Edición 121 Septiembre - Octubre 2016

Mi amistad con Gonzalo fue tan fugaz como profunda. Nos conocimos en el Barrio Santo Domingo Savio de Medellín; nuestra primera conversación, recuerdo, un 11 de noviembre del año 1967, giró en torno al Nadaísmo. “Gabrielito -me dijo-, yo solo aspiro a enriquecerme espiritualmente y a esto, sacrifico con placer todo bienestar exterior, lo decorativo y lo superficial. Me quiero hacer profundo en la intimidad”. Yo le compartí luego por qué había elegido trabajar en ese barrio. Nuestra charla se prolongó hasta las dos de la mañana. Al despertarnos hacia las ocho de la mañana nos dimos cuenta que fuimos atracados: se nos llevaron la guitarra con la que habíamos amenizado un poco la primera charla y además el ladrón o los ladrones, nunca supimos nada de ellos, se nos embolsillaron nuestras billeteras. La de Gonzalo con $6.500 y la mía con apenas $5.000. Gonzalito me dijo: “Gabriel, si algún día llegas a saber quién o quiénes fueron los que nos blanquearon deciles que te devuelvan la guitarra y que se queden con nuestros capitales para que nos ayuden a no poner nuestra felicidad en el dinero”.

A los pocos días encontré la guitarra en la casita y llamé a Gonzalo para contarle lo sucedido, entonces me dijo: “voy a subir de nuevo al barrio para que celebremos el milagro”. Cuando vino le presenté a la Hermana Roselin, una monja del colegio Mary Mount que estaba deseando invitar algunas estudiantes para que hicieran con ella un trabajo de acompañamiento a los habitantes del barrio. Roselin nos dijo: “no vamos a subir a regalar espejitos de cobre con la imagen de la Virgen de los Milagros. Yo creo en el milagro de mejorar el mundo con el milagro de la voluntad".

Resolvimos entonces con Roselin y las niñas de su colegio, con Pablo Gallinazo, con Eduardito Escobar y otros amigos de Gonzalo, celebrar una misa nadaísta a base de poemas como rito de la palabra y compartiendo el pan, pero transubstanciando primero el corazón. En los poemas Gonzalo se inspiró diciendo: “el hombre moderno crucifica con sus actos diariamente a Cristo y con sus pensamientos niega sus verdades. Dios, viviendo en nosotros y nosotros en Él, en absoluta identidad, en la plena beatitud del amor humano y el divino, sin necesidad de este instrumento sucio que es el conocimiento o la razón, la razón no es conciencia”. Después de la misa nadaista, Pablo Gallinazo comentó sobre la monja Roselin: “es tan bella que provoca creer en Dios”.

Tiempo después a Gonzalito lo echaron de El Espectador y de la Revista Cromos. Entonces fui a visitarlo a Bogotá y lo invité a un almuerzo de amistad. Recuerdo bien que a las primeras cucharadas de sopa le sonaron sus intestinos y entonces comentó: “Si oís Gabrielito, mis intestinos gritan ¡Socorro, nos están alimentando!”.

Cuando fui trasladado en el año 70 al barrio Prado, Gonzalo me escribió esta carta que aunque se me perdió, la grabé en la memoria de mi corazón: "Gabrielito, alguien dijo -creo que fue Nietzsche-: 'los hombres que no tenemos Dios, debemos buscar amigos'. Pero yo me pregunto si la amistad no será el regalo más hermoso y divino de Dios entre los hombres. Yo creo que sí, porque cuando estoy con personas como vos, siento que a mi corazón le nacen alas para abrazarte en lo más hermoso del espíritu divino, por lo que tenés de amigo y de hermano, al mismo tiempo de poeta, de alma solar, de estrella cagada como diría el gran maestro de Otraparte, Fernando González… ¡ay! por Dios Gabrielito, y yo que me confesaba en el municipio de Andes - Antioquia de decir cagón y pendejo. Afortunadamente la paila mocha pasó de moda, porque si no, cómo sería la achicharrada que se me esperaría en averno donde nuestro común enemigo, el gran satán, se frotaría de felicidad las manos al recibirme y dar sus órdenes perentorias”.

 

LA ORACIÓN POR TODOS

Un minuto de silencio
Y luego os diré por quién.
¿O sería mejor pedir un minuto de protesta?
Y no es por los muertos
ni por la inocencia asesinada.
Es por los vivos
que siguen muriendo para nada.
Por los que sufren y su dolor no tiene porvenir.
Por los que trabajan y sin embargo tienen hambre.
Por los que suspiran en las prisiones
y en las fábricas
por un rayo de luz y de libertad.
Por el solitario que busca en el tumulto
un corazón amigo.
Por los exiliados,
por los miserables
por los desposeídos
que buscan una patria en su propia patria.
Por los que no tienen techo
y en el temblor de cada día
esperan que al fin brillará la luz para todos.
Por los que no tienen nada
ni un metro de tierra en que caer muertos
y de ellos dice la piedad que son inmortales.
Por los que sueñan con el rostro amado
y al despertar los espera el odio,
la avaricia
y el mercado negro de las almas.
Por los que tienen miedo de vivir
y esto los hace cobardes
matando en su corazón lo que hay de coraje
pureza
y esperanza.
Por los que odian y matan sin saber por qué
y en su feroz ademán
tiembla una débil nostalgia
de solidaridad humana.
Por la pobre ramera sacrificada otra vez
en el pozo de las lapidaciones
de una moral hipócrita y farisea.
Por los humillados
cuya única chispa de dignidad
está en la hoja fría de los puñales.
Por los sabios atómicos
que descubren las ecuaciones de la muerte
en una probeta de laboratorio
y celebran con júbilo
el triunfo de la razón
y de esta lógica infame.
En fin… por todos:
por ti, por mí,
para que cese el dominio tiránico
de la cruz y el patíbulo
y se nos dé para esta vida
la salvación que se nos promete
en el más allá.

Gonzalo Arango
De su libro OBRA NEGRA. Ediciones Carlos Lohlé, Buenos Aires 1974

Sandra Milena es una mujer campesina de 34 años, estatura mediana, delgada, piel trigueña y mirada triste. Es oriunda de Betania (Antioquia) y vive con su hijo de 5 años y una hermana en Pailania, vereda del municipio de San Francisco en el oriente antioqueño. Actualmente es víctima de la negligencia médica y debe soportar situaciones que no le permiten vivir digna y plenamente. Su historia es uno de los tantos ejemplos de exclusión y desigualdad que deben padecer los más pobres, y principalmente las mujeres que habitan en las zonas rurales del país.

La historia comenzó después del parto de su segundo hijo, hace 14 años, en el que sufrió un desgarro vaginal. Constantemente iba al médico para calmar sus dolores, pero solo le mandaban a tomar pastillas que de nada le servían; en otras ocasiones cuando llamaba a pedir cita en el hospital, le decían que no tenían agenda. Los síntomas más notorios eran los dolores en la parte baja del abdomen a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, y la pérdida de control del esfínter anal: “yo le decía a mi compañero que no soportaba el dolor cuando estaba con él, pero respondía de una manera agresiva, que era mentiras, que era que ya no quería” agrega. Pero no era solo la incapacidad de tener relaciones sexuales, y la dificultad de controlar las necesidades fisiológicas, sino que también le enervaba el dolor de cabeza y la depresión.

“Cuando iba a tener mi último hijo me hospitalizaron en Rionegro el 12 de junio del 2011. Ya se había cumplido el mes y nada que me atendían, entonces cansada de que me tuvieran allí, le dije al médico que no me dejaba revisar de él, que ya estaba cansada de esperarlo”, relata. Al final la atendió una médica que le dijo que no estaba en capacidad de tener un parto normal debido al desgarro que sufría, y que debía someterse a una cesárea. Entonces inmediatamente la entraron a cirugía.

Luego, ya con otro hijo a su cuidado, empezó a ir de un lugar a otro buscando solución a su problema de salud; de San Francisco la mandaron para Rionegro y de allá la mandaron para Medellín. Estando allí pidió las citas pertinentes en el Hospital San Vicente de Paul y le dijeron que no tenían el servicio: “fui a Metrosalud, pero no me podían atender porque no tenían espacio en la agenda; me mandaron para otro hospital que no recuerdo el nombre, allá también me la negaron diciendo que solo había atención para los niños”.

En este ir y venir, Don Emilio Buitrago, un líder social campesino de Cocorná que la conoce desde muy niña, empezó a acompañarla a las citas en Medellín porque ella con sus dolencias ya no podía sola. Al ver que los hospitales no la atendían, por consejo de su amigo Hernán Gaviria, médico y dirigente sindical de ASMEDAS, interpusieron una tutela hace un par de meses para que le hicieran los exámenes correspondientes la cual fallaron a favor, y otra para la cirugía, que hasta ahora no se han pronunciado. En vista de la situación, Hernán solidariamente le hizo un diagnóstico que puso en alerta a los demás médicos.

Don Emilio después de tantas vueltas de un hospital a otro, donde a ella le mandaron más de 10 exámenes que demoraban 15 o más días, decidió poner una queja en la Gobernación de Antioquia pero no la contestaron. Luego de eso, cuenta don Emilio: “una funcionaria del servicio seccional de salud departamental nos atendió luego de comentarle la situación, nos dijo que nos fuéramos urgentemente para la EPS Savia Salud a que la atendieran y si no que regresáramos, entonces la funcionaria nos sacó una cita por Metrosalud en la clínica SOMA, la examinaron y le mandaron otros exámenes, eso fue muy reciente”.

El doctor Hernán Gaviria, quien sigue atendiéndola en consulta médica, nos cuenta el diagnóstico real de su problema: “Ella es una mujer campesina relativamente joven, hace unos años le atendieron un parto vía vaginal en un hospital de Cocorná, donde le provocaron un daño en el piso pélvico, comprometiendo sus necesidades fisiológicas y su actividad sexual; menos mal que no le han dado infecciones urinarias” expresa con mucha indignación.

En el parto se hace una episiotomía que consiste en la ampliación del piso pélvico; se corta esa superficie y se aplica una fuerza moderada para que salga la cabeza del recién nacido, si esto no se hace bien puede producir un desgarro, y si se desgarra hay que corregirse lo más pronto posible. Pero esto último fue lo que no le hicieron a Sandra. Hernán prosigue diciendo: “es fácil pegar los esfínteres después del parto; la reconstrucción del piso pélvico lo puede hacer cualquier médico general. Ella tuvo un desgarro nivel tres que es cuando queda comunicado el piso de la vagina con el ano, pues no le suturaron, eso debió haber quedado en la nota quirúrgica y el médico debió haberla llamado”. Su omisión fue deliberada, sabiendo que después la corrección se haría por medio de una colostomía, cirugía que por su proceso complejo dura seis meses.

“Le mandaron exámenes de presión de sensibilidad de nervios porque ella no es capaz de cerrar el esfínter anal, entonces la atiende un coloproctólogo que es especialista en los problemas del colon, pero no son cirujanos, él solo dice qué hay que hacerle en la operación”, termina diciendo Hernán. La seccional de salud de Antioquia Savia Salud ha sido negligente con el problema de Sandra, y ha evadido sus responsabilidades aduciendo que hay muy pocos coloproctólogos, cuando este es un trámite innecesario.

Sandra nunca estuvo consciente de su problema, pero cuando se da cuenta que tiene solución se estrella con la tramitología y los tiempos de espera, la tutela, la forma como la maltratan. Entonces la meten en otro problema que no tenía: las ganas de no vivir más, por lo que el sistema de salud vio con buenos ojos tratarla de “loca” y meterla a un tratamiento psiquiátrico.

El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia de 1991 lo dice así: “el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”. En principio, jamás especifica si es para los de 15 años, para los de 40 años, o para los de 100 años. No, porque es para todo el pueblo colombiano sin ningún distingo. Además, este es un derecho conexo con otros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida.
Ahora bien, los escenarios deportivos a nivel nacional pertenecen al Estado colombiano y con el único objetivo común del disfrute, el gozo, el aprovechamiento positivo del tiempo libre, la recreación y el deporte. Sin embargo, hoy se excluye y se restringe la práctica del deporte base (atletismo) en dichos escenarios públicos a los atletas sénior y máster (30 años y más), la mayoría de ellos de clase media hacia abajo, con muchas necesidades.

En la ciudad de Cali, tal como lo dijo Clemencia Terán, atleta máster de esta ciudad, en el 2010 “solo consiguieron permiso para practicar en la pista alterna al estadio Pedro Grajales, pues la pista principal es para los atletas de Élite”. Además practica en el estadio Pascual Guerrero diariamente entre las 11 a.m. y la 1 p.m., único horario disponible.

El segundo ejemplo es en la ciudad de Medellín, estadio Alfonso Gálvis Duque, donde entre los años 2005 y 2008 los dirigentes de la Liga de Atletismo de Antioquia de la época adoptaron inconsultamente la medida de cobrar la entrada a este grupo de atletas a mil pesos y con la complicidad de los directivos de la ACLAMAN (Asociación de Clubes de Atletismo Máster de Antioquia). Estos cobros afortunadamente cesaron desde mediados del 2008 gracias a la intervención del INDER, ente deportivo de la Alcaldía de Medellín, por el retorno de los escenarios deportivos públicos en beneficio de la comunidad.

El tercero, en la ciudad de Cartagena, donde a causa de la realización del Campeonato Suramericano de Atletismo categoría de Mayores en el 2012, según relata la señora Amparo Reina, también atleta máster, los directivos del IDER(Instituto para la Recreación y el Deporte de Cartagena) empezaron por no permitir más el uso de la oficina a la ATLEMASBOL (Asociación de Atletismo Máster de Bolívar), y prohibir el acceso a las instalaciones del Estadio de Atletismo Campo Elías Gutiérrez a los atletas tanto sénior como máster con el pretexto y la disculpa de ser estos los causantes del deterioro de la pista atlética. A la fecha ATLEMASBOL continúa sin oficina, y solo les permitían el ingreso a sus entrenamientos atléticos siempre y cuando pagaran una mensualidad, motivo por el cual realizaron varios bloqueos para protestar por dicha medida, hasta conseguir poder volver a los entrenamientos normales en el Campo Elías Gutiérrez sin cobros y sin ninguna novedad.

Por último, tenemos el actual ejemplo de Bucaramanga, con el estadio de Atletismo “Luis Enrique Figueroa Rey” sector “La Flora”. Los atletas miran con preocupación la idea que tiene el INDERBU (Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Bucaramanga) de cobrar la entrada a cada uno de los escenarios deportivos públicos que dependen de él para practicar el deporte, tal como lo cuenta Yamel Arias, atleta sénior de esta ciudad. Aunque por ahora es un proyecto y no se ha decidido nada, bien saben los deportistas bumangueses y sobre todo quienes son atletas sénior y máster, que sus derechos no serán garantizados y por lo tanto deben defenderlos de principio a fin para hacer desistir a los dirigentes del INDERBU de tomar tal decisión, la cual no está siquiera relacionada con la necesidad de remodelar la pista atlética.

Estos cuatro ejemplos anteriores ponen en evidencia que aunque el artículo 52 de la Constitución colombiana es claro, la dirigencia deportiva tanto a nivel nacional como regional se ocupa más de generar modelos de negocio que de garantizar los derechos de todos los colombianos, y para colmo, se atribuye los logros que los deportistas con esmero y por su cuenta obtienen en escenarios nacionales o internacionales. Hablar de vida digna, entonces, también implica la garantía de lo público, en este caso de los espacios de esparcimiento que tienen que beneficiar a todo el pueblo.

El presidente Santos afirmó en el Foro Económico Mundial realizado en Medellín, el pasado mes de junio, que si no se aprobaba el plebiscito con las FARC para refrendar los acuerdos de La Habana, se iba a retornar a la guerra, y más aún que la guerra iba a llegar a las ciudades. “Información amplísima que ellos están preparados para volver a la guerra, y la guerra urbana que es mucho más demoledora que la guerra rural. Eso es una realidad, lo sé, y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo”.

La afirmación generó una fuerte controversia; se le reprochó al presidente querer infundir temor en la ciudadanía para presionar la aprobación de los acuerdos. No obstante, más allá de la polémica más generalizada, es interesante analizar la afirmación del presidente.

En perspectiva histórica, las ciudades han sido territorios de disputa, de presencia y de actuación armada en estos años de conflicto, es decir de guerra, como dice el presidente Santos. De hecho por muchos años algunas ciudades colombianas fueron consideradas como las más peligrosas del mundo, según el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México; Bogotá incluso fue considerada la ciudad más peligrosa de América según encuesta realizada por la agencia de noticias Associated Press, con casi 10 homicidios diarios, duplicando el promedio continental.

En el estudio “Violencia juvenil en Contextos Urbanos” realizado por el CERAC en 2014, se identifican las dinámicas de la violencia en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena e Ibagué, en la segunda mitad del siglo XX. Con sus matices y variaciones, hay unos momentos comunes en la violencia en las ciudades en Colombia.

Algunos de esos momentos comunes tienen que ver con la presencia guerrillera en las ciudades, con la retoma paramilitar de éstas, y con la posterior consolidación de poderes territoriales con funciones sociales, políticas, militares y económicas en los territorios urbanos.

Durante todos los años 60, 70 y 80 las ciudades alimentaron de jóvenes rebeldes las filas insurgentes, al tiempo que dicha presencia guerrillera aumentaba. Este proceso fue detonado por conflictos sociales y económicos que el sistema político era incapaz de tramitar por las vías democráticas e institucionales. El Frente Nacional y los gobiernos posteriores no sólo no resolvieron el problema de la violencia, sino que lo profundizaron.

A esta presencia inicial de la insurgencia en las ciudades, sobrevino la actuación de los carteles del narcotráfico en los años 80 y 90, con atentados, bombas, sicariatos, etc. Parte de la década del 90 y del 2000, fueron escenario de la expansión y consolidación de las milicias guerrilleras, y de la retoma paramilitar de éstas bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Así mismo, es importante señalar que esta confrontación armada en las ciudades ha estado íntimamente relacionada con la conflictividad social y política que se presenta en dichos centros urbanos. Al respecto, y en un contexto de análisis de las áreas de conflicto en Bogotá, el mismo estudio del CERAC dice: “Estas áreas tienen en común tres aspectos: (1) Los peores indicadores socioeconómicos. (2) Mercados criminales relacionados con la provisión ilegal de servicios de seguridad; el narcotráfico; el tráfico de armas; el contrabando; el lavado de activos, etc. (3) Las principales problemáticas de violencia juvenil”.

Hoy, como expresión cruenta, desalmada y vil de las realidades urbanas, persiste la desaparición forzada, la limpieza social, y el desplazamiento intraurbano. Apenas se empiezan a superar las batidas ilegales por parte del ejército, pero aún no cesa el reclutamiento de los combos y las pandillas atizadas por las “bandas criminales”, nuevo nombre del fenómeno paramilitar. Los índices de calidad de vida de las ciudades mejoran bastante en las rendiciones de cuentas de los alcaldes y secretarios, pero las situaciones concretas se complejizan y empeoran.

No obstante, las ciudades, sus problemas, sus necesidades, sus actores, han estado marginados de la actual agenda de paz, y sólo son mentados para amenazar y hablar de los riesgos del no en el plebiscito; o sea para hacer campaña.

Es verdad, y una fortuna, que sobre las ciudades colombianas no hay amenazas permanentes de bombardeos, ni edificios en ruinas. Sin embargo la guerra está en las ciudades hace rato, presidente; que usted desde el pedestal que ocupa no la sienta, es otra cosa. Puede empeorar para las clases medias y altas, preocupadas por las altas tasas de inseguridad; pero sin duda hay millones de colombianas y colombianos que vivimos en la zozobra de la confrontación en los barrios de Colombia, y que vivimos los rigores de la necesidad y la exclusión.

Por eso se hace necesario impulsar iniciativas de construcción de paz desde las ciudades, que nos lleven a construir vida digna en los territorios urbanos. Esa es la tarea.

Más de 1000 indígenas se concentraron en Puerto Carreño, capital del Vichada, en respuesta al llamado del paro nacional. Hasta ese remoto lugar, ubicado en el oriente del país sobre la frontera con Venezuela, llegaron las consignas de la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular, jornada que se desarrolló entre el 30 de mayo y el 12 de junio de este año.

En la memoria de ese olvidado departamento no se registraba una movilización de esa naturaleza. Por esa razón, la Minga en Vichada sorprendió a las autoridades civiles y militares, que dieron respuestas erráticas ante la actividad del pueblo. Amenazaron con llevar al ESMAD y desalojar a los manifestantes; luego el gobernador del departamento les ofreció una res para la alimentación y expresó su respeto a la protesta; también hubo anuncios de judicialización contra los líderes y, finalmente, se acordó la expedición de un decreto para conformar una mesa permanente de interlocución.

“Fue una experiencia importante – dice María Carreño, líder indígena de Puerto Carreño– pues nos enseñó que los derechos se exigen uniéndonos para presionar al gobierno. Es que aquí la costumbre era buscar beneficios o ayudas a través de los políticos”. Con la Minga inició una nueva época para el pueblo del Vichada; un despertar de la gente que sobrevive allí entre el abandono estatal y la corrupción político administrativa.

En ese departamento, que es el segundo más grande de Colombia (después de Amazonas), gran parte de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas. Según datos oficiales (DANE 2010), el 95,8% de la población no cuenta con alcantarillado y el 56,5% no tiene agua potable. No hay redes eléctricas en las zonas rurales, por lo cual los habitantes deben usar plantas que funcionan con gasolina.

Según María, la gente ya se está cansando de esa situación y empieza a preguntarse de qué forma hacer efectivos sus derechos. Por esa razón decidieron participar en el paro nacional.
A raíz de la protesta que se dio en el marco de la Minga, las autoridades tradicionales y delegados de comunidades indígenas de todo el departamento fueron convocados a presenciar la firma del anunciado decreto. El hecho se produjo en el municipio Cumaribo, el pasado 30 de agosto, en presencia de delegados de más de 50 comunidades y resguardos indígenas de los pueblos Amorúa, Sáliva, Sikuani, Piaroa, Curripaco, Puinabe, Cubey Piapoco. Allí el gobernador Luis Carlos Álvarez Morales firmó y publicó el acto administrativo que crea la “Mesa Permanente de Concertación Interinstitucional de los Pueblos Indígenas del Vichada”, y cada pueblo eligió su delegado a ese espacio.

“Aunque tenemos claro que el decreto es sólo un papel, nos parece un gran logro haber conseguido que se creara ese espacio para que las autoridades departamentales nos escuchen. Es un primer paso hacia el fortalecimiento de nuestras organizaciones indígenas y también sirve para encontrarnos con otros sectores sociales como campesinos y comunales”, concluyó María.

La Hacienda Bellacruz, hoy hacienda la Gloria, se encuentra ubicada en los municipios de La Gloria y Pelaya en el sur del departamento del Cesar. Muy lejos de allí, en el departamento del Tolima, María con cerca de 21 años, y quien nació y dio sus primeros pasos en los parajes fértiles de la Hacienda, poco recuerda cuando hace 20 años llegaron los paramilitares de “Juancho Prada” y en medio de la más cruel e impune violencia sacaron a su familia y vecinos del territorio. Sus padres sí lo recuerdan todo, es como si la vida se hubiera detenido en esos difíciles momentos. Pero a pesar del dolor, la rabia y la impotencia que genera la injusticia y el vacío de quienes ya no están, ellos no abandonan la idea de volver a su tierra, a la tierra que con su trabajo le ganaron al rastrojo y al abandono en que estaba la hacienda en ese entonces.

Así como María y su familia, hay cientos de familias desplazadas de la Bellacruz, que tuvieron que rehacer sus vidas en el Tolima, en los Santanderes, en el Sur de Bolívar, e incluso se sabe de muchos que han tenido que huir y hoy se encuentran en otros países. La diáspora de las comunidades campesinas de Bellacruz es una historia que aún no se encuentra relatada y que podría caer en el olvido si no fuera por la tenacidad de estos campesinos que 20 años después recuerdan exactamente dónde se encontraban sus ranchos y cultivos. Memoria que se mantiene a pesar del esfuerzo de los despojadores que con buldócer y artimañas han querido sobreponer un desierto verde conformado por cultivos de palma sobre cualquier vestigio de sus vidas en el territorio.

La tenacidad de la lucha por la tierra de las familias despojadas de la Bellacruz, ha hecho que su caso sea uno de los casos más emblemáticos de la historia colombiana. En su lucha, han ido agotando todas las instancias jurídicas disponibles, demostrando cómo se constituyó un complot en el que los poderes político, económico, militar y judicial, se conjugaron para despojar a las familias, seguido de un modelo económico extractivista que se extendió en el Sur del Cesar y en gran parte del Magdalena Medio.

La acumulación originaria
La historia de la lucha por la tierra de las comunidades campesinas en el sur del Cesar y concretamente en los municipios de La Gloria y Pelaya inició con la llegada a la región de la familia Marulanda Ramírez en 1934 (Alberto Marulanda Grillo y Cecilia Ramírez Mejía), cuando estos compraron los predios “Gobernador”, “la Mata”, “Bella Cruz” y “El Bosque” con una extensión total de 7.200 hectáreas (casi tan grande como el área urbana de una ciudad como Ibagué), conocidas en conjunto como “Hacienda Bellacruz”. A partir de ello y mediante diferentes estrategias, entre 1934 y 1964 fueron acumulando baldíos, tierras comunales, ciénagas, y tierras campesinas hasta llegar a un total de entre 22.000 y 25.000 hectáreas (más de dos veces el área urbana de una ciudad como la de Medellín).

Frente al proceso de acaparamiento de tierras relatado por los propios campesinos, se recuerda cómo la pareja Marulanda Ramírez fueron taponando las ciénagas, cercando las sabanas comunales, los abrevaderos y los propios predios de los campesinos, donde soltaban además el ganado y regando semilla de pasto en sus cultivos de pan coger. Así mismo, constan denuncias en aquellas épocas por compras de tierras mediante intimidación y violencia física, así como denuncias de soborno a las autoridades, todo ello exacerbado en la medida en que avanzaba “la violencia” en Colombia, y la policía “chulavita” en la región no distinguía partidos sino solo al campesinado para perseguirlo. Lo anterior se puede corroborar en un informe del INCORA en 1964 en el que reconoce cómo “la concentración de la propiedad territorial en manos de los esposos Marulanda Ramírez acompañada de despojos, lanzamientos, legales o no, justos o injustos, ciertos o mentirosos ocasionó y sigue ocasionando un malestar social entre los campesinos, aldeanos y habitantes urbanos de la región”, folio 591.

De esta manera, ya en 1970, la familia Marulanda Ramírez constituyó la Sociedad M.R. INVERSIONES LTDA y transfirió a esta el dominio de 9.000 hectáreas de tierras conformadas por varios predios, registrándose legalmente como “Hacienda Bellacruz”. No obstante, una parte de estos predios eran baldíos de la Nación, por lo tanto la comunidad exigió la adjudicación de estos predios que por ley les pertenecía dada su condición de sujetos de reforma agraria.


Una lucha histórica
El despojo de los Marulanda y la connivencia Estatal conllevó a que los pobladores tuviesen que mantener sus luchas y fortalecer sus organizaciones campesinas. Ya en los años 60 existían los sindicatos de Ayacucho y el de San Bernardo y Simaña, conformados por los campesinos afectados por las acciones de los Marulanda Ramírez. A través de esas luchas lograron la adjudicación de unas 9.000 hectáreas de las más de 20.000 que la familia Marulanda decía poseer.

Entre los años 70 y 80 en el Sur del Cesar se vivía un auge del movimiento popular. Por un lado, las organizaciones campesinas avanzaban en la recuperación de tierras, impulsados por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC, bajo el lema de “Tierra pa´l que la trabaja”. Habían surgido también varios sindicatos de los trabajadores de la palma como Sintraindupalma, Asotraindupalma, Sintraproaceites, entre otros, y grandes paros cívicos tuvieron lugar en la región.

Estas dinámicas dieron lugar a la creación de la Coordinadora de Movimientos Cívicos en la que confluyeron diversas expresiones populares de la época y esto logró generar mayores motivaciones para luchar por esas tierras.

El auge del movimiento social, la necesidad y la certeza de terrenos baldíos en la Hacienda Bellacruz, conllevó a que en 1986 la comunidad campesina lograra recuperar gran parte de la Hacienda, y en ella sembraron cultivos de yuca, plátano, maíz, cacao y ganadería a pequeña escala, destinados al abastecimiento alimentario. Para la época y siendo Ministro de Desarrollo Carlos Arturo Marulanda, cuentan los campesinos que arreció la persecución desde el momento en que este llamó a los líderes a una reunión, y les ofreció dinero para que abandonaran la lucha. Lo anterior coincide con la conformación de ejércitos privados que se sumaban a la actuación de los policías y autoridades locales que trabajan al servicio de los Marulanda, así también a la base militar que instalaron al interior de la Hacienda. Todo ello condujo a un aumento considerable de violaciones a los derechos humanos; asesinatos, torturas, amenazas, quemas de viviendas, desalojos ilegales y detenciones masivas en persecución a la comunidad que reclamaba las tierras.

Por lo anterior, el 11 de marzo de 1989 decenas de familias campesinas ocuparon durante cinco meses el INCORA en el municipio de Pelaya y exigieron solución al conflicto de tierras, así como respeto a sus vidas. En consecuencia, en 1990 el extinto INCORA inició el proceso de clarificación de la propiedad y en 1994 concluyó que 1.500 hectáreas de las tierras de la Hacienda Bellacruz eran predios baldíos de la Nación que habían sido ocupados indebidamente por la Familia Marulanda Ramírez.

Con lo anterior pareciera que la lucha por la tierra llegaba a su fin. La comunidad campesina se organizó en 13 veredas y continuó forjando su futuro. Cuando esperaban que el INCORA recuperara esas tierras y ya les fueran adjudicadas a quienes tenían el derecho, incursionó en la Hacienda un grupo de paramilitares al mando de Juancho Prada del Frente Héctor Julio Peinando de las AUC. Así se hizo presente el poder paramilitar fortalecido desde años atrás por terratenientes de la zona, con el propósito de expulsar a las familias campesinas y garantizar el dominio de las tierras por parte de la familia Marulanda Ramírez.

Un nuevo ciclo de despojo
Dentro del grupo paramilitar que incursionó violentamente en febrero de 1996, venían trabajadores y el administrador de la Hacienda al servicio del exministro Carlos Arturo y su hermano Francisco Alberto Marulanda Ramírez. En esa incursión, los paramilitares violaron a mujeres campesinas, quemaron las viviendas construidas, destruyeron escuelas y enseres de la población, ejercieron torturas contra varios habitantes y dieron cinco días para abandonar la Hacienda. A solo 100 metros del lugar se encontraban tropas del Ejército Nacional, ante las cuales los campesinos aterrorizados acudieron en su auxilio. Sin embargo la respuesta obtenida fue desconcertante: “Estamos en desventaja pues los paramilitares viajan en carro y nosotros a pie”. Entonces allí en la Hacienda Bellacruz se instaló una base paramilitar permanente que funcionó durante muchos años a la luz de la Fuerza Pública y en pleno conocimiento del gobierno nacional. Este periodo dejó un poco más de 40 campesinos asesinados.

De esta manera el terror se apoderó, primero de quienes estaban asentados en las veredas Veinte de Noviembre, San Carlos, Trocadero, El Atrato, Palma de Ávila, El Pilón y La Flecha, y después discurrió por toda la zona. Dentro de los cinco días de plazo, se desplazaron 280 familias y en la región ninguna autoridad les atendió, por lo que se desplazaron a Bogotá donde inició un ciclo de tomas pacíficas del INCORA. Los distintos acuerdos logrados con el gobierno nacional fueron incumplidos, por ejemplo, no se combatió el paramilitarismo y tampoco se adjudicaron las tierras a los campesinos.

Tras el despojo violento y el desplazamiento forzado de la comunidad campesina, la familia Marulanda Ramírez y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica Cesar, en hechos sucesivos, pretendieron borrar la historia del despojo de la Hacienda Bellacruz. Por ejemplo, mediante artimañas abrieron nuevos folios de matrículas inmobiliarias, cambiaron los nombres, linderos y colindancias de los predios y allí incluyeron como propiedad privada los predios baldíos que la comunidad reclamaba, incluso cambiaron el nombre de la Hacienda que legalmente hoy se llama “la Gloria”.

La sentencia de la Corte Constitucional y las amenazas a su cumplimiento
Los terrenos baldíos que han sido históricamente reclamados por las comunidades hubiesen quedado sepultados bajo toneladas de papeles de tan insignes contratos, triquiñuelas jurídicas e “insignes” negocios, de no haber sido por la firmeza de las comunidades, quienes por un lado insistieron en seguir agotando las instancias judiciales y por otro accionaron entrando a los terrenos de uno de los predios que reclaman como baldíos, a exigir sus derechos como campesinos despojados. Ante estos hechos, la Corte Constitucional, quien venía conociendo del caso en revisión de una tutela interpuesta desde 2011, emitió finalmente la Sentencia SU235/16 con fecha del 12 de mayo de 2016, la cual ha sido interpretada como una victoria de las comunidades de Bellacruz.

En esta sentencia se le da la razón a los campesinos y se ordena al INCODER finalizar con el proceso de recuperación de 1.200 hectáreas de los baldíos Potosí, Venecia, Los Bajos, Caño Negro y San Simón, que se encuentran al interior de la hacienda Bellacruz (hoy La Gloria), al mismo tiempo que ordena estudiar los beneficiarios para su posible adjudicación y acelerar el proceso de restitución, mediante la micro focalización de la zona que había estado bloqueada a pesar del reconocimiento público del proceso de despojo de la zona.

Ahora bien, gran parte de la institucionalidad local y regional ha cumplido un papel decisivo en esta deplorable historia que aún viven las comunidades desplazadas de la Hacienda Bellacruz. Primero, la tolerancia manifiesta frente a los crímenes y ultrajes a la población; luego, por el abandono, el desconocimiento y desprecio por garantizar los derechos o la vida e integridad física de quienes durante estos 20 años han sido obligados al desarraigo. Y ahora ante la resistencia de cumplir las órdenes dadas por la Corte Constitucional en la Sentencia reciente que le ordena restituir los derechos.

Lo anterior suena increíble, por ello se dice que la lucha de las comunidades no ha finalizado. No solo porque aún falta por concluir el proceso de adjudicación de baldíos ante la Nueva Agencia de Tierras, o iniciar y terminar el proceso de restitución de los demás predios que componen la Hacienda (distintos a los baldíos) que también fueron despojados, sino porque hay que luchar también contra una institucionalidad que aún continúa garantizando el despojo en la región.

Un ejemplo de lo anterior lo es y lo ha sido la Superintendencia de Notariado y Registro que a través de las Oficinas de Instrumentos Públicos del Cesar participó de lo que el INCODER en junio de 2014 denominó el “sofisticado proceso de blanqueo jurídico, catastral, cartográfico, notarial y registral de la Hacienda Bellacruz, para ocultar y desaparecer los siete predios que desde 1994 el INCORA o el INCODER había declarado baldíos propiedad de la Nación”.

Hoy, no se han hecho efectivas las órdenes de la Corte Constitucional. El pasado mes de julio la Superintendencia de Notariado y Registro y las Oficinas de Instrumentos Públicos Chimichagua y Aguachica se declararon en desobediencia, lo que constituye un evidente desacato a las órdenes de la Corte Constitucional. Tal manifestación la hicieron mediante un escrito en el que le comunicaron a la Corte Constitucional la “suspensión del trámite de registro a prevención” conforme al artículo 18 de la Ley 1579 de 2012. Es decir, estas entidades se niegan a cancelar los registros que aparecen de propiedad privada de las empresas palmeras y del fideicomiso de la fiduciaria Davivienda sobre los predios baldíos de la Nación, a la vez que paradójicamente consideran que las decisiones proferidas por el máximo Tribunal constitucional no se ajustan al derecho y con los mismos argumentos que fueron objeto de revisión de tutela por la Corte Constitucional, pretenden perpetuar ilegalmente el despojo en la Hacienda Bellacruz.

Una historia como la de la Hacienda Bellacruz y sus comunidades, solo es posible gracias a que no es sino una más dentro de miles de historias del despojo que guarda la Colombia profunda. En verdad no sería posible una historia como esta, si no fuese porque se ha naturalizado el despojo de la tierra en nuestra sociedad, porque los mecanismos que lo han permitido se han instalado tan profundamente que nos negamos a verlos, y porque quienes han ejecutado los dispositivos del despojo y se han beneficiado de ellos aún duermen en la impunidad. Cada día que a estos campesinos se les niega su tierra, es gloria para el despojador y condena para nuestro futuro.

Sin embargo las familias de esta trágica “diáspora” campesina mantienen la esperanza de volver a sembrar sus alimentos en las tierras que han luchado dignamente, pero aún falta que el Estado colombiano y sus gobiernos de turno, cumplan a cabalidad con su deber de protección y garantía de los derechos de los campesinos, y se garanticen procesos de verdad, justicia y reparación a estas comunidades victimizadas, demostrando que es posible reconstruir un país para la paz, donde el despojo no tenga tanta gloria.

*Abogada defensora de derechos humanos, miembro de la Comisión de DDHH del Congreso de los Pueblos y secretaria general de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

 

Bien común y paz

La historia es testimonio de vida; su análisis objetivo es un camino imprescindible para llegar a la equidad, la libertad, la soberanía, y por consiguiente a la paz integral; por el contrario, su desconocimiento nos lleva inexorablemente a la esclavitud, en cualquiera de las formas que esta adopte. Ella, en el caso americano, nos permitirá finalmente entender el origen de la injusticia y por tanto, de la violencia y la guerra, que se basan en la implementación de la concepción de la codicia particular, impuesta a sangre y fuego por la “culta, civilizada y cristiana Europa”, en su etapa capitalista del imperialismo colonialista.

A la vez, nos mostrará que la solución la han tenido desde siempre los pueblos indígenas, con su concepción del bien común, construida durante miles de años y defendida heroicamente por ellos en los últimos cinco siglos, la cual, bien sea por la actitud de las clases dominantes en cuanto a esconder la realidad, o de la corriente de avanzada en cuanto a imitar lo europeo, no ha querido ser tenida en cuenta como el fundamento de nuestras luchas.

Ahora, cuando se acaban de firmar los Acuerdos de La Habana, que deberemos refrendar masivamente si queremos tener un escenario que nos permita avanzar en mejores condiciones hacia la paz integral, y golpear las posiciones guerreristas que tanto daño le han hecho al pueblo, es un buen momento para hablar de la historia, ya que entendemos que la paz no es posible sin el conocimiento de esta. Y es un buen momento, además, por cuanto nuestras clases dominantes pretenden hacerla desaparecer en aras del desarrollo neoliberal, mientras que -y esto es lo más grave- quienes aspiramos a un modelo social para el buen vivir, embelesados en buena medida con los procesos electorales, apenas si la mencionamos; solamente algunos investigadores independientes, pacientemente, buscan profundizarla y darla a conocer. Cabe anotar, en tal sentido y con el ánimo de aportar, lo siguiente:

La historia indígena: Los pueblos originarios de nuestro continente, como debía saberse, construyeron en miles de años y hasta nuestros días un modelo de sociedad basado en la concepción del bien común; la más avanzada conocida hasta ahora y el mayor aporte de América a la humanidad. Por tanto su cultura, incluida la historia, ha sido desarrollada de manera integral por toda la colectividad, sin exclusiones. Dicha historia ellos la han recogido, conservado y socializado permanentemente por medio del relato oral, la leyenda, la religión, el baile, la música, y en algunos casos, la escritura. En los últimos tiempos, muchos indígenas han obtenido un título universitario que les ha permitido avanzar de manera científica y metódica en el rescate de su pasado.

La historia recortada: La bárbara invasión capitalista de los imperios eurocristianos a América, en su etapa colonialista de los siglos XVI y XVII, se constituye en uno de los más vergonzosos episodios de la historia mundial. Esto no solamente por la violencia ejercida contra los naturales, sino básicamente, debido a la imposición a sangre y fuego de la concepción de la codicia particular, origen de su modelo de explotación, con consecuencias realmente desastrosas que llegan hasta nuestros días. La depredación de la vida en general, y del ser humano y de la naturaleza en particular, la iniciación de la violencia de los explotadores sobre los explotados, el genocidio físico y cultural, el robo de la propiedad colectiva y su privatización, la explotación inmisericorde de los trabajadores, la imposición de elementos culturales atrasados por cuanto estaban al servicio de intereses individuales, como religiones, lenguas y modelos familiares patriarcales y machistas, la exclusión étnica, social, económica, política, de género y de sexo, son los aspectos centrales más dañinos de dicha concepción, hoy combatidos por todas las gentes que buscan un modelo social comunitario.

En cuanto a la historia, establecieron una recortada, primero por medio de sus cronistas, y luego por las academias de historia, ya que solamente habla de las “hazañas” de las clases dominantes, dejando por fuera las realizaciones populares o tergiversando lo poco que han dado a conocer de ellas.

La historia invisible: Nos referimos a una nueva corriente que busca el desconocimiento total de ella y que se ha desarrollado en dos momentos; inicialmente, cuando el gobierno nacional, profundamente preocupado por las investigaciones que venían adelantando sectores de avanzada que estaban poniendo en jaque su amañada historia recortada, y que permitían el acercamiento a la realidad de buena parte de la población, decidió expedir el decreto 1002, de 1984, por medio del cual la historia, la geografía y la educación para la democracia serían diluidas en una sola área. Más tarde, con la imposición de la política neoliberal que presionaba a los diferentes gobiernos para que se pusiera fin a la enseñanza de la historia, buscando que los pueblos neocolonizados perdieran su identidad y asumieran sumisamente la cultura del consumismo. En tal sentido, en la enseñanza han jugado un papel preponderante la imposición de los estándares y las pruebas saber, que impiden la libre expresión de las comunidades educativas y dan mayor importancia a las ciencias físicas, desconociendo el papel vital de las humanidades.

La historia real: Tiene como precedente y punto de partida la aborigen, así como las expresiones y luchas de la mujer, las negritudes, los campesinos, las capas populares, los obreros, los estudiantes y los intelectuales, bien sea con relatos orales o escritos, y cuya búsqueda, en los últimos tiempos, ha corrido por cuenta de investigadores y entidades tanto independientes como de izquierda y no pocos de derecha.

En consecuencia, para avanzar hacia la paz integral que anhelamos, es necesaria una historia que recupere la concepción indígena del bien común como punto de partida y de llegada de nuestro proceso económico, social, político, ideológico y cultural. Que muestre cómo la contradicción central de dicho proceso en América, a partir del siglo XVI, se ha dado entre la concepción del bien común, iniciada por los indígenas, en defensa de la vida, la naturaleza, la libertad, la soberanía y la independencia, y la concepción de la codicia particular impuesta violentamente por los invasores eurocristianos, origen del capitalismo imperialista y colonialista, el mayor depredador del mundo conocido hasta ahora. Que continúe desarrollando y dando a conocer las investigaciones realizadas sobre nuestra realidad. Que sea enseñada a profundidad en los establecimientos educativos. Y de manera fundamental, que sea trabajada con y a partir de las comunidades.

Medios Masivos de Comunicación y los Acuerdos de Paz
Al parecer los medios masivos de comunicación (MMC) creen que la firma de los acuerdos entre las FARC-EP y el gobierno va a terminar inmediatamente la guerra en Colombia. Lemas como “el fin de la guerra” y “el último día de la guerra” han sido reproducidos a lo largo y ancho del país y del mundo, promocionando el discurso del presidente y del gobierno nacional del fin del conflicto armado en Colombia y el fin de las guerras en el continente de América. Aunque llevan cuatro años cubriendo la mesa de negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno, los MMC no han dado al grupo guerrillero el estatus político que el mismo gobierno implícitamente le ha dado al sentarse a dialogar con ellos, y pese a que sentarse a negociar es muestra de que no hubo una rendición de ninguno de los grupos armados, los MMC todavía insisten en una agenda de desinformación sobre la derrota de la guerrilla por parte del ejército, pintando el proceso de negociación como una rendición ante el Estado. Siguen reproduciendo el discurso del ejército, gobierno y élite colombiana sobre las guerrillas como secuestradores, narcotraficantes y asesinos, en lugar de representar los dos lados de la guerra armada con una cubertura objetiva; usar su plataforma profesional para alzar las voces de todos los actores implicados y abrir el debate nacional hacia un futuro en paz y contra la retórica militarista.

Los MMC cuestionan de forma constante la impunidad de la guerrilla en el postacuerdo, pero no hablan de la impunidad del gobierno ni de la clase dominante que ha gobernado el país durante todo el periodo de violencia. Ignoran plenamente el movimiento popular, sector que, como explica el padre Javier Giraldo Moreno: “teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia”. Este temor está basado en una realidad vigente; en el primer semestre de 2016 la ONG Somos Defensores reportó 35 defensores de derechos humanos asesinados en el país, y los primeros días del cese bilateral definitivo entre las FARC - EP y el Gobierno, seis líderes sociales fueron asesinados, tres en Cauca y tres en Nariño, lógicamente por fuerzas de la derecha.

Relacionado con la impunidad está el cuestionamiento de los MMC de si la guerrilla va a cumplir con los acuerdos. Otra vez ignoran que históricamente el gobierno no ha cumplido, y no solo en los casos de acuerdos con la insurgencia, también en sus responsabilidades legales con los campesinos, los profesores, los indígenas, negritudes, estudiantes, entre otros; no es gratuito que estos sectores se tengan que movilizar cada año para exigir sus derechos y pedir de nuevo el cumplimiento de acuerdos previos. La respuesta por parte del gobierno, que supuestamente representa a sus constituyentes, es de represión militar y de guerra, ilegitimando la práctica democrática participativa y la protesta social para el cambio del modelo socio-económico, ignorado por completo en los MMC y simultáneamente negado por el gobierno en las mesas de negociación con las guerrillas.

Cuando tocan temas de protesta y movilizaciones, luchas sociales o mesas de negociación, los MMC los cubren desde la perspectiva del gobierno, respaldando acciones ilógicas que no contribuyen a finalizar la guerra agenciada por el gobierno, como el aumento del presupuesto militar y el nuevo código de policía. La meta de sacar la violencia de la política incluye las violencias oficial y paramilitar, así como las violencias del modelo socio-económico; con el exterminio de defensores de derechos humanos y líderes sociales, la guerra continúa. Resalta Giraldo que “el gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos”.

Los Medios Masivos de Comunicación y el ELN
En el caso del ELN, los MMC han mantenido una constante presión sobre la insurgencia como la única responsable de concretar diálogos de paz y que solo en esta recae si se inician, se congelan o se continúa este proceso. Siguen reproduciendo y respaldando la idea del gobierno, quien dice que el secuestro es una válida razón para no negociar el fin del conflicto armado, sin embargo parecen no explorar si hay algún hecho o llamado que proponga descongelar los diálogos. Por ejemplo, luego de la liberación de la periodista Salud Hernández, quien estuvo retenida por el ELN durante siete días, María Jimena Duzán envió una "Carta a Gabino" en la que ratifica que el congelamiento del proceso de paz se debe a que no renuncian al secuestro. El ELN respondió a esta carta: “que el presidente Santos de manera intempestiva y unilateral, haya colocado nuevos impedimentos para avanzar, ello es claramente violatorio de lo acordado […] ¿Si estos condicionamientos los hubiésemos hecho nosotros, cómo hubieran reaccionado los creadores de opinión? ¿Es lícito y está bien hecho que sólo una parte pueda colocar exigencias por fuera de la mesa de diálogo?”. Así mismo, han planteado en diversas ocasiones que "en la medida que vamos desarrollando la Agenda en el orden establecido, podemos paralelamente abordar y buscarle caminos y soluciones a los distintos aspectos humanitarios, incluyendo lógicamente las retenciones y las otras afectaciones que sigue generando la guerra".

Ni los MMC, ni la periodista a quien responden, ponen en cuestión si el gobierno es también responsable por cambiar lo acordado para el inicio de conversaciones. Para los MMC no existe otro referente que el argumento del gobierno, cuando dice que esta guerrilla no tiene intención de paz, ignorando por completo publicaciones semanales del grupo guerrillero en las que manifiestan lo contrario. La noticia cubierta pareciera ser un diálogo entre los medios y el gobierno sobre lo malo del secuestro, en vez de ser una noticia sobre el diálogo entre el gobierno y la guerrilla de cómo continuar la negociación y superar los actos bélicos de las dos partes.

El silencio mediático sigue como estrategia de guerra donde los MMC cumplen su rol hablando, paradójicamente, del fin de ella. Según el ELN, la confrontación bélica se está intensificando y siguen muertes de lado y lado. Por eso, pese a todos los lemas sobre el fin de la guerra, no se puede cambiar que mientras haya guerrillas en guerra con el gobierno, no se ha terminado la guerra, o por lo menos el conflicto armado.

Para una paz “estable y duradera”, como se dice en los acuerdos por firmar entre las FARC - EP y el gobierno, los MMC tienen que exponer todas las voces de la sociedad, incluyendo las disidentes que están siendo censuradas, tanto de civiles como de la insurgencia, para poder abrir debates nacionales en vez de cerrarlos y así fortalecer la democracia.

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