Edición 117 Mayo - Junio 2016

María Roa Borja es una mujer afrocolombiana, de estatura media, cabello corto y pañoleta café; café como sus ojos de mirada inquieta; inquieta como su alma formada en un ambiente familiar libre y natural.

Entre la congestión y el bochorno de Medellín que arde a 32 grados, ella mira al otro lado de la avenida a sus citadores, que esta ocasión no eran ni Bluradio, Televida, ni la Revista Semana, sino Periferia, y aunque no nos conocía salió en el descanso de un evento a recibirnos, en plena calle Colombia, donde nos propuso el encuentro.

Su vestimenta ausente de lujos, pero sí con algunos detalles nos muestra que es una mujer de equipaje ligero, carga solo lo necesario, es planificadora y estratega, pese a que solo ha terminado su bachillerato; parece una mujer sola, de pocos amigos, pero detrás de María, en Medellín hay 127 mujeres y un hombre del servicio doméstico afiliados a la Unión de Trabajadores del Servicio Doméstico, UTRASD, del cual es presidenta.

Mientras buscábamos algún lugar para sentarnos a conversar, nos contó que tuvo una infancia tranquila en una finca bananera con sus cinco hermanos y sus padres, hasta que en 1996 una de sus hermanas mayores fue asesinada. Ese día cambió su vida; de su amado Apartadó que le dio todo, salió con unos familiares y muy pocas cosas, con muy pocas esperanzas, porque estar allá le hacía sentir que su vida se marchitaba de la tristeza o que sería arrasada por la misma mano que arrancó a su hermana.

Sus padres se quedaron con la fe en que las cosas se arreglarían, pero más tarde también se vinieron a la gran ciudad que todo lo tenía pero que nada regalaba, y que a personas nobles con poca formación solo les ofrecía como trabajo, si era hombre, la construcción, ser cura, o plomo detrás del arma; y si era mujer, ser monja, o trabajadora del servicio doméstico en dos variantes: con penosa remuneración, y una cama pequeña casi siempre en el último rincón de la casa, más allá de la casa de las mascotas, pero más acá del cuarto de los chécheres. O la segunda variante, gratis, en su propia casa.

A María le tocó su primera experiencia como trabajadora doméstica a los 18 años. Se levantaba a las 4 de la mañana a oír el sonido de los carros, en lugar de los pájaros, y a ver la oscuridad en lugar de ver el alba del día y oler la frescura de los platanales. No fue lo más placentero para María, pero era su única salvación por la época.

María cierra un poco sus ojos como tratando de enfocar y dice con voz pausada:
—Una se imagina que va a trabajar en lugares donde hay muchas incomodidades para una, pero qué tristeza que le separen el plato, el vaso y la cuchara de los demás. Mientras que una está acostumbrada a compartir.

Entre los siete hogares que trabajó no niega que encontró algunas personas más conscientes de que la trabajadora doméstica no es una máquina más de la casa y que por ello le daban un trato fraterno, aunque las condiciones laborales seguían siendo pobres. Y entre esos siete hogares también le quedaron debiendo pagos y liquidaciones. Al ver que nadie proponía cambios reales, en el 2005, cansada de vivir encerrada y lejos de sus hijos decidió renunciar, porque pidió permiso para descansar sábado y domingo, y entrar los lunes en la mañana, pero su patrona no la autorizó. A ella le dio igual y fue el lunes.

—Yo quería dormir una noche más con mis hijos, ellos me necesitaban, estaban creciendo y yo solo tenía un día y una noche con ellos.

Cuando regresó encontró a su patrona enojada. María no lo pensó mucho y le pidió la liquidación ¿con qué seguiría viviendo con sus hijos? Eso no le importó mucho pues ya había atravesado pruebas más fuertes, pero ninguna tan amarga como dedicar su vida, a la vida de otros a cambio de dinero. Su nuevo oficio sería de intermediaria en litografía a terceros, pero no se olvidó de sus compañeras y puso manos a la obra en compañía de la organización afro Carabantú, quienes la conocieron como líder del barrio La Torre, y con el apoyo de La Escuela Nacional Sindical. Entonces le ofrecieron liderar la lucha por los derechos de las trabajadoras domésticas.

María vive en Aranjuez, vivió en Manrique y en La Torre, cerca de Villatina, pero su mundo no termina ahí; su mirada inquieta terminó yendo hasta Boston, pero no en el centro de Medellín sino en Hardvard, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, también a Ciudad de México, Cali, Bogotá, entre otros sitios que le han abierto las puertas para que comparta lo que ha sido la lucha de las trabajadoras domésticas y la incidencia política para lograr sus derechos.

María desde que dejó el trabajo doméstico se levanta a las 6:00 de la mañana, les deja el almuerzo hecho a sus hijos y se va a las 8:30 de la mañana. Sale ya sea para la Escuela Nacional Sindical; a llevar algún trabajó de litografía; hacia la terminal de buses o para el aeropuerto, pues viajar ya hace parte de sus actividades frecuentes. A sus hijos no les gusta mucho que esté tan ocupada pero la apoyan porque conocen sus motivaciones, y en algunas ocasiones le ayudan en lo que puedan.

Acostarse temprano ahora es posible, pero su lucha de 24 horas no siempre se lo permite, pues mantener que sus representadas tengan el pago del mínimo con prestaciones, que laboren 8 y no 16 horas y que tengan el derecho a cajas de compensación, es su obsesión. Ahora lo que se le viene encima es la lucha por el pago de la prima de servicios, normalizar la jornada de las trabajadoras internas a 8 horas, de lunes a viernes; y llevar su causa a Urabá, Cartagena y Bucaramanga.

María asumió este reto plenamente y lo hace porque no quiere que ninguna mujer se sienta encerrada y discriminada por tener necesidades económicas, que no se vuelva presa fácil de la explotación, o una esclava moderna que deja a sus hijos sin madre para reemplazar a otra en las tareas de la casa; ella no quiere que se sientan un mueble más de la casa donde le pagan. Sus viajes que han ido desde Cali, hasta Estados Unidos, la han convencido aún más de la importancia de su lucha y de lo atrasado que está el país en materia del derecho laboral de las empleadas domésticas. Desde eso ha querido estudiar derecho pero el sistema educativo del país no solo es excluyente sino discriminatorio, con la edad especialmente.

Después de nuestro encuentro, María seguirá buscando el reconocimiento de los derechos de sus colegas, que en su mayoría son mujeres afrodecendientes que ignoran y no se atreven a exigir calidad y dignidad en sus trabajos.

El 2016 ha sido un año único en las primarias presidenciales de EEUU, tanto Republicanos como Demócratas han tenido irregularidades; la participación, los favoritos, y la cobertura de  medios han cambiado este ciclo electoral.

En EEUU las leyes electorales son escritas a nivel estatal, no federal; la manera en la cual los candidatos de cada partido pueden asegurar sus “votos delegados” varía de estado en estado, pero cada partido tiene su número mágico de votos para que un candidato reciba una nominación completa en la convención del partido; es raro que un candidato no haga eso en las primarias. La temporada de primarias finaliza en la convención de cada partido político, donde oficialmente se eligen y nominan sus candidatos. En las convenciones no solo el voto popular cuenta (y los votos delegados que surgen del voto popular), sino también votos de los “súper delegados” quienes pueden mover votos de un candidato a otro. En ciclos normales, el favorito tiene el margen necesario para ganar con o sin los súper delegados, y ellos entonces respaldan y oficializan una opción ya informalmente tomada, uniendo todo el partido para enfocarse en la elección general a la presidencia. El ciclo de 2016 ha mostrado al público que estamos lejos de una democracia directa en los EEUU, dado a lo reñidas que han sido las elecciones en los dos partidos. En particular, los jóvenes en los EEUU están aprendiendo mucho sobre el proceso electoral, sobre los delegados y súper delegados y sobre el financiamiento corporativo en las campañas.

Si ningún candidato llega al número mágico de votos delegados requeridos para asegurar su nominación antes de la convención, el candidato será elegido a través de una serie de votaciones en la convención misma, y en este proceso los delegados y súper delegados pueden afectar el resultado con mayor influencia, porque no están obligados a votar por los candidatos que eligió el pueblo; incluso el partido puede nominar un nuevo candidato que no haya participado en las primarias. Nadie ha podido predecir el éxito de las campañas de Donald Trump (Partido Republicano), ni de Bernie Sanders (Partido Demócrata), pero hasta la fecha las campañas de cada uno continúan causando ambigüedad sobre las nominaciones de los Republicanos y los Demócratas.

El efecto de los medios masivos en las primarias
Los medios masivos de comunicación y sus prejuicios han tenido un impacto mayor en este ciclo de primarias, hasta abril Trump había recibido 1.9 billones de dólares estadounidenses en cubertura gratis de los medios masivos. Según una investigación del New York Times, este número representa seis veces la cobertura que recibió su competidor más cercano, Ted Cruz y dos veces y medio más que Hillary Clinton, la candidata más cubierta de los Demócratas. Jill Stein, la candidata en posición para tomar la nominación del partido Verde ha recibido $0 dólares estadounidenses de cubertura mediática gratis. Gracias a esta discrepancia gran parte del pueblo estadounidense no sabe que ella es una candidata, que su partido tiene acceso a la votación nacional y mucho menos la ideología de izquierda de los Verdes en los EEUU. Lo mismo puede ser dicho por otros partidos nacionales en los EEUU. Los medios de comunicación masivos son cruciales para mantener un sistema bipartidista en los EEUU, a pesar de que hay muchos más partidos, y en un ciclo electoral de dos años es fácil cubrir y caracterizar cada partido durante la temporada de primarias. Los medios masivos también han afectado la percepción pública sobre los candidatos en la manera como caracterizan a cada uno.

Los Republicanos
La decisiones de Ted Cruz y Dan Kasich de retirarse de la carrera en la primera semana de mayo hizo de Trump candidato de facto, y entonces el presidente del Comité Nacional de Republicanos, Reince Priebus, twiteó que Trump era el “presunto candidato”. Esa fue la primera vez que el partido sugirió la posibilidad de respaldar a Trump oficialmente. Las palabras escogidas por Priebus muestran que el establecimiento ha decidido respaldar a Trump, no porque lo quieren hacer, sino porque no han podido presentar otro candidato que une a sus miembros registrados a nivel nacional. Una razón estratégica para respaldar a Trump es el hecho que él ha auto-financiado su campaña y puede seguir haciéndolo con la ayuda de los medios y sin la puja del partido. Podría hacer campaña afuera del partido y sin duda esto dividiría el voto conservador, favoreciendo al candidato Demócrata a la presidencia. Trump es atractivo a dos grupos que pueden apoyar a los Republicanos en una elección general: constituyentes conservadores no ligados al partido por sus pensamientos anti-establecimiento y a conservadores racistas, sexistas y homofóbicos quienes quieren el poder para decir y hacer lo que dice y hace Trump. Esos dos grupos representan votos, pero no tantos como los medios nos hacen creer con su cubertura de Trump y su “base,” porque a nivel nacional Trump pierde con los dos competidores Demócratas, esta atrás de Clinton y Sanders en las urnas.

Demócratas
Del lado Demócrata todavía existe la posibilidad matemática de que Sanders asegure bastantes votos para obligar al partido a entrar en una convención reñida. La primaria en Indiana aseguró esa oportunidad para Sanders, y tiene chance de ganar la mayoría de las primarias que faltan. El establecimiento favorece a Clinton, y con sus súper delegados hasta la fecha, parece que en una convención ella ganará a Sanders. Por su parte, Sanders se ha comprometido a seguir haciendo campaña hasta la convención, con la esperanza que se puede lograr la credibilidad para cambiar las alianzas de los súper delegados. Si el partido escoge a Sanders, entonces, habrá reformas económicas substanciales. Si el partido escoge a Hillary Clinton, ella seguirá por el camino del neoliberalismo, ignorando el papel que la desigualdad económica juega en la esfera social del país. El hecho que el partido Demócrata está cuestionando el neoliberalismo por primera vez desde la administración de Carter a través del debate Sanders-Clinton, causa emoción tanto como nervios adentro del partido, ya que tienen una posibilidad de cambio por primera vez en décadas.

Verdes
Stein representó a los Verdes en su campaña hacia la presidencia en 2012, cuando ella recibió más votos que las otras 36 mujeres que han hecho campaña para la presidencia en la historia de los EEUU. En abril, ella mandó una carta pública a Sanders, a la cual no ha respondido, pero en la que concluyó: “Mientras la maquina neoliberal Demócrata se moviliza para aplastar la revolución adentro de sus tropas, le insto a considerar la posibilidad histórica para abrir una ventana afuera del partido Demócrata. Me encantaría explorar con usted maneras colaborativas para avanzar el esfuerzo y asegurar la revolución para que la gente, el planeta y la paz prevalezcan”..

Cambiar un partido vs cambiar el sistema
Un debate positivo que ha resultado de estas primarias, incluye el cuestionamiento al rol del financiamiento corporativo en las elecciones, y la necesidad de reformas para financiamiento de las campañas. Otro aprendizaje, debido en gran parte a la campaña de Sanders, se da alrededor de la falta de democracia directa en el proceso electoral del país, y el rol que el socialismo juega en una democracia. En general, esta temporada electoral ha mostrado que en realidad hay muchas ideologías políticas en el país, e incluso adentro de los dos partidos tradicionales.

El 50 % de los estadounidenses no se identifican como Republicano ni Demócrata, o sea, la mitad de la población, tanto conservadora como liberal. Mientras los izquierdistas no estarían en desacuerdo con el partido Demócrata girando hacia sus raíces ideológicas, Stein y activistas de izquierda en todo el país no están pidiendo solo el cambio en el partido, sino un cambio al sistema como tal: que el proceso electoral, sus debates y la cobertura mediática sean abierta para todos los partidos, no solo dos.

Sanders tiene posibilidad de juntarse con Stein, y llevar con él décimo de miles de constituyentes quienes quedarán desilusionados si Clinton toma la nominación del partido Demócrata. Su decisión estratégica de hacer campaña en el partido Demócrata se ha pagado de una forma monstruosa con la habilidad de compartir ideas socialistas con el público en general desde una plataforma valida por el establecimiento, y el uso de tal plataforma ha podido generar un seguimiento de una base con la capacidad no solo de respaldarlo ideológicamente, sino económicamente también. Debido al sistema bipartidista, este momento no habría sido posible si Sanders hubiera hecho campaña como Independiente o Verde en las primarias. Sin embargo, si no gana la nominación del partido, según su propio discurso, el camino responsable de Sanders, como de su base, es unirse a los Verdes y respaldar a Stein cuando compita con los Republicanos y los Demócratas en noviembre.

 

Mario Vargas Llosa, un vocero e ideólogo incondicional del capitalismo, siempre se ha presentado a sí mismo como un ícono de la libertad, de la “sociedad abierta”, de la democracia. Durante décadas se ha encargado de repetir hasta el cansancio, en una especie de letanía ramplona y aburrida, que el capitalismo es la expresión de la plena libertad, es una economía superior a todas las otras porque funciona con transparencia, se autorregula y está al margen de la corrupción, de las triquiñuelas y de las trampas. Con ese catecismo de economía ortodoxa en mano –que no tiene nada que envidiarle al catecismo del Padre Astete-, Vargas Llosa habla con una buena dosis de moralismo de clase, para justificar las acciones criminales del capitalismo, como las privatizaciones, la explotación de los trabajadores, las guerras, invasiones, ocupaciones, bombardeos de los regímenes capitalistas, de los Estados Unidos a Israel, pasando por Colombia.

Vargas Llosa se ha autoembestido de una aureola de falsa moral, para pontificar sobre su credo antipopular y antidemocrático y justificar su apoyo cínico a los poderosos del mundo entero. No por casualidad, en la conmemoración de su cumpleaños número ochenta, en Madrid estuvieron presentes terroristas, criminales, monárquicos, dueños de pasquines, ex presidentes responsables de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, entre los que aparecían personajes de España, Colombia y Chile. El cumpleaños era un pretexto, porque en realidad fue una cumbre de la extrema derecha del mundo, presidida por su escribidor de cabecera, que ahora forma parte de la podrida realeza de los Borbones, como expresión de su arribismo congénito.

Al mismo tiempo con este cónclave de la extrema derecha salió a la palestra pública un hecho que terminó de una vez por todas con la imagen moralista que Vargas Llosa se había encargado de construir, tan artificial como las mentiras que difunde a diario en sus novelas y en sus escritos periodísticos. Ese hecho es la aparición del nombre del encopetado escritor en los “Papeles de Panamá”. Con esta denominación se han presentado los once millones y medio de documentos pertenecientes a una “fábrica” de sociedades offshore del mundo (compañías radicadas en un “paraíso fiscal”, es decir, que se les aplican ventajas para la evasión de los principales impuestos), del despacho de abogados panameños Mossack Fonseca.

Esos papeles registran transacciones internas de esa firma de abogados desde 1977 hasta diciembre de 2015 y allí aparecen documentos de diversa índole (correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes) donde se revela la información oculta de 214.488 sociedades offshore, e involucra a unos 200 países. Esa oficina de abogados es un lavadero de dinero que opera con todas las libertades que se le concede en un paraíso fiscal a esas turbias entidades, como lo es Panamá, para crear empresas de fachada en ese país y en otros paraísos fiscales del exterior, como Islas Vírgenes Británicas o Islas Caimán. Sus finalidades fundamentales no son muy santas que digamos: evadir impuestos, legalizar dineros provenientes del crimen organizado, facilitar el robo a los fiscos nacionales, guardar dineros de dictadores, mandatarios corruptos y empresas transnacionales y cosas por el estilo.

Entre los personajes mencionados en los Papeles de Panamá se encuentran desde presidentes y primeros ministros en ejercicio (como Mauricio Macri de Argentina o David Cameron de Reino Unido), futbolistas (entre ellos Lionel Messi), empresarios, banqueros, cineastas (Almodóvar y uno de sus hermanos), hasta escritores como Mario Vargas Llosa.

Es interesante describir el caso de este último, ya no como escritor, periodista o plumífero del neoliberalismo sino como inversor –de dudoso comportamiento ético y legal- y comprador de una sociedad offshore en Panamá, para percibir la manera como se pasa del mundo de las letras al de los paraísos fiscales, antros del crimen organizado de la mafia capitalista que es dueña del planeta.

El primero de septiembre de 2010, poco antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa y su segunda esposa, Patricia Llosa, adquirieron la empresa offshore Talome Services, al bufete de abogados Mossack Fonseca. Eso se hizo a través de un intermediario, un eufemismo para referirse a un testaferro, de nombre Dave Marriner, directivo de la firma holandesa Pan-Invest Management, que tiene sedes en Chipre y Luxemburgo. Marriner contactó a la firma panameña y llenó la documentación en que se adjudicaban 1.000 acciones de la compañía Talome Services: 500 para cada uno de sus nuevos dueños, el novelista y su esposa. La empresa estaba radicada en las Islas Vírgenes Británicas, que para más señas es considerada por España y la Unión Europea como un paraíso fiscal. Lo llamativo del caso radica en que el 6 de octubre de 2010, exactamente un día antes de anunciarse la concesión del Nobel de Literatura a Vargas Llosa –que otorga algo más de un millón de dólares– el testaferro Marriner anunció cambios en los accionistas de la Empresa de fachada. Y el 12 de octubre, cuando Vargas Llosa ya era Premio Nobel, las acciones en poder del matrimonio Llosa pasaron a manos de dos anónimos accionistas rusos.

El asunto es turbio y genera todo tipo de sospechas, para nada infundadas si se tiene en cuenta la catadura humana y moral del personaje ya mencionado: extraña coincidencia que en el momento en que se le concede El Nobel, desaparezca el nombre de Mario Vargas Llosa y su mujer como accionista de una compañía de fachada; no se sabe el monto de dinero de las acciones de la empresa ficticia, pero puede suponerse que sea una suma cuantiosa por los ingresos de regalías que recibe el escribidor ¿El dinero que por allí circuló e iba a circular forma parte de los pagos que recibe por su servilismo incondicional ante el capitalismo mundial? ¿El escribidor tiene cuentas cifradas en otros paraísos fiscales del mundo?

Todos los que aparecen en estos papeles, como el futbolista Lionel Messi o el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, en coro han repetido que ellos no tienen nada que ver con el asunto, lo que se dice en los papeles de Panamá son calumnias y mentiras y sus nombres no deben ser deshonrados asociándolos a los asuntos truculentos del mundo financiero. Vargas Llosa se ha sumado a ese coro, con unos argumentos pueriles, que desdicen de su fama de “maestro de la ficción”. Había podido inventar mentiras más sofisticadas, pero se ha limitado a decir, con poca imaginación, que él está involucrado en “un malentendido” y se le ha calumniado por voceros de la “prensa amarilla” (en la que él escribe y de la que vive). Posando de ser una mansa paloma, sostiene que fue asaltado en su buena fe, y se encuentra sorprendido "porque yo ni siquiera sabía que se había abierto por cinco semanas una cuenta a nombre mío y de mi esposa. Esa empresa existió por cinco semanas. Nunca puse un dólar en esa empresa y nunca hubo el menor movimiento económico". Como suele suceder en estos casos, cuando el pillo es atrapado infraganti, Vargas Llosa procedió a echarle la culpa al testaferro, por sus vergonzantes cuentas espurias en un paraíso fiscal. Pero este, David Marriner, replicó señalando que: “cuando adquirimos la compañía lo hicimos con el requisito de que mis clientes fuesen accionistas directos” y esos clientes no eran otros que la pareja Vargas Llosa.

Adicionalmente, el inconsciente de Vargas Llosa, proclive a justificar los delitos del capitalismo, lo ha traicionado, porque al referirse a la aparición de su nombre en los papeles de Panamá, ha agregado varias perlas, que se suman a la extensa cadena de infamias que repite todos los días, y constituyen una cínica justificación de su comportamiento corrupto. Algunas de estas justificaciones han sido que "hay países donde los impuestos son como expropiaciones y uno comprende que haya empresas, individuos o familias que intentan escapar a lo que perciben como una amenaza terrible para su futuro"; “hay leyes que lo empujan a uno a una transgresión de la ley”; "hay países que progresan gracias a esa situación, como ocurre con Panamá y antes con Suiza"; "Panamá es un país que progresó mucho gracias al sistema que permite la creación de empresas por extranjeros. No es que haya que alegrarse, pero hay que aceptar que es una realidad de nuestros días; hay que combatirla con la ley pero también revisando un poco los impuestos". Como puede verse, estamos ante una verdadera apología del lavado fiscal, de la evasión, del no pago de impuestos y de otros crímenes “económicos” del capitalismo en general y del capital financiero en particular.

En estas condiciones, puede sostenerse que la neoliberal Fundación para la Libertad de Vargas Llosa en verdad resultó ser una Fundación para el blanqueo y lavado de capitales. Vargas Llosa forma parte del pequeño círculo de especuladores, capitalistas, banqueros, artistas, inversores y deportistas que evaden unos 200 mil millones de dólares anuales, a lo que debe agregarse que la élite capitalista del planeta oculta entre 21 y 32 billones de dólares de activos, libres de impuestos. Esto, mientras que millones de niños mueren de hambre y desnutrición, entre otras razones por las privatizaciones de los sistemas de salud, que tanto impulsan los neoliberales como Vargas Llosa.

El proyecto de plan de desarrollo de la administración de Federico Gutiérrez, difiere a la apuesta que ciudadanos y organizaciones plantean  en materia de construcción de paz.

El debate del plan de desarrollo y posconflicto es un tema importante para Medellín debido a que por esta ciudad han cruzado todos los actores del conflicto; cifras de la Unidad de Reparación de Víctimas y la Secretaria de Inclusión Social de Medellín, señalan que la ciudad registra un total de más de 600 mil víctimas, donde un 72% corresponde al desplazamiento intraurbano. Por esta razón, el posconflicto en la ciudad pasará por la dignificación de las víctimas hasta la reintegración a la vida civil de los excombatientes, asuntos que está poniendo en cuestión la actual propuesta de plan de desarrollo de la ciudad.

El nuevo alcalde de Medellín quedó electo por el movimiento “Creemos” bajo el lema de ser un candidato independiente, alejándose de la sombra de sus anteriores mentores políticos, Sergio Fajardo y Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, su cercanía al uribismo es innegable, ya que a pesar de haber enfrentado en las pasadas elecciones al candidato del Centro Democrático, en 2011 Federico fue el candidato a la alcaldía de Uribe y en 2014 hizo campaña presidencial a Óscar Iván Zuluaga, desde donde criticó fuertemente el proceso de paz de La Habana con las FARC.

En el pasado plan de gobierno Federico afirmó que “La Habana es un tema mucho más político que efectivo, y que la firma de un acuerdo – cualesquiera sean las características del mismo– no significarán paz en nuestros territorios”. A pesar de esto, durante la pasada campaña electoral a la alcaldía el tono de sus críticas bajó, e inclusive el entonces candidato firmó un compromiso en una agenda de posconflicto propuesta por la Corporación Región, el cual incluye asuntos como la continuidad en la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, el Informe de Memoria Histórica "Medellín ¡Basta ya!" y la convocatoria del Consejo Municipal de Paz. Ahora en la Alcaldía, estos temas vuelven a generar un debate con la presentación del Plan de desarrollo de su administración.

El plan de desarrollo ha tenido algunos traspiés debido a las múltiples críticas desde la presentación del anteproyecto, la entidad “Medellín Cómo Vamos” señaló que las metas del plan eran poco ambiciosas, cuestionó aspectos técnicos como el uso de indicadores y la falta de justificación de los enfoques de éste. Para el caso de la propuesta que actualmente está en discusión en el concejo, lo que ha sorprendido a algunos sectores es el menosprecio por la paz e invisibilización de los diálogos de La Habana. El malestar parte del no cumplimiento de compromisos adquiridos en la campaña electoral, y de que la propuesta de construcción de paz que plantea la administración se supone es desde el territorio, pero las voces ciudadanas no comprometen ni cambian lo que la administración propone. Este es el caso de los encuentros ciudadanos que sea realizaron al iniciar la administración nombrados como “La Ruta de Medellín”, lugar en el que muchos ciudadanos se dieron cita para proponer asuntos de importancia para la ciudad, entre ellas las víctimas del conflicto, que ahora, en plan de desarrollo, no ven reflejadas sus propuestas.

Tras el debate del anteproyecto, los cambios en materia de paz se dieron sólo en diagnósticos e indicadores de programas, que anteriormente no estaban o quedaban cortos, pero en el fondo no hubo modificaciones, de hecho la apuesta de la actual administración sigue siendo la misma a la del plan de gobierno. Lo cual, en términos programáticos es lo que suele suceder, pero deja en la discusión muchas preguntas frente a la escucha de las propuestas ciudadanas en los espacios como la llamada “Ruta de Medellín”.

La ruta que plantea la alcaldía
Los temas relacionados a la paz en el plan de desarrollo no son una dimensión; se encuentran como un reto dentro de la dimensión “entre todos recuperamos la seguridad y la convivencia ciudadana”, en donde se aborda la seguridad, la convivencia, y finalmente la paz. Se debe mencionar que en todo el plan de desarrollo, la palabra posconflicto aparece cuatro veces, mientras la palabra seguridad aparece 388 veces. Sobre el reto de la construcción de paz, en el plan de desarrollo no se hace mención al conflicto armado, ni a los procesos de paz con la insurgencia. La historiadora Marta Villa dice que “hay que tratar una noción de la paz que es el acuerdo, la negociación del conflicto armado y hay que trabajar una noción de la paz que es cultura de paz, que es el tema de trabajar con la sociedad, pero las dos son necesarias, entonces el interrogante que nos queda es qué postura va a tomar esta ciudad y esta administración si hay un acuerdo en La Habana; eso creemos que no está claro”.

Por esta razón, no hay claridad frente a cuál dependencia municipal se encargará de las acciones de la Alcaldía en materia de paz, pero además, proyectos relevantes para las víctimas del conflicto con relación a la verdad, como lo son búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, no aparecen. Igualmente, se mencionan dos aspectos importantes como lo son integración y educación para la paz, pero de manera general, lo cual no permite conocer cómo será la apuesta por la reintegración, a la vez que tampoco se menciona a quiénes se buscará reintegrar, y tampoco se menciona la pedagogía sobre los procesos de paz para informar a la ciudadanía.

Lo que exigen las víctimas
El pasado 16 de abril, en el concejo de Medellín, se dieron cita las organizaciones de víctimas de la ciudad para poner su voz en el debate sobre el plan de desarrollo. Mientras los concejales brillaron por su ausencia, las tribunas estaban abarrotadas de mujeres y hombres, la mayoría adultos, que llevaron pancartas con consignas que pedían más presupuesto para vivienda, garantías para su ejercicio político, no más represión, entre otras cosas.

“Disminución en presupuesto para el cemento y represión, y aumento para cerrar la brecha de desigualdad” expresó Gloria Cecilia Quiceno, de la Mesa de Víctimas, durante su intervención. Recordaron que muchas de estas organizaciones se han constituido para garantizar la subsistencia de las personas víctimas. Igualmente, de manera respetuosa pero decidida, exigieron correspondencia en los ejercicios de incidencia en los que participaron durante todo este año; piden que se les reconozcan y les den espacio en la política pública de atención a víctimas. En conclusión, exigen una política que trascienda las condiciones de su victimización, no sólo una política que visibilice las cifras de reparación, y en palabras de Martha Cecilia Suescún: “las propuestas para víctimas no tendrán sentido si al implementarlas no tienen en cuenta a la población víctima del conflicto, como lo contempla la ley”.

Desde hace algunos meses se está poniendo en marcha una propuesta que las comunidades en el Oriente antioqueño ven con preocupación. Se trata de la idea de declarar esta subregión como área metropolitana. En el mundo, esta figura surge a partir de la revolución industrial, cuando a causa del desarrollo económico y social, se dio el crecimiento acelerado de las ciudades hacia las periferias, entrelazándose áreas rurales con las urbanas. El área metropolitana es entonces una forma de ordenamiento territorial y de planificación conjunta, integrada por una gran ciudad (metrópolis), con un conjunto de poblaciones o ciudades más pequeñas a su alrededor, que funcionan con fines industriales, comerciales y de servicio.

Contexto del Oriente antioqueño
El crecimiento del Área Metropolitana de Medellín en los últimos 40 años, en gran medida dado por la población desplazada de la ruralidad, junto a la transformación de su vocación industrial a una vocación de servicios, ha hecho que parte de su gran industria y oferta inmobiliaria se desplacen hacia el oriente cercano, acelerando a la par su crecimiento en estos aspectos, además de transformar e incluso eliminar la vocación agrícola de algunos territorios. Por ejemplo, Rionegro, municipio en cuyo territorio se encuentra el Aeropuerto Internacional José María Córdova, la zona franca, y la industria en el corredor de la autopista Medellín- Bogotá, junto con su crecimiento urbanístico, ha tenido una dinámica con proyecciones de gran ciudad en los últimos 20 años.

Visiones del Plan de Desarrollo Departamental
Según Hernán Pineda, magíster en Estudios Urbano Regionales, “la estrecha relación del Oriente antioqueño con Medellín ha desembocado en ejercicios de planeación estratégica, como es el caso del proceso de integración de los Tres Valles (San Nicolás, Aburrá y Occidente cercano), que contempla una nueva estructura de desarrollo económico y territorial, orientada a promover su conexión, como la distribución y asentamiento de actividades económicas acorde a los perfiles e intereses de actores privados para cada territorio”.
De acuerdo con el actual plan de desarrollo departamental 2016-2019, el Oriente antioqueño (que tiene zonas de Altiplano, Embalses, Bosques y Páramo) es el segundo polo económico del departamento, después del Valle de Aburrá, por su localización estratégica. En esta vía “el plan de desarrollo 2016 ubica los sectores de la producción agrícola, agua, bosques, transporte, telecomunicaciones, servicios financieros y comercio, actividades agroindustriales, mineras, recreativas y turísticas, junto a un importante desarrollo urbano, especialmente en el altiplano o Valle de San Nicolás” dice Pineda.

Así las cosas, el Plan de Desarrollo incluye proyectos como la intervención en la subregión de la Empresa de Desarrollo Agroindustrial que se crearía en Antioquia; la conexión de los municipios por medio de bulevares; y el desarrollo de un área metropolitana y una ciudadela en el Altiplano que, según Pineda, son la oportunidad para que intereses privados y externos al territorio intervengan las diversas actividades económicas, la infraestructura y el modelo de crecimiento y ocupación.

Área metropolitana
A la cabeza del proyecto están el gobernador Luis Pérez, el alcalde de Rionegro Andrés Julián Rendón y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Oriente antioqueño, Rodrigo Antonio Zuluaga Mejía. En teoría, el área metropolitana integraría a todos los municipios del Oriente antioqueño en temas de desarrollo, infraestructura, servicios públicos, transporte, seguridad, agricultura, y medio ambiente. Así, se crearían empresas o entidades públicas regionales encargadas de estos asuntos, aunque para el caso ambiental, seguiría siendo Cornare la autoridad, dado que el Oriente antioqueño no supera el millón de habitantes.

La preocupación de las comunidades y de muchas organizaciones sociales de la subregión, radica en que con este proyecto quedan en vilo temas como la autonomía municipal. Según lo manifiesta Juan David Arias, habitante de Rionegro e integrante del Movimiento por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio en el Oriente antioqueño – MOVETE –, genera dudas en la población que se crearía un órgano supramunicipal de planeación, es decir, un municipio núcleo cuyo alcalde tendría capacidad de veto e intervención en las competencias municipales, y poder de decisión sobre asuntos estratégicos de la región. En este caso, el municipio núcleo sería Rionegro.

Este asalto a la autonomía territorial está sustentado, según lo explica Pineda en que mientras la ley orgánica de planes de ordenamiento territorial -ley 388 de 1997- “faculta a los municipios la regulación del uso del suelo en su jurisdicción y establece mecanismos para generar una participación -relativa- de la comunidad en ese proceso, desde la elaboración, aprobación y seguimiento a su ejecución, por otro lado, con la figura de área metropolitana sería la Junta Metropolitana quien asume esa función de ordenar el territorio a partir de los Planes Integrales de Desarrollo Metropolitano, de obligatorio cumplimiento para los municipios que la conforman”. Esta junta está integrada por los alcaldes de los municipios que conforman el área metropolitana, un delegado del concejo del municipio núcleo, un delegado de los demás concejos municipales, el director del área metropolitana y un delegado de organizaciones sin ánimo de lucro asentadas en el territorio.

El asunto, manifiesta Pineda, es que “el alcalde del municipio núcleo cuenta con poder de veto frente a estos planes (artículo 19, ley 1625 de 2013), lo que le da una alta incidencia en la definición del modelo de desarrollo territorial que como área metropolitana se proyecta, y esta es una situación que afecta la autonomía municipal de los demás municipios que la conforman”.

Con todo esto, también genera preocupación en las comunidades el futuro de la vocación agrícola y tradición campesina que ha tenido históricamente esta subregión. Según manifiesta Benito Guarín, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño –Asoproa–, “la dinámica del área metropolitana en el Oriente implicaría que el campesino deba desplazarse, o ser cada vez menos campesino, para que puedan ser implementados todos los proyectos de infraestructura, expansión urbanística y corredores viales. También, hay una amenaza clara sobre el agua, porque desaparecerían los acueductos veredales, que son una de las apuestas y proyectos fuertes de las comunidades en este territorio”.

¿Qué sigue?
El pasado 5 de mayo se realizó en el municipio de Granada una reunión entre el Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez y los alcaldes del Oriente antioqueño, en la que firmaron un acuerdo de voluntades. Según la ley, el siguiente paso debería ser que el comité promotor radique ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el proyecto de constitución de área metropolitana. Luego de este proceso se convocaría a una consulta popular en los municipios que conformarán el área, con un plazo de entre 3 a 5 meses. Esto quiere decir que si alcaldes y gobernador quisieran, el Oriente antioqueño sería un área metropolitana antes de terminado este año.

Este proyecto, sin embargo, no ha sido socializado con las comunidades y habitantes del Oriente antioqueño, con el fin de debatir sobre sus implicaciones o las diferentes visiones sobre él. Por eso, cuestiona Pineda: “Si el eje del Plan de Desarrollo es el posconflicto, ¿crear figuras sin una construcción colectiva con las comunidades no generaría mayor conflicto? Es importante que la planeación de los territorios no se desarrolle de manera aislada, en este sentido pueden ser interesantes los procesos de construcción colectiva del desarrollo, pero esta necesidad de pensar el desarrollo conjunto no puede condicionar el modelo de desarrollo de cada municipio en función de uno solo, y menos reducir la construcción futura del desarrollo a sectores económicos representados en los alcaldes, sin tener presente otros sectores sociales, comunitarios, culturales y académicos, con otra visión frente al territorio, la forma de habitarlo, soñarlo, construirlo”.

La amenaza extractivista ha despertado en los últimos años múltiples acciones de resistencia y defensa del territorio. Una de estas experiencias la encontramos en el proceso que adelantan los habitantes del piedemonte llanero, y en particular, de la cuenca alta y media del río Humadea, quienes desde hace varios años promueven acciones diversas para impedir que el interés petrolero socave la vida en sus territorios.

El río Humadea
El río Humadea nace en la Cordillera Oriental y desciende a las llanuras del departamento del Meta, recibiendo la humedad de la cadena montañosa. Esa particularidad convierte la zona en una importante reserva de acuíferos y de amortiguación del páramo de Sumapaz. A su paso por el municipio de Guamal, el río se convierte en lugar para el encuentro social y la recreación. De hecho, desde hace varias décadas existe allí el balneario más importante de la región, siendo visitado por cerca de 25 mil turistas al año. Más de cien familias dependen de las actividades económicas asociadas al conocido “paseo de olla”.

Por esta razón, el río Humadea fue declarado como patrimonio turístico y cultural del departamento. Además, es una importante fuente de agua para el consumo, surtiendo acueductos como el del municipio de Castilla la Nueva y de varias veredas del municipio de Guamal, como Montecristo, donde residen 350 personas.

A pesar de las bondades derivadas del río, para los habitantes la situación comenzó a cambiar en 2011, cuando surgieron rumores acerca del interés de empresas petroleras por iniciar exploraciones en la zona. Si bien la información era imprecisa porque no había pronunciamientos oficiales, pronto se confirmó su veracidad. Se supo, en efecto, que la ANLA - Agencia Nacional de Licencias Ambientales, había entregado a Ecopetrol una licencia para explorar el bloque denominado Área de Perforación Exploratoria CPO9, localizado en jurisdicción de los municipios de Acacías, Castilla la Nueva, Guamal y San Martín.

En 2012 la empresa inició la construcción de una plataforma de exploración denominada Lorito 1 (la primera de cinco plataformas proyectadas en el área), lo que de inmediato originó la reacción de la comunidad, pues se construyó a escasos cien metros del río, afectando la bocatoma que surte de agua al acueducto del centro turístico de Humadea y la vereda Montecristo, y cerca de los tanques desarenadores del acueducto del municipio de Castilla la Nueva.

Ahondó la indignación ciudadana que, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, Ecopetrol hubiese ocultado los proyectos de exploración en la zona, y que, una vez los habitantes los conocieron, la empresa hubiese empleado artimañas para confundir, engañar y dividir a los pobladores.

Las comunidades deciden
El protagonismo que ha asumido la comunidad desde el 2011 ha sido importante en muchos sentidos. En particular, se debe destacar su papel como defensora del territorio, para lo cual ha acudido a mecanismos que han originado valiosos resultados y enseñanzas. El más visible de ellos ha sido conseguir que el pozo Lorito 1 no haya podido iniciar operaciones hasta el día de hoy. Como lo destaca Edgar Cruz, director de Corpohumadea y uno de los líderes del proceso social, las comunidades han tenido que aprender a luchar en medio de la movilización por la defensa del territorio. Entre los repertorios de lucha empleados pueden destacarse los siguientes:

Recursos legales: La comunidad tuvo que estudiar documentos, leyes, (“Les decían que ellos no tenían conocimientos, los únicos eran los ingenieros de Ecopetrol”, comenta Cruz), y aprender a redactar escritos técnicos, como tutelas y acciones populares que, por ejemplo, obligaron al Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, a decretar en septiembre de 2013 la medida cautelar en contra de la explotación de petróleo en Lorito 1. Estas acciones implicaron que las personas aprendieran a interpretar los mecanismos consagrados en la ley para hacer valer sus derechos y decidieran acudir a ellos, venciendo en muchos casos las desconfianzas. Lo anterior, sin duda, sirvió para cualificar los liderazgos que fueron surgiendo.

Movilización social: La comunidad también promovió acciones que implicaron la presencia en la vida cotidiana de los municipios y de la capital del Departamento. Por ejemplo, en marzo de 2013 realizaron una marcha por las calles de Villavicencio, la cual congregó a más de cinco mil personas de los municipios directamente afectados, así como de ciudadanos vinculados a la academia y organizaciones ambientales. También realizaron plantones, siendo el más significativo el de febrero de 2013 sobre la carretera que conducía a la plataforma (cerca del río), que duró ocho meses, y tuvo como propósito evitar la introducción del taladro y maquinaria para la activación de la plataforma.

La conjugación de acciones diversas permitió que el conflicto del Humadea tuviera una resonancia en distintos municipios del departamento, e incluso en el país. Los medios de comunicación regionales y nacionales hicieron referencias permanentes a lo que venía ocurriendo en la región, debido a su visibilización a través de marchas, recolección de firmas y presencia de líderes salidos de la comunidad en audiencias públicas y cuantos escenarios surgían para denunciar lo ocurrido.

Pese a estas ganancias, recientemente se puso en evidencia que Ecopetrol pretende insistir en la exploración en el pozo Lorito 1, contradiciendo y desconociendo un fallo de Tutela de la Corte Constitucional que favoreció la protección del río Humadea en 2013. Esto lo ratifica Corpohumadea cuando señala que la ANLA, omitiendo los pronunciamientos judiciales de la Corte Constitucional, manifestó que la empresa Ecopetrol está cumpliendo con las exigencias contenidas en la licencia ambiental, lo que consideramos contrario a la jurisprudencia y legislación de protección ambiental de Colombia, en tanto no se está cumpliendo con el principio de precaución en debida forma y se estarían vulnerando derechos fundamentales de las comunidades aledañas al pozo Lorito 1, que están ciertamente amenazadas, toda vez que se quiera continuar con el proceso de explotación petrolera”. Frente a esta pretensión la comunidad permanece alerta, con una mayor madurez organizativa y los ánimos intactos.

Cinco mujeres chocoanas encontraron la forma de resistir a la crueldad del desplazamiento forzado, mediante el avivamiento de los cantos tradicionales del Pacífico Norte, la conservación de la cocina de su región y la defensa de los derechos humanos. Sus voces entonan sus historias de vida y sus imaginarios de futuro. Estos son sus testimonios.

 

Ana Escolástica Ríos Hinestrosa fue la niña mimada de su abuela. Una traviesa que cuando pequeña se escapaba al monte a recoger leña y se robaba pedacitos de masa de arepa para aprender a amasar. Una mujer que después de parir doce hijos, de cultivar su tierra y de preparar una y otra vez su receta favorita, terminó en Medellín desplazada. Hoy a sus sesenta y seis años Ana Escolástica conserva en un su mente y corazón los recuerdos alegres de aquella niña y las tristes añoranzas de la mujer que tiene que conformarse con evocar a Chocó con sus cantos, con su comida, desde Medellín, porque a su tierra teme regresar.

Lo más doloroso de llegar a Medellín es sentir que uno no es igual… la gente como que no considera que uno viene de partes lejanas y viene en malas condiciones, algunos, porque no son todos. Yo pensaba: así me maten me quiero devolver”, Ana Escolástica Ríos.

María Elvia Mosquera, a los trece años quiso vivir en Medellín, buscando trabajos domésticos para ayudar a su mamá en Chocó. Oriunda de Santa Rita Idó, tiene las manos largas, casi siempre tras la espalda cuando canta. Su voz es uno de sus mayores encantos. Casi no ríe, pero al cantar parece que resonara en las carcajadas de alegría que alborota su cultura. “Para mí cantar es sanar, cuando canto se me olvida el dolor”, dice. Fue desplazada de Chocó y luego redesplazada del barrio Enciso de Medellín, hacia el corregimiento de Altavista. Su única forma de decirle NO a la guerra ha sido resistiéndose a comer más pescado del que comen comúnmente en Medellín y cantando sus alabaos en la capital antioqueña.

“A mí me ha servido mucho cantar, porque cuando canto no me duele tanto, se me borra un poquito tanto sufrimiento”, María Elvia Mosquera.

Yolanda Perea Mosquera, de cabello trenzado hasta la cintura y vestidos siempre largos y coloridos, vino de Río Sucio Chocó asediada por la persecución de un fantasma. A los once años sufrió abuso sexual y su reacción fue contarle su madre. Cuando su madre le reclamó a los perpetradores, ellos la asesinaron brutalmente. Como negando la realidad, todos acusaron a Yolanda de hablar de más: le impusieron la carga de la muerte de su madre, le impusieron la marca del silencio. No solo la condenó su familia, también sus abusadores, quienes la persiguieron por muchos años. Pese a todo, ella aprendió a no callar y no solo por ella, sino por otros. Hoy es defensora de Derechos Humanos y adelanta la labor de una organización para el legado de su madre, quien además fue fundadora de una escuela en Río Sucio, Chocó.

“Cuando uno entiende todo lo que ha sufrido su pueblo, entonces uno comienza a hacer acciones a las que otros se van uniendo de a poco”, Yolanda Perea Mosquera.

Esneda Quinto es contadora, enfermera, cantaora y líder. Le gusta tanto el orégano en las comidas que explica que tiene una fusión culinaria entre el Pacífico Norte, la Costa Atlántica y la región antioqueña. Ella lidera el grupo Memoria Chocoana, en el que se canta, se cocina y se conversa. “Canto para que otros se acerquen a nosotras, porque la música nos une como seres humanos”, dice, mientras su delgado cuerpo intenta desplegar todo el amor maternal que contiene hacia su pequeño José David.

“Usted escucha unos tambores y puede ser un negro el que esté tocando, pero no le importa, lo que lo llama es el sonido, no quien lo produce. Eso hacemos cuando cantamos, que otros se acerquen a nosotras y conozcan nuestra cultura”, Esneda Quinto.

Sol Mena, una mujer que le tocó afrontar el peso del desplazamiento en su condición de viuda y con siete hijos, hoy, en Medellín, vive sola. Hablar de sus hijos se le dificulta, recordar su vida en el Chocó cuando la minería era su labor, no es fácil. Para ella, pertenecer al grupo Memoria Chocoana le ha ayudado a reconocerse como parte de un colectivo.

Lo que Ana, Elvia, Yolanda, Esneda y Sol tienen en común, es que vienen de un territorio atravesado por el Atrato, una arteria fluvial que nutre la tierra y los pies de las mujeres para que bailen al ritmo de sus palmas, de sus voces, de sus odios y sus amores. Un lugar que a pesar de ser esclavizado, excluido, saqueado, damnificado y desplazado, conserva todavía la alegría de su gente.

Esto es Chocó, una mixtura de olores, sabores y sonidos de la tierra que sobrevive, desde la lejanía y la dureza del cemento antioqueño, en los corazones de quienes tocan tambores, de quienes alzan sus voces para contar una historia, de quienes perseveran en comer solo pescado con plátano y ñame, de quienes cargan con el peso de décadas de olvido, injusticias, abusos, compadrazgo, solidaridad y afecto. La conservación de las prácticas culturales en espacios de residencia de comunidades desplazadas, es un ejercicio de la memoria que emana de los pueblos y que contribuye, en un posible proceso de postconflicto, a la no revictimización y la no repetición de las violencias.

Pese a que el desarraigo despoja a las comunidades afrodescendientes de todo cuanto poseen, es en este marco de violencia y desplazamiento en el que se comprueba que la cocina y el canto son prácticas culturales inalienables a las mujeres chocoanas. Aunque los grupos armados muestran a las comunidades que ni siquiera los templos, las matronas o los ancestros pueden protegerlos de la guerra y las obligan a partir, el ejercicio de estas prácticas les permite a las mujeres contar relatos, historias de su pasado, realidades de su presente y anhelos de su futuro. Sus sufrimientos y sus alegrías se inscriben en su cuerpo, un cuerpo que se convierte en un recipiente cultural, a través del cual sazonan y musicalizan el reconocimiento de su cultura en un territorio ajeno.

Cantar es para las mujeres abrir la esperanza de la sanación, alzar una voz colectiva para salir del anonimato; cocinar es crear con las manos el futuro diario de sus hijos, no solo para que coman, sino para que se alimenten de la carga cultural que resiste tras la olla de Bocachico.

El pasado 10 de abril fue desplazada de su territorio la comunidad Indígena Wounaan del resguardo de Pichimá Quebrada, municipio de Litoral del San Juan, Chocó, a causa de bombardeos aéreos por parte de las Fuerzas Militares. Así lo relató Bernardino Dura, docente del resguardo: “el 11 de abril dos helicópteros y una avioneta sobrevolaban el territorio indígena; a las 3:15 p.m. empezaron los sobrevuelos de los helicópteros del ejército y la ráfagas caían hacia la tierra. Estuvieron volando hasta las 11:00 p.m.”. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) son aproximadamente 136 familias (456 indígenas) del resguardo Pichimá que han sido víctimas de este desplazamiento, de los cuales 130 son mujeres, 150 hombres y 170 niños y niñas, también afirma que 161 indígenas permanecen en el territorio y se desconoce su situación actual.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en un informe frente a la situación de desplazamiento masivo de esta zona del país cuenta que “El 7 de abril se produjeron enfrentamientos entre el Ejército y un grupo armado no estatal en el sector de Orpúa, en zona rural al norte del Litoral de San Juan (Chocó). El primer enfrentamiento causó el desplazamiento de 6 comunidades afrocolombianas e indígenas a otras comunidades. El 13 de abril hubo un bombardeo cerca a la comunidad Wounaan de Pichimá Quebrada, que ocasionó el desplazamiento de 466 indígenas (94 familias) hacia Docordó, y el de 31 afrocolombianos (17 familias) de la comunidad Las Delicias, hacia el casco urbano de Buenaventura”.

Este mismo organismo en un segundo informe amplía que “cerca de 2.760 indígenas de la etnia Wounaan y 1.598 afrocolombianos de 18 comunidades de zona rural del Litoral de San Juan (Chocó) sufren afectaciones humanitarias por las continuas operaciones militares y enfrentamientos entre la Fuerza Pública y un grupo armado no estatal”, enfatizando que las comunidades ubicadas en el Litoral de San Juan padecen una restricción a la movilidad, y están expuestos a un riesgo permanente de desplazamiento forzado intermunicipal, por los constantes operativos militares dados en la zona.

Las necesidades de la comunidad ante la situación
Bernardino Dura nos cuenta que “la situación es muy aberrante, se están enfermando más que todo los adultos mayores y niños. Síntomas más comunes son diarrea, fiebre, vómito, dolor de cabeza, así como una afectación psicológica a causa de esta situación”. Como comunidad han venido haciendo un llamado constante a diversas instituciones del Estado para que conozcan y atiendan esta urgencia humanitaria. Frente a esto, la OCHA informó que “La Alcaldía de Litoral de San Juan atendió la emergencia con ayuda alimentaria y lugar de alojamiento en la cabecera de Docordó. Sin embargo, se evidenció que la magnitud de la situación superó sus capacidades, por lo que se requiere acompañar y fortalecer la institucionalidad local y realizar labores de incidencia ante las entidades de orden departamental para responder a futuras emergencias”.

Dura reporta que tres personas ya presentan paludismo, “cuando nos desplazaron no pudimos traer lo que necesitábamos para protegernos de los sancudos, como cobijas, ropas, toldillos, pues esta zona es selvática”. Otras de las enfermedades que se han presentado en la comunidad son alergias por la contaminación del agua.

Los albergues de recepción de las comunidades presentan daños eléctricos y mala adecuación de sus servicios públicos como depósitos para el agua, utensilios de cocina como estufas, y dotación para la preparación y el consumo de los alimentos. Por su parte las comunidades de las Delicias y Santa María de Pangala requieren condiciones dignas en el albergue que están ubicados en Buenaventura. En cuanto a educación, la jornada escolar está suspendida y se evidencia la necesidad de capacitación a los docentes para casos de emergencia. Así mismo, requieren la presencia de brigadas de salud e insumos médicos para atender la emergencia, y atención psicosocial a la población.

En su informe, la OCHA señala que se hace necesario la activación de rutas de protección y capacitación a líderes de la comunidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, medidas de protección para líderes de la comunidad, y fortalecimiento de acciones que permitan realizar un buen registro de los hechos victimizantes a la población, y presencia de instituciones como la Defensoría del Pueblo.


Un llamado a proteger la vida y los derechos
Las comunidades hicieron un llamado al gobierno de un cese al fuego y a los bombardeos en resguardos indígenas ya que estas acciones afectan el derecho humano a la vida y permanencia en los territorios: “nosotros como comunidad hemos resistido, pero ya no más, esta situación es muy triste e indigna para la comunidad”, puntualizó Dura.
Su llamado también ha sido enfático para que diversas instituciones, particularmente del Estado, conozcan en terreno la situación que vive la comunidad víctima de este desplazamiento masivo, donde se altera su vida y dinámica en el territorio, “esta situación es perturbadora, el solo hecho de desplazarnos a otro municipio, nos afecta todo, los niños están desescolarizados, no tenemos agua potable, no tenemos comida, no tenemos cobijas, hay pocas colchonetas, hemos dejado nuestras casas y nuestros cultivos de pan coger y animales”.

La ONIC por su parte señala “la urgencia de materializar las acciones necesarias desde las entidades e instituciones competentes, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011 y en articulación con las autoridades y organizaciones indígenas, para garantizar la seguridad de las comunidades del Pueblo Wounaan, quienes ven afectados sus derechos individuales y colectivos por la flagrante ocupación de su territorio y las amenazas que se ciernen contra la vida e integridad personal de sus integrantes, generando profundas afectaciones colectivas e individuales; en aras de salvaguardar su pervivencia física y cultural”.

Las comunidades también piden que hayan acuerdos claros en la mesa de diálogo y negociación instalada entre el Estado y las FARC en la Habana, y la próxima a iniciar con el ELN, “ojalá que la paz de la que está hablando el gobierno nos beneficie a las comunidades indígenas y afro, todos nosotros como colombianos queremos un país nuevo y sin violencia; en nuestros territorios y pueblos queremos es la paz, la alegría, la solidaridad, el amor a la naturaleza, nuestro llamado es al compromiso del gobierno a construir la paz”.

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