Edición 118 Junio - Julio 2016

Era 1986 y las manifestaciones sociales y políticas en contra de la dictadura de Augusto Pinochet se enfrentaban a la más dura represión. El descontento popular creció luego de que en 1980 se aprobara mediante plebiscito una Constitución Política que institucionalizaba el régimen y otorgaba amplias atribuciones a Pinochet, como su elección a la presidencia por ocho años más. En consecuencia, esta década de los 80 fue de profundas reformas a los sistemas de educación, salud y pensiones en Chile. Las manifestaciones nacionales iniciadas exigían la renuncia de Pinochet, la derogación de la constitución política de 1980, y el derecho a poder elegir de manera democrática a sus gobernantes.

Todo está listo para comenzar la construcción de la nueva Cinemateca de Bogotá: el presupuesto para iniciar obras está acordado, el diseño está hecho y el lote está comprado; adelantada la construcción, buscar el apoyo de los inversionistas privados para su constante funcionamiento debiera ser la única tarea faltante para tener nuestro templo del cine en la capital de Colombia.

María Claudia López, la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá envió al periódico El Tiempo una carta argumentando que aunque los diseños ya están listos “no hay disponibilidad de recursos para garantizar el proyecto en su integridad” por lo que la nueva “Administración (la de Bogotá) se encuentra en la búsqueda de alianzas con el sector privado para explorar su realización y sostenibilidad en el tiempo”.

El problema subyacente en el hecho de que la administración de Bogotá inicie la búsqueda de aquellas alianzas, es que los contratos para la construcción se vencen, los dineros disponibles para la inversión se embolatan y la cinemateca puede terminar siendo un recuerdo de lo que pudo ser en un país de eternos “Dios quiera que si”. Las sospechas más pesimistas intuyen que los retrasos buscan dirigir los recursos a otros proyectos más “importantes” para la ciudad (léase: sembrar cemento para cosechar billetes). Parece pues, que en el panorama existente no se vislumbra un haz de luz que ilumine este oscuro futuro, y aunque a raíz de la presión ejercida por el gremio cinéfilo y cinematográfico, la secretaria María Claudia López aseguró que la construcción comenzará el próximo semestre, no hay claridad sobre la naturaleza de la integración con el sector privado que propone la funcionaria, tema que podría poner en riesgo el carácter público necesario para la identidad de la cinemateca. La construcción sigue supuestamente firme y con los planos que se habían pactado, solo el tiempo dirá si éste, no es uno más de los proyectos que se lleva el viento en Colombia y ante ese temor que sea así, las preguntas que nos debemos hacer son: ¿para qué sirve una cinemateca? ¿Un país sin cinemateca qué?

Una cinemateca es un recinto que alberga el material audiovisual que ha tenido un valor significativo para una comunidad y territorio específico; busca coleccionar, conservar, restaurar y dar a conocer aquellas obras que han encarnado los valores más representativos de su gente, han contribuido a la construcción de la idea de país (o territorio), o han tenido una influencia cultural, política y/o artística notable.

Colombia casi nunca ha guardado con cariño lo que ha hecho, el cine de aquí está casi condenado a la derrota; las películas colombianas que llenan salas de cine suelen ser comedias llenas de clichés estereo-típicos y caricaturas borrosas de lo que somos. Sólo son apreciadas aquellas que han sido avaladas por los criterios extranjeros y mínimamente nominadas a Oscares; ni siquiera tienen oportunidad de encontrarse con el público las cintas que son aplaudidas en otros certámenes más “independientes” como los festivales de Cannes o Berlín, e incluso las galardonadas en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) difícilmente logran dos semanas de exhibición en salas comerciales. Las películas “extranjeras” que llenan las salas son las últimas de acción y súper héroes del momento, películas divertidas, dirigidas a niños y jóvenes por lo general, hechas con súper estrellas y súper efectos especiales, destinadas a recaudar millones de dólares.

En Colombia el cine colombiano para la mayoría es, cuando no inexistente, “una novela de dos horas”, “la misma historia de siempre”, y sinónimo de un producto en definitiva, mal hecho; y puede que sí, no debe uno alabar las cosas solo por amor patrio, pero necesitamos un cajón donde se pueda guardar y recuperar ese recuerdo audiovisual que somos, mirar a la Colombia (o más bien, el cómo la vio alguien) en los rurales años veinte, en los convulsos sesentas, o en los digitales noventas; necesitamos un lugar al que llegar 50 años después para arrepentirnos de lo que fuimos, o para suponer comprender lo que somos. El cine, como nuestra historia, no tiene que considerarse “bueno” para ser guardado, ni tampoco moralmente correcto.

De la primera película hecha en Colombia, María (1922), basada en la novela de Jorge Isaacs, solo se tiene un fotograma, muchas otras están perdidas y con cada vez menos posibilidades de ser restauradas, pues, si no están guardadas como deben ser, cada año que pasa, su deterioro es mayor. Otras obras que se encuentran restauradas y tienen una fuerte influencia para el arte colombiano son prácticamente desconocidas para casi todo el mundo: pocos podrían reconocer por lo menos los nombres de un Luis Ospina, Carlos Mayolo, Víctor Gaviria, Felipe Aljure, Sergio Cabrera, entre otros; estos autores y estas películas deberían tener como última parada una cinemateca para el país, pues éste sería el sitio idóneo para su conservación y difusión.

Otro de los valores más importantes de una cinemateca es la difusión de su colección por medio de la formación de públicos o la planificación de ciclos especiales y, si bien existen escenarios cada vez más accesibles para aprender de cine: cursos virtuales, talleres promovidos por fundaciones y cineclubes; una cinemateca para el país no solo centraría muchos de esos esfuerzos, sino que además brindaría todo el material necesario para impulsar el aprendizaje del lenguaje audiovisual. La formación de públicos no solo es un objetivo necesario para promover, comprender y difundir el séptimo arte, sino también un ejercicio idóneo para la formación de individuos críticos, políticos y éticos; la cinemateca complementaria ese aprendizaje convocando y reuniendo al prójimo más cercano, promoviendo y proponiendo formación teórica, talleres prácticos, y un sinfín de posibilidades que están contenidas en la cinemateca, esa caja de pandora donde se encuentran los ingredientes necesarios para que una nación aprenda a mirarse.

La cinemateca no es pues un capricho de un gremio (solamente), como sí parece serlo los altos sueldos que ganan nuestros congresistas, los beneficios con los que cuentan los expresidentes, o las licencias ambientales que gracias a la alcahuetería del ministerio del Medio Ambiente se otorgan de manera casi indiscriminada a empresas mineras de países desarrolladísimos. Las cinematecas en el mundo son templos del conocimiento, tan valiosas como las bibliotecas más queridas o los museos más icónicos, la cinemateca deberá ser un territorio donde estén todas las memorias de Colombia, los recuerdos de aquellos que han sido olvidados, el testimonio de lo que fuimos, la constancia de lo que hemos dejado de ser, los sueños de quienes creemos que la paz también se construye con cultura y con arte. De pronto y es todo esto lo que más asusta a los que nos administran nuestro dinero.

La ofensiva conservadora que impacta hoy en América Latina y el Caribe tiene como objetivo retomar la dominación de Estados Unidos en el continente. Balances de la última década, avances y límites. El rol y los desafíos  de los movimientos populares.

Luego de la derrota del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y el florecimiento de gobiernos con vocación socialista u otros progresistas en la región, hoy Estados Unidos retomó la ofensiva hacia América Latina, con el objetivo de reconstruir su hegemonía, enfrentar la mayor autonomía que tuvo el continente en la última década y detener (o inclusive, en el mejor escenario, destruir) el proyecto encabezado por Venezuela, de carácter socialista y que retoma un proyecto de transformación continental.

El inicio de 2016 nos encuentra con una Argentina gobernada por la derecha que busca ser punta de lanza de la restauración conservadora en el continente; Brasil en plena lucha luego del golpe blando; la victoria de la derecha neoliberal en Perú; la guerra económica y los intentos desestabilizadores en Venezuela son parte de un proceso geopolítico en donde Estados Unidos vuelve a intervenir activamente en la región, buscando minar la fortaleza del proceso bolivariano y limitar a China como competidor.

En esa clave, al despliegue de bases militares en todo el continente en lugares estratégicos -por su riqueza en recursos naturales-, se le suma el reimpulso a la Alianza del Pacífico o tratados de libre comercio, que buscan ir retomando posiciones económicas perdidas en el continente. Esto se da en el marco de una reprimarización de las economías del continente, sumada a la profundización del extractivismo que aparece como eje ordenador del desarrollo económico, generando dependencia de los mercados y un saqueo en los territorios. Esta ofensiva del capital también transforma los territorios urbanos, con un desplazamiento del campo a las ciudades, con la especulación inmobiliaria y la mercantilización de los derechos básicos.

La década postneoliberal
Al período neoliberal, que se extendió a lo largo y ancho del continente en los 90, le siguió un alza de luchas populares que, en muchos casos, finalizaron con los gobiernos de sus países. La guerra del agua y del gas en Bolivia, la rebelión popular en Argentina, las movilizaciones contra el ALCA, dieron inicio a un período de mayor autonomía y soberanía. A partir de esa lucha contra el neoliberalismo, serían elegidos gobiernos de distinto carácter en América Latina en virtud de dos procesos. La opción progresista, que buscó fortalecer un capitalismo con inclusión o un capitalismo de Estado y la opción por el socialismo, comandada por Venezuela que recuperó ese horizonte en el continente.
Tanto los países del bloque de la Alianza del Pacífico, los países progresistas, como los países del ALBA con un horizonte socialista, encontraron en la última década un escenario económico favorable para la exportación de los productos primarios que se evidenció en los índices económicos de cada país. En este sentido, la redistribución de la riqueza, la recuperación del rol del Estado en la economía (como regulador del mercado interno o estatización de empresas) y la ampliación de la capacidad de consumo de la población fueron elementos comunes, a lo que se suma un proceso de integración política de mayor autonomía expresado en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas).

Sin embargo, la diferencia entre quienes se propusieron un capitalismo con inclusión o con derechos, con los proyectos socialistas, es fundamental para también expresar qué pasa "por abajo" y los desafíos para esta nueva etapa.

Límites y desafíos
Tanto las experiencias progresistas que han tenido un recambio de gobierno por derecha como las experiencias más avanzadas de nuestra región dan cuenta de los desafíos hacia adelante.

En primer lugar, el rol de los movimientos populares en los procesos y la construcción de alianzas poli-clasistas para llegar gobierno. En los gobiernos progresistas se ve con claridad la articulación con sectores de derecha para llegar al poder, lo que tiene consecuencias que están a la vista. Por otro lado, la concepción de los movimientos populares como mero apoyo a gobiernos termina abonando a concepciones estatistas, donde el sujeto es el Estado o el partido y, ante demandas populares se busca estigmatizar o desmovilizar a las organizaciones. La experiencia y el proceso revolucionario de Venezuela cobran un rol fundamental en la propuesta de pensar una democracia protagónica que otorgue jerarquía a la participación popular.

En segundo lugar, hay un desafío en otorgar poder económico al pueblo. Como dice el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, "si el poder económico se mantiene en manos de los empresarios o el Estado habrá un límite inexorable. El Estado no puede sustituir a los trabajadores". Consolidar experiencias desde la organización popular es una tarea de primer orden, como se ve actualmente en el rol de las comunas y los movimientos para enfrentar la guerra económica.


Finalmente, se ha analizado mucho los límites de ampliar la capacidad de consumo en los sectores populares, generando una capa media con nuevas demandas pero sin politizarse. El modelo económico basado en el extractivismo, que permitió redistribución de riqueza, generó mayor nivel de consumo, pero en muchos casos no transformó la realidad estructural: una persona que tiene acceso a un celular último modelo pero no tiene agua potable.

Horizonte y camino
El faro de Venezuela, así como el de Cuba y Bolivia, generó un proceso de articulación a nivel continental entre estados en el marco del ALBA, en construcción de nuevos espacios de integración regional, desde los movimientos sociales, que cobraron una dimensión estratégica.

Chávez y Fidel, artífices de la derrota al ALCA y la constitución del ALBA tenían claro que la ofensiva del Imperio era continental y que la única respuesta efectiva podía ser continental. También que, en la construcción del socialismo del siglo XXI, mientras no terminaba de morir lo viejo, había que ir construyendo lo nuevo. Allí radica la importancia de las Comunas y las construcciones de poder popular.

Las enseñanzas que nos ha dado la Revolución Bolivariana son muchas, pero tal vez la más importante tiene que ver con la apuesta al protagonismo popular, a la autonomía de los sectores populares organizados para ir construyendo una nueva perspectiva de emancipación.

En esa clave, si uno pone el acento en los procesos de lucha, en los procesos de organización por abajo, en la resistencia de los pueblos y en las propuestas para la vida digna, el recorrido de las luchas y de las alternativas populares recorre toda Nuestra América. Los pueblos que resistieron al ALCA y fueron construyendo propuestas alternativas a lo largo de los años hoy tienen un nuevo desafío: sacar las mejores enseñanzas, resistir los embates de un enemigo más duro y hacer florecer las semillas de poder popular que dan cuenta de un proyecto de país y de Continente con un horizonte socialista.

En esta nota se referencian dos hechos conectados entre sí: el asesinato del ex guerrillero Guadalupe Salcedo Unda en una calle de Bogotá, el 6 de junio de 1957, y la obra Guadalupe años cincuenta del Teatro La Candelaria, que evoca los orígenes del movimiento guerrillero liberal en los llanos orientales a mediados del siglo XX. Tanto la obra de teatro –a su modo- como la evocación del asesinato de Guadalupe Salcedo, advierten la importancia de mirar el pasado cada vez que sea necesario, para poder advertir con acierto los caminos a seguir en el presente.

El asesinato de Guadalupe Salcedo
El 6 de junio de 1957 fue asesinado Guadalupe Salcedo Unda. Su muerte, nunca esclarecida, suscitó diversas lecturas. Que hubiese sido propiciada por agentes oficiales, luego de que Salcedo omitiera la orden de parar en un retén, contribuyó para pensar que pudo tratarse de un crimen premeditado. De hecho, de los impactos que recibió Guadalupe, uno se alojó en la palma de la mano izquierda, lo que demostraría que recibió los disparos cuando tenía los brazos levantados, en actitud de indefensión. Sin duda, no fue una muerte cualquiera. Se trataba del más importante líder de las guerrillas que surgieron en los llanos orientales de Colombia años atrás, que se había acogido a una amnistía otorgada por el Estado. Ese hecho le dio un carácter altamente simbólico a su asesinato.

Nacido en Tame, departamento de Arauca, Guadalupe terminó involucrado sin quererlo, como ocurrió con muchos colombianos, en la violencia política que desataron los miembros de los partidos liberal y conservador. Estando preso en la cárcel de Villavicencio por robo de ganado, fue liberado por el capitán Alfredo Silva, comandante de la base aérea de Apiay, y Eliseo Velásquez, a raíz de los hechos del 9 de abril en Bogotá. Esa acción dio inicio al movimiento de resistencia armada más importante que se gestó en el país en aquella época. En poco tiempo distintos grupos, unidos por el sentimiento liberal, se levantaron en distintos lugares: los Bautista, los Fonseca, los Sandoval, Eduardo Franco Isaza, el Pote Rodríguez, Dumar Aljure, entre otros. Los llanos orientales se convirtieron en un grande teatro de guerra: los guerrilleros derrotaron a la Policía y le propinaron golpes durísimos al Ejército Nacional. Además, lograron unificar el mando alrededor de Guadalupe, a quien nombraron jefe supremo de las guerrillas, y concibieron un conjunto de leyes que pretendían configurar un nuevo modelo de estado en la región.

Algunos años duró combatiendo Guadalupe junto a sus hombres, hasta que, luego del golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, interesado en opacar a los grupos armados en el país, se decretó la amnistía, se indultó a guerrilleros y se pactó el fin de la guerra. Guadalupe firmó la paz en Monterrey el 22 de julio de 1953, atendiendo el llamado del primer mandatario. Luego de su alejamiento de la vida guerrillera, trabajó en un hato y colaboró en la pacificación de los llanos. Previo a su muerte, había sido invitado por el dirigente liberal Juan Lozano a un homenaje en Bogotá. En la noche del 6 de junio, luego de departir con algunos amigos cercanos, y cuando se disponía a regresar a Villavicencio, fue asesinado en esa extraña acción policial. De tal modo terminaba la vida del hombre que llegó a comandar a cerca de 10.000 llaneros armados y que puso en problemas a las elites del bipartidismo político de Colombia.

Una obra en clave de memoria
El 11 de junio de 1975 el Teatro La Candelaria estrenó Guadalupe años cincuenta, una obra de creación colectiva en la que participaron, entre otros, Santiago García, Patricia Ariza, Francisco Martínez, Fernando Peñuela, Alfonso Ortiz, Alvaro Rodríguez y el escritor Arturo Alape. Desde entonces, más de 2000 presentaciones se hicieron en escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndose en la obra con más montajes en la historia del teatro colombiano. El reconocimiento internacional vino pronto: en 1976 obtuvo el Premio Casa de las Américas.

A juicio de los expertos, Guadalupe años cincuenta es una de las más importantes obras del teatro colombiano. Para su creación, los integrantes del grupo teatral realizaron un juicioso ejercicio de investigación que contempló entrevistas a diversas personas (exguerrilleros, campesinos, políticos), la consulta paciente de documentos y periódicos de la época, y la apropiación de aspectos de la cultura llanera, particularmente ligados a la tradición oral y la música, que, por cierto, es integrada de forma magistral en la trama, lo cual crea un factor vivencial de gran impacto.

La historia de la obra refiere el comienzo de la violencia política en Colombia, que ubica a mediados de los años cincuenta del siglo anterior, posterior al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Aunque la puesta en escena tiene como protagonista a Guadalupe Salcedo, todo el relato va contando el surgimiento de las guerrillas liberales en los Llanos Orientales, y la participación de militares colombianos en una guerra ajena a nosotros, la Guerra de Corea. Para el dramaturgo Carlos José Reyes, Guadalupe años cincuenta “es una de las obras colombianas que han logrado conjugar mejor los hechos históricos con el lenguaje escénico, sin limitarse a la anécdota o a la escenificación del documento. Tiene, además, una sólida estructura y una alta calidad artística. Juega un papel crítico, incisivo, sobre los factores de poder en el país y en relación con la entrega de un movimiento guerrillero, sin haber establecido unas reglas de juego y unos acuerdos capaces de lograr una paz estable y duradera. Por eso es una obra que, en las condiciones actuales, conserva una gran actualidad”.

Guadalupe años cincuenta es una reivindicación de la memoria como recurso político para no olvidar lo ocurrido en el país. Es una invitación a recordar los orígenes de la violencia política, a volver a esas “historias que nadie cuenta, que ocurrieron de verdad”, como se afirma en una de las coplas musicales que hacen parte del montaje; un llamado para que los de abajo no olviden “su historia, su vida y su propia lucha”, y piensen “que los tiempos del pasado, se parecen al presente”.

Doctorcitis aguda

En los últimos meses se ha conocido la adulteración de la hoja de vida del Alcalde de Bogotá con la invención de un largo recorrido académico. Este hecho es endémico entre los políticos colombianos, quienes presumen de poseer un elevado nivel académico y ostentan títulos universitarios que nunca han obtenido.

El culto a los “doctores” en Colombia
Desde el siglo XIX en Colombia se estableció la costumbre de denominar como “doctores” a los miembros de las clases dominantes, una parte de los cuales estudiaba derecho o tenían el título de abogados. De esa forma, se estaba heredando una rancia tradición de la época colonial en que existían los títulos nobiliarios que se compraban como expresión de la “pureza de sangre”. Por ejemplo, se podía adquirir con dinero el apelativo de “Don” o “Doña”, con los que se elevaba el “estatus social” del poseedor. Aunque esos títulos no desaparecieron con la Independencia si fueron perdiendo brillo, y empezaron a ser sustituidos con el de “Doctor”, que se aplicaba principalmente a los abogados. Y en Colombia, como digna herencia del leguleyismo santanderista, nos empezamos a llenar de ese tipo de doctores, que no eran solamente los que tuvieran título de abogados, sino los rábulas, tinterillos y especies similares. Por extensión, el apelativo de “doctor” se le aplicaba a cualquier miembro de las clases dominantes, rurales o urbanas, aunque fuera analfabeta, porque marcaba distancias sociales: era un símbolo de diferencia y de superioridad. Se obligaba a la gente común y corriente a llamar “doctor” al gamonal, al hacendado, al notario, al escribano, al juez, al patrón o simplemente a quien se considerara a sí mismo como superior. Dígame Doctor era, y todavía sigue siendo en muchos lugares del país, la orden de los mandamases, para humillar a los demás y darse una aureola de grandeza.

A nivel académico una ley de 1852 suprimió el grado de bachiller y estipuló los títulos de doctor en Medicina, Jurisprudencia, y Ciencias Eclesiásticas. Durante casi un siglo y medio era la norma denominar como doctor a cualquiera que tuviera un título universitario, principalmente en el campo del derecho. Eso se mantuvo hasta 1980, cuando mediante el Decreto 080 se reglamentaron por primera vez los diversos niveles de estudio en el seno de la universidad, y se estipuló que Doctor es un título académico de formación avanzada, al cual se llega luego de haber superado varios niveles de estudios y elaborar una tesis que contribuya a ampliar un campo del saber.

Falsificaciones de títulos y otras mañas de políticos y arribistas
En la época en que en Colombia cualquier miembro de las clases dominantes o cualquier advenedizo se hacían llamar “Doctor”, sin tener ni siquiera un título profesional, no existía una academia universitaria que exigiera los títulos de Doctorado. Eso sí se hacía en los Estados Unidos y en los algunos países europeos, donde esos eran títulos de nivel superior que se le conferían a aquellas personas que, tras grandes esfuerzos y muchos años de dedicación, elaboraban una tesis original sobre un determinado campo del conocimiento, en la que se realizaba algún aporte significativo al saber humano.

Cuando después de 1980 el apelativo de Doctor se empezó a modificar, por el nuevo sentido que asumió el vocablo -ligado al mundo académico-, los miembros de las clases dominantes criollas no quisieron quedarse atrás y lo han seguido ostentando, ahora camuflado bajo una supuesta formación académica, pero sin realizar ningún esfuerzo ni dedicación especial para escribir una tesis. Ellos quieren seguir siendo los “doctores” de siempre, y la mejor forma de conseguir pergaminos académicos ha sido comprarlos, falsificarlos o presumir de poseer títulos que no se poseen, mediante la adulteración de la información consignada en los currículos personales, en los que se ostentan títulos ficticios de Doctorado o se hacen pasar por doctorados simples pasantías que se han realizado en alguna universidad de Europa o de los Estados Unidos.

Al respecto vale la pena recordar dos casos representativos de la capacidad de mentir y adulterar información por parte de miembros de las clases dominantes, con el objetivo de presentar un palmarés académico que no tienen y así aparecer ante los ojos de la opinión pública como sabios y estudiosos. El asunto alcanza las más altas esferas del poder económico y político, donde se presume de ser Doctor, se adulteran otros títulos académicos, incluso de inferior calidad, o se pretende haber sido “profesor visitante” en prestigiosas universidades del mundo.

Al respecto valga recordar que durante la presidencia de una “inteligencia superior” que rigió a Colombia entre el 2002 y el 2010, en su hoja de vida oficial que se exhibía desde la Casa de Nariño se informaba que el personaje en cuestión había sido “Profesor Asociado de la Universidad de Oxford” (Inglaterra) entre 1998 y 1999 y que había obtenido “una especialización en administración y gerencia de la Universidad de Harvard”. Esas afirmaciones eran falsas, porque no existe ningún programa de especialización en la Universidad de Harvard con ese nombre y tampoco fue profesor visitante, algo imposible porque para eso se requiere el título de PDh (Doctorado), algo que este individuo no ha alcanzado.

Si mentir de este modo se hace desde el primer empleo público de Colombia, no debe sorprender que se haya generalizado inventar y falsear títulos de Maestría y de Doctorado, como lo demuestra lo hecho por Enrique Peñalosa, actual Alcalde de Bogotá. En efecto, este tecnócrata neoliberal que presume de ser un “sabio” en asuntos urbanos lleva décadas - léase bien, décadas - diciendo que es Doctor de la Universidad de París en Administración. Más concretamente, desde 1984 en el libro titulado Democracia y capitalismo, asegura que lo es. Lo significativo es que en esa institución no exista ese doctorado.

Cuando se dieron a conocer las falsedades de los supuestos títulos de Enrique Peñalosa, la Alcaldía de Bogotá salió a desmentir diciendo que este “nunca ha dicho… que tenga un doctorado”. Sin embargo, en una entrevista concedida a un periódico del Brasil, y publicada el 15 de septiembre de 2015, Peñalosa sostuvo con seguridad: “Me gradué como economista e historiador, con un doctorado en París”.

Las mentiras de Enrique Peñalosa no son solamente sobre un supuesto título de Doctorado que no posee, sino también de una pretendida Maestría que nunca hizo. Estas falsificaciones no son simples anécdotas sin importancia, sino que constituyen delitos, puesto que la adulteración en la información se ha hecho con el objetivo de alcanzar un cargo público de elección popular. Esto indica que la información trucada, en la que se ostentan títulos académicos que no se han logrado, buscaba presentarse ante los electores como un personaje con méritos intelectuales de sobra para desempeñar el cargo de Alcalde de la capital de Colombia. En el formato de hoja de vida que Peñalosa llenó para posesionarse como Alcalde de Bogotá, de manera consciente se consigna información falsa, en la que se afirma que este es Doctor. A este delito se le denomina “falsedad ideológica”, y tiene implicaciones administrativas y penales, que, por supuesto, a este tipo “doctores” nunca se les va a aplicar, si recordamos que la justicia (de los otros doctores, de los abogados) es para los de ruana.

En conclusión, el deseo de figurar y de buscar prebendas de algunos personajes los lleva a presentarse como “Doctores”, con la pretensión de mostrarse como “intelectuales”, “académicos”, “investigadores” o “pensadores”. Igual que en el siglo XIX, de este tipo de doctores ficticios y arribistas académicos –tipo Enrique Peñalosa– está lleno Colombia.

“Sigue lavando, lavando la lavandera inmolada, sigue lavando, lavando al final de la quebrada…ella sigue sentada en el filo de la quebrada, con el agua brillante de tanto lavar y lavar”.
Garzón y Collazos

Año 2012. La matrona me muestra su cédula, el documento dice: María Angélica Saldarriaga Ríos, nacida en Medellín un 19 de abril de 1904. Y compruebo que es verdad, tiene 108 años, de los cuales fue lavandera durante treinta y cinco años.

Cuando llegué a su casa ubicada en el corregimiento Santa Elena de Medellín, me adentré en un lugar acogedor, por la sombra que hacen los árboles, las enredaderas y flores nativas, y los pollitos detrás de las gallinas. Se formó una pintura cuando apareció ella, mujer campesina enderezada y modesta, con delantal y pañuelito impecablemente blanco, falda larga y zapatos cómodos. Con una sonrisa amplia me saluda: buenos días amor ¿cómo está? entre, bien pueda y siga.
Recuenta con regocijo que tuvo doce hijos, diez que sobrevivieron y dos que perdió; estuvo casada con Adán de Jesús Alzate, quien trabajó por treinta y tres años en las Empresas Públicas de Medellín, “por eso vivíamos en casas de las Empresas, ahí críe a mis hijos; también lavé un poco, por treinta y cinco años nada más. Ella es Luz Elena mi hija –dice señalando a una señora de 38 años–, nunca se ha separado de mí y me acompaña desde siempre”. También vive con Jovan Felipe, su bisnieto, hijo de su nieta Ana Lucía, a quien crió. Ahora tiene trece años, me explica: se va donde la mamá a coger el estudio toda la semana y regresa nuevamente los sábados. Hace veintidós años es viuda y por eso tiene una pequeña pensión. Tiene, cuenta con sus manos, más de setenta y cinco nietos, treinta y cinco biznietos, y no sabe cuántos tataranietos, porque son muchos.

María Angélica narra cómo lavaba: “hacía un murito de madera, como una batea, cogía una piedra grande y ahuecada en la mitad, –todavía la tiene en su casa y me la muestra–, la piedra tiene 100 años. Cuando lavaba la ropa, la colocaba en un llanito que me prestaba y autorizaba el doctor Giraldo de las Empresas, porque sin su permiso no lo podía hacer, y allí asoleaba la ropa y la ponía al sereno para que blanqueara, eran casi siempre camisas blancas, usaban pecheras, puños y cuellos blancos que yo almidonaba, porque eran de doctores de leyes y de medicina. Cuando lavaba ropa oscura y pantalones gruesos lo hacía con una media y la untaba de jabón, que eran barras blancas y largas, con las medias untadas de jabón refregaba la ropa, hasta dejarla limpiecita”.

Allí donde lavaba era abundante el agua de las quebradas cercanas y hacía un charquito separado con piedras, para detener el agua y poder lavar. Separaba el agua para los riegos y el agua limpia para los alimentos, se preocupaba mucho para que el agua se utilizara bien, la colocaba en vasijas que había que cargar, porque no había ni mangueras, ni acueducto, ni nada por el estilo. Cuando había manchas le echaba una frutita azul, lo que llamaban azul de metileno o de Prusia, y entonces la mancha se desaparecía en un instante.

“Lavaba por docenas y las llevaba a Medellín; cobraba dos pesos por cada una, siquiera el mercado era muy barato, como los huevos a cinco centavos, y alcanzaba para todo; luego subió a cuatro pesos la docena. Entonces las sobre sábanas y las colchas las cobraba según el peso, por ejemplo, tres por una, o dos por una y así de acuerdo al tamaño de la pieza, ya que el valor de una pieza era muy barato, pero con esa plata nos alcanzaba para comprar muchas cosas”, dice María Angélica.


Cuando ella lavaba la ropa, recuenta, la empacaba en costales muy limpios, bajaba la carga de doce docenas en dos bestias por camino de herradura, por trochas, por el Cartucho, buscando senderos, porque no había carreteras; del mismo modo la ropa planchada, porque también planchaba, como lo explicaba, almidonando los cuellos, los puños y pecheras. “La ropa planchada la montaba en mi cabeza; como veinte docenas. La bajaba por ahí por donde está la tienda El Rosario, que eran puras mangas, y de ahí subía y bajaba pero no tenía que ir a Santa Elena”. Esos caminos eran los caminos de los arrieros, por ahí llegaba al Parque de Bolívar donde vivía toda la gente rica de Medellín y allí amarraba las bestias mientras volvía; iba al edificio los Búcaros, a las Torres, y a otros edificios, a entregar ropa.

“Todavía lavo ropita y le ayudo a Luz Elena, mi hija la que le presenté ahorita, le ayudo en la cocina y no me da pereza, solo que me siento muy ciega y muy triste, porque tengo un terigio en este ojo que no me pueden operar”. Dice además, sentirse muy orgullosa de su oficio de lavandera. Las señoras a las que les lavaba la querían mucho y la socorrían con ropita. Cuando hubo carretera por fin, bajaba en bus escalera, y en ese entonces guardaba la ropa en la calle Guarne, por un puente que existía”.

María Angélica llegó a un punto de la vida sin preocupaciones, dejando ver y sentir su paz. Hay vivencias que solo se pueden entender a cierta edad y no antes, entre éstas, el vínculo y la conexión de las mujeres con la casa, y todo se va hilvanando y urdiendo, porque de igual modo María Angélica me recuerda el encuentro perfecto entre la prosperidad y la naturaleza de la supervivencia. Ella, una mujer de 108 años absolutamente lúcida y prudente, por todo lo que ha vivido.

No lo dudo, esta reminiscencia nos debe seducir a buscar señales y puntos de encuentro con las relaciones que atañen redes, que entretejen las mujeres, y por ello no solamente me he ocupado del pasado como complacencia, sino como rescate de la memoria, porque recordar significa, en este caso, pasar por el corazón de las mujeres, o del mismo modo por manos callosas y laboriosas que con la magia del agua, hicieron de una labor el servicio a la humanidad como fuente de vida y de sustento para su familia. Ese recuerdo irrumpe para ir y volver donde el corazón me ha llevado: al agua santa de esta mujer lavandera.

Como muchos colegios de la ciudad de Medellín y de Colombia, la institución educativa José Roberto Vásquez, ubicada en el barrio Manrique, se acercó a las vacaciones de mitad del año sin docentes. Varios grupos de grados 6, 7 y 9 completaron cinco meses sin quién les enseñara sus materias básicas. Ante esta situación, los estudiantes de la institución decidieron parar las jornadas y actividades académicas, para exigir que la alcaldía de Medellín y el Ministerio de Educación enviaran los profesores necesarios para recibir una educación de calidad.

Cristina Tuberquia, del grado 9 , cuenta que “para los primeros meses del año esperamos al rector y a la administración quienes nos comentaban seguido que estaban haciendo los tramites, pero a llegar a abril, vimos las vacaciones acercándose y nos encontramos sin profesores todavía”. En abril, el Consejo Estudiantil citó a la Administración Municipal. “Hicimos una chocolatada en la escuela, y la Secretaría de Educación llegó; de esa reunión ellos se comprometieron a tener todos los profesores en la institución a más tardar el 20 de mayo”, cuenta Pamela Arenas del grado 11.

Esa fecha llegó pero los profesores no llegaron. Por eso, ante la incapacidad de la administración de la institución tanto como de la administración de la secretaría municipal, responsables de asignar y garantizar profesores para esta institución pública, los estudiantes entraron en paro el 26 de mayo para exigir su derecho a la educación, siendo firmes en que el paro no se levantaría hasta que todos los plazos fueran cumplidos y todos los educadores se encontraran en la institución. Los estudiantes, acompañados por algunos padres de familia, bloquearon el acceso a la institución educativa José Roberto Vásquez desde las 6:00 am, cerraron la calle y citaron de nuevo a la Secretaría para resolver la situación. La Asociación Sindical de Educadores de Medellín -ASDEM- acompañó después de algunas horas, igual que algunos estudiantes del SENA que queda al lado de la institución, quienes animaron a los jóvenes a seguir defendiendo su derecho a la educación. Algunos medios de comunicación llegaron y la policía no interfirió en el derecho de los estudiantes a protestar.

“Habían algunos momentos de tensión”, cuenta Cristian Tuberquia, del grado 11 “más que todo cuando llegó el subsecretario de educación de Medellín, Jorge Iván Ríos Rivera, porque no quería tener una conversación abierta con toda la gente, sino una reunión cerrada. Creo que fue por bloquear la calle y el acceso, que tuvo que responder. Nos citó en la Alpujarra el mismo día por la tarde y fuimos cuatro estudiantes y dos profesores para dialogar” recuerda la estudiante.

Ovidio Ochoa, rector de la institución, afirmó que con el paro de los estudiantes, la Secretaria de eEducación “obró con rapidez, con el fin de mejorar la calidad de educación” y también afirmó que “el problema no lo solucionó él sino los estudiantes que fueron muy efectivos y muy acertados en lo que tenían que hacer”.

La profesora Caterine Atehortúa, quien acompañó a los jóvenes a su reunión en la Secretaria comentó que, “es la primera administración que demora tanto en organizar la prestación de servicios de docentes; es una nueva administración, sin embargo el desorden y la burocracia de los funcionarios se pasa”.

Cristian, que participó en la reunión con la secretaria relata que: “primero nos dieron una cantidad de excusas por las que no han podido hacer un trabajo eficaz. Les dije que no estábamos para escuchar el porqué del desorden en la Secretaría sino para escuchar los planteamientos para solucionar el problema. La Secretaría y el Ministerio de Educación son totalmente negligentes, y es algo que pasa a nivel nacional. Ellos nos dieron la razón pero pidieron comprensión. Yo no estoy de acuerdo porque se supone que son profesionales en el trabajo que desempeñan y no tienen porque excusarse en la burocracia o porque están en una administración nueva, deberían tener la planta de docentes completas desde el primer día de clase”.

Cristian, también manifestó que los estudiantes no deberían asumir las consecuencias de la mala administración o mala planeación en la contratación de profesores, pero que siempre y cuando el sistema de educación esté roto, serán los estudiantes quienes paguen las consecuencias. “La reunión fue un jueves y nos dijeron que para el martes estarían llegando los profesores. En un momento llenaron los papeles, entonces uno ve que no es tan difícil. Después de seis meses y un día de paro, solucionaron el problema. Aunque nosotros continuamos el paro hasta ese martes a las 10:00 am, cuando efectivamente llegaron los profesores que faltaban”.

Los estudiantes consideran que el paro fue necesario porque fue el único método que sirvió para completar los docentes, de lo contrario, seguirían aún con dichos vacíos. Andrés Carmona, contralor escolar, recomienda esas acciones a otros estudiantes en otras instituciones que tengan la misma situación, “si es necesario llegar a este punto para que escuchen a los estudiantes, hay que hacerlo”.

Esta situación, que finalizó en buenos términos, es la muestra de muchos de los vacíos que tiene la educación tanto en las ciudades como en los campos colombianos, y se inserta en un problema estructural de la educación en el país. Sólo por mencionar otro ejemplo, para inicios del año en curso 5.000 estudiantes, solo en Medellín, se vieron afectados por el cierre de seis instituciones por cobertura contratada tras no superar el Índice Nacional de Calidad Educativa.

El pasado jueves 16 de junio, después de 12 horas y 17 minutos de debate, la plenaria de la cámara de representantes aprobó el código de policía. Solo queda pendiente la conciliación ante el senado y la sanción presidencial. Este código impactará con más fuerza en los sectores políticos y sociales que se oponían a dicha reforma, porque será una herramienta política para exterminar cualquier posibilidad de expresión social y protesta.

 

Diego Felipe Becerra, joven grafitero de 17 años fue asesinado por un policía durante la persecución que se siguió luego de sorprenderlo pintando un grafiti el norte de Bogotá el 11 de agosto del 2011, y hasta ahora ha sido evidente la operación en la que ha incurrido la policía para tapar y desviar la investigación; al día de hoy los policías implicados han sido dejados en libertad por vencimiento de términos. En marzo del 2014 el joven Yeison Castrillón fue golpeado por la policías del CAI en la localidad de Kennedy en Bogotá, producto de tal agresión tuvo que ser operado inmediatamente, y estuvo en coma inducido.

Pese a que la policía ha perdido credibilidad y confianza de la mayoría de la población, no solo por estos casos sino por los desalojos, las agresiones contra comunidades pobres y vendedores ambulantes, sin contar los escándalos de corrupción, su relación con grupos delincuenciales y su participación en diversos delitos; con este nuevo código de policía se le otorgaron herramientas jurídicas que seguramente van a incremetar las cifras y los casos de arbitariedad y represión policial, ahora amparados en normas que buscan supuestamente “una mejor convivencia ciudadana”.

Javier Montoya, abogado de la universidad de Antioquia explica lo que significa la aprobación de este nuevo código de policía: “con este código se están tratando de revivir normas de estado de sitio, normas que trataron de implementar a través del estatuto antiterrorista hace muchos años para avasallar a las personas, violar los derechos, restringir la locomoción, la intimidad y la privacidad”
El 14 de junio se siguió en la cámara de representantes el debate sobre el código de policía, aprobado el 16 de junio. El Representante por el polo democrático Alirio Uribe Muñoz quien está de acuerdo con archivar dicha propuesta manifestó lo siguiente: “Claro que necesitamos un código nuevo de policía porque el que tenemos es un hijo de estado de sitio, nació como tal y luego se convirtió en legislación permanente, el problema de este código es que no lo hizo el congreso, es un código de policía hecho por policías, para darle poderes exorbitantes. Yo siento que en muchos artículos que tienen que ver con la minería ilegal con el proxenetismo, prostitución y demás estamos corriendo el riesgo de convertir delitos en contravenciones”. Esto en pocas palabras seria darle un tinte penal al código de policía.

A continuación los puntos más cuestionados del recién aprobado código de policía:

Allanamientos sin autorización judicial
En el artículo dos de la Constitución Política de Colombia, se plasma como principio fundamental el deber del Estado de garantizar la protección de honra y bienes por parte de las autoridades y se reafirma en el artículo 15 “derecho a la intimidad”. Por eso las autoridades requieren autorización judicial para ingresar a una vivienda, ya que si se va a excepcionar este derecho se debe hacer con el debido proceso y sus requisitos están establecidos en los artículos 213 de la ley penal.

“La sentencia más importante sobre las capturas es una sentencia del año 96 a raíz de una demanda de inconstitucionalidad en contra de las capturas administrativas, tal como se plantea violaría la reserva judicial legal frente a los domicilios. Hay por lo menos 15 causales para que los policías se metan a la casa de los ciudadanos. Es un código de policía que es imposible de aplicar”, señala Alirio Uribe Muñoz.

Restricción al derecho de protesta
Las protestas se harán cuando ellos las permitan y podrán disolverlas cuando se vea alterado el orden público. Esta norma también atenta contra el derecho constitucional a la libre expresión y la protesta, pues en otras palabras ellos deciden cuándo estas tienen un fin legítimo.

Como lo expresa en un pronunciamiento de la vocería del congreso de los pueblos “En Colombia, el Derecho a la protesta es un mecanismo de participación política que debe ser protegido. La jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha reconocido El derecho de reunión como una libertad pública fundamental pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos.”(C 179/1994).

Un ejemplo de la selectividad del derecho a la protesta podría ser la marcha promovida por Álvaro Uribe el dos de abril del presente año, que contó implícitamente con la aprobación de la autoridad pública, por eso no había casi policías y no hizo presencia el ESMAD. Mientras tanto, en las movilizaciones promovidas por los sectores populares, caso la Minga Nacional que recién acaba de ocurrir en el país, los helicópteros sobrevolaban la multitud generando presión y los antimotines asechaban a los manifestantes en cada lugar. Incluso, resultaron tres comuneros indígenas muertos en confrontación con el ESMAD.

La estigmatización de las protestas, entonces, se harían más intensas y agresivas, pues estas de por sí ya implican una alteración del orden público y sus razones siempre son la inconformidad por el orden establecido.

Medidas correctivas
El nuevo código también establece la posibilidad de imponer medidas correctivas cuando la policía se considere amenazada o irrespetada y multas que permitirán el cobro coactivo y el reporte en centros de riesgos. Lejos de resolver problemas de los ciudadanos legaliza la estigmatización a los sectores sociales más pobres y atiza la violencia en las calles pues no establece controles a la actividad de los policías. Así, de forma selectiva someten a las requisas a cualquiera sin posibilidad de resistirse. Por ejemplo ¿Qué posibilidad tendrá la gente desempleada de sobrevivir, al no poder trabajar en los buses vendiendo? Así como lo establece la nueva normativa, esto será tan ilícito como robar.

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