Edición 127 Abril - Mayo 2017

La Reserva Forestal Central Colombiana declarada en la Ley 2da de 1959, es una franja de 15 kilómetros a lado y lado de la cima de la Cordillera Central, que se extiende a través  de los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia. Dicha área está conformada en su mayoria por páramos y bosques alto-andinos de una notable fragilidad, caracterizados por el lento desarrollo del suelo y limitado crecimiento de la vegetación, además de una relentización en el metabolismo y los procesos biológicos de las diferentes especies que los habitan.

Las motivaciones de la iniciativa gubernamental por declarar esta área protegida, fueron entre otras, la identificación de la fragilidad ecosistémica, el reconocimiento histórico como una zona ocupada por diversas comunidades indígenas y el ser fuente de agua de los incontables asentamientos y centros poblados de las vertientes de la Cordillera Central y los valles de los ríos Cauca y Magdalena.

A pesar de su importancia por abastecer de agua a la mitad del país, no ha sido adecuadamente protegida por el Estado, el cual ha abandonado el vital objetivo de aportar a la regulación hídrica y con esto, garantizar e incrementar la oferta de servicios ecosistémicos (agua, aire, biodiversidad) y sus derivados (energía eléctrica y absorción de CO2, entre otros), y contribuir a la adaptación al cambio climático.

Algunas de las ligeras acciones que se han adelantado para su conservación, se limitan a la declaratoria de algunos Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales y áreas de interés ambiental para el abastecimiento de los acueductos de los diferentes municipios y corregimientos. Estas sub-zonas son escasamente delimitadas con fundamento en la pertinencia, desarrollo y representatividad de los ecosistemas específicos.

Estas figuras de protección locales y aisladas tienen intereses y objetivos restringidos, aun así, se han convertido en el único instrumento real de protección, pues con la implementación de la resolución 763 de 2004, se estableció el procedimiento oficial para sustraer predios específicos contenidos en el área de reserva, posibilitando la integración de estos al perímetro urbano de los municipios, a zonas de explotación minera y a aprovechamientos intensivos de los suelos.

Las contradicciones administrativas al cambiar de un enfoque conservacionista por uno mercantilista, han propiciado algunos conflictos, representados por ejemplo en la histórica lucha en defensa de los páramos como fuentes de agua, en diferentes regiones del país; las iniciativas de los municipios de Cajamarca y Piedras-Tolima, Salento-Quindío y Villamaría-Caldas en contra de la megaminería en suelos de la Reserva Forestal Central; y las contiendas sociales en defensa de las fuentes hídricas y con esto de las Reservas Forestales Municipales, Regionales y Nacionales.

Dentro de estas luchas se encuentra el caso de la Reserva Forestal Nacional Protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares, localizada en el municipio de Manizales y albergada dentro de la Reserva Forestal Central, y que presenta dos o más figuras de protección. Pese a esto se enfrenta al ensanchamiento de la frontera agrícola y al interés inmobiliario que proyecta una “eco” urbanización a escasos 150 mts del área protegida.

Históricamente la Reserva Río Blanco ha sido testigo del crecimiento urbano de la ciudad, que en un primer momento le arrebató el Bosque de Monteleón –un brazo clave en la conectividad biológica–, argumentando un desarrollo de interés social que se convirtió en un foco de expansión descontrolado y arrasó con la fauna y flora, dejando un relicto boscoso y sus especies (simio nocturno andino, entre otros) sitiados en el centro de la ciudad.

Simultáneamente, con esta catástrofe ambiental promovida bajo la consigna del interés social, se ha adelantado el aprovechamiento forestal intensivo de pino y eucalipto en la microcuenca de la Quebrada El Popal que en su momento abasteció el acueducto del municipio de Manizales y que hoy en día ha disminuido notoriamente su caudal. Allí se ha registrando además un uso ilegal de agroquímicos que afectan sustancialmente la calidad del agua, e inviabilizan su captación como medida de blindaje ante contingencias.

Este aprovechamiento forestal intensivo, desarrollado en una zona colindante con la Reserva Río Blanco, se ha extendido hasta alcanzar el área de interés ambiental del acueducto del Alto del Guamo -corregimiento de Manizales- por lo que la comunidad ha registrado la erradicación de especies en categoría de protección, como el pino colombiano, el helecho arbóreo y la palma de cera, entre otros.

La Reserva Río Blanco es una de las áreas forestales protegidas más grandes de Caldas, aun así solo aporta el 33% del agua del acueducto de Manizales, por tanto el municipio ha desarrollado convenios de captación de fuentes hídricas con empresas privadas en municipios vecinos, para poder cubrir el 70% faltante del agua de la ciudad.

La situación se agudiza durante periodos de sequía, pues para mantener la oferta hídrica, el acueducto se ve obligado a captar fuentes con serios problemas de contaminación por explotación minera (títulos de multinacionales proyectados a gran minería en el municipio de Villamaría), lo que ha llevado a una recurrente confrontación de la comunidad con las autoridades locales, pues, con la gran cantidad de suelo rural que posee la capital del departamento no se justifica la deficiente cobertura sanitaria, mientras se atenta contra las fuentes hídricas.

Ante esta situación, y siguiendo el mandato del convenio sobre diversidad biológica de Río de Janeiro (1992), la corporación regional contrató una consultoría técnico-científica sobre las Zonas con Función Amortiguadora –ZFA- de las Áreas Protegidas del Departamento y de la Estructura Ecológica Principal de la Región Centro-Sur; esto como insumos para el Plan de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas –POMCA– y para el Plan de Ordenamiento Territorial –POT–.

Los resultados del estudio fueron muy claros al convenir un retiro de 700 mts en la periferia de las Reservas Forestales Protectoras, donde las actividades deben ser acordes con los objetivos de conservación. Además, el estudio implementó el “anillo de contención”, como figura de ordenamiento, que cumple la función de delimitar las áreas que deben ser destinadas a la mitigación de los impactos que la actividad antrópica pueda causar al área protegida, para reducir así las grandes presiones originadas desde la urbe.

Lo anterior fue cabalmente acogido en el POMCA, obligando a corregir los conceptos emitidos por la autoridad ambiental sobre la viabilidad de urbanizar la ZFA, pero este evento no ha ocurrido, por lo que el proyecto “eco” urbanístico colindante con la reserva continúa vendiendo sobre planos. Algo aún más grave es que el municipio en su proyecto de acuerdo de POT vigencia 2017-2029, no integra esta normativa, y da vía libre al desarrollo urbanístico en el Suelo de Expansión Urbana La Aurora.

Ante la displicencia de la autoridad ambiental y de la administración municipal, la comunidad participativa, que está a la espera del fallo de la Acción Popular, ha propiciado espacios de debate e interacción, enfocados en la conceptualización y concientización sobre las funciones ambientales y ecosistémicas que esta área cumple y su relación con el agua del municipio.

Un guerrero de corazón

La jovencita salió a casa de la tía por un helado. Su padre, Eliecer Guerrero, hacía días tenía el antojo de comer algunos, pero por no tener nevera los preparó donde su cuñada. Él la esperó en una esquina del andén de la vieja casa, y muy silencioso, como era inusual, tomó el helado, la abrazó cariñoso, luego dio la espalda y a paso firme caminó por la vereda. La niña, con mirada inocente observaba mientras desaparecía en la esquina de la calle de tierra. Eliecer se dirigió al hospital a atender su afección de corazón.


“Cachucha”, como le decían por cariño sus compañeros y amigos, fue un guerrero incansable, de corazón gigante, altruista y filántropo. Con la sencillez, honestidad y su fuerza en el hablar, inspiraba confianza y autoridad, características propias de un líder catatumbero. “En eso coincidimos todos los que lo conocimos”, expresó su hija Yesica, quien continúa con su legado.

El Tarra se erige como municipio
“Yo era líder comunal pero me tuve que desplazar”, esas fueron palabras de Eliecer en el libro Memoria: puerta a la esperanza. Hacia los años ochenta empezó a interesarse e integrar el movimiento comunal que surgía en esa época en diferentes lugares del Catatumbo, incluido El Tarra, lugar donde vivía. En ese entonces, el campesinado con mucho esfuerzo lograba arrebatarle al Estado pequeños proyectos que beneficiaban a las comunidades, así se fueron interesando por la organización y la articulación en la Junta de Acción Comunal.

Eliecer históricamente integró junto con otros líderes y lideresas la  constitución de El Tarra como municipio, donde su principal propósito era mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con programas reivindicativos que se habían logrado en el paro del Nororiente, como la electrificación, la construcción de escuelas, de puestos de salud, de vías y de alcantarillado; además fue pionero en la organización de cooperativas campesinas que contribuían a consolidar una propuesta económica para la región.

Como líder innato luchó incansablemente para que su voz se escuchara. Entonces, comenta su hija, no tenía problemas para hacer las cosas, para protestar y para exigir los derechos de las comunidades. Nada era suficiente para detener el espíritu guerrero de este líder de machete y azadón.

Empieza el exterminio
La violencia paramilitar comenzó hacia el año 1997, cuando empezaron los rumores de la entrada de este grupo al Catatumbo. En ese momento la coca se expandía por algunos pueblos, como El Martillo, Filo Gringo y El Tarra. Poco a poco la violencia se fortaleció y empezaron las amenazas contra el proceso organizativo del cual las campesinas y campesinos eran protagonistas. Con la violencia se rompió el tejido social y apareció la descomposición social y el narcotráfico.
 
“El Diciembre Negro” fue anunciado para el año 1998, pero nunca llegó, lo hizo para el Día de la Madre. Contaba Eliecer que fueron crueles las noticias que llegaban sobre las masacres en La Gabarra. El miedo se vertía como una penumbra oscura sobre la gente de la región, se temía que llegaran los “paracos” en la noche y mataran a todos, por lo que se optó por dormir en el monte. Eliecer estuvo en Filo Gringo, o lo que quedó del pueblito, puesto que los paramilitares al llegar y no encontrar a nadie, saquearon y luego quemaron las casas. En el camino dejaron desolación, 36 muertos se recogieron y enterraron en El Tarra. “Algo que solo puede hacer la gente así de violenta, más que violenta, enferma, psicópata, drogados o no sé cómo se podrá definir eso”, atestiguaba.


Nos persiguen donde vayamos
Inició la odisea. La gente vivía atemorizada, aseguraba el líder. Nadie aguantó la situación y comenzaron a desplazarse. Él lo hizo junto a su familia, inicialmente hacía Convención, donde solo pudieron estar seis meses porque allí también llegaron los paras, el horror, las amenazas y las muertes. Luego se dirigieron a Cúcuta donde trataron de instalarse y reconstruir su hogar, pero las condiciones no fueron buenas, el hambre y el abandono del Estado fue el plato fuerte para las personas que sufrían la barbarie del desplazamiento forzado. Eliecer con su espíritu luchador lideraba el movimiento que articulaba desplazados que provenían de los diferentes municipios del Catatumbo. “Él hablaba y lo escuchaban, porque él inspiraba autoridad y no temía hablar con quien fuese para denunciar y exigir garantías”, dice su hija.

En ese momento, decidieron tomar la Catedral de Cúcuta como refugio para los desplazados. Fue un 16 de septiembre del 2002. Alcira, su esposa, recibió a las siete de la mañana la llamada de su marido, quien le pidió presuroso que se dirigiera junto con los niños a la Catedral. Cuando llegaron allí, ya había varias familias. La condición de desplazados hizo que mucha gente en Cúcuta fuese indiferente, por lo que tuvieron que padecer hambre, aguantar el calor capitalino y soportar las incomodidades en la ostentosa construcción. La curia, por su parte, no se solidarizó, solo quería desalojar a las personas que día a día llegaban a la capital norte santandereana a refugiarse del terrorismo paramilitar. Finalmente, en acuerdo con los sacerdotes, la Defensoría y Acción Social, se hicieron acciones para el retorno de las familias a sus respectivos lugares de origen.


El plan retorno
Eliecer regresó a su tierra, mientras que su familia se instaló en Ocaña y continuó siendo como siempre el hombre luchador. La experiencia paramilitar lo motivó más a establecer varios procesos organizativos del movimiento social, lideró el retorno a pesar de que el Gobierno no cumpliera con lo pactado. Siempre tuvo un plato de comida para llevárselo a quien no tenía, y siempre puso a su familia como el centro de su vida, a pesar de las múltiples dificultades por las que atravesaron.

Pero el destino no quería que viera realizado su sueño, y en el 2009 su corazón no aguantó más, no cupo en su cuerpo, fue tan grande que decidió parar. Su hija lo vería en casa por última vez ese día que fue por el helado.

Humberto Cañón observaba fijamente hacia la cumbre del nevado del Tolima mientras nos contaba lo sucedido en su infancia, aproximadamente unos  45 años atrás: “un avión se estrelló a unos pocos metros de donde mi familia tenía la finca, llena de ovejas para la producción de lana, y de caballos para bajar cada tres meses al pueblo a comprar los víveres”. Los vestigios históricos del suceso eran visibles  al llegar a 3500 metros sobre el nivel del mar, en el páramo del Tolima. Hasta ese lugar, ubicado en la vereda Hoyo Frío, más conocido como “Termales de Cañón”,  llegamos gracias a las anécdotas sobre un “ermitaño” que vivía en la base del  volcán del Tolima.

Desde una de las cumbres más altas se visibilizó, luego de tres noches de camping,  aquel lugar que nos recibió  con un desestresante baño de agua caliente  mineralizada. Gigantescas montañas con frailejones de más de dos metros de altura, grandes colchones  de  agua, cuevas donde antiguamente habitó el oso de anteojos, el Valle del Placer, lugar mitológico de la laguna El Encanto, y restos del avión estrellado, se veían desde unos kilómetros antes de llegar a aquel lugar idealizado.

“CAÑOOOOÓN”, gritaba el parcero con quien  iba. Llegamos,  y al fin tuvimos el placer de tener en frente a aquel hombre de aproximadamente 55 años de edad,  que nos recibió con un caluroso saludo y con agua de plantas aromáticas cultivadas por él mismo en su huerta. Él se llamaba Humberto Cañón Salinas, un hombre de figura hosca y dejada, de gran barba y piel tarjada por el frío, y con un gran sentido de la conservación natural. Con sus fuertes manos construyó la piscina termal más paradisiaca del Parque Nacional Natural Los Nevados y quizá de toda Colombia.

Al día siguiente, luego de  un placentero descanso,  escuché atento las anécdotas de Cañón, entre ellas cómo aquel lugar, de un poco más de 800 metros cuadrados de tierra, era la única propiedad que él poseía, dado que numerosas hectáreas pasaron a ser reservas de la sociedad civil con la nueva carta constitucional de 1991. Desde ese entonces el Estado le dejó ese pedazo de tierra  a su familia, y años después, aprovechando el cráter que dejó el impacto del avión, levantó aquella piscina en uno de los lugares más altos del mundo, y  por tal cualidad, un sitio visitado por nacionales y extranjeros. También nos contó que, no pocas veces, cuantiosas fueron las sumas de dinero que le ofrecieron para comprarle ese lugar.
Desde que salimos del bosque alto andino y  empezamos a transitar el bosque de páramo, era evidente el orden militar establecido allí. “No haga quemas, recoja las basuras, cierre los pórticos, cuidamos los bosques y el agua…FARC EP”, se leía en uno de los letreros. En la pequeña  y humilde finca paramuna donde ahora habitaba solitario Humberto Cañón, estaba el mensaje más largo de esa guerrilla. Quizá el único error de Cañón fue haberse criado en ese territorio de páramo, en el cual para inicios del año 2010, empezó la incursión paramilitar. Desde ese tiempo, en distintas ciudades, se empezaron a escuchar historias de montañistas, según las cuales habían empezado a masacrar familias enteras en el páramo del Tolima.

En el termal de Cañón contemplamos las escarpadas montañas, vimos las alucinantes noches estrelladas, compartimos historias en el caluroso rancho de Humberto, y leímos las dos bitácoras cuidadosamente guardadas por él. Las bitácoras eran  memorias escritas de las personas que llegaron al termal y decidieron dejar sus vivencias, sentires y pensares en aquellos robustos libros.  Había mensajes de superación, de heroísmo, de amor a la naturaleza, de entusiasmo, y en definitiva, de todas las cosas más sublimes y bellas que salen del alma humana. “Esos son mis tesoros”, decía Cañón mientras se fumaba un cigarrillo.

Pasados tres días, levantamos la carpa  para empezar a descender. La despedida fue emotiva, conmovedora, pero al mismo tiempo revitalizante. Dejar al ermitaño en su soledad, sabiéndolo empoderado de su riqueza, generó profundas reflexiones.

Pasaron entonces varios años. Transcurría el 2010, cuando de repente, me sorprendió ver a Humberto Cañón siendo entrevistado por noticias RCN en el noticiero del medio día. Él hacía la invitación a conocer el “Termal de Cañón”, ubicado a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, en la base del volcán del Tolima.  Al año siguiente, luego de unos meses de la entrevista, la última noticia que tuve  fue que a Cañón lo habían asesinado con arma de fuego y arma blanca  al mismo tiempo. Esto ocurrió un sábado por la tarde  en el mes de marzo, luego de un baño de agua caliente en su piscina. No hay claridad sobre quién asesinó a Cañón, si fue el Ejército Nacional, las fuerzas paramilitares, la guerrilla o la delincuencia común, lo cierto  es que hacía  poco tiempo había sido  víctima de un atentado y que ahora el termal estaba en manos del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Han pasado seis años, y todavía hay impunidad frente al asesinato de Humberto Cañón Salinas, el “ermitaño”. La justicia  argumenta que su asesinato fue “al parecer por venganza”. Seguramente, bajo esta premisa, nunca se encontrarán a  los culpables, porque se trataba de un humilde hombre, con sentido de pertenencia, ligado a su territorio y que se opuso a la venta de su tierra para el desarrollo de grandes proyectos turísticos. Humberto Cañón era un amante y defensor de la vida en los páramos, y esa condición le costó la vida.

¿Cuál era el afán de los asesinos por la desaparición de todo rastro de memoria física en la base del volcán del Tolima? ¿Dónde estarán  las bitácoras, baluarte de Humberto Cañón, el “ermitaño”? Algunas personas dicen que las quemó el Ejército Nacional de Colombia, otras que fueron hurtadas por particulares, o que fueron tiradas al fondo  de la piscina y por lo tanto se deshicieron  sus hojas.  Lo cierto es que el termal sin el ermitaño carece del misticismo, el encanto natural y la  fraternal acogida de uno de los hombres que vivió en uno de los lugares más  recónditos, altos y  hermosos de Colombia.

Sueños de paz

Al suroriente caucano, en el municipio de Caldono, vereda San Antonio, resguardo Pueblo Nuevo, está ubicada una de las 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), delimitadas y concertadas entre el Gobierno Nacional y las FARC. En este lugar le correspondió concentrarse al “Frente Jacobo Arenas”, conformado por 439 combatientes, organizados en cuatro columnas guerrilleras.

 

Este punto de las montañas caucanas, de cara a la cordillera central, territorio ancestral del Pueblo Nasa, por segunda ocasión se hace testigo de la negociación y posterior dejación de armas de una insurgencia armada colombiana, pues acá mismo, a inicios del 1991, el Movimiento Armado “Quintín Lame” dio paso de la vía armada a la vía política.

Hoy, tanto huéspedes como anfitriones de este pueblo étnico ancestral, igual que en aquel entonces, no siendo ajenos a sus luchas, a sus sueños ni a sus culturas, se funden en uno sólo. Es posible que ello sea, si no la única, al menos la más visible razón por la que en este campamento reine la hermandad, la solidaridad, la humildad, la convicción, la disciplina, las ganas de vivir y seguir luchando, ahora, por la vía político-social. Dicho comportamiento, típico de su cultura, se refleja en el desempeño en los quehaceres cotidianos que demandan las ZVTN (prestar guardia, hacer “rancho”, colaborar en trabajo comunitario, construir cambuches, estudiar, organizar y participar en actividades culturales y políticas, etc.), tal como lo fue en tiempos de guerra, lo que los llevó a ser uno de los frentes más aguerridos de las FARC y, por tanto, de los más temidos por el Ejército Nacional.

El Pueblo Nasa también ha sido víctima, pues no solo sus territorios han sido desde siempre invadidos, profanados, saqueados, usurpados, sino que sus resistencias a estos abusos han sido criminalizadas y reprimidas a sangre y fuego por parte de los organismos de seguridad del Estado y sus escuadrones de la muerte, antiguos “pájaros” y hoy paramilitares, quienes aún siguen activos y fortalecidos. Por eso, tomaron mano de la resistencia activa y militar, heredada por siempre de sus mayores: “quien se somete de manera dócil y voluntaria ante el opresor y el explotador, es peor que su mismo verdugo”.

Re-creando la memoria
En momentos de esparcimiento que alcanzamos a arrebatarle a la rutina diaria en el campamento, algunos indígenas nasa, que en su gran mayoría engrosan las filas del Frente Jacobo Arenas en calidad de combatientes y milicianos, asentados en la zona veredal Carlos Perdomo, revuelcan, un poco y a su manera, retazos de su memoria histórica como pueblo ancestral.

A  vuelo de pájaro nos narra Fernando, un joven de 28 años, ex-gobernador de uno de los resguardos de esta zona: “allá, por los años 1600, luego de fuertes y extensas confrontaciones armadas lideradas por la Cacica, luego de su muerte, la Corona Española invita a las comunidades ancestrales en resistencia,  en cabeza del Cacique Sat Tama,  a una negociación y allí nos dispusieron, más por imposición que por consenso, los  resguardos (en idioma paez, Sat Tama Kiwe=resguardo o tierra del Cacique Sat Tama), validados a través de los llamados títulos coloniales”. Toma la palabra Ernesto Díaz, otro miliciano que nos acompaña: “pero los efectos de esta forma de organización engañosa, implicó dividirnos como pueblo, como comunidad y como etnia, pero, según ellos, esto era para protegernos o resguardarnos, pero en verdad nos condujo fue a la confrontación entre pueblos hermanos. La división de nuestro pueblo es cada vez mayor, a tal punto que, por ejemplo, en tan solo cinco municipios de los que hacen parte del área de influencia social y política de este campo de guerra, existen mínimo 40 resguardos, sin contar los demás municipios más lejanos de esta zona”. Fernando añade: “y es más, así como nos organizaron por resguardos, por ahí mismo nos impusieron el cabildo, el bastón, el cacicazgo y hasta algunos trajes o vestimentas diarias y de rituales de nuestros pueblos. Ernesto remata: “y también sus formas malas de gobernar, pues no podemos ocultar ni negar que algunos de nuestros gobernadores han terminado en replicar desafortunadas formas del gobierno institucional, y esa fue otra forma de colonizarnos”.

El escepticismo persiste
A pesar del estado de ánimo jocoso y alegre que les acompaña a diario, incluso en la adversidad, no dejan de expresarnos, con  pausada y tranquila forma de hablar que les caracteriza, su escepticismo frente al actual proceso de dejación de armas, pues, en otra conversa, el Mayor Joaquín Chocúe, un veterano militante de las resistencias armadas de la región, trae a la memoria la masacre en la Finca El Nilo, en la que, en tiempos de negociación entre el Gobierno Nacional y el Movimiento indígena “Quintín Lame”, los paramilitares asesinaron a 40 indígenas (incluidos niños y mujeres), lo que se entendió como un mensaje mortal de traición por parte del Gobierno a los recién desmovilizados y a sus comunidades.

Ya por estos días en varios municipios ruedan panfletos de las Águilas Negras reafirmando su presencia en la región, y lanzando amenazas directas a líderes y lideresas, lo que llena de angustia y zozobra a la comunidad en general. El actual derramamiento de sangre selectivo a nivel nacional (más de 75 asesinatos en los últimos cinco meses) habla por sí solo. A pesar de esto, de las filas de guerrilleros y milicianos de esta zona veredal emana gran entusiasmo y compromiso con la apuesta de continuar la lucha, haciendo de la palabra su única arma, sin perder de vista, según lo expresan, con quién se hizo la negociación y a quién confrontarán en el escenario político y
social.

Con la llegada de Juan Carlos Echeverry a la presidencia de Ecopetrol, las promesas en campaña del presidente Juan Manuel Santos de modernizar la Refinería de Barrancabermeja, con una inversión de más de 3.700 millones de dólares, se diluyeron hasta terminar en un no rotundo, no solo a la modernización, sino a la economía del departamento de Santander. La razón detrás de esta decisión es el compromiso del Gobierno de entregar el mercado de los combustibles en Colombia al grupo Trafigura, a través de sus empresas Puma Energy, Impala y Puerto Bahía (con su socio Pacific).

¿Cómo es el negocio?
Todo inició con la decisión de ExxonMobil (antigua Tropical Oil Company) de  salir del mercado de lubricantes y combustibles en Colombia, según lo afirmó Lorenzo Gazmuri, Gerente General de Copec (Compañía de Petróleos de Chile, dueña de Terpel) a la revista Portafolio. Copec y ExxonMobil tienen una relación comercial desde hace 60 años, y por medio de una transacción comercial, Copec compró las acciones de ExxonMobil quedándose con la línea de lubricantes (aceites para transporte terrestre y aéreo así como de uso industrial) en Colombia a través de su empresa Terpel. Actualmente Terpel domina el 14% del mercado de lubricantes en Colombia, mientras que ExxonMobil el 30,2%, es decir que con esta compra, Copec se queda con la sumatoria de los dos mercados, asegurando el 44% del mercado, lo que está cerca de ser un monopolio (si lograra manejar más del 50%).

Por otra parte, Gazmuri afirmó que Copec no se quedará con el mercado de combustibles, y que muy pronto anunciarán cuál empresa se quedaría con este negocio. Aunque a Copec le interesa este apetecible negocio, si se quedara con él tendría un monopolio, lo cual es prohibido por las leyes colombianas, por eso trabaja para que  sea Trafigura a través de su empresa Puma Energy, quien tiene negocios hace muchos años con Copec y ExxonMobil. De acuerdo a lo expuesto por Andrés Acosta, presidente de ExxonMobil Colombia, a la Unión Sindical Obrera, USO, y ratificado por Gazmuri a la revista Portafolio, para ExxonMobil es muy importante que sus acciones queden en manos de las empresas con las que han venido trabajando desde hace años, haciendo referencia a las dos empresas, Copec en lubricantes y Puma en combustibles.

Según el portal de información centralamericadata.com, Puma Energy adquirió las operaciones de ExxonMobil en Centroamérica, por eso en este momento todo apunta a que es precisamente esta empresa la que se quedará con la línea de combustibles que pertenecía a ExxonMobil, y que Copec enajenará. Además, Puma compró la empresa Barranquillera Save para entrar en el negocio de los combustibles a través de la distribución y las estaciones de gasolina que tenía esta empresa colombiana. Entonces, al sumar la participación de las tres empresas, Terpel, Puma Y ExxonMobil, estas tienen más del 60% del mercado colombiano de combustibles.

¿Cómo entra Trafigura en este negocio?
Puma Energy  es una empresa filial de la transnacional Trafigura, para la cual esta oportunidad es un excelente negocio, por eso se preparó desde años atrás. Primero inició, a orillas del río Magdalena, junto a la Refinería de Barrancabermeja, la construcción de Puerto Impala, el cual hasta ahora cuenta con capacidad de almacenamiento de 750.000 barriles. El segundo movimiento fue comprar, a través de Puma, el 100% de la empresa Save Combustibles SAS, una empresa Barranquillera encargada de la distribución de combustibles en Colombia, como aparece en el reporte realizado por inteligenciapetrolera.com.co. La tercera acción fue comprar el 10.1% de las acciones de la multinacional canadiense Pacific, quien venía construyendo en Puerto Cayao Barú la estación de almacenamiento Puerto Bahía, con una capacidad de almacenamiento de combustibles de 3.3 millones de barriles, lo que pone a disposición de Trafigura más de cuatro millones de barriles para el almacenamiento de combustibles.

¿Cuál es el riesgo de la Refinería de Barrancabermeja?    
Desde la llegada de Juan Carlos Echeverry a la presidencia de Ecopetrol, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja –PRMB-, y de paso el mismo municipio, están en riesgo. Se cerraría un activo de Ecopetrol, como lo es la Refinería de Barrancabermeja, que debido a los bajos precios del crudo, viene dando ganancias cada vez más grandes: en el 2004 tuvo pérdidas por el orden de 500 mil millones, mientras que en 2016 llegó a tener ganancias de
un billón 200 mil millones de pesos. Cabe recordar que mientras el precio del petróleo bajó de 100 a 50 dólares el barril, los demás productos que salen de la Refinería como ACPM o gasolina, subieron de precio.

Sin embargo, todo obedece a sacar del negocio de los combustibles a Ecopetrol y entregárselo a la multinacional Trafigura. La estrategia inició sacando a los profesionales con más de 20 años de experiencia y que se encontraban al frente del PRMB, como el ingeniero Federico Maya, vicepresidente de Refinación y defensor de la necesidad de hacer dicho proyecto; después continuó el desfile de despidos de personal estratégico para la compañía, que fueron remplazados por cargos burocráticos sin experiencia. Luego de la compra de las acciones de Pacific por parte de Trafigura, el Gobierno declaró zonas francas a Puerto Impala y Puerto Bahía (pertenecientes a este grupo); los exoneró así del pago de impuestos, y permitió que a través de ellos se puedan traer combustibles de otros países, especialmente de Centroamérica. Con esto, Ecopetrol pierde el control de la importación de los combustibles en Colombia.

Es decir que con esta medida van a inundar al país de combustibles de Centroamérica, a través de Puerto Bahía y Puerto Impala; lo demás será transportado en carro tanques, y el resto por la red de oleoductos y poliductos, por lo que Ecopetrol ya firmó un contrato para interconectarse con Puerto Impala. Con el país lleno de combustibles centro americanos y la Refinería chatarrizada, Ecopetrol no podrá responder a la exigencia de esta competencia desleal y, según cálculos de la USO, en un año se estaría anunciando el cierre de la Refinería de Barrancabermeja. La afirmación se basa en que esta nueva figura empresarial de Lubricantes y Combustibles entrará en funcionamiento oficialmente el primero de agosto de 2017, y aproximadamente en ocho meses lograría su apoderamiento del mercado, tal como sucedió con Cemex, quien con su entrada a Colombia acabó en menos de un año con las empresas nacionales de cemento. Tiene además todas las de ganar, si la Refinería de Barrancabermeja (la más grande del país) no se moderniza y se convierte en una empresa competitiva en calidad y precios.  

¿Cómo se perjudica el departamento de Santander?
Con este movimiento comercial no solo acabarían con Ecopetrol, sino que también Santander perderá dos de las más importantes industrias que generan el mayor ingreso al departamento. Por un lado se cerraría la Refinería, y por otro lado con la compra de las acciones de ExxonMobil por parte de Copec, se cerraría la planta de lubricantes de Bucaramanga, trasladando toda la producción de lubricantes a la moderna planta de Cartagena, en la cual con solo dos turnos de trabajo podrán cubrir el 40% del mercado nacional.

Gregorio Alfonso Mejía Mancera es el Secretario General de la Unión Sindical Obrera, USO, Bogotá.

¿En qué va la mesa?

A principios del mes de abril de este año culminó el primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional, presidido por Juan Manuel Santos, y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes iniciaron una fase pública de diálogos desde el pasado siete de febrero, con el propósito de buscar caminos que permitan  “terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad”, como lo plantea el acuerdo del 30 de marzo de 2016, en el cual se estableció la agenda temática de dicho proceso.

En este primer ciclo, las delegaciones del ELN y el Gobierno abordaron simultáneamente dos puntos esenciales para avanzar hacia la solución política y la construcción de la paz: Acciones y dinámicas humanitarias, y Participación de la sociedad.

En cuanto al punto de Acciones y dinámicas humanitarias, el Gobierno de Juan Manuel Santos exige la renuncia pública del ELN a las retenciones, reduciendo este tema de la agenda a un aspecto puntual de la misma, a la vez que manifiesta que debe ser el ELN quien dé muestras unilaterales de querer la paz. Por su parte la organización insurgente ha manifestado que está dispuesta a examinar el tema de las retenciones y su accionar en el transcurso de los diálogos, pero dejando claro que no harán gestos unilaterales que obedezcan a imposiciones y condicionamientos por parte del Gobierno, más aún cuando este no se compromete a frenar el genocidio sistemático contra lideresas y líderes sociales, y no asume su responsabilidad en los crímenes y estigmatización a las organizaciones sociales.

Al final del primer ciclo, lo más concreto que existe en materia de este punto son aproximaciones hacia un desminado humanitario, asunto que buscarán acordar en el segundo ciclo en la perspectiva de bajarle intensidad al conflicto, aunque el ELN y múltiples sectores de la sociedad insisten en un cese bilateral al fuego, mientras el Gobierno mantiene la decisión de dialogar en medio de la confrontación.

Con respecto al punto de Participación de la sociedad, las cosas no son muy distintas. El Gobierno hace también en este punto la exigencia al ELN de su renuncia a las retenciones como condición para la participación de la sociedad, la cual entiende como una formalidad, acotada, consultiva y no vinculante. Por su parte, para el ELN la participación de la sociedad reviste una importancia fundamental, según lo han expresado en su órgano oficial Insurrección en múltiples ocasiones, debido a que las voces de la sociedad no deben ser solo para opinar, sino que su participación debe ser protagónica y vinculante, porque en esencia es la sociedad quien ha padecido y padece las causas y consecuencias del conflicto armado.

Por ello en este primer ciclo no se han logrado acuerdos al respecto, aunque como lo señala el ELN en una carta dirigida a algunos sectores de la sociedad que conforman diversas iniciativas de paz: “Para tomar definiciones en lo referente al proceso mismo de participación, mecanismos, metodología, alcances, etc, estuvimos trabajando en la mesa la realización de unos intercambios previos, con distintos sectores de la sociedad tendientes a recoger las iniciativas, propuestas y experiencias de los mismos, sobre la participación. A estos intercambios los hemos llamado Audiencias Previas”.

Una carta de la sociedad con ecos distintos
El pasado mes de marzo la Red Prodepaz, el comité de impulso del Diálogo Nacional y la Mesa Social para la Paz, igual que la Campaña por una Paz Completa, dirigieron conjuntamente una carta a los jefes de las dos delegaciones sentadas en Quito, en la cual manifiestan que “Varias organizaciones sociales y comunidades locales, plataformas, gremios y centros de pensamiento, venimos intercambiando visiones para consensuar una propuesta de diseño de un proceso de participación que responda al espíritu de los Diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, y que sobre todo, contribuya a la democracia colombiana”, y se dispusieron para contribuir al buen desarrollo de la mesa de conversaciones, para lo cual proponen una reunión de intercambio para construir una ruta común que permita la más amplia participación social en los diálogos adelantados en Quito.

Tanto el Gobierno Nacional como el ELN respondieron a dicha carta y en la respuesta una vez más quedó en evidencia la importancia que una y otra parte le dan a la participación.  La corta respuesta del Gobierno deja ver que para este la participación es secundaria y hasta incomoda, al señalar que “Cuando las negociaciones entren en la fase de las consultas a la sociedad habrá el espacio para que la ciudadanía, organizaciones sociales, y otros actores, presenten sus visiones y planteamientos sobre los temas de la agenda”.    

El ELN en su respuesta reveló que la postura de la delegación del Gobierno en la mesa de Quito es buscar siempre imponer sus planteamientos, desconociendo un elemento central de toda negociación y es que las partes dialogantes deben reconocerse como interlocutores políticos, lo que implica que a los acuerdos se llegan por decisión de ambos y no por imposiciones de uno de ellos. A su vez dicha insurgencia ratificó que solo mediante la unión de voluntades y esfuerzos compartidos, la sociedad logrará la presión suficiente para hacerse escuchar en la mesa.

Invisibilizar para negar la participación
Según fuentes cercanas a la mesa, así como a las iniciativas de Paz que insisten en la participación, la respuesta del ELN, en la que hicieron públicos varios detalles de la negociación, no fue del agrado del Gobierno, pues este insiste en que dicho proceso debe ser confidencial y de espaldas a la sociedad. Es por ello que los medios masivos de comunicación, afines a los intereses de los sectores dominantes del país, poco despliegue dan a lo que se discute en Quito entre el Gobierno y la Insurgencia, y logran de ese modo aislar el proceso de la gente, y que la sociedad no pueda incidir, para presionar así al ELN hacia una negociación rápida que no toque los problemas que a la sociedad le competen. Se trata de aplicar una fórmula basada en la premisa de “lo que no ves, no existe” y así, si el conjunto de la sociedad colombiana no puede ver ni saber lo que se discute y cómo se discute en dicha mesa, termina por volverse inexistente dicho espacio y de ese modo mantenerla al margen del mismo.


Por ello las organizaciones sociales, las diversas iniciativas de paz y todos y todas quienes le apostamos a la construcción de la paz con cambios, con participación significativa y decisiva de la sociedad, no solo estamos llamados a presionar y exigir dichos espacios de participación, sino también a exigir que la mesa tenga un carácter más público; que tenga un cubrimiento por parte de los medios de comunicación, acorde con la importancia que tiene para el país el estar discutiendo acuerdos en la búsqueda de la solución política y la paz; que haya equilibrio en el manejo de la información, dando a conocer de igual manera los planteamientos del Gobierno como de la Insurgencia, y mucho más, los de la sociedad.

Pero no basta con ello. Es necesario que quienes estamos por la solución política y acompañamos estos diálogos, del mismo modo que se acompañaron los de La Habana, nos movamos para exigir la implementación de los acuerdos alcanzados entre FARC y Gobierno, sin más dilaciones y triquiñuelas por parte del establecimiento, a la vez que se exige el cese bilateral al fuego entre el ELN y el Gobierno. Esto implica no solo que se detenga el accionar de la insurgencia para generar un clima favorable hacia la paz, sino también, de manera prioritaria, que frenen los asesinatos y criminalización de líderes y lideresas sociales, y que el Gobierno se comprometa en el desmonte efectivo del paramilitarismo y todas las formas estructurales de terrorismo de Estado, porque de lo contrario, si en la búsqueda de la paz, las clases que nos han gobernado por 200 años no son capaces de renunciar a la violencia como forma de hacer política: ¿Qué tipo de paz podríamos esperar?

En la Consulta Popular en Cajamarca, Tolima, realizada el pasado 26 de marzo, el 97.7% de los ciudadanos que participaron, no aceptaron la explotación minera de oro en su territorio. La pregunta, diseñada por el Comité Ambiental y aprobada por la Corte Constitucional, fue: ¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en  el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?

Esta Consulta es la primera de origen ciudadano llevada a cabo en el país. Los habitantes convocaron, a partir de una recolección de firmas, a que se realizara este hecho histórico para Colombia, en defensa del territorio y soberanía. Sin embargo, sus resultados han despertado debate a nivel nacional, cuando al día siguiente se conocieron las declaraciones que en nombre del Gobierno dio el Ministro de Minas, German Arce. Este manifestó que la Consulta Popular fue una decisión política sin efecto vinculante, es decir, que no tiene la facultad de cambiar la ley, porque la Anglo Gold Ashanti ya tiene una licencia de exploración y podría solicitar la licencia ambiental para la explotación cuando lo decida.

Así mismo, Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos de la Anglo Gold Ashanti, aclaró que  “El Consejo de Estado, en la  sentencia emitida en diciembre pasado, adujo que deben respetarse los derechos adquiridos de las empresas que han venido desarrollando actividades con sus respectivos permisos”.  Esta declaración había sido emitida también por el presidente de la Asociación colombiana de minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, en la edición virtual de Portafolio el día 26 de marzo de 2017, mientras eran llevadas a cabo las votaciones: “El Consejo de Estado falló en diciembre que los derechos adquiridos no están en peligro con esta clase de consultas”.

La multinacional también argumentó que para el año 2009 recibió títulos legales e inició formalmente trabajos de exploración en la mina “La Colosa”. Este proyecto, ubicado en el municipio de Cajamarca, emergió en ese entonces como uno de los más ambiciosos esfuerzos de la locomotora extractivista, la cual se venía impulsando con fuerza desde el año 2002.

¿Qué dice la Ley?
Existen dos leyes que regulan los procesos de Consulta Popular en Colombia y legitiman la decisión tomada por los cajamarcunos: la ley 134 de 1994 (Art. 8) y la Ley 1757 de 2015 (Art. 4-42). Así mismo, las sentencias 123-2014 (medio ambiente) y la sentencia 273-2016 (autonomía de los entes territoriales).

La ley 134 de 1994, en su Artículo 8, es clara en la medida que explica: “En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”,  y  añade que el  umbral exigido para la validez de la Consulta corresponde a una tercera parte del censo electoral nacional o local, según sea el caso. Si esto es así,  debe de cumplirse la decisión. En el caso de Cajamarca, el umbral fue superado.  

La Constitución Política del 1991 diseñó herramientas para que se hiciera efectiva la participación ciudadana;  la Ley 134 de 1994, nace entonces para  desarrollar  principios constitucionales de la democracia participativa, entre esos la Consulta Popular.
Así mismo, la ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, y concretamente en el capítulo IV, Artículo 41, explica el carácter de la decisión y los requisitos por lo tanto: “La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumpla con los requisitos (…)   debe de votar la tercera parte de los habitantes que aparecen registrados, es decir,  más de  la mitad de la población”.

En el Artículo 42, explica que “Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva”, y para ello el plazo será de dos meses.

Por otro lado, las Sentencias 123 del 2014 y  273 del 2016 de la Corte Constitucional fueron emitidas a raíz de lo consignado en el Artículo 37 del Código de Minas, donde se prohibía a los entes municipales y departamentales excluir la minería de sus territorios y de los POT. Con la Sentencia 273-2016 este artículo fue declarado como inconstitucional, por violar la facultad y la asignación de competencias a las entidades territoriales y su distribución entre ellas y la Nación, consignada en el artículo 151 de la ley orgánica estatuida en la Carta Constitucional.

Por su parte, la Sentencia 123 del 2014, fue emitida a raíz de una demanda que argumentaba que este Artículo 37 estaba “vulnerando el principio de autonomía; además de  impedir  que se cumpla con el deber de protección del ambiente por parte de los concejos municipales”. La  sentencia, entonces, intenta  exponer  que   “el Estado en materia de exploración y explotación minera, (…)  debe buscar  el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio”, y asigna la propiedad del subsuelo y la propiedad de los recursos naturales al Estado (Art 288 y 322). También determina que la intervención del Estado en la economía debe seguir los parámetros establecidos por la ley, y que el Estado es también la población de un territorio, por ende tiene el derecho a regular  y decidir qué se hace en el suelo y subsuelo, si de actividades de explotación minera se trata.

Se han presentado debates alrededor de esto, pero en la práctica el Gobierno Nacional ha sido quien decide y da los permisos requeridos para que se lleven a cabo actividades mineras, por encima de las decisiones de las comunidades que allí se encuentren habitando. Sin embargo, el Artículo 33 de la Ley 136 de 1994 es claro al decir que “cuando haya un proyecto minero o de otra  naturaleza, que amenace con crear un cambio significativo en el  uso del suelo, que cambie la vocación del suelo, se deberá realizar una consulta popular”. Es decir, la realización de esta Consulta es una obligación, no una potestad. En esa medida se está aplicando la ley.

En ese sentido, la comunidad podrá intervenir en esas decisiones y convocar  a una Consulta Popular ya sea como iniciativa propia o del Alcalde municipal, cuando necesite tomar decisiones que puedan cambiar el componente social, económico y cultural en su territorio. En conclusión, la Consulta Popular llevada a cabo en Cajamarca, Tolima, es de carácter legítimo y la decisión tomada por los ciudadanos debería ser de obligatorio cumplimiento.

Otras Consultas Populares llevadas a cabo en Colombia
En Colombia se han realizado Consultas Populares sobre asuntos de seguridad y convivencia, para regular los juegos de azar, sobre la paz, el medio ambiente, la erradicación de drogas con glifosato, los rellenos sanitarios, la restricción vehicular para el día sin carro, los servicios públicos domiciliarios, la educación, la construcción de colegios, entre otros.
Sin embargo, lo que más suena en los últimos meses son las Consultas Populares para la defender el agua, la vida y el territorio de la amenaza que traen consigo las actividades minero-energéticas. Años atrás conocimos la experiencia de Tauramena, en Casanare, la de Piedras, en Tolima, y recientemente la de Cabrera, en Cundinamarca. En las tres, las comunidades rechazaron dichas actividades. Por eso se hizo importante que la  iniciativa se replicara en otras regiones de Colombia.  

En el caso de Piedras, la Anglo Gold Ashanti dirigió en 2013 una carta a la alcaldía del municipio para que considerara la instalación de dicha infraestructura dentro del POT -Plan de Ordenamiento Territorial-, como ya lo había proyectado en Cajamarca e Ibagué. Por eso se adelantó un fuerte proceso de movilización en contra de los impactos sociales y ambientales que podría traer esta irrupción, como la contaminación del agua con cianuro y otros elementos de alta peligrosidad para la vida, y el despojo de terrenos para la implementación de la infraestructura necesaria para las operaciones de tratamiento del material removido.

Se llevaron a cabo  audiencias públicas y tutela, y  finalmente la Consulta Popular, que se realizó el 28 de julio de 2013, con lo cual los habitantes del municipio y las organizaciones sociales y ambientales que los apoyaban pusieron de manifiesto la oposición total al proyecto La Colosa.

Consultas Populares próximas a realizarse
Cumaral, Meta, se suma a la lista de Consultas Populares que se llevarán a cabo a lo largo del país, en defensa del territorio. El Alcalde de Cumaral ha hecho pública la decisión de convocar el próximo cuatro de junio a una consulta frente a la explotación de hidrocarburos en el municipio. Los habitantes de este municipio del Piedemonte llanero decidirán sobre la vocación de sus suelos: continuar siendo despensa alimentaria o permitir la explotación petrolera.
La alcaldía del municipio se dio a la tarea de exponer  el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos No. 009 de 2012, celebrado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la empresa MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA, también llamado Proyecto Llanos 69 –LL69,  señalando que “afectará de manera irreparable el recurso  hídrico contenido en:  ríos, caños, nacederos, morichales, lagunas, fauna y flora en general y aljibes, que incluso surten a otros municipios distintos a Cumaral como: El Calvario, Restrepo, Villavicencio y Medina, en los departamentos del Meta y Cundinamarca”.

Por otro lado, en Ibagué, Tolima, la Consulta Popular es promovida por su  alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, desde el pasado 4 de enero de 2016, quien presentó la propuesta de la mano de comités ambientalistas. El 29 de febrero el Concejo municipal dio el visto bueno a la Consulta, y el 29 de junio el Tribunal Administrativo del Tolima declaró constitucional la pregunta propuesta por el alcalde Jaramillo. Esta fue programada para el 2 de octubre, y luego pospuesta para el 30 de octubre por ser el mismo día en que se realizaría el Plebiscito Especial para la Paz.

Sin embargo, días después fue suspendida de manera provisional, producto de la demanda emitida al Consejo de Estado por Alberto Enrique Cruz Tello,  representante de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del Tolima, quien argumentó que la pregunta no era clara y podrían verse afectadas las actividades mineras llevadas a cabo en el departamento del Tolima desde hace varios años. El 12 de diciembre, se volvió a contemplar la posibilidad de llevar a cabo la Consulta; el Alcalde presentó la nueva pregunta al Concejo municipal buscando su aprobación, y por consiguiente del Tribunal del Tolima.  "Lo que se votará es si Ibagué quiere tener su suelo de vocación minera o agrícola con protección del agua", señaló el Alcalde. Hasta el momento no se han dado más declaraciones. Y se desconoce cómo va el proceso.

En tercer lugar está Pijao, Quindío. En pocos meses se llevará a cabo la Consulta en este municipio, pero aún no se ha establecido una fecha concreta y se desconoce la pregunta. Son 23 títulos mineros los que amenazan la vocación agrícola y cafetera del municipio. La Agencia Nacional de Minas (ANLA) ha informado que de los 42 títulos  otorgados a municipios como Salento, Córdoba y Pijao, el 70% están en proceso de renuncia, todos corresponden a explotación de oro y ninguno está en actividad. Pero los quindianos continúan trabajando para que se lleve a cabo la Consulta en Pijao, y este 17 de abril se conoció la noticia de que Calarcá, Quindío, también se prepara. Las comunidades quieren ratificar  y blindar sus territorios. No piensan aprobar ninguna actividad extractivista que ponga riesgo el agua, la vida y el territorio.

En cuarto lugar, Marmato, Caldas también ha acudido a este mecanismo de participación. En este municipio la situación es muy particular, pues sus habitantes llevan más de trecientos años practicando la pequeña minería, y hoy  también se ven afectados por la minería a gran escala a título de La Gran Colombia Gold. “Las comunidades indígenas, los afrocolombianos y los mineros tradicionales de la población trabajan en reuniones independientes, con la asesoría de expertos, para preparar sus puntos para la discusión con las autoridades nacionales”, informó para El Tiempo un ex personero municipal que ha participado de manera activa en el proceso.

La Corporación Cívica de Caldas, una organización local de veeduría ciudadana, manifestó que la negativa de Cajamarca (Tolima) a la actividad minera en su territorio por medio de una Consulta Popular debe dejar una lección para el caso de Marmato. Por eso emitió un comunicado en el que invita a las autoridades locales "para que brinden un correcto cumplimiento de las obligaciones de participación y acceso a la información que, según la Corte Constitucional, deben ser garantizados a favor de la comunidad del municipio".

La  empresa Gran Colombia Gold  se encuentra desalojando a los habitantes del municipio de Marmato hasta una pequeña vereda llamado El Llano. Poco a poco las familias son ubicadas allí y con los dineros que deben ser invertidos bajo la directriz del Gobierno: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que es un compromiso social que tiene una empresa que se encuentra explotando y generando impactos en un territorio y a su comunidad.

En quinto lugar, está Paujil, Caquetá. La comunidad se encuentra recolectando firmas para llevar a cabo la Consulta Popular: “ya son más de 1.500 las firmas, de las 2.737 necesarias, las recolectadas para la realización de una consulta popular que busca suspender las actividades de exploración petrolera adelantadas por Emerald Energy y Ecopetrol en la región”, según documenta El Tiempo. Martín Trujillo, vocero de esta iniciativa ciudadana, dice que en los próximos días esperan completar 4.000 firmas recolectadas, que serían posteriormente revisadas por la Registraduría Nacional, la cual, en un plazo de 20 días ordenaría a las autoridades correspondientes fijar la fecha para la realización de la Consulta. Los promotores de esta Consulta estuvieron en Cajamarca para aprender de la estrategia de campaña utilizada en el municipio tolimense durante la época previa a las votaciones, y posteriormente replicarla en su territorio.

Por último, cabe mencionar el ejercicio pedagógico, de organización y movilización que vienen llevando a cabo diferentes procesos en todo el país, y que buscan en la Consulta Popular una determinación frente el uso de sus suelos y el futuro de sus territorios. Es el caso, por ejemplo, del Cinturón Occidental Ambiental, COA, que trabaja en municipios del Suroeste antioqueño en contra de la explotación de oro en manos de la Anglo Gold Ashanti, y para declarar esta región como un territorio sagrado para la vida.

Estas iniciativas, realizadas o por realizar, muestran con firmeza cuál es el futuro que desean las comunidades para sus territorios. La Consulta Popular es tal vez el único mecanismo que les queda para detener las actividades minero-energéticas que cambian la vocación de su suelo y degradan el medio ambiente. Sin embargo, el debate frente a su validez continúa, y es incierto quién ganará en esta pelea.

Fuentes:
La BBC; El Tiempo; El Espectador; Dejusticia.org; ElOlfato.com (Medio local en Ibagué, Tolima); Portafolio.co; Justiciaambieentalcolombiana.org.
Ley estatutaria 1757 de2015;  Ley estatutaria 134 de 1994; C-123-14; C-273-16; Registraduría Nacional; EJAtlas.

La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, que atravesó los cuatro debates correspondientes con el fast track, terminó el proceso de conciliación en la Cámara de Representantes el 28 de marzo, y pasó a revisión en la Corte Constitucional.

Luego de intervenciones del fiscal en todas las discusiones, y con la presencia y participación de organizaciones de víctimas, activistas sociales, miembros de la Fuerza Pública, y del ámbito académico, se aprobó el modelo de justicia transicional que nació del Proceso de Paz con las FARC, y que tendrá como tarea brindar justicia, buscar y esclarecer la verdad, y reparar a las víctimas del conflicto armado.  

Guerrilleros, civiles, y agentes del Estado serán procesados. Pero, a diferencia de lo que se creía, no habrá un trato igualitario para estos tres grupos. En cuanto a los miembros de la Fuerza Pública y el tratamiento que tendrán en esta jurisdicción, preocupan varios puntos: la responsabilidad de mando, la presunción de legalidad, y que los militares sean liberados sin exigírseles el cumplimiento de los deberes de reparación y contribución a la verdad.

A propósito de estas preocupaciones, las declaraciones de los líderes defensores de la Fuerza Pública, y de los líderes de Derechos Humanos, no se han hecho esperar.  “Estamos ante una ley de perdón y olvido, y de punto final disfrazada. Hoy no está claro cómo van a reparar”, expresó Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad.  Por su parte, Nelson Romero, presidente de la  Confederación Colombiana de Organizaciones del Personal en Retiro y Pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (Confecore), expresó: “Es una justicia creada para juzgar militares y exonerar terroristas. Será una cacería brutal en contra de los militares”.  

Responsabilidad de mando  
El Estatuto de Roma, que es la reglamentación internacional que habla de la figura de responsabilidad de mando, expresa en el artículo 28 que “el jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo”. Colombia está adscrita a este Estatuto, así como a la Corte Penal Internacional, que es el tribunal encargado.

Pero en el último debate, y luego de que miembros de la Fuerza Pública exigieran al Presidente y a los legisladores modificar lo establecido en el Proceso de Paz, se estableció que se aplicaría esta figura cuando hubiere una  responsabilidad “de tipo jurídica y de facto”, y cuando hubiere “control efectivo de la respectiva conducta”, lo que recorta el margen de aplicabilidad de la figura y contradice lo dicho en el Estatuto, que no solo no habla de “control efectivo sobre la conducta”, sino que presenta un espacio más amplio al dejar claro que no es necesario que el alto mando sepa de la conducta para que sea castigado, y dice que aplica cuando éste “hubiere debido saber” de la realización de la misma.

Presunción de legalidad  
Se trata de un principio jurídico que presume como legales las conductas de los integrantes de la Fuerza Pública. Este se observa como una ventaja que tendrán los militares al momento de enfrentar los juicios. Además pone en riesgo la aplicabilidad de la justicia; qué pasaría si, por ejemplo, un militar acude a este principio en su defensa, alegando que cometió un crimen grave siguiendo una directiva del Ministerio de Defensa, como ocurrió con los falsos positivos.

¿Los militares también repararán y contribuirán a la verdad?
El viernes 17 de marzo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, pidió a través de una resolución la libertad de 817 miembros de la Fuerza Pública, que cometieron delitos relacionados con el conflicto armado, para que ingresaran al modelo de justicia especial. Se ha dicho que varios de esos militares, que ya han pagado parte de sus condenas (cinco años o más), no tendrán que continuar en ningún proceso de justicia, lo que lleva a preguntarse si sí habrá contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas.

¿Qué dicen los militares?
Nelson Romero Velásquez, presidente de Confecore, ofreció su postura a propósito de estos cuestionamientos.

Al hablar de la responsabilidad de mando, y mencionarle el recorte que hubo al artículo del Estatuto de Roma, Romero expresó que  “es justo que se maneje de esta forma por cuanto no es justa la justicia que se maneja en mi país, de serlo se podría pensar en la injusticia de este recorte en la norma”, e hizo hincapié en un asunto que está siendo objeto de cuestionamientos en sectores políticos: la conformación del Tribunal de Paz. Al respecto señaló que “los jueces de la Justicia Especial van a perseguir y encarcelar a los comandantes militares que dieron resultados positivos en contra de los integrantes de las FARC. Solo hay que conocer la procedencia de cada uno de estos jueces para poder prever lo que se viene en contra de los integrantes de la Fuerza Pública”.  

Además, al hablar sobre la llamada “línea roja” del Gobierno de no negociar lo relativo a la Fuerza Pública y a la doctrina militar, Romero mencionó los llamados a militares a calificar servicios, el desmonte de las unidades de combate y el cambio de léxico en las escuelas de formación militar, como consecuencias de lo pactado en La Habana. “No es cierto, lo primero que se negoció debajo de cuerda fue a la Fuerza Pública, puesto que para poder pensar en la toma del poder, que es lo que los terroristas están dispuestos a hacer, sabían que lo primero que se debía hacer era debilitar a las Fuerzas Militares y policiales”, agregó.  


Las organizaciones de Derechos Humanos se preocupan
Adriana Arboleda, abogada y directora de la Corporación Jurídica Libertad, denunció las que para ella son las trampas del Gobierno en la Jurisdicción Especial para la Paz en el tratamiento a los militares.

“La primera trampa que hace es que establece un pie de página donde empieza a recortar el tema de la responsabilidad de mando, lo que amerita que la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal, se haya pronunciado diciendo que dejar por fuera la responsabilidad de mando, es dejar abiertas las puertas para que la Corte Penal Internacional entre y actúe”, respondió ante el cuestionamiento sobre la delimitación realizada a la responsabilidad de mando. Delimitación que, según ella, no se hará para los guerrilleros, quienes prefirieron tener “seguridad jurídica”.  

Una segunda trampa de la que habla Arboleda es el establecer como legítimas las acciones del Ejército amparados en la figura de presunción de legalidad. “Usted no puede presumir la legalidad ante graves violaciones a los derechos humanos. Eso ya no solo viola el derecho internacional sino el mismo derecho interno. Usted no puede decir que se presume legal una ejecución extrajudicial, una tortura, una agresión sexual”, expresó.  

Por último, explicó por qué hay facciones de asociaciones y organizaciones de ex militares que están en contra de la jurisdicción: “¿A Acore por qué no le interesa el Proceso de Paz? Porque ellos están involucrados en los grandes negocios que tiene el Ejército, negocios para la compra de uniformes, de armamento, de alimentación”.

¿Las víctimas qué dicen?
Martha Soto, a quien le desaparecieron su hermano en acciones en las que se vincula a la Policía, y quien es la secretaria técnica del capítulo de Antioquia del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), expresa su preocupación por las modificaciones que al Acuerdo de Paz han hecho en el Congreso: “Siento que ha habido un manoseo por parte de los legisladores que han acomodado las cosas a su conveniencia. Se pierde la esencia del Acuerdo, que con sus aciertos y sus fallas, fue firmado por dos partes”.

También mencionó lo que para ella es la responsabilidad de la Fuerza Pública en esta etapa de posconflicto. “La Fuerza Pública debería combatir a los grupos paramilitares, perseguir y judicializar. Han detenido a ocho personas, dirigentes campesinos, siendo acusados de ser del ELN”, dijo al tiempo que contaba que mientras ella estaba en esta entrevista, realizada en un foro nacional para la creación de estrategias de participación política de las comunidades, en Barrancabermeja, donde se hacía el mismo evento, miembros del CTI entraron a llevarse a varios líderes y defensores de Derechos Humanos. “Necesitamos unas fuerzas armadas para la paz”, concluyó.

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