Edición 123 Noviembre - Diciembre 2016

“El campesinado sobrevivió al esclavismo, el campesinado sobrevivió al feudalismo, el campesinado sobrevivió al capitalismo, el campesinado sobrevivió al socialismo”… ¿El campesinado sobrevivirá a la globalización?

 

A comienzos de la década del 2000 las comunidades nos enteramos de los nefastos planes de extractivismo que el gobierno nacional tenía decidido para nuestro territorio, el imponente Macizo Colombiano, que cubre a los departamentos de Cauca, Huila y Nariño. Desde entonces hemos venido dando luchas para impedir que las multinacionales mineras se instalen en nuestro territorio. Además, siguiendo los lineamientos que durante años hemos construido con nuestras asociaciones campesinas, decidimos emprender la fundación del Territorio Campesino Agroalimentario –TCA- del norte de Nariño y sur del Cauca.

La organización campesina
La vía campesina en su cuarta asamblea, realizada en el 2008 en Maputo, aprobó la carta de los derechos de los campesinos y las campesinas, para colocarla en movimiento de incidencia en la Organización de las Naciones Unidas. Seguido a esto, el Coordinador Nacional Agrario – CNA, en su cuarta Asamblea realizada en noviembre de 2013 en el corazón del Macizo Colombiano, San Lorenzo (Nariño), se decidió poner como prioridad la construcción de los TCA. Se trata de territorios habitados por campesinos dedicados a la agricultura, cría de animales y otras actividades propias, que tengan como objetivo contribuir desde la vida del territorio campesino a la soberanía alimentaria de la población colombiana.

De la mano, el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, como constructor de territorio desde sus inicios en la década del 1980, se trazó enfoques de desarrollo propio, así como cuidar la tierra, cuidar la gente, luchar contra las discriminaciones hacia las mujeres, y recuperar y fortalecer la identidad campesina, con el fin de poner en práctica un proyecto político incluyente que encuentre el bienestar de nuestras comunidades.

Por qué un Territorio Campesino Agroalimentario
En la región del Macizo colombiano, las principales actividades económicas están basadas en el sector agropecuario, destacándose el cultivo del café, plátano, maíz, yuca, fique, caña panelera y frutales; igualmente es importante la explotación de los ganados bovino, porcino, equino y otras especies menores. También cabe resaltar la actividad artesanal e industrial.

Pero toda esta diversidad y actividades económicas, se ven amenazadas por los múltiples proyectos mineros. Por ejemplo, en tres municipios del sur del Cauca hay más de 100 permisos de exploración. Y en el norte de Nariño existen 32 permisos para exploración minera que abarcan 64.000 hectáreas, de los cuales 4 títulos para explotación se han otorgado a la Anglo Gold Ashanti y la Gran Colombia Gold y abarcan 6.000 hectáreas. Pero la decisión de la comunidad es no dejar instalar ningún proyecto minero, por eso cuando en múltiples ocasiones las multinacionales han intentado instalarse en el territorio, se encuentran con la resistencia campesina.

Pero, además, ante este panorama las organizaciones del CIMA han tomado la decisión de emprender la fundación del TCA del norte de Nariño y sur del Cauca, al cual se integran por el lado de Nariño la subregión de Juanambú, con los municipios Arboleda, Buesaco, La Unión, San Pedro de Cartago y San Lorenzo, que abarcan un total de 1.219 kilómetros cuadrados con una población de 84.828 habitantes; y la Subregión de Río Mayo, que comprende los municipios Albán, Belén, Colón, El Tablón de Gómez, La Cruz, San Bernardo y San Pablo, y que abarcan un total de 864 kilómetros cuadrados y una población total de 104.262 habitantes. Por el lado del departamento del Cauca, hacen parte los corregimientos Milagros, Chalguayaco, San Miguel y San Lorenzo, del municipio de Bolívar, y los municipios de Florencia y Mercaderes.

Metodología para la construcción del TCA
Iniciamos la construcción del TCA del norte de Nariño y sur del Cauca con la metodología de campesino a campesino. Decidimos trabajar en el fortalecimiento organizativo, y por lo tanto, todas las organizaciones locales del territorio campesino deben confluir en comités agrarios municipales, con una agenda agraria común, y constituirse en comités municipales de impulso del TCA. Nos enfocamos en trabajar la recuperación de los mercados del territorio campesino, conformar los fondos de ahorro y crédito y fortalecer los emprendimientos o empresa campesina, participar en las Mingas y caravanas de delimitación del territorio, e incidir para que los gobernantes locales en los planes de desarrollo municipal y departamental apoyen la construcción del TCA.

El 19 y 20 de diciembre de 2015 se inició un plan de acción con la minga de soberanía y armonización del territorio realizada en la vereda San Francisco, municipio de San Lorenzo, Nariño. Desde este momento se han realizado cuatro mingas de armonización del territorio y dos jornadas de capacitación de la dirigencia para la estructuración de la guardia campesina. También se realizó en Mercaderes, Cauca la minga para sentar las bases de Plan de Vida Agua y Dignidad del territorio campesino, y la minga de pensamiento para la conformación del gobierno campesino. Junto a esto se han realizado 73 asambleas municipales preparatorias y cientos de reuniones veredales.

El 25 de Noviembre se funda el Territorio Campesino Agroalimentario en San Pablo, Nariño, y las comunidades esperamos que este paso nos permita seguir avanzando en la construcción de alternativas para un gobierno territorial, la vida digna y la defensa del territorio.

Quibdó es una ciudad rodeada por la hermosa selva biodiversa del pacífico colombiano. Allí el pasado 15 de octubre se encontraron diferentes organizaciones sociales, integrantes de varios consejos comunitarios y cabildos indígenas, para realizar la Cumbre Regional de Paz “Sembramos Esperanza, Cosechamos País”. 

 

Chocó es una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, y sobre todo por el conflicto social. Esto porque paradójicamente es rica en recursos naturales, pero económicamente una de las poblaciones más pobres del país. Y aunque decir que el Chocó es pobre no es nada nuevo, esto no es sólo retórica de políticos en campaña, pues según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-, “En 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza para el departamento de Chocó fue 65,9%, mientras que en 2013 fue 63,1%, con un aumento de 2,8 puntos porcentuales. En 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema para el departamento de Chocó fue 39,1%, mientras que en el 2013 fue de 35,6%, presentando un aumento de 3,5 puntos porcentuales”.

En esta región, además, mueren niños y niñas de hambre, y sus habitantes carecen de acueductos y alcantarillados a pesar de vivir rodeados de ríos y en la región con mayor pluviosidad del mundo, pues llueve 270 días del año. Igualmente, la región es azotada por la corrupción, aún más que en otros departamentos. El DANE sostiene que el “Chocó ostenta el triste récord de ser la región con el mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NIB) del país –como vivienda, servicios públicos, educación, etc.–, con el 79,1 por ciento de la población afectada, casi triplicando el promedio nacional que es del 27,7 por ciento”.

Pese a este triste contexto, que lejos de ser solo cifras es la realidad que afrontan las comunidades, el conflicto se suma como otra más de sus problemáticas. En medio de la disputa territorial de los actores armados, la población busca sobrevivir en su territorio, aunque no es tarea fácil; solamente en 2015, 483 familias fueron desplazadas en el Bajo Baudó y en el Carmen de Atrato. Y en el 2016, luego del Cese Bilateral entre el Gobierno y las FARC, las cosas no han cambiado, no por nada la ONU ha solicitado protección para las víctimas en el departamento.

Por eso esta Cumbre Regional de Paz “Sembramos Esperanza, Cosechamos País”, realizada por Asokinchas, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, buscó construir una propuesta de agenda política y metodológica para una paz sostenible y con justicia social desde los territorios. En medio de este contexto el reto no parece sencillo, pero eventos como estos son los primeros pasos para asumir esa tarea en colectivo.

Esta Cumbre no es la primera ni es la última. Se han venido haciendo en diferentes departamentos como Cauca, Catatumbo, Barrancabermeja, Caldas, Arauca, Antioquia, Pacífico Sur, Chocó, Sucre, La Guajira, Huila, Cesar. Es uno de los mandatos que indígenas, campesinos y afrodescendientes depositaron en el pliego único de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular: “Paz, justicia social y solución política como parte de la agenda de paz que impulsamos desde los movimientos agrarios, sociales y populares. Nuestra agenda de paz busca la justicia social y la vida digna en los territorios”.

Este esfuerzo continúa en la Cumbre Nacional de Paz que está próxima a realizarse en la ciudad de Bogotá, donde se recogerán las conclusiones de las diferentes cumbres regionales y sectoriales realizadas a lo largo y ancho del país, entre ellas la del Chocó. Según el vocero nacional de la Cumbre Agraria, Robert Daza, “las organizaciones de víctimas y el pueblo chocoano están demandando que haya cumplimiento de los acuerdos que se han negociado entre el Gobierno y las FARC, pero que igualmente haya la posibilidad de recoger las propuestas que se están haciendo en las regiones”.

Como dijo Vanesa López, integrante del Foro Interétnico, “la paz es un sentimiento, es esa tranquilidad, es vivir en armonía, es tener nuestro territorio para cultivar el pan de cada día, sin ningún obstáculo, libre de violencia. Son todas esas cosas que soñamos los jóvenes, las mujeres, los hombres, las organizaciones, y todas esas personas que tenemos ese sueño de algún día conseguir la paz”.

El cierre del año en Colombia está más que agitado en materia política. La renegociación con las FARC en La Habana, los inicios tortuosos de diálogos con el ELN en Quito, un escenario económico indescifrable por cuenta de las bajas en los precios del petróleo, por un dólar que sigue al alza y por una nueva reforma tributaria que pretende ser estructural, el cambio de procurador, una agenda legislativa copada, entre otras, son algunos de los hechos y situaciones que marcan este fin de año.

Nuevo procurador
“Me propongo hacer una procuraduría que en primer lugar resucite los valores cívicos y ciudadanos de un Estado Social de Derecho, probo, tolerante, garantista y respetuoso de la ley. Una Procuraduría que no sea vocera de los radicalismos, y que sea tribuna del derecho y de la seguridad jurídica”, expresó Fernando Carrillo ante el Congreso en pleno, durante su discurso de agradecimiento a esta entidad por su elección. Fernando Carrillo fue escogido con 92 votos a favor y tres en blanco, en una elección que disputó con una exmagistrada, María Mercedes López, y el exvicefiscal Fernando Perdomo.

La Procuraduría General de la Nación es una entidad que está por fuera de las tres ramas del poder público, y cuya función es representar y defender a los ciudadanos, así como velar por el interés general y el bien común, y por la defensa y la divulgación –en compañía de la Defensoría del Pueblo- de los Derechos Humanos. Vale mencionar que Carrillo es un abogado liberal, que participó y lideró los movimientos estudiantiles que dieron como resultado la Constitución del 91, que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y que ha sido Ministro de Justicia y de Interior. También que para llegar a ser Procurador tuvo que ser postulado por el Consejo de Estado, una de las altas cortes de la Rama Judicial; aunque para muchos no es más que la llegada de otro poderoso burócrata a los más altos escaños del poder. Y que además, hay quien considera que su elección se dio por influencia del Presidente, lo que lleva, por supuesto, a muchos cuestionamientos. ¿Hay garantías en un país donde el Fiscal y el Procurador, muy lejos de verse como líderes independientes, son personas que trabajaron de la mano con el Gobierno de turno?
Sus responsabilidades son inmensas. Debe, primero, recobrar el equilibrio y la imparcialidad ideológica de la institución, que tanto afectó Alejandro Ordoñez con sus sesgos y su persecución a los líderes de izquierda, las víctimas y reclamantes de tierra, y la comunidad LGTBI. Y segundo, fortalecer la lucha contra la corrupción, sobre todo en las regiones y las zonas más apartadas del país, y mucho más ahora ante un eventual escenario de posconflicto.

Llegan nuevos magistrados al tribunal de la Corte Constitucional
Esta entidad, que fue creada con la constitución de 1991, tiene varias funciones, todas muy importantes, como lo son: la revisión de la constitucionalidad (que se cumpla con lo planteado en la Constitución) de las leyes del Congreso, de los decretos del Gobierno, y de las iniciativas para modificar la Constitución; también le corresponde revisar y resolver tutelas y aprobar tratados internacionales.

Gracias a esta entidad hemos avanzado en materia de derechos. Muchas comunidades, como la indígena, la LGTBI y las madres cabeza de familia se han visto beneficiadas por decisiones que ha tomado. Un ejemplo de ello fue dar la razón a 73 indígenas y campesinos que interpusieron una tutela para defender sus derechos de acceso a la tierra y a la vida digna, ante la iniciativa del Gobierno de declarar su territorio (en Puerto Gaitán, Meta) como primera zona para ejecutar las Zidres (zonas de interés de desarrollo rural económico y social), que muy lejos de ayudar y proteger al campesinado, legaliza y legitima la acumulación de tierras. Decisiones como esta, muestran el poder que tiene este alto tribunal, y debe invitar a abrir los ojos y ejercer una veeduría activa sobre esta nueva elección.

Se trata del cambio de cinco de sus nueve magistrados. Gabriel Eduardo Mendoza, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, primero, y María Victoria Calle, hoy presidenta de esta entidad, y el reemplazo del polémico Jorge Pretelt, después. El punto es que para inicios del próximo año los cambios estarán hechos, y que como es de esperarse en Colombia, ya se está hablando de un tráfico de influencias y de intereses entre altos mandatarios, como la actual procuradora y los magistrados de las otras cortes.

La agenda legislativa se mueve
Es usual que para fin de año el Congreso esté lleno de responsabilidades, proyectos, elecciones, y hasta escándalos. Pero este cierre de legislatura está más que copado. Una Reforma Tributaria que pretende tapar un hueco fiscal de más de 30 billones de pesos, y que desde ya suscita polémica por las cargas que arroja sobre los más pobres y la clase media; y la disposición de que sea el Congreso el que refrende, apruebe e implemente el Acuerdo de Paz que salga de la renegociación en La Habana, son ya suficientes para que esté activo. Pero además de eso, cursan en el Congreso la elección de varios magistrados de la Corte Constitucional, un acto legislativo para que personas más jóvenes pueden llegar al Congreso, una iniciativa para declarar el agua derecho fundamental, dos leyes que pretenden mejorar el sistema de salud, y dos iniciativas para rebajar o modificar el salario de los congresistas.

Y entre otras, resalta un proyecto de acto legislativo elaborado por el senador Alberto Castilla que modifica la Constitución y declara a los campesinos como “sujetos de derecho, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina”.

Y se nos vinieron las Reformas…
La llamada “Reforma Tributaria estructural” no es la única que caerá sobre los colombianos en este año que viene. Se aproxima una reforma tan esperada como polémica, y a la que además también debemos criticar, analizar y vigilar, una reforma que aunque no hace parte del ámbito tributario, sí lo es del ámbito judicial: la reforma a la Justicia. Hace un mes se oficializó la intención de impulsar una nueva reforma y para ello los presidentes de las cortes, el presidente del Congreso y el Ministro de Justicia, trabajan en la elaboración de “propuestas concretas para hallar soluciones de fondo a los problemas que actualmente afronta la justicia en Colombia”. El país ha estado esperando una propuesta sería, estructural y que tenga la defensa jurídica de los ciudadanos de a pie como principal prioridad. Esperemos que esta sea.

El esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición han sido las reivindicaciones que germinan en la memoria y la lucha contra la impunidad y el olvido en los casos de ejecuciones extrajudiciales.

En el año 2008 estalló en el país un escándalo que involucra a las fuerzas militares como los perpetradores de la desaparición forzada y los homicidios de 16 jóvenes de Soacha, que el Ejército reportó como muertos en combate. Las madres de las víctimas se unieron, motivadas por profundos sentimientos de indignación, para denunciar los crímenes cometidos por el Estado y la violación del derecho a la honra y buen nombre de las víctimas, ultrajado por los medios de comunicación.

“A mi niño me lo mataron y a nadie le importa. La impunidad me enferma. Me muero de tristeza. Pero sigo viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano, porque al denunciar sus casos conseguimos salvar muchas otras vidas”, dice Luz Marina Bernal, una de las madres afectadas. La perseverancia de la esperanza en estas madres de Soacha fue el grito de la injusticia con el cual se empezaron a identificar muchas otras víctimas en este país.

En el Eje cafetero, igual que en otras regiones del territorio colombiano, muchas familias fueron afectadas por los mismos hechos, pero solo hasta que estalló el escándalo de Soacha comprendieron lo que había pasado con sus familiares: “pasaron dos años yo preguntándome cada día cómo, cuándo, y por qué, hasta que empezamos a escuchar lo de las madres de Soacha, porque como ellas fueron las que destaparon la bomba, pues eso sí nos abrió los ojos a muchos”, dijo una madre de la organización del Eje Cafetero.

Esto incentivó a que varios familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de la región se unieran en el año 2013 y conformaran la organización “Voces unidas exigiendo justicia” que tiene como objetivo luchar por la reivindicación de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; la dignificación de la memoria y el buen nombre de cada uno de sus seres queridos, ciudadanos del común que fueron presentados por diferentes medios de comunicación ante la sociedad como miembros de grupos guerrilleros, extorsionistas o narcotraficantes dados de baja en combate. A esto se le conoce como los “falsos positivos”.

“El dolor, el vacío, no hay como llenarlos, pero por lo menos que nos digan la verdad”, dice uno de los miembros de la organización. La desaparición forzada constituye un delito aún más grave para las víctimas, por el desasosiego que implica el no saber dónde está su ser querido. Es un clamor permanente en las víctimas: “por favor que digan la verdad”.

Esclarecer la verdad de los hechos implica a su vez contar la historia de vida de cada una de las víctimas, y como lo expresa simbólicamente un familiar de una de las víctimas de desaparición, la principal forma de reparación es “ser realmente yo, no lo que después de mi desaparición quisieron hacer de mí”. Por eso dicen que se deben emprender acciones que contribuyan a la dignificación de la memoria de su ser querido, para limpiar el nombre de un padre, hijo, hermano, esposo, o tío que fue presentado como integrante de algún grupo armado, narcotraficante o extorsionista sin serlo.

Por otro lado, la negación e invisibilización de las víctimas de crímenes de Estado ha implicado que este tipo de víctimas no sean atendidas de manera integral por diferentes profesionales. Por ello piden un acompañamiento psicológico que permita asimilar la pérdida de sus seres queridos, y comprender que “ya nunca los volverán a ver”, para sobrellevar de la mejor forma el hecho de “que ya no están aquí, pero su recuerdo sigue intacto”.

En el marco jurídico se han dictado algunas sentencias importantes como las proferidas contra el teniente coronel Carlos Alberto Ayala Pacheco del Gaula de Risaralda y contra el coronel (R) Robinson Javier Gonzales Del Rio, del Batallón contraguerrilla 57, quienes fueron condenados a la pena máxima de reclusión (50 años) por los hechos ocurridos en la vereda La Aurora de Manizales. Pero estas condenas son insuficientes, teniendo en cuenta que “7.773 miembros del ejército han sido vinculados a estos casos que involucran 4.392 víctimas”, según un informe del Alto Comisionado para las Naciones Unidas.

Es por todo lo anteriormente mencionado que las víctimas de la organización “Voces unidas exigiendo justicia” han encontrado en los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC-EP, especialmente en el acuerdo de víctimas, una posibilidad para la realización de sus derechos, entre ellos el juzgamiento de miles de agentes del Estado implicados en delitos contra la población civil, así esto significara la alternatividad penal en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La exigencia de empezar el proceso de reglamentación e implementación de los acuerdos se debe a la necesidad social de que hechos atroces como estos no se vuelvan a repetir, y que las fuerzas militares no vuelvan a vulnerar los derechos de los colombianos, pues su deber es proveer seguridad a los ciudadanos y proteger la soberanía.

La respuesta negativa de gran parte de los colombianos frente a los acuerdos de paz, y la iniciativa de un proyecto de ley impulsado por el Centro Democrático de “alivio judicial” para las fuerzas militares, preocupan enormemente a la organización, pues consideran que esto podría traer más beneficios de los planteados en la Jurisdicción Especial para la Paz y deja por fuera la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Como manifiesta otra víctima de la organización, “los beneficios ya planteados en los acuerdos son suficientes; no queremos más impunidad”.

Las víctimas integrantes de esta organización siguen más firmes que nunca en el anhelo de paz, pero una paz estable y duradera en la que en su centro sigan estando los derechos vulnerados de las víctimas una y otra vez por los diferentes actores en conflicto. Las víctimas son los protagonistas de la construcción de paz, convivencia y reconciliación, por eso “Voces unidas por la paz” manifiesta su temor a que las modificaciones al acuerdo de víctimas no contribuyan en la reivindicación de sus derechos como víctimas del Estado y terminen siendo estos delitos como hasta ahora, condenados a la impunidad y el olvido.

Ellos

Ellos, quienes vienen del más profundo pasado al servicio de la codicia particular; los que conforman la casta más cerrada, autoritaria y excluyente que se conozca, integrada por insaciables terratenientes, poderosos ganaderos, grandes especuladores financieros y altas jerarquías religiosas (con algunas excepciones); los que manipulan la religión de acuerdo a sus intereses individualistas; los que se autoproclaman elegidos por Dios, es decir, dueños de los demás y de todo; los fanáticos que se creen “administradores de la ira de Dios” contra quienes se opongan a sus designios como explotadores; los de doble moral que rezan y matan; los mejores herederos de los bárbaros invasores eurocristianos; los que se creen “blancos” y, como tales, superiores a cualquiera; los que imponen la familia patriarcal y el machismo en contra de los derechos de la mujer y la población LGTBI; los que discriminan económica, social, política y culturalmente; los emparentados políticamente con los más grandes genocidas hispanoamericanos, como Franco, Batista, Trujillo, Pérez Jiménez, Pinochet, Videla, Somoza, Laureano Gómez, entre muchos otros; los autores de calumnias, tergiversaciones y mentiras, al mejor estilo nazi, para manejar la opinión pública a través de sus poderosos medios de comunicación.

Ellos, los promotores, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y sus diferentes agencias, del terrorismo de Estado, según las políticas de la “Seguridad nacional” y el “Enemigo interno”, cuya máxima expresión ha sido la “Seguridad Democrática”, el más ominoso programa en contra de los derechos humanos, verdadero hito en cuanto recoge lo más violento de la represión en toda la historia, y en el que sobresalen acciones como: bíblicas y tétricas masacres, (inclusive en las cárceles, como lo acaba de denunciar Renán Vega Cantor en la edición 122 de Periferia), valiéndose de motosierras, descuartizamientos, caimanes, serpientes, hornos crematorios, fosas comunes, “casas de pique”; también, asesinatos selectivos, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, “falsos positivos” (todo lo cual ha producido más víctimas que cualquiera de los regímenes dictatoriales del cono sur), modernización de los aparatos represivos, como el ejército, la policía y el Esmad, “chuzadas”, guerras sin fin, creación y financiación, junto con el imperialismo neoliberal, de bandas criminales que, alimentadas por el narcotráfico y la extorsión, tienen como objetivo central impedir el desarrollo de fuerzas de avanzada, tanto en el campo como en las ciudades, con la mirada cómplice de las autoridades locales y nacionales (Medellín es ejemplo “narcoparaneoliberal”; por algo, de allí son Pablo Escobar y Álvaro Uribe).

Ellos, los que expiden leyes neocoloniales y neoliberales a favor de las empresas transnacionales y en contra de las comunidades, utilizando parapolíticos tan corruptos, que han llegado a repartir el dinero de los colombianos entre sus altos dirigentes; los violadores de los derechos y conquistas de los trabajadores y del pueblo en general; los despojadores de humildes campesinos; los amigos de narcos y todo tipo de mafias; mafiosos ellos, de muchas formas, como la que tiene que ver con el lavado de dólares; los que exigen que se le aplique la ley a los demás, pero no a ellos y a sus secuaces; los capaces de engañar a más de seis millones de personas, estos sí honestos trabajadores y cristianos, para que voten contra la paz; los que pretenden, nuevamente, embaucar a sus seguidores, al país y al mundo, haciéndoles creer que van a renegociar los acuerdos de La Habana, cuando en realidad pretenden sabotearlos, para continuar con sus negocios derivados de la guerra.

Ellos, más conocidos como fascistas o ultraderechistas, son los peores enemigos del pueblo y, por consiguiente, merecen toda nuestra atención teniendo en claro que, para superarlos, debemos desarrollar y mantener alianzas muy amplias con los sectores de avanzada, e inclusive, en los actuales momentos, acercamientos parciales a sectores de la burguesía que aún conservan elementos democráticos, así sean recortados, pues la tarea prioritaria es defender lo conseguido en Cuba que, aunque no es la solución a nuestros problemas, por lo menos es un paso de mucha importancia para las futuras transformaciones que necesita nuestro país y América, en cuanto a la construcción colectiva de modelos sociales al servicio del bien común, tal como nos lo enseñaron nuestros pueblos indígenas. Esto requiere de un mayor esfuerzo en cuanto a continuar trabajando con las bases y la movilización, una propuesta que garantice nuestra verdadera independencia política frente a los dueños del poder.

Para finalizar, recordemos a Piero, quien magistralmente canta: “Basta de muerte, basta de morir, morir; que se vayan ellos, que no dejaron hacer y vivir, que encarcelaron, que torturaron, que asesinaron, los que te prohibieron gritar libertad”.

Desaparecidos made in Medellín

“Yo siempre soñaba con la misma escena: él golpeando en la casa y yo abriendo, y él abrazándome, diciendo que lo tenían escondido en un lugar, que se había logrado escapar. Era como mi deseo que eso pasara. Yo me levantaba llorando todos los días, es como que tengo tan marcado ese sueño, que creo que lo soñé todos los días. Se le detiene a uno la vida”. Testimonio de Shaira Rivera, hija del desaparecido Guillermo Rivera

 

Medellín, la ciudad más innovadora y la más educada. 968 personas desaparecidas, solo entre los años 2012 y 2015, a las que hay que sumarle 66 nuevos casos en lo corrido de 2016. De las 347 personas reportadas como desaparecidas en 2015, 26 aparecieron muertas y 132 continúan desaparecidas.

El propósito sigue siendo el mismo, ejercer terror como mecanismo para extorsionar o para controlar a la gente y el territorio.

"Las estructuras ilegales utilizan esa práctica para bajar el perfil y no hacerse tan visibles. No aumenta el número de asesinatos, pero desaparecen personas", es lo que según el periódico El Tiempo ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, quien al conocer el informe sobe Derechos Humanos presentado por la personería de Medellín, aseguró que “si bien bajaron los homicidios, aumentaron otros tipos de delitos como la desaparición y eso es gravísimo”. La Personería municipal sostiene sobre las desapariciones, que “las cifras son más que preocupantes”, y Human Rights Watch señaló que la desaparición es una forma de control y dominio de los grupos armados para ocultar los cadáveres y no incrementar las cifras de homicidios.

Esta última entidad advirtió a comienzos del año en curso, que los grupos surgidos después de la desmovilización de los paramilitares siguen cometiendo actos de violencia, y citó el informe 2015 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se reportan 24 personas desmembradas presuntamente por grupos sucesores del paramilitarismo, lo cual es coherente con la denuncia hecha por defensores de Derechos Humanos de Medellín sobre la existencia de “casas de terror” o sitios donde se tortura, descuartiza y desaparece personas. Este hecho además es reconocido por el alcalde como “una realidad en la ciudad” y reseñado en informes del Centro de Consultoría de Conflicto Urbano C3 donde se habla de la existencia de al menos 15 viviendas en la comuna 10, destinadas a torturar y descuartizar personas.

Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), también describió para la revista Semana la existencia de casas del terror ya identificadas en el Valle de Aburrá, tales como “la casa de las muñecas”, ubicada cerca de la antigua Catedral en el municipio de Envigado; “el matadero” de Caldas; “la ratonera” en Aranjuez, entre otras. Afirma que “hay denuncias de que están desapareciendo gente en ladrilleras, los pican y los echan al horno”. También explicó en entrevista para Caracol TV que “tenemos en Aranjuez la llamada Ratonera, está la de la parte alta de la Comuna 16, está la de la zona del sector del Cafetal en Comuna 8, hay dos o tres identificadas en Comuna 10, una en El Chagualo, una en La Paz y hay una en el sector de Barrio Triste”.

Pero las “casas de terror” en el Valle de Aburrá tienen su historia y no es reciente. Se dice que las impuso el cartel de Medellín en épocas de Pablo Escobar, durante la fatídica guerra que libró contra el Estado y los Pepes. Pero fue el Bloque Cacique Nutibara de las AUC quien las desarrolló como método intimidatorio aplicado a sus enemigos y opositores; a las milicias populares primero y luego contra el Bloque Metro.

La explicación para el incremento de la desaparición de personas podemos encontrarla en el panorama de alianzas criminales establecidas a finales de la década pasada, y que aún continúa con algunas mutaciones entre grupos criminales de narcotraficantes y estructuras paramilitares de las AUC con sectores importantes la élite local que incluye a empresarios y la institucionalidad (policía, ejército, fiscalía y gobierno municipal y departamental) que permitieron, en principio, implementar “el proyecto Orión”; un tipo de alianza entre la legalidad y la ilegalidad que puso en marcha el experimento piloto para sembrar el paramilitarismo en la ciudad de Medellín y otras ciudades de Colombia.

De ahí, pasando por el pacto de la “Paratranquilidad urbana” y el “Pacto del Fusil”, tan convenientemente negados por la institucionalidad y los empresarios, hemos llegado a un Medellín con una imagen tan eficazmente promocionada como destino turístico y ciudad para los negocios, que el maquillaje de las estadísticas de inseguridad, violencia y violación de Derechos Humanos son sistemáticamente ocultadas por el marketing de ciudad. Es allí donde también, según Análisis Urbano, “el accionar de las Convivir, la explotación sexual de menores, las apuestas ilegales, el control territorial de las estructuras paramafiosas y sus bandas, las vacunas, el pagadiario, el lavado de activos” sirven de caldo propicio para las casas de tortura y la desaparición forzada.

Y para recordarnos que los desaparecidos son seres humanos con familias que aún esperan verlos, así sea su cadáver o sus restos, están las Madres de La Candelaria, organización nacida en 1999 en respuesta a las numerosas desapariciones forzadas, secuestros y homicidios en el marco del conflicto armado colombiano. Madres, padres, esposas, hijos y familiares de víctimas del secuestro, la desaparición forzada y demás violaciones de los Derechos Humanos, en busca de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de actos violentos, generadores de intenso dolor y múltiples sufrimientos. Ellas hacen visible la situación de desaparición forzada que padece la ciudad, el departamento y el país. Es una resistencia civil que tiene el propósito de hallar las personas que han sido secuestradas. Se niegan a ser parte de una sociedad ciega, sordomuda.

“…No señora Clinton, no es usted o el Apocalipsis; usted también es el Apocalipsis”.
Jaime Ornelas Delgado

 

Con los resultados electorales del 8 de noviembre de este año en los Estados Unidos ha terminado una época histórica, la de la mal llamada globalización, y se abre otra, incierta e igualmente peligrosa. Ese es un cambio esencial que poco ha sido destacado en estos días por decenas de comentaristas que expresan una nostalgia por la “globalización” que termina, con más pena que gloria, y ha dejado en su camino una terrible desigualdad, guerras imperialistas de agresión por doquier (Irak, Libia, Afganistán, Ucrania, Siria…), eliminación de los derechos de los trabajadores, consumo desaforado del petróleo y un trastorno climático que pone en riesgo la vida humana y arrasa con miles de especies animales y vegetales.

Lo que muere…
En 1989, cuando cayó el Muro de Berlín y se desmoronó el bloque socialista de Europa oriental que dos años después se llevó consigo a la Unión Soviética, se proclamó el comienzo de una nueva era de progreso, prosperidad y paz perpetua. Se señalaba que con el triunfo del capitalismo en su versión estadounidense, no solo se abría una nueva era en la historia humana, sino que habíamos llegado al fin de la historia. Ese fin venía acompañado de las promesas de producir ríos de leche y miel para la humanidad en su conjunto, tras la caída del oso soviético, con la imposición brutal de un orden neoliberal a escala global, acompañado de un nuevo metarrelato, que se presentaba como el fin de los metarrelatos, que nos anunciaba que habían desaparecido las fronteras, el Estado-nación ya no era relevante, el libre comercio aseguraba el éxito para los países que lo adoptaran y el fracaso para quienes lo rechazaran.

A partir de ese instante se universalizó la apertura comercial, la formación de bloques económicos (como la Unión Europea), la imposición de Tratados de Libre Comercio, empezando por el NAFTA entre Estados Unidos, Canadá y México, y se dio paso a una nueva recolonización del mundo por parte de los países imperialistas, encabezados por Estados Unidos, y las empresas multinacionales. Se generalizó la privatización de las empresas públicas, la mercantilización de los servicios básicos, la conversión de los bienes comunes en mercancías que se compran y se venden sin límite.

El libre comercio se convirtió en la divisa de los que en forma cínica empezaron a llamarse “globalizadores” y se presentaban como nuevos mesías que le traían al mundo confort y bienestar. Para legitimar ese proyecto de expolio de los pobres del mundo se inventó un lenguaje estereotipado, en el que desaparecieron referencias a la desigualdad, a la injustica, a la explotación, a las clases sociales, al capitalismo y al imperialismo.

Tras el sofisma del libre comercio, que siempre ha sido unilateral, en favor de las grandes potencias mundiales, se libraron guerras criminales de conquista y sometimiento, que han dejado millones de muertos, desperdigados por lo que antes se llamaba Tercer Mundo o en las ruinas de lo que fueran los países del socialismo burocrático. Esas guerras se encubrieron con la careta de impulsar los derechos humanos y la democracia, como una nueva forma de imperialismo pretendidamente humanitario, cuyo objetivo primordial ha sido el de imponer los valores mercantiles del capitalismo, garantizar la apropiación de bienes naturales (el petróleo en primer lugar), y mantener elevados niveles de ganancia para los capitalistas y sus empresas.


Esto ha conducido a una abismal desigualdad, como no se registraba antes en la historia, que se evidencia en la cifra suministrada por la ONG Oxfam, en enero de este año: un uno por ciento de la población mundial tiene más ingresos que el 99 por ciento restante. Esta minoría de multimillonarios, junto con su ejército de servidores incondicionales (entre los que se encuentran algunos de sus intelectuales, tipo Mario Vargas Llosa), son los grandes ganadores de la globalización. Constituyen lo que ya hoy se puede denominar como la Clase de Davos, apelativo que hace referencia a la ciudad de Suiza donde anualmente se reúnen los millonarios del mundo y los gobiernos imperialistas para hacer un balance de lo que han ganado en un año y ostentar su riqueza y poderío. Los perdedores de la globalización han sido los trabajadores de los cinco continentes, los campesinos, y los pobres en general.

Ese mundo de los globalizadores se viene derrumbando desde el 11 de septiembre de 2001, se agrietó aún más con la crisis económica y financiera que se inició en 2008, se evidencia con la construcción de los nuevos muros de la infamia en Europa, con el triunfo del Brexit en Inglaterra (para abandonar la Unión Europea) y se rubrica ahora con la victoria de Donald Trump, candidato de extrema derecha, xenófobo, racista y misógino.

La ideología globalizadora anunció que el capitalismo ya no conocería más crisis, pero estas se han hecho más frecuentes y agudas. Esos abogados de la globalización prometían más y mejores puestos de trabajos, con altos salarios, pero en contravía se ha generalizado el desempleo y la precarización laboral. Esos propagandistas sostenían que la integración económica traería estabilidad en los mercados, pero lo que ha generado es estancamiento, migración y expulsión masiva tras la desintegración de los mercados nacionales. Para completar, la posibilidad de enfrentar el caos generado por la política imperialista, denominada como globalización, se dificultó por la desestructuración de los trabajadores, las derrotas de los proyectos alternativos y la conversión de las izquierdas en apéndices funcionales al nuevo orden global, con contadas excepciones. Esto supuso que la izquierda abandonara cualquier proyecto, e incluso lenguaje de clase, y las “alternativas” fueran canalizadas, como lo están siendo en Europa y los Estados Unidos, por la extrema derecha, la que representa Donald Trump.

Lo que viene…
Como no hay alternativas revolucionarias ni antisistémicas, el mundo que se derrumba ante nuestros ojos es empujado por las fuerzas de la reacción y la extrema derecha, con un discurso xenófobo, racista y de odio contra los migrantes. Esa es la base social que apoyó a Donald Trump, lo catapultó a la Casa Blanca, y respalda su programa antiglobalizador. Ese programa plantea la revisión de los Tratados de Libre Comercio que ha firmado Estados Unidos, y en primer término con el NAFTA, renunciar al Tratado Transpacífico de libre comercio, sacar a Estados Unidos del acuerdo climático de París, denunciar a China por manipulaciones cambiarias, imponer aranceles proteccionistas a los productos que ingresan a la Unión Americana, e incluso ha planteado un programa de reindustrialización interno.

Estos anuncios, aunque fueran solo anuncios, ya indican un cambio fundamental, cuyas consecuencias empiezan a sentirse de forma inmediata. Supone abandonar los paradigmas establecidos como verdades indiscutibles desde 1989, relativos al libre comercio, a la apertura económica, al pretendido fin de las fronteras y de los Estados, a la teoría del goteo de riqueza de los más opulentos hacia los miserables…

Incluso, el cambio en términos políticos puede ir más allá, puesto que se vislumbra en el horizonte la posibilidad de poner término al orden imperialista de 1945, en el cual Estados Unidos era el “defensor atómico” de Europa, por los anuncios de Trump de romper la OTAN. Ese multimillonario, excéntrico y ordinario, triunfó con un discurso que combina la xenofobia y el racismo, con la promesa de recuperar la “grandeza de Estados Unidos”, que se dibuja con la promesa de crear nuevos empleos y empresas, impulsar la protección económica contra los “enemigos comerciales” de los Estados Unidos. En suma, Trump ha ganado las elecciones con un discurso antiglobalización, radicalmente opuesto al de los Clinton, los Obama o los Busch. En ese discurso se han elegido cuidadosamente a los que se ven como enemigos de la “grandeza estadounidense” y responsables de su decadencia: los inmigrantes que arrebatan puestos de trabajo a los estadounidenses, el liberalismo comercial que destruye empleos internos, y a Wall Street y los medios de comunicación que lo respaldan.

El fin de la ideología de la globalización se manifiesta en la erosión del gran relato del mundo del libre comercio como motor de crecimiento y de la integración “pos-nacional”. Renacen los nacionalismos de extrema derecha y la protección de las fronteras, como se evidencia con una que fue de las propuestas centrales de Trump: la conclusión de un gigantesco muro de 3200 kilómetros en la frontera con México.

El mundo que muere había nacido en 1989, duró menos de treinta años, y no la eternidad que nos anunciaron Francis Fukuyama y compañía. Fue terriblemente cruel y devastador, hasta el punto que la continuación de la vida humana en el planeta está seriamente cuestionada. Nos anunció que con más tecnología microelectrónica se solucionarían los grandes problemas de la humanidad, dando por sentado que el solo hecho de utilizar compulsivamente teléfono celular y whatsapp ya éramos cosmopolitas y no vulgarmente xenófobos y racistas, como se acaba de demostrar en Inglaterra, Estados Unidos, Colombia (con el plebiscidio) y con todo lo que viene en cadena.

El mundo que se abre es igualmente terrible, ante la inexistencia por el momento de una alternativa anticapitalista, y por eso, como en la década de 1930 suenan las trompetas del fascismo, que entonan sus cantos de odio y muerte desde los Estados Unidos, a nombre de la recuperación de su pérdida grandeza. Y eso va a costar al mundo millones de muertos, guerras y desolación, de la misma manera que ha sucedido desde 1989. Pero en el horizonte también se abren nuevas oportunidades para reconstruir proyectos alternativos que se desmarquen tanto de las nostalgias de la globalización como de la xenofobia racista en marcha.

Presurosos y optimistas, más de un centenar de hombres y mujeres, representantes de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, étnicas y populares de distintas regiones de Colombia pasaron la frontera por vía terrestre y aérea buscando llegar hasta Quito, Ecuador, el pasado 27 de octubre. Su objetivo era presentar en la instalación de la mesa de diálogos entre Gobierno y ELN una propuesta construida a muchas voces para que la sociedad participe, aprendiendo de los aciertos y desaciertos de La Habana, en este nuevo proceso de negociación, que precisamente tiene como primer punto la “Participación de la sociedad”. Por su lado, los distintos medios de comunicación nacional e internacional estuvieron durante horas en la Capilla del Hombre, lugar elegido para la instalación, expectantes por las diferentes declaraciones de miembros del alto gobierno que no dejaban en claro los pormenores para la instalación de la mesa de negociación ese día.

Sin embargo el optimismo pronto se convirtió en desilusión cuando el Gobierno desautorizó a su delegación para viajar a Quito, horas antes a la instalación, y a su vez anunció públicamente que no se instalaría la mesa hasta que el ELN liberara a Odín Sánchez, político chocoano retenido por esta insurgencia desde el pasado abril.

Condiciones y desconfianzas
Luego de dos años de diálogos exploratorios, el 30 de marzo de este año el ELN y el Gobierno anunciaron desde Caracas el acuerdo de diálogos para instalar una mesa pública de conversaciones en Quito, Ecuador, y que en posteriores momentos podría desarrollarse en Brasil, Cuba, Venezuela y Chile. Este acuerdo definió una agenda de negociaciones, así como criterios frente a información, pedagogía, funcionamiento y financiación. Allí, por ejemplo, consta que “Las conversaciones en la fase pública se desarrollaran de acuerdo con el orden de la agenda establecida. Cualquier cambio se hará de mutuo acuerdo”; sin embargo, ese mismo día el presidente Juan Manuel Santos anunció en una alocución que no instalaría la mesa en Quito hasta que el ELN liberara a los secuestrados, pese a que hasta el momento este tema no era una condición consensuada, sino que hacía parte del subpunto 5F de la agenda de negociación. Desde este momento el Gobierno condicionó la negociación, al mejor estilo de las exigencias que han hecho sectores de la derecha durante todo el proceso de La Habana.

De esta manera empezó el tire y afloje entre las partes. Durante meses reinó la incertidumbre por las acciones militares y políticas del Gobierno y el ELN que ponían freno o alumbraban el inicio de la fase pública. Santos seguía insistiendo públicamente en la necesidad de que el ELN liberara a todos los secuestrados para poder darle inicio a este proceso, y por su parte el ELN se mantuvo entre la espada y la pared, es decir, entre hacer valer el acuerdo pactado o ceder a la presión mediática.

El ambiente además se ponía más tenso dados los avances de la mesa de negociación de La Habana y su pronta refrendación, lo que en palabras de los medios masivos y algunos analistas, significaba para el ELN quedarse atrás en el tren de la paz. De hecho, a finales de septiembre, antes del plebiscito, el ministro del interior Juan Fernando Cristo, y el presidente Juan Manuel Santos, anunciaron de nuevo que si el ELN liberaba a todos los secuestrados, esa misma semana iniciaban la fase pública. Así, no es difícil pensar que toda esta presión sobre el ELN no era más que una dilación por parte del Gobierno mientras avanzaba en La Habana, y con dicho acuerdo pactado y refrendado, obligar a los elenos a una negociación exprés, y de paso, negar la posibilidad de participación a la sociedad.

Pero sucedió lo que pocos esperaban. En el plebiscito especial para la paz resultó como ganador el No, y aunque por una mínima diferencia, esto frenó el ritmo en el que se movía el acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC, y puso en el debate público la necesidad de modificarlo de cara a las exigencias de algunos sectores de la élite colombiana. Esto, además de desesperanzador, generó nuevas preguntas sobre lo que pasaría, en consecuencia, con una posible refrendación de acuerdos con el ELN. De hecho, esta insurgencia publicó en su cuenta de twitter que “los adversos resultados del plebiscito dejan claros los obstáculos para el avance de la paz”; sin embargo la reacción espontánea de miles de jóvenes universitarios, organizaciones sociales, y sectores que respaldaban dichos acuerdos, que convocaron a marchar en defensa de la solución negociada al conflicto armado en las principales ciudades, consiguiendo llenar las plazas públicas, ejerció presión para que el Gobierno desempolvara la negociación con el ELN y pusiera sus esfuerzos en desenredar el inicio de la fase pública.

El resultado del plebiscito también evidenció la relevancia que pueden tener los puntos de la agenda acordada en marzo con el ELN, y de manera concreta el primer punto de participación de la sociedad, ya que muchas voces se alzaron exigiendo participación, llamando a un diálogo nacional que lograra involucrar también al 63% de colombianos que no participaron en el plebiscito por indiferencia, por desconocimiento, por rechazo a lo pactado, o por sentirse desconocidos por el Estado que los busca en elecciones pero los margina de las decisiones fundamentales que tienen que ver con su vida. Esta situación, en últimas, puso de manifiesto la necesidad de volver a la sociedad protagonista en las transformaciones para la paz.

Ante este nuevo impulso, ambas partes declararon que no se levantarían de la mesa, y por tanto el 6 de octubre llegaron a un nuevo acuerdo de diálogos anunciado días después desde Caracas para destrabar el proceso. En este, acordaron instalar el 27 de octubre la mesa pública de conversaciones en Quito, e iniciar la agenda con el punto 1 de Participación de la Sociedad, y el subpunto 5F de Acciones y dinámicas humanitarias. Además, el ELN se comprometía a liberar a dos de los secuestrados antes de esta fecha, y “A solicitud del ELN, y conforme a la ley, y una vez instalada la Mesa se procederá a desarrollar el trámite correspondiente para conceder dos (2) indultos en un plazo de 30 días”, data en otro de los documentos firmados por el Gobierno y la insurgencia.

Así las cosas, el ELN procedió a liberar inmediatamente al ex-alcalde de Charalá (Santander), Fabio León Ardila y a Nélson Alejandro Alarcón, último de los cuatro arroceros que estaban en su poder, y días antes también liberados. Y aunque con esto ya cumplía su compromiso, también inició operativos para proceder con la liberación de Odín Sánchez de Oca, político chocoano que le adeuda al Estado colombiano 5.855 millones de pesos y que fue condenado por participación en la conformación de grupos paramilitares en asocio con Fredy Rendón Herrera, alias “el Alemán”.

Con estos hechos, el panorama parecía alentador para dar inicio a la fase pública. La Cancillería de Ecuador tenía todo listo para garantizar las condiciones logísticas de la instalación, y por su parte Gobierno y ELN detallaron quiénes integrarían sus respectivas delegaciones negociadoras. A este ambiente se sumó que un día antes de la instalación circuló la noticia de que Odín Sánchez ya se encontraba en libertad. Sin embargo, horas después el Comité Internacional de la Cruz Roja desmintió la información, y a partir del momento el silencio prevaleció hasta el día siguiente, cuando al medio día, el jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, anunció en un comunicado que “la ceremonia inaugural será reprogramada hasta que exista la certeza que el Señor Odín Sánchez ha regresado sano y salvo a la libertad”, señalando además que el Gobierno siempre “dejó claro que era necesaria la liberación efectiva del ex congresista Odín Sánchez para dar inicio a esta fase pública”.

Los sectores sociales que se sentaron en Quito
Lo sucedido fue para muchos colombianos una odisea, en especial para quienes viajaron por tierra y luego de 20 horas de viaje, justo cuando llegaron a la Capilla del Hombre, se dieron cuenta que la instalación había sido cancelada. Sin embargo, también fue una oportunidad para fortalecer y consolidar propuestas. Luego de debatir y analizar lo sucedido, los representantes de sectores sociales de Colombia presentes en Quito, entre ellos la Comisión Étnica de Paz, el Movice, la ONIC, el Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz, el Congreso de los Pueblos, el Movimiento Social de Discapacidad de Colombia, el Coordinador Nacional Agrario y Voces por la Paz - grupo de refugiados colombianos en Ecuador-, citaron a varios medios de comunicación a una rueda de prensa para dar a conocer un documento público construido conjuntamente. Su mensaje fue que pese a la no instalación de la fase pública con el ELN, la sociedad ya se había sentado en la mesa, y por lo tanto, la negociación tendría que ser también con esta. Expresaron que se ofrecen como mediadores para contribuir a superar eventuales crisis del proceso, e hicieron un llamado a las partes “al cumplimiento de los gestos humanitarios que hayan asumido para la instalación de la mesa”.

Durante esta rueda de prensa también manifestaron que “La sociedad continúa trabajando en el fortalecimiento de una propuesta de participación en la construcción de paz”, y en función de eso, desarrollaron al día siguiente una reunión de organizaciones sociales en la Universidad Andina de Quito, con el objetivo de compartir las distintas visiones, apuestas y preocupaciones alrededor del tema de paz. Terminada esta agenda regresaron a Colombia con la esperanza de que los problemas y dificultades del proceso entre Gobierno y ELN se superaran, y así la fase pública en la que esperan participar, pudiera iniciarse prontamente.

¿En qué va el proceso?
La poca información existente frente a las conversaciones entre Gobierno y ELN luego de la fallida instalación, no brindan muchas ilusiones para el futuro próximo.

Luego del 27 de octubre han continuado los intercambios pero de manera muy esporádica, según lo contó el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, al portal Verdad Abierta, cuando dice que “De vez en cuando aparece es el general Eduardo Herrera; a Frank Pearl no lo han vuelto a mandar por aquí; vino el cuñado del presidente, Mauricio Rodríguez, y tampoco volvió a aparecer”.

Las discusiones se han centrado en el tema de la liberación de Odín Sánchez como exigencia del Gobierno por fuera de lo pactado, mientras que el ELN dice que lo liberarán cuando el Gobierno cumpla con su parte de nombrar a dos prisioneros del ELN como gestores de paz e indultar a dos más. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a ello y continúa dando un manejo mediático al caso del político chocoano a fin de ejercer presión sobre el ELN, a la vez que gana tiempo para concretar el acuerdo y refrendación de la negociación de La Habana, y convertir ello en otro elemento más de presión que obligue a la insurgencia elena a ceder en sus pretensiones de participación de la sociedad, transformaciones y democracia, cerrando de paso cualquier posibilidad de un acuerdo que en verdad contribuya a la construcción de la paz.

La sociedad insiste en la paz
Pese a esta dinámica estática que ha tomado la instalación de fase pública de la mesa de negociación, las diferentes organizaciones sociales del país han estado en constante movimiento exigiendo y construyendo propuestas para materializar el anhelo de paz de los colombianos. Este es el caso de la Mesa Social para la Paz que busca ser un espacio complementario de los diálogos con la insurgencia. Por ello, el Gobierno y el ELN no pueden menospreciar la participación activa de las organizaciones que hacen parte de su comité impulsor, y la de otras organizaciones que también asistieron a Quito; su papel en la fase de negociación será vital para avanzar en la consolidación de un consenso con las mayorías que hasta el momento no participan en la decisiones del país. Por eso, en el comunicado que elaboraron en Quito manifestaron que “los problemas que evidencia la actual crisis es la falta de mecanismos de comunicación entre las partes, y entre éstas y la sociedad”, dejando en claro que el éxito del proceso que se avecina dependerá en parte de aprender de los errores, en gran medida impuestos por el Gobierno, en materia de pedagogía y comunicación de la negociación de La Habana.

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