Edición 124 Enero - Febrero 2017

Desde 2015 se ha venido promoviendo en el Oriente antioqueño el primer Plan de Crecimiento Verde y desarrollo compatible con el clima, liderado por CORNARE, la Fundación Natura, WWF Colombia –Fondo Mundial para la Vida Silvestre–, y apoyado por la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN. Su pretensión básica es la de conciliar el crecimiento económico con la valoración de los ecosistemas y de las comunidades mediante negocios verdes.

Sin embargo, al rastrear los programas y los escándalos vinculados a los actores mencionados, estos objetivos suponen una valoración de los bienes comunes –como biodiversidad, aguas, montañas, bosques, cuidado comunitario, etc– en términos económicos para hacer negocio con ellos. Se trata, básicamente, de la misma lógica promovida por hidroeléctricas, agroindustrias, minería, monocultivos forestales y otras formas de extractivismo que se apropian de estos bienes para mercantilizarlos, a la vez que generan el despojo de las comunidades y la degradación del ambiente.

El plan de Crecimiento verde se enmarca en las pretensiones de Colombia de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la cual sugiere medidas y políticas para entrar a este club de 34 países, cuyos fines podrían sintetizarse en “lograr la más fuerte expansión posible de la economía” y “contribuir a la expansión del comercio mundial” (Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del gobierno de España). Acá se presenta una paradoja, pues fomentar el crecimiento económico es una contradicción si lo que se quiere es reducir la contaminación producida por el desarrollo.

CDKN ha sido aliada de la OCDE en temas ambientales, y comparten una postura similar al buscar la conservación para ampliar el mercado y no para garantizar la reproducción de la vida. Por su parte, la WWF, se ha autopromocionado como la mayor organización conservacionista independiente en el mundo, pero esta afirmación queda en entredicho por las relaciones que ha tenido con empresas históricamente privatizadoras de agua y territorios, e involucradas en crímenes ambientales como Coca Cola, Shell, Monsanto, Cargill, British Petroleum, entre otras.

Wilfried Huismman, autor de “El pacto con el Panda: lo que la WWF nos oculta”, afirma que la WWH ha vendido su alma a las transacionales a cambio de las donaciones. En este mismo documento se evidencia, tras años de investigación, cómo la WWF ha promovido el desplazamiento de pueblos indígenas en India y África en nombre de la conservación, y tras el desarraigo son perseguidos por patrullas militares presuntamente financiadas por dicha entidad. Así mismo, también evidencia sus nexos con grupos paramilitares que operaban no sólo en contra de cazadores furtivos en África, sino también en contra de los movimientos de liberación de los africanos negros. Tanto es así que la OCDE decidió abrir, el 5 de enero de este año, una investigación contra la WWF por abusos contra el pueblo cazador y recolector Baka, asentado en las selvas de Camerún, recurriendo para ello a un mecanismo previamente usado sólo para empresas multinacionales.

Por otro lado, la Fundación Natura ha sido recientemente denunciada –especialmente por parte de la organización comunitaria Asoquimbo– por lavar la imagen del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Esta entidad fue contratada para un estudio biótico por Emgesa para justificar una modificación en la licencia ambiental, que permitió reducir los excesivos costos ambientales y de compensación a las comunidades afectadas por el mayor ecocidio que haya sufrido el Huila. Tras este hecho, Emgesa convocó a una rueda de prensa en la que anunció el inicio de las obras, las cuales son certificadas, con la ayuda de la Fundación Natura, como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), y al promoverse como energía limpia obtiene cuantiosos descuentos en los pagos al estado.

Esta organización además es la encargada de adelantar, en convenio con USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, tristemente célebre por realizar tareas encubiertas con la CIA para promover los intereses económicos de expansión de Estados Unidos), el Plan Huila 2050 o Plan Cambio Climático, cuyas consecuencias serían la privatización del agua para consumo humano, con el fin de suministrarla a la agroindustria y a la generación de energía en el río Magdalena con el Plan Maestro de aprovechamiento del río Magdalena.

Estos son apenas los promotores, pues si nos detenemos en algunos patrocinadores obtendríamos un afectivo prontuario. Sin embargo, –solo por hacer mención de ellas–, algunas de las empresas compensadoras, muchas célebres por sus acciones en distintos conflictos ambientales, son: Cens, Essa, Edeq y Chec (del Grupo Epm), Ecopetrol, Epm, Gramalote Colombia Limited, Hidrotolima, HMV Ingenieros, Isagen, Petrobras, Sumicol, etc.

Ante este panorama, algunas comunidades y organizaciones ambientales del Oriente antioqueño se preguntan si Cornare –autoridad ambiental de la región– continúa en esta línea o si por el contrario se decide a actuar en conjunto y a favor de las comunidades y otras formas de naturaleza, victimizadas por proyectos de desarrollo extractivo y ahora también amenazadas por formas de conservación empresariales.

El pasado 2 de enero ante la Registraduría Distrital se inscribieron varios comités promotores de la iniciativa para revocar el mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, poniendo de manifiesto el rechazo de una gran parte de la ciudadanía no solo a la gestión del mandatario, sino en general a lo que representa el modelo de ciudad que propone para Bogotá. Estas son algunas de las razones que expusieron los promotores:

Modelo de ciudad
Detrás de todo programa de gobierno y de los instrumentos técnicos que se utilizan para el desarrollo de las políticas hay una concepción de sociedad, una manera de comprender el territorio y sus habitantes. En este caso, el modelo de ciudad propuesto por Peñalosa desde su primera administración es una ciudad para los grandes negocios y no para los ciudadanos y ciudadanas.

El objetivo central del actual Plan Distrital de Desarrollo, en palabras del profesor y urbanista Carlos Torres es tener “una ciudad-aglomeración de consumidores que propicia de modo adecuado la economía de mercado”. De esta manera encontramos la profundización de un modelo donde la ciudad se comporta de acuerdo a las reglas del mercado, y donde los derechos sociales y culturales no tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad del goce efectivo de estos, sino con la construcción de infraestructura que pueda ser administrada a través de Alianzas Público-Privadas, que no son más que la inversión pública y el beneficio del privado, y por lo tanto podría representar un detrimento del patrimonio y el presupuesto de la ciudad.

Otra de las características de las políticas que traza el actual mandatario capitalino tiene que ver con un modelo que segrega y discrimina social y espacialmente. Es la ciudad construida en función de beneficiar a unos y excluir a otros. Ejemplo de ello es el modelo de expansión urbana que proyecta la ampliación de los límites de construcción, lo que hace que la gente de sectores populares deban trasladarse a vivir a las periferias o a las zonas conurbadas de la sabana, mientras los centros de la ciudad se especializan en lo que se llama “revitalización del centro”, que significa el fortalecimiento de los grandes negocios del sector inmobiliario y el turismo internacional.


Una avanzada de esta segregación tiene que ver con el acceso a los escenarios de arte y cultura que, con la reducción de los presupuestos locales para este sector, tienden a volverse espacios de acceso exclusivo de quienes viven en zonas céntricas o tienen posibilidades económicas para pagar por el disfrute cultural.

Derecho al cemento, sin salud ni educación
En la larga lista de acciones perjudiciales de la actual alcaldía, enumeradas en la exposición de motivos que presentaron los comités pro-revocatoria, está también que la salud y la educación son reducidas a temas de infraestructura y administración eficiente de recursos. En el caso de la salud la fusión y privatización de hospitales públicos es preocupante, porque aunque se plantea la construcción de Centros de Atención Prioritaria en Salud, se desmontan programas de salud preventiva como Territorios saludables, quedando este tema desamparado de una política seria que garantice el derecho a la vida en condiciones de dignidad.

La educación se privatiza, en el caso de la básica y secundaria mediante la ampliación de la figura de colegios en concesión; en el caso de la educación superior mediante 25.000 cupos en universidades privadas a través del programa “Ser pilo paga” y la progresiva desfinanciación de la Universidad Distrital. Lo que ha hecho la administración es construir colegios, jardines y centros de arte y cultura para que sean beneficiados económicamente los empresarios de la educación mediante alianzas público-privadas.

Movilidad, de Transmilenio y otras miserias
Desde tiempo atrás existe una discusión sobre los inconvenientes de cambiar el trazado inicial del Metro para hacer uno aéreo, de peor calidad y con nuevos estudios de costo multimillonario. Sin embargo poco énfasis se hace en las ocho troncales nuevas de Transmilenio que se proyectan para construir; así pues el Metro, el tren de Cercanías, y los cables aéreos no serían más que alimentadores del sistema de articulados. En enero de 2016 en el blog www.algarete.com.co el profesor Carlos Carrillo evidenció la relación del alcalde Peñalosa con el ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) que es nada menos que un instituto dedicado a promover la creación de sistemas BRT, es decir Transmilenios, y el negocio que hay detrás de esta iniciativa.

A este drama económico y urbano se añade la idea de retomar el trazado inicial de la Avenida Longitudinal de Occidente que afectará gravemente la reserva Van Der Hammen y todo el sistema de humedales del costado occidental de la ciudad.

Festín con lo público
Con un Plan de Desarrollo centrado en las obras de infraestructura, es necesaria una gran cantidad de recursos. Para cubrir el déficit presupuestal, las medidas económicas tomadas golpean duramente a los bogotanos por varias vías. Por un lado, con la masacre laboral al no continuar los contratos de varios miles de personas; pero además con la progresiva privatización de los servicios públicos a través de la venta de empresas que hoy son rentables para la ciudad como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y la Empresa de Energía de Bogotá; y de nuevo las alianzas público privadas en detrimento de los derechos y patrimonio de la ciudadanía.

Sectores poblacionales: Al caído, caerle
Se peca por omisión o por comisión. Peñalosa además de quitar programas para los sectores poblacionales, recortar drásticamente o eliminar los recursos (a nivel distrital y en las localidades) para organizaciones de mujeres, para los jóvenes, las comunidades LGBTI, los afrodescendientes, y las víctimas, ha propiciado fuertes atropellos contra sectores históricamente golpeados, excluidos y marginados.

Dos casos son claros. Primero el no reconocimiento de la violencia contra las mujeres, con las desafortunadas actuaciones de la secretaría de gobierno, en concreto cuando a través de un concepto jurídico señala que la violación, tortura y feminicidio contra Rosa Elvira Cely fue culpa “exclusivamente de la víctima”. El otro caso que muestra la percepción de esta alcaldía de los históricamente marginados es la actuación en el operativo para la “intervención del Bronx”. Además del bajo resultado en efectividad que tuvo este operativo contra las mafias encargadas del tráfico de drogas en la ciudad, la improvisación con que fue realizado causó graves violaciones de derechos humanos a los ciudadanos y ciudadanas en condición de habitabilidad de calle. Aún está pendiente saber dónde están muchas de estas personas, no solo dispersas por la ciudad, sino quizás asesinadas o desaparecidas.

¿Quiénes quieren revocar?
Tras bambalinas de la revocatoria están miles de ciudadanos que desde hace años vienen peleando por tener una ciudad en la que sea posible vivir con dignidad. Está el vecino del relleno Doña Juana enfermo por los malos olores, las mujeres violentadas, los trabajadores sin empleo, los habitantes de los barrios sin vivienda digna, la señora que vende tintos en la calle, el reciclador de oficio, el anciano que se queda sin subsidio, la estudiante que no tiene para pagar el pasaje de Transmilenio, el tendero que no puede pagar más el arriendo, el niño que quiere respirar aire puro. Están todos los que buscan otro modelo de ciudad, no para los negocios, sino para la Vida Digna.

A partir del 16 de enero y en un plazo de seis meses se deben recolectar cerca de 272.000 firmas que serán validadas por la Registraduría, para así convocar a elecciones de referendo revocatorio. De esta manera, el trabajo de los comités promotores durante este tiempo será en los barrios, universidades y calles donde se siente inconformidad con la alcaldía de Peñalosa. Allí se deben recoger las firmas, pero además, el propósito es discutir sobre el modelo de ciudad a proponer, para que este proceso de revocatoria sea un ejemplo de construcción de poder popular.

* Sociólogo, especialista en análisis de políticas públicas. Integrante de los procesos barriales del Congreso de los Pueblos en la localidad de Kennedy.

El Presidente Juan Manuel Santos mereció el Nobel de Paz 2016, dado sus esfuerzos por conseguir la superación del conflicto armado por la vía negociada y parar la guerra, aún en medio de las resistencias de sectores de extrema derecha. Sin embargo, el Presidente no hubiera podido recibir un premio en Derechos Humanos. Al cierre del 2016, la cifra de homicidios contra líderes sociales se acercó al centenar. Más de 80 defensores y defensoras de los derechos humanos sacrificados, es inaudito en un país que transita hacia el posconflicto armado; cifra esta con la cual se mandó un mensaje de confianza en el establecimiento y tranquilidad a los grupos insurgentes que empiezan a abrazar el camino de la legalidad. A esto se le suman cerca de 40 atentados contra la vida de estos activistas sociales y otras muchas agresiones, entre ellas, amenazas.

Pero no se trata de una tenencia reciente. En Colombia es tradición quitar del camino al liderazgo social en la medida que obstaculiza la pretensión de los poderes reales –legales e ilegales- que controlan los territorios. Entre 2010 y 2016 –administración Santos- se han registrado al menos 442 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos. Cifra aterradora, en un gobierno supuestamente comprometido con la paz y la reconciliación del país, pero que además contrasta con la disminución significativa de las cifras de violencia producto de la confrontación armada.

Ahora bien, la pregunta recurrente ante a esta situación es: ¿quién está detrás de estos ataques? Y la respuesta, la misma: no sabemos. ¿Y por qué no se sabe? Porque el Estado no actúa. ¿Las razones? Muchas, veamos algunas:

El papel del Ejecutivo
El gobierno nacional desde hace dos décadas centra su atención e ingentes recursos a la protección física, material e individual de las personas en riesgo –carros, escoltas, celulares, chalecos antibalas– con presupuestos significativos para la Unidad Nacional de Protección UNP. Sin embargo, no avanza en una política integral de garantías que afecte de manera radical el fenómeno, como es la meta propuesta por el movimiento social y de derechos humanos desde hace muchos años en diversos escenarios, como por ejemplo, la Mesa Nacional de Garantías y más recientemente la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

También caracteriza al gobierno colombiano la improvisación permanente con medidas más mediáticas que institucionales, para salirle al paso a los picos de violencia contra líderes sociales, antes que darle continuidad a políticas trazadas o implementar estrategias estructurales que ataquen el fenómeno de fondo. En consecuencia, cada cierto tiempo, cuando la cresta de los homicidios es muy alta, como fue el caso de marzo o septiembre de 2016, el Ejecutivo crea comisiones del altísimo nivel, en cabeza de todas las instituciones gubernamentales y estatales, para tomar el “toro por los chachos” y contrarrestar la situación. Los resultados saltan a la vista: las agresiones no se detienen, sino que aumentan, y de paso, deja de lado rutas trazadas con las plataformas de derechos humanos y desconoce espacios similares creados de tiempo atrás con búsquedas iguales. A lo anterior se suma una sistemática desarticulación interinstitucional y falta de armonía entre el ente central y las autoridades territoriales.
El papel de la Fiscalía General
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, cuyo papel sería central en detener el homicidio contra defensores y defensoras de derechos humanos, por el contrario ha tenido un rol gris y lamentable en este asunto, que dista mucho de la cooperación técnica, económica y política recibida de la cooperación internacional.

Hasta bien entrado el 2016, esta entidad “brillaba” con un 99.9% de impunidad en casos de homicidios contra estos activistas, a pesar de la lucha denodada que el movimiento de Derechos Humanod ha realizado. Últimamente la Fiscalía empezó a mostrar algunos resultados de casos recientes. Sin embargo, el panorama que muestra no es alentador y deja más dudas que certezas.

De un lado, avanza en casos que desde un principio muestran vocación de éxito, es decir, cuyo contexto de entrada advierte facilidad en las pruebas y resolución. Por cierto, son pocos. Esos son los que viene exponiendo mediáticamente y cuyos resultados posiciona como tendencias generales en el universo de hechos, calificándolos de casos aislados, sin conexidad, sin sistematicidad y producto de riñas personales, venganzas y divisiones al interior de las organizaciones. Sin embargo, la coyuntura, los procesos a los que pertenecen los líderes sociales y las regiones altamente conflictivas advierten razones políticas.

La liviandad de los resultados de la Fiscalía, además de preocupar, tiene consecuencias adversas a lo poco avanzado en tantos años de lucha contra la impunidad por homicidios a defensores y defensoras de DH. De un lado, manda un mensaje a todos los operadores judiciales según la cual detrás de los homicidios no hay grupos organizados y contrarresta los avances en la metodología de investigación que se venía concertando entre las plataformas de derechos humanos y el Estado colombiano, liderado por la misma Fiscalía, basada en análisis de contexto y teniendo como hipótesis principal el papel social y político de las víctimas. En síntesis, en el pasado la Fiscalía no investigó los homicidios contra el liderazgo social, pero los consideraba de carácter político, y ahora que logra unos pocos resultados, los muestra despolitizados, lo cual no contribuye a identificar quiénes están detrás de dichos ataques, dejando tranquilos a actores reales políticos y económicos de los territorios.

El papel de las Fuerzas Militares
También es necesario poner en consideración el papel de las Fuerzas Militares, incluida la Policía Nacional, pues tienen un rol clave en la protección y garantías de las comunidades, sus organizaciones y liderazgos. No obstante, los resultados son igualmente pobres, pues muchos de los homicidios y atentados ocurren precisamente en territorios altamente militarizados y controlados por las instituciones policiales. Esta situación también nos vuelve a la pregunta de qué tanto están comprometidas estas entidades con la seguridad de los activistas de derechos humanos y hasta dónde han modificado su idea (teoría), que ubican al movimiento social como enemigo interno y subversivos vestidos de civil, de ahí la legitimidad a sus ataques.

Este punto justamente se reclama como uno de los temas fundamentales en el proceso de paz, pues está más que probado que estamentos militares como servicios de inteligencia, batallones, brigadas y otras unidades han sido responsables por acción, por omisión y/o complicidad con paramilitares en las violaciones a integrantes de las organizaciones sociales.

En conclusión, para detener la ola de asesinatos y atentados contra defensores y defensoras en Colombia, se requiere medidas de fondo que implican voluntad política de los gobiernos, medidas estructurales de investigación, cambios institucionales y el reconocimiento sincero por parte del establecimiento, del papel central que cumplen estas personas en la construcción de paz en los territorios y por ende, en el país.

*Directora de la Asociación MINGA, Coordinadora del Programa Somos Defensores

La paz en el 36

La luz del día aún no se asoma, el caminar de las botas de Marcela se escuchan firmemente mientras recorre las llamadas “caletas” donde duermen los insurgentes del frente 36 de las FARC-EP, y con su linterna observa de que todo esté normal. A las 5 a.m empieza a despertar a sus compañeros: “las 5, son las 5”, y con un silbato señala el momento de hacer filas en el aula central del punto de preagrupamiento. Con fusil en mano los insurgentes se dividen las tareas del día, tales como corte de maderos para el arreglo de las caletas, adecuación de zonas sanitarias, y cuidado de gallineros y marraneras; también se reparten la cocina en la “rancha” y los turnos de guardia. Por lo demás, en su vida cotidiana se les ve leyendo sobre el proceso de paz y otros libros referentes a la revolución, arte y literatura. Se divierten haciendo manillas, jugando al futbol y al dominó en el que apuestan con confites de coco y café, pues a los insurgentes no se les paga un salario.

Para llegar a este sitio alejado de las grandes urbes, fue necesario viajar seis horas hasta el casco urbano de Anorí –un pueblo con más de 200 años y donde es característica la minería–, y después embarcarme en una chiva hacia la vereda San Isidro. Luego de 12 horas, tras múltiples inconvenientes, como la varada de la chiva, logré llegar. Allí encontré al Comandante Anderson Carranza bajo una carpa negra y su típica sonrisa, acompañado de su compañera Mónica.

Amablemente me invitaron a pasar al campamento. Seguí, un poco asustado no por el encuentro con los insurgentes, sino por los comentarios de algunos pobladores que hablan de la presencia paramilitar a menos de dos horas del lugar. Me adentré en el campamento organizado en pequeñas “casas”, plásticos negros para el techo y tela verde para las “paredes”; me sorprendió la capacidad de organización para las tareas, las pancartas que llamaban al respeto por los demás, el amor por la naturaleza, el poder para el pueblo y la igualdad entre hombres y mujeres. Encontré además bombas, pero no de las que dejan personas heridas, sino de las que festejan, en esta ocasión, el cumpleaños de varios guerrilleros, junto con obras de teatro y tortas invitando a la paz. En el lugar también había civiles familiares de los guerrilleros, madres, hijos, y hermanos que se encontraron luego de años, con sus seres queridos.

Los días 4 y 5 de Noviembre se convirtieron, entonces, en un encuentro entre la comunidad y la guerrillerada apoyando la paz. Compartieron con seguidores de las iglesias, organizaciones campesinas y obreras. Eran aproximadamente 1500 personas disfrutando de bailes, cantos y obras de teatro, en el evento se honró la memoria de todos aquellos que murieron en la guerra sin importar el bando.

La esperanza de paz es lo único que no pierden los guerrilleros; prefieren ser positivos ante comentarios que pronostican el rompimiento de los acuerdos y hasta la muerte de muchos de sus integrantes. Pero lo seguro es que los insurgentes estudian, aprenden del arte y la cultura, de la cocina, de la sastrería, de la panadería, de la medicina, entre otros. La guerrillera Mónica, por ejemplo, quiere estudiar psicología, Wilmar quiere ser fotógrafo, Daniela quiere estudiar informática, Marcela quiere volver a ver su hijo, y Julián quiere volver a estar cerca de su mamá.

Los problemas del proceso de paz, como la falta de garantías y seguridad para las poblaciones afectadas y para los insurgentes, las dificultades en la realización de la infraestructura de las zonas veredales, la matanza a líderes sociales, y la falta de compromiso con el desmonte del paramilitarismo, entre otros factores necesarios para un nuevo país en paz, dejan un panorama difuso.

 

El proceso de paz adelantado entre el gobierno colombiano y las FARC ha generado múltiples preguntas e inquietudes sobre el tema ambiental. Esto se debe a que en este escenario no fue discutido el económico y extractivista que ha dejado a su paso numerosas violaciones ambientales y de derechos humanos. Por lo contrario, algunos han evaluado los planes de desarrollo nacional y territorial como una contradicción directa con los propósitos de paz y con las peticiones de los pueblos, pues profundizan dicho modelo y generan a su vez múltiples conflictos. Es por eso que el éxito para resolver el conflicto armado depende de un verdadero proceso democrático sobre el uso de los bienes comunes del territorio nacional.

Lo anterior fue el tema del foro realizado en diciembre de 2016 por CENSAT Agua Viva, 'Memoria, Ambiente y Verdad para la Construcción de Paz en Colombia'. Allí organizaciones de varios países latinoamericanos compartieron sus experiencias alrededor de conflictos armados, ambientalismo y post-acuerdos. El representante de la Universidad de San Carlos en Guatemala afirmó que: “el conflicto armado en Guatemala surgió de alguna manera a causa de la extracción de riqueza que sacó a la gente de sus espacios territoriales. A partir de 2005, cuando se firma el TLC con Estados Unidos nosotros afirmamos la inauguración de una nueva etapa de extractivismo caracterizado por el tema de megaproyectos, la expansión de la exploración y explotación minera, el turismo a gran escala, la explotación del patrimonio cultural, la concesión privada de reversas ecológicas, el monocultivo de caña y de palma africana, etc. La firma de los acuerdos de paz en Guatemala coincidió con la puesta en marcha de la agenda neoliberal en el estado. No triunfó la agenda de acuerdos de paz; la agenda como la dejamos instalada en el 96 no ha sido tocada ni cumplida. La agenda que sí triunfó fue la neoliberal, entonces el significado de los acuerdos realmente fue abrir los territorios al capitalismo del nuevo siglo y por esto se han generado nuevas fases de conflictividad”.

Guatemala es una experiencia de post-acuerdo ejemplar para Colombia, en particular en relación al extractivismo multinacional. La percepción de que hay agendas paralelas en coexistencia también debe sonar familiar a Colombia, donde los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC caminan al lado de la criminalización de la protesta social, y el favoritismo a las multinacionales en el Plan Nacional de Desarrollo.

Hay diferencias de fondo entre cómo el gobierno y los pueblos consideran el tema ambiental, como Emilio Polo de la organización Paz con Dignidad lo explicó: “Las consideraciones ambientales para la construcción de paz desde organismos multilaterales están caracterizados a través de nociones como capital natural, economía verde, minería sustentable, pago por servicios ambientales, reducción de misiones por deforestación y degradación, donde estos profundizan los fenómenos de privatización, mercantilización y financiarización. De otra parte, organizaciones y procesos del ambientalismo y de los pueblos organizados para la defensa territorial han llamado la atención sobre la necesidad imperante de ahondar en la cuestión ambiental como punto de partida hacia la producción de una propuesta de país incluyente, digna, solidaria y en consonancia con las realidades territoriales… alcanzar la paz implica necesariamente transitar hacia la transformación del modelo de desarrollo basado en el extractivismo y su correlativa política minero energética, que ha despojado y afectado territorios rurales y urbanos”.

Lidoro Hurtado Quiñonez, del Proceso de Comunidades Negras reiteró esas diferencias en Colombia: “Vemos que la acción extractiva de los territorios no viene siendo impulsada por las comunidades nativas, sino por políticas gubernamentales, hemos venido tratando de generar conciencia ambiental desde nuestras comunidades porque han aprendido a dañar el ecosistema y se ha apropiado esa cultura de la venta de la tierra como una mercancía (…) cuando uno mira las políticas de economía mundial, están afectando directamente el ambiente sano, entonces el derecho a la vida es inviolable pero también a cada rato se vive violando la vida”.

Esperanza Martínez, representante de Acción Ecológica en Ecuador, explica que a diferencia de Colombia, en Ecuador la naturaleza tiene derechos propios, pero también reconoce que tener las leyes escritas, no quiere decir que los conflictos se acaban, de hecho, tampoco quiere decir que las leyes sean aplicadas: “No ha cambiado mucho en el escenario real la operación de las empresas de la operación de estado. Cuando llegó el caso de la Texaco en el 2003 yo pensaba que la solución iba a llegar en el 2005 o 2006, estamos a 23 años y seguimos peleando. Uno no tiene que pensar solamente en el resultado final sino también en el proceso”. De hecho, semanas después del foro, el gobierno ecuatoriano tomó acción legal en contra de su organización por su activismo en contra de la explotación de una mina planeada sin consulta previa en territorio del pueblo indígena Shuar.

Así, una de las conclusiones planteadas es que es necesario reconocer lo ambiental como tema clave en el post-acuerdo en varios sentidos, por ejemplo desde la memoria histórica, entendiendo el ambiente como escenario de guerra porque es allí donde ha tenido lugar el conflicto. Así mismo, las raíces del conflicto social y armado en términos de los recursos naturales y sus usos es otro tema necesario para discutir, tanto para la memoria histórica como para las proyecciones a futuro del uso del ambiente dado que el conflicto por el territorio, los recursos naturales y sus usos seguirá estando presente.

Hoy en Colombia hay procesos sociales y movimientos populares que se oponen a formas y prácticas del modelo y acumulación capitalista, pero sus quejas y debates no han sido atendidos hasta la fecha en los procesos de negociación con la guerrilla, (por lo menos en la negociación con las FARC) y queda en duda dónde van a ser atendidos en una Colombia de post-acuerdos. El proceso de negociación sigue en Colombia, y el post-acuerdo es todavía un futuro lejano, pero hay muchos aprendizajes de los cuales aprender en la región mientras se dan algunos pasos. Como dice Martínez: “El proceso debe ser rico y el camino tiene que irnos dando la fuerza de continuar, y estos pequeños logros nos dan la energía para empezar cada una de las semanas”. Entonces nombrar lo ambiental y los efectos de la guerra, así como los planes para el futuro, será necesario para el proceso de post-acuerdo en Colombia.

La noción de Guerra Mundial se da a partir de la Gran Guerra que flageló (principalmente) al continente europeo en 1914 y posteriormente sería conocida como la Primera Guerra Mundial. Este calificativo de “mundial” no necesariamente responde a que las batallas se hayan dado en todo el mundo, más bien, alude a que todas las potencias militares e industriales de la época participaron de manera directa o indirecta en el escenario bélico.

Si bien es cierto que hubo frentes en otras regiones del mundo como Oriente Medio, los Balcanes e incluso en colonias africanas, la batalla protagónica fue en el continente europeo; las Potencias Centrales y los Aliados tenían sus ojos en el control del Heartland, región estratégica entre Asia y Europa que según el célebre geógrafo Mackinder, garantizaba el control del mundo.

Entre las nefastas consecuencias de la Gran Guerra irrigada por la sangre de millones de combatientes, se encuentra un cambio significativo en el balance de poder mundial, incremento de los nacionalismos tanto de vencedores como de los derrotados, una gran afección económica por el despilfarro de las arcas estatales para mantener la guerra y muchos otros cambios que fueron vistos por los victoriosos que de una u otra manera se beneficiaron de la guerra.

En la Segunda Guerra Mundial ya se contaba con un panorama más o menos claro de a qué se enfrentaban las diferentes partes, los nacionalismos florecientes daban fe del poder de la propaganda y de la importancia de las masas para hacer la guerra. Desde los famosos carteles de “I Want You” en Estados Unidos, así como las películas del régimen Nazi, el factor mediático tomó fuerza en el escenario de la guerra.

Si bien la Segunda Guerra Mundial tampoco tuvo frentes de batalla en todo el globo, el calificativo de “mundial” fue más acertado. Hubo una participación mayor de países y una elevada cifra de muertos civiles. La imagen de Europa destruida y los millones de muertos fueron suficientes para la creación de las Naciones Unidas, entidad que buscaba en teoría evitar más catástrofes y horrores como los vividos en las guerras mundiales. Un impulsor de la unión internacional fue el miedo que se tenía a otra Guerra Mundial, a lo que se le suma el elemento nuclear que puso fin a esta guerra, pero inició la siguiente: la Guerra Fría.

Ahora bien, la Guerra Fría no tuvo calificativo de mundial porque básicamente fue un intercambio de tensiones entre las potencias hegemónicas de Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, sí hubo enfrentamientos donde ambas potencias estuvieron al frente del tablero de batalla, como el caso de Korea, Vietnam y Afganistán.


En este caso, las demás potencias estaban en reconstrucción y siendo vigiladas de cerca por Estados Unidos, en el caso de Francia, Reino Unido y Japón (bajo ocupación). Alemania dividida en dos y China bajo sus propias lógicas no tenía mayor injerencia en asuntos internacionales.

Un sin número de guerras se han presentado desde aquel entonces, y en su mayoría con la presencia de las grandes potencias, como la guerra de Kosovo, Irak, Afganistán entre muchas otras. Muchas de ellas bajo la bandera de algún organismo multilateral, sin tener algún atisbo de ser mundial, incluir a todas las potencias actuales o comprometer la integridad y seguridad a nivel mundial. Sin embargo, ahora Siria y el Estado Islámico parecen contar otra historia.


Allí cabe resaltar que los organismos multilaterales tradicionales fallaron, que luego de cinco años de bombardeos y guerra no pudieron estabilizar al país árabe. Que ya todas las potencias han actuado de manera unilateral en Siria, que Francia y Reino ya han bombardeado y que China puso su único porta-avión nuclear en el mediterráneo mirando hacia Siria. La única base militar de China se encuentra en Yibuti, muy cerca de Medio Oriente.

Tampoco es posible dejar de mencionar los ataques terroristas al suelo europeo que muestran la debilidad de su enfoque de seguridad y sus repercusiones en el incremento de los nacionalismos y xenofobia, elementos comunes de las anteriores guerras mundiales, a lo que se le suman factores y actores como el caso del cambio en la constitución de Japón para poder, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, enviar tropas fuera de sus fronteras para atacar al Estado Islámico.

Por otro lado, Rusia aprovecha su cercanía con el régimen sirio para tener una presencia más activa en el conflicto y la región, en una política exterior que no se veía desde la Unión Soviética.

El Estado Islámico ya hizo un cambio en el sistema internacional afectando contundentemente a las fronteras de Siria e Irak, su propaganda de reclutamiento fue efectiva a la hora de incorporar células dormidas alrededor del mundo y engrosar sus filas con combatientes extranjeros.

Si bien, pese a algunos incidentes puntuales, no se ha presentado un enfrentamiento directo entre las fuerzas de intervención, es clara la intención de demostrar la fuerza a nivel mundial que ha hecho de Siria y el Estado Islámico el escenario perfecto para una contienda que permita la participación de todas las potencias. Aunque elementos como la crisis económica, el racismo, el auge de derechas y la política exterior activa de las potencias militares no son los detonantes inmediatos de la Tercera Guerra Mundial, son factores que nos muestran que estamos en el camino.

Simacota

Don Héctor me contó que ese día, el siete de enero de 1965, su patrón, un hombre acaudalado que tenía varias fincas y buen ganado, lo mandó a llevar una razón a otra finca de su propiedad a la cual se llegaba después de andar varias horas y pasar por Simacota. Antes que molestarse, Héctor con 15 años de edad y acostumbrado a la rudeza del trabajo en el campo, se puso feliz. Era una oportunidad de librarse de las fuertes jornadas, y conocer de primera mano los acontecimientos que rompieron la tranquilidad y rutina de aquella región, y especialmente de ese pequeño pueblo enclavado en las montañas de las “bravas tierras de Santander”.

La guerrilla se había tomado el pueblo esa madrugada del siete de enero, y aunque en la zona aún estaban tibias las cenizas de los fuegos provocados por la violencia de los años 50 que incendiaron las vidas de los campesinos de la región, esa toma era una novedad después de unos breves años de pacificación alcanzados luego del pacto entre las oligarquías liberales y conservadoras en 1958.

En realidad el patrón de don Héctor quería enterarse de cuan grave era la situación y había inventado la excusa del viaje a su otra finca para que el joven pudiera contarle lo que había sucedido en Simacota. Pero no fue mucho lo que el muchacho pudo verificar porque cuando llegó al pueblo ya todo había pasado y por allí solo había rumores. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, conformada por un grupo de jóvenes desconocidos, al parecer estudiantes apoyados por campesinos de la región, que habían llegado a San Vicente de Chucurí en julio de 1964 tomaron la decisión de “presentarse en sociedad” ese día y en ese lugar, sorprendiendo no solo a los uniformados de la policía y el ejército, sino a los habitantes. Ese día los revolucionarios después de expresar las causas del levantamiento armado, dieron lectura a un manifiesto de 12 puntos con el programa político, económico y social que resolvería las difíciles condiciones de la época.

Todo eso no se supo ese día por supuesto, sino que se fue conociendo con el tiempo. De la misma manera que yo, luego de 52 años me enteraría que el personaje que leyó el manifiesto no fue un guerrillero sino otro muchacho campesino llamado Juan Afanador quien como la mayoría de los campesinos y campesinas fueron convidados al parque central y se ofreció, ante la solicitud… o exigencia del guerrillero que comandaba el asalto, a leerlo. Eso me lo contó don Héctor, y me sorprendí más aún al enterarme que ese hombre estaba vivo y podría contarme más detalles de su experiencia; sin embargo, la búsqueda fue infructuosa en mi fugaz paso por la región.

Dos cafés amargos de muy buen aroma me permitieron conversar un largo rato con don Héctor. El suficiente para viajar con él a su dura niñez, y conocer a través de su historia de vida las condiciones sociales de la gente en esa época. El padre de don Héctor quien sufrió la penosa enfermedad de la lepra, ante la muerte de su esposa tuvo que abandonar a sus pequeños por razones legales y sanitarias en un centro educativo aislado en las montañas, allí vivían segregados todos los hijos de leprosos, y por eso, a sus siete años y a pesar de su cortísima edad, tuvo conciencia suficiente para escapar del lugar con sus hermanitos.

Solo pobreza, maltrato, abandono, trabajo y carencias de toda clase acompañaron a esos chicos por años. Ya adulto, en algún pueblo de la región don Héctor fue inspector de policía, y tuvo que convivir con las leyes que imperaban, las que por supuesto eran establecidas por las Farc y el ELN; a ellos acudían entre otros los párrocos, él mismo como inspector y las autoridades para resolver decenas de casos de convivencia entre vecinos, “ellos eran el Estado”, comenta don Héctor. La salud, la educación, la vivienda y el empleo eran precarios, y la gente siempre vivía alcanzada.

Hace 15 años don Héctor encontró una forma de vivir, o sobrevivir, a través de la venta de lotería, pero no le gusta, prefiere trabajar en los proyectos de las organizaciones campesinas, porque sueña con ayudar a resolver el abandono histórico del campesinado y a la par mejorar su calidad de vida. A pesar de sus 69 años, y sus dificultades para caminar, su paso es firme y enérgico, es incansable. Me acompañó a buscar a Juan Afanador, y me señaló cómo llegar al pueblo de Simacota, no sin antes contarme por dónde, cómo y en cuánto tiempo se llega a cada uno de los municipios de la provincia Guanentina.

Allá llegué, a Simacota, con las señas que don Héctor me dio, luego de bajar y serpentear por una angosta carretera en parte destapada y en parte pavimentada durante casi 30 minutos. A cada lado el monte amenaza tragarse la vía, los campesinos pasan sudorosos con sus mulas cargadas, y el calor sofocante alborota el olor de los helechos y la boñiga.

Me transporté a mis días de infancia cuando iba con el abuelo a ordeñar, el campo casi siempre huele a lo mismo, a recuerdos. Fui pasando despacio por las paredes de las casas, tratando de descubrir los secretos que guardaban. Es un pueblo bonito, que conserva el pasado en medio de la modernidad del internet, y de los jóvenes campesinos que ya no usan machete al cinto y sombrero sino celular. En una sola cuadra hay dos o tres carnicerías, y a pesar del extremo calor se comercia el café traído de las veredas.

Me paré en medio del parque y traté de imaginarme a Juan Afanador leyendo el manifiesto de Simacota, sin embargo solo pude escuchar nuevamente a don Héctor, y otras decenas de historias de hombres y mujeres, de diferentes lugares y épocas, duras todas, llenas de carencias todas, de humillación, de despojo; en años nada ha cambiado. De pronto lo vi, a Afanador con tan solo 15 años, en medio del parque central, rodeado de campesinos y campesinas, leyendo los 12 puntos… me cuesta saber si lo hace ahora o en 1965.

A través del impulso del comité ambiental en defensa de la vida, se ha venido promoviendo desde hace cerca de seis años el desarrollo de una consulta popular en la capital del departamento del Tolima, con el fin de lograr solventar el conflicto generado por la acelerada adjudicación del subsuelo para actividades mineras y en particular la amenaza de mega proyectos mineros en la capital del territorio Pijao.

Como ha sido relatado en anteriores ediciones de Periferia, la consulta popular fue puesta a consideración del Concejo Municipal por parte de la alcaldía del municipio de Ibagué el 4 de enero de 2016, y posteriormente declarada conveniente por dicha Corporación el 29 de febrero del mismo año. Luego, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1757 de 2015 la Alcaldía remitió la consulta popular al Tribunal Administrativo del Tolima para que se pronunciara sobre su constitucionalidad. Mediante sentencia del 28 de julio de 2016 la Sala Plena del Tribunal Administrativo declaró “constitucional el texto de la pregunta que se pretende elevar a consulta popular en el municipio de Ibagué”. El texto de la pregunta propuesta era el siguiente:

“¿Está usted de acuerdo SÍ o NO con que en el Municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”

Dicha consulta fue acordada entre la alcaldía y la registraduría para celebrarse el día 30 de octubre en Ibagué. (Tras postergarse debido a que la fecha inicial era el 2 de octubre día que se desarrollaría la consulta sobre los acuerdos entre el gobierno y las FARC). Pero antes de la fecha acordada se interpusieron distintas acciones de tutela frente a la decisión del tribunal administrativo, alegando que esta consulta vulneraba el derecho al trabajo y la dignidad humana.

El 7 de diciembre el Consejero Hugo Fernando Bastidas emitió fallo para las sentencias acumuladas y decidió amparar el derecho a la libertad del elector y dejar sin efecto la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima. Esto fue respondido por parte del consejo de estado quien determinó que debía ser cambiada la pregunta pues induce la respuesta al elector y sugirió que sea la siguiente:

“¿Está usted de acuerdo SÍ o NO con que en el Municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras?”

Frente a esto, el comité ambiental y acorde a lo manifestado en la impugnación por parte de la alcaldía frente a esta decisión, precisó que «el objetivo de la consulta no era preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la minería en términos generales, sino con un tipo específico de minería. En efecto, la inclusión de esa segunda parte del texto tenía el propósito de definir el tipo de minería sobre el cual se estaba preguntando, es decir, aquella minería que tiene efectos contaminantes y que tiene la potencialidad de cambiar la vocación agropecuaria y turística del municipio».

La sala cuarta del consejo de estado se extralimitó a frenar la consulta y basar los hechos en un cambio de la pregunta. Pero al ser una consulta de origen gubernativo, faculta al burgomaestre para ser quien coloque a consideración la pregunta que surtirá trámite en el concejo y tribunal, y no debe ser –en términos constitucionales- una imposición dado que desconoce las facultades legalmente establecidas para este tipo de eventos por parte de la administración municipal. Además de esto, el juez de la sala cuarta de estado no logró resolver los asuntos relacionados con la tutela que alegaba el derecho al trabajo y la dignidad humana, y que fue lo que realmente frenó la intención de hacer la consulta popular.

Bajo esta situación la comunidad tolimense se encuentra a la espera de una decisión sobre esta impugnación que tiene con ansiedad y expectativa al pueblo que manifiesta ser quien decide sobre el territorio. Sin lugar a dudas el Tolima ha puesto a nivel nacional un importante debate sobre la posibilidad de que las consultas populares se conviertan en una herramienta en la lucha de los pueblos por la defensa del territorio.

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