablecimiento de la convivencia pacífica que ha venido siendo atacada tanto desde lo económico, como desde lo financiero y más recientemente desde lo físico, es decir, con muertos en las calles.

Los nueve puntos de la constituyente
La propuesta impulsada desde Miraflores y que ha avanzado ya en varias reuniones sectoriales en las últimas semanas, consta de nueve puntos y un equipo promotor, que encabeza el Ministro de Educación, Elías Jaua.

En primer lugar, se busca mejorar los mecanismos establecidos en la constitución del '99 para alcanzar la paz y la estabilidad del país. El segundo punto se refiere a lo económico, sobre el que Maduro ha planteado la necesidad de avanzar en la estructuración de un sistema post-petrolero, para lo cual se necesitaría plantear un nuevo escenario con la participación de los más amplios sectores de la sociedad desde la constituyente.

En tercer lugar, se establece la necesidad de darle rango constitucional a las misiones y grandes misiones, para generar una estabilidad a los beneficios sociales logrados en los últimos años que han garantizado vivienda, salud, educación y organización socio-productiva –mediante el sistema de comunas– a amplios sectores de la sociedad venezolana. En cuarto lugar, se establece una clara prioridad en cuanto a potenciar y robustecer el sistema de justicia, para establecer una guerra contra la impunidad, el narcotráfico y el terrorismo.

El quinto punto tiene que ver con lo político y social; este proceso constituyente busca consolidar las estructuras democráticas, participativas y  protagónicas que ya prevé la constitución de Chávez, robusteciéndola con las nuevas experiencias de participación que han surgido al fragor de la construcción del poder comunal.

En sexto lugar, la política exterior soberana es uno de los preceptos que se busca defender con este llamado constituyente, en un marco de agresión interna y externa que ha intentando vulnerar el principio de autodeterminación de los pueblos, motivo por el cual recientemente Venezuela iniciará los protocolos pertinentes para salirse de la OEA y reclamará a su vez el fortalecimiento de una nueva diplomacia desde la CELAC o la Unasur, esta última hoy en manos de Argentina como presidente pro témpore.

El séptimo y octavo punto de este debate constituyentista tienen que ver con el tema cultural y la defensa de los valores culturales de la Nación, visibilizados fuertemente en lo material y en lo inmaterial por los gobiernos de Chávez y Maduro, así como las garantías de futuro para la juventud. Finalmente, el noveno punto busca reivindicar el Plan de la Patria elaborado por Chávez y ratificado en elección popular por el pueblo venezolano, cuando estipula la preservación de la vida en el planeta, como uno de sus objetivos históricos como motor de acción política de gobierno.

Luego que se dieran los pasos ante el Consejo Nacional Electoral, presentando la solicitud formal para la evaluación del calendario electoral, que permita la más amplia participación del pueblo venezolano, el llamado realizado es a la organización de las fuerzas sociales para que desde su legítima y constituyente participación, definan la construcción de los cambios necesarios a la carta magna que rija los destinos de la Nación y consoliden la paz en Venezuela.

*Integrante de Corresponsales del Pueblo | Venezuela

“Mi nombre es Aureliano Carbonell, hago parte de la Dirección Nacional del ELN, y fui designado para estar en la comisión de diálogos de paz”. Así inició en Ecuador la entrevista que obtuvo Periferia con este sociólogo y revolucionario, quien en los años 80 dejó su profesión y sus compromisos laborales para integrarse de tiempo completo a esta insurgencia. Aureliano nos contó cómo culminó el primer ciclo de negociación con el Gobierno nacional, cuál es el modelo de participación que proponen, y cuáles son las transformaciones sociales que requiere el país y que esperan estén en el centro del diálogo.


Periferia: ¿Nos puede profundizar un poco sobre lo que se trabajó en el primer ciclo de negociación entre Gobierno y ELN, y qué dificultades tuvieron?
Aureliano Carbonell: En este primer ciclo había dos puntos que seguirán en el segundo ciclo; uno sobre la participación de la sociedad, y dos, sobre acciones y dinámicas humanitarias. Esta guerra ha dejado muchos dolores y afecciones a distintos sectores de la sociedad, pero principalmente a las mayorías, al campesinado, al pueblo en general, entonces el Gobierno busca aliviar uno de los tantos dolores, pero él elude su responsabilidad sobre el resto de dolores, y no quiere tomar medidas. Ese es el punto que se está trabajando, y buscamos que haya  un alivio humanitario, que se hagan acuerdos que tengan un efecto inmediato y puedan incidir positivamente, y que el proceso mismo vaya transformando la realidad del conflicto. En ese punto solo se logró un marco de referencia común para abordar estos temas, y ese marco de referencia es el Derecho Internacional Humanitario. También, en este primer ciclo, por fin logramos que se conformara lo que hemos llamado el grupo de países de acompañamiento, apoyo y cooperación, y establecer unos parámetros para el trabajo de ellos. En ese grupo están países europeos, distintos a los países garantes. Está Italia, Suecia, Suiza, Alemania, y Holanda.

En lo de participación, el Gobierno se negó a que saliese algo y a que se ejecutara ya algo en función de la participación, mientras el ELN no hiciera un pronunciamiento explícito de renuncia a las retenciones. Ahí se revivió el enfoque de unilateralidad, de imposiciones, de negar que todo se trate y se acuerde en una mesa. En lo de participación sí se hablaron muchas cosas desde el primer día, pero solo se hicieron unos pre acuerdos, sin que eso haya sido acordado todavía en la mesa, para convocar a unas audiencias preparatorias a distintos sectores de la sociedad para que expresen sus ideas sobre la participación de la sociedad, sobre la metodología, mecanismos, y sus experiencias de participación.

P: Ustedes en un punto de la agenda de negociación hablan de Transformaciones para la Paz ¿Cuáles son esas transformaciones necesarias?
AC: Lo central es la opinión de la gente, la voz de la sociedad, y en particular de aquellos que nunca han tenido voz y que nunca han tenido posibilidades de decisión. Ellos son los que darían los puntos centrales, pero le planteo, es previsible que tengan mucha importancia todas las cuestiones agrarias, para que se genere en el país una economía campesina, soberanía alimentaria, que haya respeto por la naturaleza, que busquemos otras opciones frente a este modelo extractivista, que a la larga no le deja nada al país, solo le deja los huecos y los socavones; también que hayan unas situaciones distintas en el sistema de salud y en el sistema educativo. Esos son temas que es de prever que van a estar y que van a ser examinados. Lo otro es que nosotros buscamos que salga la violencia de la política, y para eso es determinante que las clases dominantes desarrollen otra manera de hacer la política. Hasta ahora la han hecho mediante la violencia, mediante el terrorismo de estado, mediante el paramilitarismo, entonces si ellos no cambian esto pues es imposible que del lado del pueblo no tenga que recurrirse a la lucha armada, a la insurgencia.

P: ¿Para ustedes cómo debe ser la participación de la sociedad, tienen alguna propuesta metodológica o han pensado en algo que garantice que haya una participación efectiva de la sociedad?
AC: Nosotros pensamos que es la sociedad misma la que debe definir cómo va a participar, pero como esto va a ser muy difícil porque el Gobierno no facilita estas cosas, entonces hemos venido construyendo algunos elementos en diferentes intercambios realizados. Le doy algunas ideas básicas: este proceso debe tener un componente tanto territorial como temático o sectorial, y es decisivo que sea de abajo hacia arriba. No puede limitarse a unos cuantos foros, a unas cuantas reuniones, sino que aspiramos que sea lo más amplio, lo más participativo, y que en ese proceso de participación estemos todos los del campo democrático y popular de Colombia.
    
P: ¿En ese sentido, creen ustedes que la sociedad colombiana está dispuesta y preparada para participar activamente?
AC: Ese es un gran reto, porque la cultura tiene a la gente distante de la participación, no hay una lucha o una cultura que lleve y reclame la participación,  y esperamos vencer ese reto a través del entusiasmo que le logren imponer a esto las organizaciones sociales y populares, eso es lo principal, y también que entendamos que esto no es solo del ELN; esto es algo que ayudaría al conjunto del campo popular, al conjunto de todos aquellos quienes queremos otra Colombia, y le planteamos a todos ellos que le metan la mano, y si esto ayuda a acumular fuerzas, pues acumula fuerzas para todos, para el conjunto y para que la lucha en Colombia tenga más opciones y mejores posibilidades.

Esta no es una negociación o un intercambio para buscarle caminos a Colombia solo entre el ELN y el Gobierno. Ahí tiene que estar la sociedad y en particular aquellos sectores históricamente excluidos, y vamos a jugarla para que haya participación. Esta participación no la tiene que garantizar el Gobierno, la tiene que conquistar la sociedad, ese es el reto. El Gobierno no nos va a regalar nada, no nos va a conceder, es lo que logremos arrancarle, y para arrancar hay que tener fuerza, hay que tener entusiasmo, hay que tener unidad, hay que tener movilización, y en eso pueden poner un granito de arena grande ustedes, los espacios comunicacionales.

P: ¿También buscan que en esta mesa participen grandes sectores económicos?
AC: Estamos convocando a todos a participar, y en ese sentido, le cuento que en las audiencias preparatorias que hablamos con el Gobierno están convocados precisamente los gremios económicos.

P: ¿Están dispuestos a que en este proceso también participen grupos al margen de la ley, como los paramilitares? ¿Lo ven necesario y prudente?
AC: Eso no lo hemos contemplado, y preferimos hablar con los dueños del circo y no con los payasos.

P: ¿Cómo ven el escenario de la negociación cuando se finalice el Gobierno de Santos, y cómo van a abordar el periodo de elecciones?
AC: Con la misma delegación del Gobierno hemos hablado de dejar este proceso en un punto tal en que el nuevo gobierno de cualquier tendencia que sea, se vea obligado a continuar, y lo segundo es que lo central sería el respaldo social a los procesos de paz. Pensamos que hay que agrandar, darle mucha más fuerza, y tener una mayor convergencia, para que una buena parte de la sociedad se comprometa y respalde los caminos de la paz. Si llega a quedar un Gobierno como el de la tendencia de Uribe, y se encuentra con toda esta fuerza, tendrá más dificultades para hacer lo que quiere, y se verá obligado, por la presión social, a tomar unos caminos que quizá no quisiera tomar.

P: ¿Qué opinan frente a la Jurisdicción Especial para la Paz que fue acordada en el proceso con las FARC? ¿Retomarían algo de ahí, es útil para el proceso de ustedes, o lo harían de otra manera?
AC: Después de lo que sale del Congreso, de lo que aprobó el Congreso, que es como la tercera renegociación de ese acuerdo, nos parece que las cosas quedan muy flojas, y que hay que hacer un gran esfuerzo para que haya un compromiso sobre la verdad. No pueden quedar por fuera de ese compromiso muchos sectores empresariales y financieros de las regiones que han estado comprometidos con todas estas décadas de exterminio, de violencia, igual que las fuerzas militares, las autoridades locales y nacionales. Si eso no se esclarece, no hay ninguna garantía de no repetición, es volver a lo mismo en este país, y en ese sentido, pensamos que hay que lograr cosas distintas. Hicieron un esfuerzo los compañeros de las FARC pero mire cómo les han estado después modificando lo que ellos lograron. Entonces lo que sale ahora deja mucho que desear, y hay que aspirar a más, o luchar por más.

Los informes de la autoridad de salud del departamento (Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca-UAESA) confirman que las empresas comunitarias de acueducto ocupan los primeros lugares en la calidad del agua que abastecen, y que el municipio de Saravena toma la mejor agua del departamento.

 

Los resultados del informe
La Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena, ECAAAS-ESP, obtuvo el primer lugar en el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, IRCA, Índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano, IRABA, y Buenas prácticas sanitarias, BPS.

Por su lado, la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Fortul  obtuvo el primer lugar en el IRABA en los años 2014-2015 y el tercer lugar en los años 2014-2016 para Buenas prácticas sanitarias.

De igual manera, ECAAAS-ESP recibió de parte de la Unidad de Salud, UAESA, un reconocimiento especial por obtener el mejor Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA del departamento de Arauca en los últimos cinco años.

Bernardo Arguello, presidente de la junta administradora de ECAAAS-ESP, expresó que “los resultados obtenidos permiten evidenciar que las comunidades organizadas sí tienen capacidad de administración y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Elogio la labor de trabajadores y profesionales de la planta de tratamiento de agua potable quienes laboran continuamente los 365 días del año”.

Juan Rocha, presidente de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Fortul, dijo que “esta empresa comunitaria en los últimos nueve años ha dado pasos agigantados para posicionarse como una de las mejores en el departamento de Arauca; este es resultado de la alianza y asociación de las empresas comunitarias en el departamento”.

¿Por qué es importante este reconocimiento?
Es significativo el reconocimiento porque las empresas comunitarias de servicios públicos en el país son vistas como empresas pequeñas que no suplen las necesidades de las comunidades. Se dice además que no tienen capacidad para administrar y operar los servicios públicos, en conclusión, que tienen muchas necesidades. De hecho sí tienen necesidades dado que el Estado colombiano ha incentivado la privatización.

Con los resultados expuestos queda demostrado que las comunidades organizadas administran eficientemente los recursos. Ejemplo claro es la forma como las Juntas de Acción Comunal, y los sectores y organizaciones sociales han desarrollado empresas comunitarias a través del trabajo colectivo, para mejorar la calidad de vida de las personas y generar satisfacción en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, como acueducto y alcantarillado de manera idónea, oportuna, eficiente y continua.

Es importante porque la gente en el municipio de Saravena puede tomar agua de la llave y saben de antemano que no representa un riesgo para su salud. De esta manera las empresas comunitarias aportan a mejorar la calidad de vida de las personas.

Las empresas comunitarias han sido un estorbo para los intereses privatizadores del Gobierno y las multinacionales. La existencia de estas empresas que demuestran eficiencia en la prestación de los servicios públicos es un paso hacia adelante para que se fortalezcan estos proyectos en el país.

ECAAAS-ESP en años anteriores sufrió allanamientos, persecución, asesinatos y judicialización  de sus trabajadores. Incluso se manipulaban las pruebas del agua para descalificar su labor. La empresa capacitó a sus operarios y  profesionales, mejoró su laboratorio y logró controvertir dichas pruebas haciendo inevitable el reconocimiento de su buen desempeño.

Las comunidades organizadas y su articulación regional
Para que las empresas comunitarias  hoy obtengan resultados reconocidos por las entidades del Estado fue necesaria la organización y asociación de las empresas comunitarias y acueductos. Esta asociación, junto al Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, en años anteriores mantuvo una férrea defensa de los acueductos comunitarios y estatales. Arauca fue el único departamento del país que no firmó el Plan Departamental de Aguas que buscaba facilitar la privatización de los bienes de consumo colectivo (acueducto, alcantarillado y aseo) propuesto por el Gobierno nacional.

Esta posición del Movimiento Social y las empresas dio otro enfoque al Plan Departamental de Aguas. La conjugación de la actuación política y la administración eficiente de los servicios hacen que hoy en día el Estado se vea obligado a reconocer el excelente papel de las empresas comunitarias.

Estas empresas son proyectos del Plan de Vida de Equilibrio Regional gestado por el Movimiento Político. Los resultados obtenidos por estas en Arauca alientan a las comunidades organizadas para avanzar en el fortalecimiento y unión de estos proyectos en la región  y el país.

La empresa comunitaria ECAAAS-ESP nació en el año 1967 en el municipio de Saravena. Es un proyecto gestionado por la comunidad y tuvo sus orígenes mucho antes que Saravena fuera elevado a la categoría de municipio. Desde esa época en el departamento de Arauca las comunidades vienen construyendo proyectos comunitarios de administración y operación de los servicios públicos.

 

El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano,  IRCA,  determina el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano.

El Índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano, IRABA, es la ponderación de los factores de tratamiento y continuidad del servicio de los sistemas de acueducto y la distribución del agua en el área de jurisdicción del municipio correspondiente. Estos dos parámetros pueden afectar indirectamente la calidad del agua para consumo humano y por ende la salud humana. Este índice tiene por objeto asociar el riesgo a la salud humana causado por los sistemas de abastecimiento y establecer los respectivos niveles de riesgo.

Buenas prácticas sanitarias, BPS, son los principios básicos y prácticas operativas generales de higiene para el suministro y distribución del agua para consumo humano, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la infraestructura.

Pese a los estragos de la guerra, los chocoanos quieren vivir en su territorio, y exigen garantías para poderlo hacer dignamente.

Desde el pasado 10 de mayo todas las cabeceras municipales del departamento del Chocó están en paro nuevamente, igual que lo hicieron el año anterior con un paro cívico que duró ocho días. Las exigencias no han cambiado desde agosto; los habitantes de este departamento quieren que el Gobierno asigne el presupuesto para mejorar las pocas vías que existen, que puedan tener acceso a salud, vivienda, educación, saneamiento básico, interconexión eléctrica, entre otras necesidades.

Así mismo, el pasado mes de abril las comunidades afros e indígenas del Litoral del San Juan se manifestaron pacíficamente mediante un paro, al que convocaron en la cabecera municipal de este sector, para exigir garantías para sus vidas en la región, no solo con presencia militar, sino con derechos elementales como la salud o la educación de calidad. Fruto de dicha  movilización lograron sentarse con el Gobierno y la cúpula militar en Bogotá, con el compromiso de reunirse nuevamente en la cabecera municipal del Litoral. Como afirmó el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret “esperamos y confiamos que asistan a este nuevo llamado todos los ministerios y organismos de seguridad del Estado, para que respondan a las necesidades de los chocoanos”.

El Paro Cívico realizado en el Chocó es una muestra del inconformismo de los habitantes, y a pesar del panorama desolador, las comunidades que han vivido en carne propia los estragos de la guerra, la corrupción y las multinacionales, aún desean permanecer en el territorio, quieren tener unas condiciones mínimas para una vida digna, como dijo una indígena del Litoral: “Nosotros queremos vivir en el territorio, luchar por la defensa del territorio y quedarnos dentro de él”.
 
Esta región, llena de biodiversidad y riquezas naturales, está al mismo tiempo desangrada por el conflicto; aparte de oro, hay reservas de petróleo, uranio, platino, madera, coltán y otros recursos apetecidos por grandes empresas. Sin embargo, la corrupción y el saqueo de los recursos naturales no son los únicos males. Desde hace dos años el departamento está sufriendo el avance paramilitar; han vuelto los asesinatos selectivos de pobladores, y los enfrentamientos de los diferentes actores armados que hacen presencia en la región. Por esta razón comunidades enteras han tenido que desplazarse o esperar en sus casas de madera, en medio de la selva, que pase el peligro, sin poder pescar, cultivar o cazar, por miedo a los retenes que hacen todos los grupos armados, como el Ejército, los paramilitares y la insurgencia.
 
Al respecto,  una líder indígena de Docordó cuenta que “en el caso del Litoral San Juan, tanto en la zona norte y la zona costera, estamos viendo que los derechos humanos han sido violados por ambas partes, tanto el Estado como los grupos ilegales que hay en la región, lo que no permite que las personas, como las familias, tengan el libre movimiento que tenían ancestralmente para ir a la pesca y la cacería. En el caso de la población de Carrá hubo enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla; en estos momentos (sus habitantes) están desplazados porque hubo muertos de la comunidad. En Togoromá - Playa, directamente grupos paramilitares asesinaron a dos personas afro y aparecieron en la playa del pueblo”.
 
Por su parte, la Armada ha restringido la entrada de cierta cantidad de gasolina o víveres por el río San Juan, con la excusa que los artículos terminan en manos de la guerrilla. En ciertos puntos de esta artería de transporte fluvial las comunidades tienen restringida la movilidad después de las seis de la tarde hasta el día siguiente, y en algunas ocasiones han aparecido hombres armados sin identificar, generando zozobra en la población.
 
Esta región, largamente olvidada por el Estado y poco conocida por los habitantes del interior del país, solo aparece en las pantallas de televisión o en los discursos presidenciales cuando el conflicto armado, pero sobre todo el social, se les sale de las manos a los gobiernos de turno. En el imaginario de los colombianos, Chocó es una gran selva más parecida a algún país africano en guerra, que a un departamento ubicado en el pacífico, rodeado por vecinos con mayores desarrollos económicos como Valle o Antioquia. Ahora sus habitantes se están movilizando para demostrar que el Chocó existe, que hacen parte de Colombia y que tienen los mismos derechos que todos los colombianos.

A través de la Sentencia T-622 de 2016, la Corte Constitucional otorgó derechos de la naturaleza al río Atrato, respaldando así a las organizaciones comunitarias del Chocó que históricamente han luchando por el agua, su cultura y la vida de su territorio.

El río Atrato, uno de los más poderosos del país, que cuenta con más de 15 ríos y 300 quebradas tributarias a lo largo de su recorrido, fue el primer ecosistema en ganar Derechos de la Naturaleza en el país. Este fallo de la Corte Constitucional se dio tras la acción de tutela interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, y resalta cambios para el río tanto como para las poblaciones humanas que viven alrededor de este. Según la sentencia T-622 de 2016, el Gobierno está obligado a “descontaminar las fuentes hídricas del Chocó, comenzando por la cuenca del río Atrato y sus afluentes, así como la reforestación de zonas afectadas por minería legal e ilegal”, y a “restablecer los derechos de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato, especialmente en lo que tiene que ver con la recuperación de su cultura, participación, territorio, identidad, modo de vida y actividades productivas, incluida la pesca, la caza, la agricultura, la recolección de frutos y la minería artesanal... a garantizar: (i) la soberanía alimentaria de las comunidades y (ii) prevenir su desplazamiento involuntario de la zona por actividades mineras ilegales y daños ambientales”.

Este fallo tiene antecedentes alrededor del mundo, incluyendo América: en los EEUU, en varias comunidades, existen derechos de la naturaleza, y masivamente existen en Ecuador, donde estos derechos están contemplados dentro de la misma constitución. El río Atrato es el agua de la vida para el departamento del Chocó, y es significativo que sea el primer río del país en ganar derechos. Este departamento es el más empobrecido y menos preciado por el Gobierno nacional en intervención social, y a pesar de su riqueza en recursos naturales, incluyendo el oro, la contaminación del territorio y los gritos en contra de esto por parte de las comunidades locales han sido ignorados de forma sistemática.

El oro es uno de los recursos más exportados del país, la mayoría de su explotación está en el Chocó y Antioquia; su extracción, tanto legal como ilegal, usa una sustancia supremamente tóxica para todos los seres vivos: el mercurio. Según la organización internacional Mercury Watch, que apuesta por reducir el mercurio usado en la minería artesanal del oro a nivel mundial, Colombia es el país con más contaminación por mercurio en América, por lo que ecosistemas del Chocó y Antioquia son los más afectados. La minería trae la deforestación, el saqueo de maderas, y la erosión de las cuencas, lo que ha causado una crisis ambiental, que en el caso del Chocó esta crisis está agravada con la contaminación por mercurio del Atrato. Las enfermedades y muertes causadas por el mercurio en este río han forzado al Gobierno a declarar una crisis humanitaria en varias zonas. Los medios de comunicación nacionales tienden a enfocarse en la minería ilegal y en la presencia de actores armados ilegales en el Chocó, pero el fallo está en contra de entes del Estado, y la minería legal, tanto como la ilegal, debe detener el uso de sustancias tóxicas para extraer metales en el departamento.

Llegar a este punto de gran ganancia jurídica no fue fácil. En Colombia, desde los años 90 la política minero-energética ha sido una prioridad económica para los diferentes gobiernos, sin un reconocimiento de sus efectos socio-ambientales, y la biodiversidad del país está en alto riesgo por estas actividades. Con esta decisión, la Corte Constitucional favoreció al planeta, a la población, al agua, y a los recursos naturales, y los puso por encima de las políticas económicas. “Es el momento de comenzar a tomar las primeras medidas para proteger de forma eficaz el planeta y sus recursos antes de que sea demasiado tarde o el daño sea irreversible”, concluyó la Corte Constitucional. Existe la esperanza de que este sea el primer fallo de muchos, representando un giro legal después de más de dos décadas de política neoliberal que ha causado daños irreversibles para el país, el planeta y todos sus seres vivos.

Las comunidades del Chocó sirven como referente e inspiración para los movimientos a lo largo del territorio nacional, quienes luchan por sus ríos libres, y recursos naturales para el bien común, y el fallo sirve como precedente jurídico. La Corte Constitucional ha resaltado la necesidad de “respetar” a la naturaleza, “dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficientista”. A todas las comunidades que combaten por el agua y la vida contra sustancias venenosas, mega-industrias de exportación como carbón y petróleo, mono-cultivos de café y caña, y explotación de otros metales no preciosos, la alta corte les ha avalado en sus luchas históricas, y al parecer, está empezando a respetar y respaldar sus exigencias.

 

ACTORES

Durante años, la batalla jurídica fue encabezada por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representación de varias organizaciones comunitarias de la región, como el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, y el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó.

Según la Corte Constitucional, los culpables de “no proveer una respuesta institucional idónea, articulada, coordinada y efectiva para enfrentar los múltiples problemas históricos, socioculturales, ambientales y humanitarios que aquejan a la región”, son: la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, Defensa Nacional, Salud y Protección Social, y Agricultura, el Departamento para la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Instituto Nacional de Salud, las gobernaciones de Chocó y Antioquia, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, la Policía Nacional, la Unidad Contra la Minería Ilegal, y las alcaldías de los municipios de Acandí, Bojayá, Lloró, Medio Atrato, Riosucio, Quibdó, Río Quito, Unguía, Carmen del Darién, Bagadó, Carmen de Atrato y Yuto –de Chocó–, y Murindó, Vigía del Fuerte y Turbo –de Antioquia–.

La historia no es algo tan explícito, ilustrativo y exacto como nos lo enseñan en los colegios o en documentales de televisión; suele ser una telaraña de hechos que casi siempre quedan más o menos ocultos a los ojos de la oficialidad, es decir, solo lo políticamente correcto o lo moralmente aceptable, es lo que se recuerda a través de los años y aunque esos acontecimientos visibles pueden ser representativos de lo ocurrido, con el tiempo, nuevos paradigmas y principios exigen sacar de la tumba esos lapsus con los cuales la historia cobra un mayor sentido y relevancia.

Repasemos la historia oficial: el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumiere presentaron en París, Francia: el cinematógrafo, uno de los primeros (y el más famoso) aparatos para filmar  y proyectar la imagen en movimiento, la vida y la luz en una placa fotosensible que evolucionaría con las décadas hasta hacerse digital (los avances tecnológicos han facilitado y empequeñecido las cosas, pero es el mismo principio el que permite grabar la luz). En una de las primeras proyecciones estuvo la contraparte de lo que significó el cine de los Lumiere, George Melies, el mago de la luz, el inventor de los efectos especiales y contador de historias por excelencia. Melies y Lumiere son dos apellidos tan famosos que basta con hacer una búsqueda rápida en internet para descubrir su lugar y su trascendencia para la humanidad. Este artículo no tratará sobre estos indiscutibles genios, sino de dos pioneros en la sombra, una mujer de Europa y un hombre de Latinoamérica.

Alice Guy posiblemente no sea un nombre que con tanta facilidad, como “Lumiere, Scorsese, Tarantino o Godard”, remita a una idea del cine, lo cierto es que Alice fue una de esas primeras aventureras de la luz, capaz de dar su vida por algo sin futuro (en aquel entonces) como el cine, y peor aún, tener que hacerlo siendo mujer en una industria que menospreciaba (y menosprecia) su talento por transgredir la frontera de lo normal, lo típico.

Alice Guy nació en Francia el primero de julio de 1873 en una familia de padres editores, en 1894 consigue el puesto de secretaria en la Compañía General de Fotografía, de Max Richard; empresa que luego sería comprada por Léon Gaumont, quien solo vería en el cinematógrafo un aparato científico más que un medio para narrar; Alice sí predijo el universo y la magia que contenía esa “cajita” y en 1897 Gaumont le confiaría la dirección de la división cinematográfica de la compañía, "siempre que la tarea no le impidiera seguir realizando sus funciones como secretaria". Alice dirigió en 10 años (en la Gaumont) más de 100 películas, entre ellas, la primera superproducción de cine “La pasión o la vida de Cristo” (1906). Leon Gaumont escribiría las memorias de su compañía a partir de 1907, para así sepultar en el olvido a aquella mujer que lo hizo nacer.

En marzo de 1907 Alice parte hacía Estados Unidos con Herbert Blanché, su marido, y fundarían las compañías Solax en 1910 y Blanché Features en 1913 en las cuales realizaría más de 1000 películas, entre westerns, comedias, ciencia ficción, etc., antes de un estrepitoso divorcio, a partir del cual caería en el olvido; como si solo fuera posible ser “alguien” a la sombra de un hombre, Alice fue olvidada y reducida al papel secundario de secretaria o amante de los “grandes productores”, esos a los que su trabajo los nutrió de la grandeza con que aparecen en los libros de historia y portadas de libros.

Sus hijas, sus testigos, las pocas películas que sobreviven al tiempo (implacable con las mujeres solteras) están logrando que Alice recupere el lugar que merece en esta historia y como ellas, miles de caras sin rostro, de historias silenciadas, devoradas por el óxido y el olvido, escondidas por el ego de los hombres, de sus jefes, de sus señores. Alice Guy, pionera del cine narrativo, impulsora de los géneros cinematográficos que aún hoy llenan las salas de cine, una mujer que creyó en las historias, un nombre que no se puede seguir olvidando cuando se habla de los orígenes; Alice Guy, por delante de apellidos como Melies o Lumiere, y muy atrás, casi en el olvido, un Gaumont.

En la telaraña de la historia, hay otro nombre que debería ser siempre recordado, un Quijote de Itagüí, Colombia; una de las primeras personas en revelar y grabar una película a color (“Guatavita, milagro de una civilización”, 1971), con máquinas enteras pirateadas por él desde los tornillos hasta los lentes: Guillermo Isaza, niño necio, indomable, expulsado de cuatro colegios e inventor de máquinas.

Guillermo nació en 1930 y murió en el 2004, un año antes había sido reconocido con el premio “Toda una vida”, por el Ministerio de Cultura. Durante su juventud fabricó cámaras para filmar a color con manuales de la Kodak y aunque sus aportes narrativos o estéticos no dejan de ser experimentos de un inventor, su perspicacia para crear lo aparentemente inútil, y además mantener vivo el valor de lo efímero son los valores que hacen de este hombre alguien inmortal. A partir de mediados de mayo, en el municipio de Itagüí, Antioquia, comenzará el Cineclub Guillermo Isaza con el ciclo “Museos”, este será un espacio importante para recuperar las historias de aquel loco que se gastó la herencia de la tía para inventar juegos de luces y sombras.

Alice Guy y Guillermo Isaza son apenas dos de los protagonistas que por algún motivo no han salido muy nítidamente en los créditos finales de una película llamada cine, que sea esta una introducción a sus vidas y obra, porque también es cine esas películas que nadie ha visto pero que tienen un valor incalculable para la humanidad.

 

 

 

Unas horas antes de la realización de la asamblea del movimiento Progresistas en Antioquia, Gustavo Petro, el ex alcalde de Bogotá y una de las figuras alternativas que aparece en los primeros lugares hacia la presidencia en los sondeos de opinión, nos recibió en el emblemático Hotel Nutibara para dialogar sobre la paz y sus propuestas de camino a las elecciones presidenciales del 2018.

Periferia: ¿Cómo lee el actual estado de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC?
Gustavo Petro: Desde antes del plebiscito expresé mis inquietudes un tanto escépticas alrededor de esto que hemos llamado el proceso de paz, básicamente porque creo que la lucha armada en Colombia desde hace bastantes años dejó de tener una pertinencia. Quizás el último eco que pudiera haber producido una transformación democrática a partir de la lucha armada, o por lo menos de la dejación de esa lucha, la ubicamos en el 91, ya hace bastantes años. Entonces un Estado o Gobierno, que es una expresión de un sector de la sociedad, la que siempre ha manejado a Colombia, que no ve en el proceso de paz una excusa para transformaciones democráticas, pone unas líneas rojas de las cuales la guerrilla no debe lograr mayores reivindicaciones, lo que conduce el proceso a prácticamente una desmovilización militar y a unas garantías jurídicas un tanto irrisorias para su comandancia y prácticamente ninguna transformación de la sociedad. Realmente no hubo esa emoción, ese enamoramiento y se debe básicamente a que no se observa que el Acuerdo de Paz sea un acuerdo que transforme las condiciones cotidianas de esta sociedad que sigue desenvolviéndose en la violencia.

P: Precisamente en las negociaciones entre Gobierno y ELN se retoma la participación de la sociedad como un punto central ¿Qué opina usted sobre convocar a la sociedad a participar en la construcción de paz?
GP: El Gobierno, incluso más radical respecto al ELN, mantiene la línea roja, la quiere tender más en su beneficio, es decir cero transformaciones al modelo extractivista y neoliberal y con una alta restricción política. El ELN quisiera transformaciones sociales y quisiera medirse comparativamente con las FARC como que sí lograron más transformaciones. El contexto es mucho más negativo ahora. Primero porque juntos quizás hubieran podido lograr más, segundo porque la impertinencia de la lucha armada sigue vigente, cuando el ELN pide que la sociedad participe, ¿la sociedad quiere participar en eso? O cierto extracto minoritario de la sociedad permeado, que quisiera participar pero que no es representativamente la sociedad.

Si uno quisiera hablar de vinculación de la sociedad en un proceso de paz, uno tendría que estar hablando del poder constituyente, y cuando uno habla del poder constituyente entonces primero la sociedad toda con capacidad de decisión indudablemente, ni siquiera de participación sino de decisión, y en segundo lugar, toda la agenda gravitaría alrededor de las problemáticas de la sociedad, no de las problemáticas de la guerrilla. Es otra lógica y eso es lo que yo llamo la paz mayor.   

P: ¿Ve usted posibilidad de disputarle el poder a las élites con la experiencia de gobierno en la Bogotá Humana?
GP: La experiencia es parte, Bogotá de todas maneras no se puede extrapolar al conjunto del país, los territorios todos son diversos, las poblaciones son diversas, las problemáticas son diversas, pero indudablemente estamos hablando de un gobierno que fue alternativo, aunque sin la posibilidad de cambiar las normas,que se hizo en la principal ciudad de Colombia, en el contexto de un Estado neoliberal y autoritario, y de ahí la tensión que se provocó y las medidas que se tomaron contra mí.  

Esa experiencia sirve para pensar entonces qué pasaría con un acceso al gobierno nacional con capacidad de cambiar las normas, y esto tiene que ver con el poder constituyente más que con tener una mayoría en el Congreso. Un Gobierno progresista en Colombia debe velar por la constituyente en todos los territorios, no una Asamblea Nacional Constituyente, sino en cada territorio, precisamente para que las ciudadanías territoriales tengan la opción de decidir. Eso cambia seguramente el modelo económico depredador, y políticamente también cambia porque lo que hoy tenemos es una especie de alianza entre  una oligarquía santafereña y unas mafias regionales armadas y corruptas que han desplazado en los territorios la decisión del pueblo. Si uno desata el poder constituyente lo que está haciendo es cambiar el poder de esas élites mafiosas hacia la ciudadanía diversa. Me parece que ese debería ser el primer enfoque de un Gobierno alternativo.

P: ¿Cuáles son los temas centrales en la propuesta de gobierno que está construyendo?
GP:Hay personas que creen que lo que el país amerita es mantener su sistema económico y político, y echar unos cuantos corruptos a la cárcel. El sistema económico y político que tenemos genera más corruptos y más poderosos porque en sí mismo es corrupto, entonces no se puede plantear una lucha contra la corrupción sino se plantea una  trasformación  del sistema político. La agenda entonces de justicia social, de transformaciones sociales, y ampliación de la democracia me parece muy importante. Lo mismo que la agenda de la paz, hay ciertos sectores de la vida política que parecieran girar alrededor exclusivamente de los acuerdos ya firmados, que son pequeños en su alcance por lo que yo dije, y entonces estos sectores políticos reducirían su peso específico en la sociedad colombiana, porque no le estarían hablando a la sociedad sino a los protagonistas de los acuerdos de La Habana. La verdad es que si uno quiere pensar la paz en serio, tiene que pensar es en una trasformación del sistema político del país, en términos de justicia social, de democracia,  de equidad, es ahí donde yo veo que se puede propiciar una confluencia si somos más audaces, yo creo que la sociedad colombiana está demandando cambios en las cosas que lo están afectando diariamente, esos cambios tienen que ver con la salud, con la educación, con el medio ambiente indudablemente, con el territorio, y si la agenda no toca esos temas entonces no hay una comunicación con el cuerpo social que es finalmente el que determina si se gana o no se gana.

P: ¿Con quiénes se debería hacer una coalición y con quiénes no para estos cambios que propone?
GP: Yo pienso que hay que trazar una línea, no en términos de derechas e izquierdas. Me parece que el concepto está sobrepasado en el siglo XX, ahí quedó; el siglo XXI está afrontando una serie de problemáticas en el globo que nos hacen pensar que  la línea divisoria está entre la política de la muerte y la política de la vida, en realidad quienes ganan elecciones en los centros de poder mundial son la política de la muerte, y se está viendo en un incremento a la barbarie que hace mucho tiempo no veíamos, estamos llegando a una situación como en 1933; el mar mediterráneo se ha vuelto una fosa común, los países petroleros están cautivos en la masacre, en la sangre, de los pueblos árabes no queda ningún recuerdo de su identidad. Por tanto  una reconstitución democrática, de las posibilidades de la libertad, de la diversidad, de la humanidad, está alrededor de una política de la vida. Los que están aquí interesados como fuerzas, como individuos, como ciudadanos,  en construir esa gran coalición ciudadana de fuerzas de la vida, que tendrían que mirar cada tema, territorial, salud, educación, pensiones, economía, desde ese prisma de la política de la vida.

P: Existen diferencias en los sectores alternativos de la política ¿Ve posible de aquí al 2018 lograr que estos se unan en un mismo proyecto?
GP: La diversidad en sí misma no es mala.  Al contrario me parece positiva, no hay que verla como un hecho negativo. Parte de las fuerzas guerrilleras fueron homogeneizadoras al punto que mataban al contrincante político en los territorios, incluso dentro de sus propias filas; los paramilitares son una fuerza homogenizadora, igualmente exterminaban la diferencia; hay fuerzas políticas reaccionarias que son homogenizadoras, Ordoñez, sectores del uribismo; el mismo Polo en su fase final, siendo una fuerza que se planteó la diversidad como agenda al inicio, termina siendo también una fuerza homogenizadora. Yo pienso que esas fuerzas así no tienen capacidad  de convocatoria, terminan reducidas al mínimo desde el punto de vista político, y creo que la diversidad que hoy se ve, podría, si se sabe tratar, ser la explosión de nueva  una gran coalición diversa y dinamizadora, muy amplia, que pudiera incluso aportar a las mayorías nacionales, pero hay que saberlo construir desde esa diversidad, sin quitar y respetando esa diversidad.


Durante el 2017, Periferia dialogará con los candidatos de izquierda o alternativos, hacia las elecciones presidenciales del 2018. Espere las entrevistas en nuestras próximas ediciones.

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