Edición 115 Marzo - Abril 2016

Edición 115 Marzo - Abril 2016 (15)

Periferia entrevistó a Isabel Rauber, una pensadora latinoamericana, profesora universitaria, pedagoga política y doctora en filosofía que se ha preocupado desde hace muchos años por “buscar, junto con los movimientos populares, las alternativas que permitan construir soluciones a las problemáticas sociales”. Rauber habló sobre sus críticas al marxismo ortodoxo, las posturas vanguardistas de la izquierda, el lugar de los movimientos sociales en la actualidad latinoamericana y su mirada al proceso de paz colombiano.

Pocos saben por qué el mundo conmemora el 8 de marzo el Día internacional de la mujer. Es una cadena sangrienta de hechos trágicos, que comenzó en 1857 cuando decenas de obreras textileras del Bajo Manhatan en EEUU, se lanzaron a las calles y declararon la huelga por las miserables condiciones laborales que padecían. El abuso, la explotación y la impunidad continuaron por varias décadas, y en 1908 en la fábrica Cotton Textile Factory de Nueva York, ante la protesta por mejoras laborales, los dueños de la fábrica cerraron los accesos para evitar robos y desórdenes, provocando además un incendio que causó la muerte de 129 mujeres trabajadoras, algunas quemadas y otras arrojadas al vacío ante el temor de las llamas; otras 71 resultaron heridas. La mayoría eran inmigrantes italianas y judías de entre 14 y 23 años.

Arrancando hojas rápidamente de un calendario llega la fecha que conmemora a estas revolucionarias pioneras, indignadas, las sublevadas, las emigrantes y las que pedían mayor equidad en la vida conyugal y laboral en Copenhague en 1910.

Hoy, muchas mujeres y niñas siguen padeciendo violencia, privaciones, abusos y discriminación. Sin embargo, siguen actuando con coraje y fortaleza. Mientras honramos a las mujeres del Holocausto, hagamos el compromiso de crear un mundo donde todas las mujeres de todas las edades puedan vivir en paz, libres del miedo y con todas las oportunidades y libertades que corresponden a los derechos inalienables y fundamentales.

La Juntancia en Círculos...
“Con frecuencia se utiliza una metáfora, para hablar de las relaciones que establecen los seres humanos, y se dice que conforman la tela de la sociedad. En virtud del papel que ha desempeñado la mujer, podríamos decir que es la urdimbre o recto del hilo; el conjunto de hilos paralelos que se colocan en el telar para empezar la tela. Es el primer proceso, sin el que no podrían darse los demás. Por otra parte la dirección del tejido que posee mayor resistencia...El hombre al entrar en relaciones específicas con la mujer, conforma la trama. La tela entonces es una función de enlace correcto de urdimbre y trama, estructura que es producto de la inserción de una dirección con la otra..."

Los círculos entre mujeres eran para soñar y tejer juntas, desde tiempos ancestrales se trababan conversaciones sobre sueños de vida y experiencias personales. La Juntancia es tiempo del compartir, del dar, de entregar lo más preciado, los tesoros que salen del corazón. Como hermanas aprendemos de las otras mujeres, que instruyen entregando su regazo, revelando historias y testimonios de vida, iguales a todas las historias de la humanidad. Tienen vida propia, porque ahondan conscientemente sus luchas, violenta y tierna a la vez, porque sana y evoluciona. Cada palabra, una enseñanza; cada día, una promesa y un milagro. Ellas interpretan la falsa ilusión de la escasez, haciendo gala de la abundancia de espíritu en sus faenas diarias; por eso estas conmemoraciones nos suelen poner a cavilar y tejer lo entretejido. Tomo ese hilo y empiezo a hilvanar con ellas sobre lo que saben y como se sienten.

Laura Vuelvas Martínez, madre de una niña de cuatro años, como muchas mujeres, piensa que el 8 de marzo no es un día para regalar rosas. Rafaella, de 27 años, es comunicadora audiovisual y considera que el día de las mujeres es una conmemoración, es para recordar a quienes lo han dado todo “para que muchas podamos disfrutar de salud, vivienda, recreación trabajo, derechos sexuales y reproductivos; las pioneras nos consiguieron el derecho al voto femenino y una serie de posibilidades que nos ayudan a ser reconocidas”. Ellas mantienen interrogantes sobre la desigualdad que persiste entre hombres y mujeres, y la discriminación en el empleo que hace que a las mujeres nos paguen menos.

Hortensia Díaz, una mujer muy pilosa y guerrera, trabaja con víctimas y con un grupo de venteras y venteros ambulantes, en la zona centro de Medellín. Conversando me dice: “Un día como hoy es para resaltar la lucha de las mujeres a nivel interno y personal, porque cada mujer conoce su liderazgo, en su familia, en la comunidad, por eso es una grandeza reconocer a las mujeres luchadoras, “reinas” de los procesos, dispuestas a dar hasta la vida. No debe ser un día de fiesta, sino de conmemoración. Un homenaje a esas grandes mujeres que entregaron su vida, para que seamos visibilizadas en nuestros Territorios. Las venteras ambulantes son mujeres que luchan por su subsistencia y la de su núcleo familiar -pienso que ponen en escena la economía del cuidado en esencia-, y las mujeres víctimas son heroínas capaces de dar su vida, buscando la verdad y la reparación, para que haya Justicia”.

Carolina Morales Orrego, Carito, abogada de familia y defensora yo diría de todas las causas, conversa conmigo sobre las luchas cotidianas. Las reivindicaciones de las mujeres, dice Caro, no se ven reflejadas en políticas públicas, por eso insiste en el reclamo permanente: “¿Dónde están todos los programas, proyectos, leyes, acuerdos para las adultas mayores?, para nosotras no hay casi nada, es casi lo mismo, gimnasia, recreación, no se han tenido en cuenta los diálogos intergeneracionales, los saberes y las experiencias recogidas por ellas, ni la transversalización de las necesidades, ¿qué hacer entonces?”.

No hay propuestas que disminuyan estas necesidades y no hay apoyo a programas de salud mental especializados; vemos un panorama mas bien incierto y más aún para mujeres negras, campesinas, informales, desplazadas, penadas, y víctimas de las diferentes violencias, las mujeres con movilidad reducida, y/o problemas auditivos, sensoriales, emocionales, entre otros; las de talla pequeña, las LGTBI, entre otras; como las insertadas en la guerra, las mujeres policías, militares, mujeres reinsertadas, mujeres al fin y al cabo, con problemáticas especiales y diferentes, poco recordadas por la mirada sesgada del estado y las instituciones.

Le pregunto a Sandra Liliana López Olarte, artista plástica de 45 años, y se queda mirándome, me comenta que para ella es muy importante conmemorar este día, ya que desde adolescente comprendió que podía decidir sobre su cuerpo, y nunca pensó en ser madre, pues se dio cuenta que esa misión la había cumplido en otras vidas… fue madre de muchas generaciones y legiones; hace años, celebra los círculos de SiHembra, un ritual de mujeres para reivindicar la vida, el amor, la tierra, la paz y el arte. Dice que las mujeres nos hemos reunido por miles de años, simplemente a conversar, compartir y apoyarnos, alejadas de los ruidos de la vida diaria, la competencia y las prácticas vacías, para reconocernos, acompañarnos y nutrir nuestra femineidad.

 

Luz Imelda Ochoa Bohórquez trabaja en la Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Antioquia. Expresiva, espontánea, con buen humor, con risa maliciosa, a sus 52 años puede asegurar que en su vida la marcaron dos cosas, la academia de su padre un físico-matemático, y el tradicionalismo de su madre, una mujer religiosa son personalidades que no casaban, pero que influyeron en su vida, porque tuvo que estudiar en un colegio elitista confesional, Jesús María, y allí sintió la discriminación y el control moral; “fui madre soltera a los 17 años,
tuve una hija muy bella que me acompaña siempre, las monjas me colaboraron después del parto y me ayudaron para terminar el grado 11, estudie Medicina en la UPB luego hice Pediatría, esta me encanta porque me da todo lo que soy ahora adoro el libre albedrío, no cargar nada, por eso estudie genética, programación neuro-lingüística, neurobiología, física cuántica, epigenética, en fin todo lo relacionado con el cerebro y como opera en la mente y en el cuerpo humano, lo que somos y lo que queremos ser…”.

Después de los derechos de las Mujeres, es la lucha por llegar a la Igualdad, dice Luz Imelda “somos diferentes, pero somos iguales, hay una unicidad como especie humana, si nos sentimos iguales, luchamos por acciones afirmativas que nos benefician a ambos mujeres y hombres. Las nuevas masculinidades hay que construirlas con los nuevos feminismos; aunque yo no soy feminista, creo en la evolución y desde ahí propongo luchar por los derechos para hombres y mujeres, desde donde creo se encuentra la ruta de los derechos, por eso soy pacifista”.

Y nos seguimos nutriendo de voces, celebrando ese manifiesto: Para la Guerra nada, Polifonías de Mujeres por el fin de la Guerra, ! Mujeres Antimilitaristas!

La voz de mi madre una Elena de Troya, hoy, ahora de 94 años, la escucho suave, casi en silencio, ella resolvió el cambio y el devenir de nosotras y nosotros, dedicando sus ratos de ocio, a enseñarnos a leer y escribir, ella pintaba acuarela, cocinaba manjares, dedicando su resto de vida como Penélope a guardar en secreto el recuerdo del amor de mi padre, sigue tejiendo sueños y promesas que la hacen pervivir en esta tierra amada.

Caigo en cuenta con los testimonios que con la A, se escribe Amor, Alimento, Agua, Albergue, Ancestral; que las mujeres nos jugamos el desafío de sanar y trasformar nuestro entorno, madurando y construyendo mundos alternativos, sobre todo encontrándonos con nosotras mismas. Este día de las mujeres es para reflexionar, para recordar que somos el 54% de la población en Colombia, que contra nosotras pesa el patriarcado, el capitalismo y la violencia de toda índole, los asesinatos y los feminicidios. También pesa la responsabilidad de transformar el mundo y acabar con las opresiones de toda clase.

Marcación de tiempo: miércoles 15 de abril, 2015. Nota diagnóstico: reingreso a la Universidad de Antioquia en el programa de Biología, Individuo: mujer niña en búsqueda…

Una soleada mañana cubría mi tercer día de clases, mientras la espuma del café desaparecía en mi boca, mi mente iba y venía en diversos cuestionamientos. Era extraño volver a deambular por los pasillos de la universidad después de haber estado por fuera casi cuatro años. La plazoleta Barrientos un poco vacía, soplaba recuerdos de tiempos de agite, correr de acá para allá, entregar informes, salir de clase antes, luego ir a trabajar y así una rutina día tras día, en la cual el conocimiento no tiene espacio-tiempo de trascender y asentarse en la mente para ser digerido o en el mejor de los casos rumiado, pero al menos, como dicen en los pasillos de la universidad, lo importante es cumplir con los requisitos y aprobar las materias lo antes posible para poder graduarse y salir a buscar un mejor sueldo pero esta vez con un título.

De solo recordar el remolino de libros, informes y horas laborales mi mente produjo un carril de estornudo frenético y un rápido sacudón de cabeza me hizo volver al presente, respiré y exhalé en voz alta: “… otra vez lo mismo: trabajar y estudiar a medias…”

Reingresé a la Universidad de Antioquia para terminar de estudiar biología, carrera que había iniciado en el año 2007 y por dificultades económicas me tocó abandonar cuando estaba en el quinto semestre. Ahora que estoy estudiando de nuevo, se me han presentado los mismos problemas, ya que el programa de biología no brinda horarios alternativos en las materias de ciclo básico que tienen secuencia con otras materias de profundización; horarios que permitan estudiar a las personas que debemos trabajar al menos 8 horas diarias, por ejemplo sábados, o en horas extremas como después de las 6:00 pm o las 6:00 am.

Por el contrario, los horarios que se ofrecen, en la mayoría de materias, ocupan ambas jornadas mañana y tarde, por ejemplo, dos materias del ciclo básico de quinto semestre que deben tomarse juntas para poder cursar materias del siguiente nivel, tienen el siguiente horario: Genética y laboratorio; con clase teórica dos veces por semana, los días martes y jueves de 4:00 pm a 6:00 pm y práctica de laboratorio de 10:00 am a 1:00 pm los días miércoles. Ecología y Laboratorio; con clase teórica dos veces por semana, los días martes y jueves de 2:00 pm a 4:00 pm y práctica de laboratorio de 10:00 am a 1:00 pm los días viernes.

Para nadie es un secreto que, si necesitas trabajar por el sustento económico, cualquier empresa te exige entre 6 a 8 horas continuas disponibles, en su mayoría diurnas. Algunas pocas brindan la oportunidad de elegir una sola jornada fija laboral y cuando estudias en ambas jornadas difícilmente se puede negociar. Ante esta situación es cuando te conviertes en mercenaria malabarista del tiempo laboral; emplearte en horarios extremos y en simultáneos trabajos como: mesera, vendedor de tiempo completo con mostrador en la mochila, entregar periódicos en la calle, repartir volantes, animador de fiestas, entre otros. No significa que tener diversos y simultáneos empleos desmerite el esfuerzo; sin embargo, en medio de tanta pirueta económica a qué hora puede una persona formarse para lograr ser un profesional investigador y creativo, con niveles de profundización que permitan el descubrimiento de nuevas rutas y alternativas del conocimiento tanto en su desarrollo teórico como práctico, especialmente en el campo de la biología.


Y mientras seguía caminando con paso firme hacia el bloque siete, para entrar a clases, me pregunté si yo era la única en esta situación de los horarios y el trabajo, ya que debo pagarme todo el sostenimiento: arriendo, servicios, comida, fotocopias y ayudar a mi familia con algún aporte económico y lograr que mi barco lleno de nobles aspiraciones pueda profundizar en el mar del conocimiento; no tengo la opción de elegir entre estudiar o trabajar, debo realizar ambas y poder formarme como una investigadora y no simplemente aprobar los cursos fugazmente.

Cuando llegué a clase, no me quedé con la duda y me dispuse a preguntarles a los compañeros de biología y en los “huecos” a otros estudiantes de diferentes semestres. Les preguntaba básicamente: ¿Trabaja y estudia al mismo tiempo? ¿Cómo se sostiene económicamente, solo o por sus padres o crédito estudiantil? ¿Debe responder económicamente por otras personas fuera de usted? ¿Pertenece algún grupo de investigación de la universidad?

Los resultados fueron sorprendentes, sin entrar en análisis estadísticos dispendiosos, pude darme cuenta que la mayoría de estudiantes de biología son sostenidos económicamente por sus padres, no tienen obligaciones con otras personas y un alto porcentaje pertenece a estratos del cuatro en adelante; además participan de semilleros y grupos de investigación paralelo a su jornada académica; muy pocos compañeros andaban en mi situación de laborar y estudiar; estos estudiantes presentaban promedios académicos bajos y retrasos en varias materias, por lo difícil que es estar en esta situación.

Entonces me surgió otra duda, qué otras universidades de la ciudad de Medellín ofrecen el programa de Biología; encontré que a nivel de educación pública solo la Universidad de Antioquia desde el año 1974 tiene abierto este programa y en educación privada dos universidades la ofertan: el CES que tiene el programa de biología hace sólo siete años con un costo promedio por semestre de 5 millones de pesos y la universidad EAFIT que tiene el programa hace cuatro años con un costo promedio por semestre de 7 millones de pesos.

Después de mis análisis e indagaciones, me pregunto ¿Para qué estrato socio-económico está dirigido el programa de biología en la Universidad Pública? Si en la educación pública universitaria a nivel de pregrado encontramos estas dificultades en las cuales al menos las tarifas son medianamente asequibles; qué diremos entonces en los niveles más altos como especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados, donde las tarifas por semestre dan risa de sólo verlas. ¿Cómo personas del común que han logrado terminar algún pregrado, con diversas obligaciones económicas, ganando salarios que no superan el millón y medio y estoy exagerando a veces ni siquiera ganan 1 millón, pueden acceder a otros niveles de profesionalización?

A esta problemática las personas intentan dar solución buscando obtener alguna beca, compitiendo con los exigentes requerimientos como: publicaciones en revistas indexadas, dominio de un segundo idioma, altos promedios, límite de edad. Sin embargo es sabido que quienes con alta dificultad, lograron graduarse de un pregrado trabajando y estudiando, no tienen buen dominio de un segundo idioma, en su mayoría están “pasados de edad”, a lo sumo tienen una publicación y mucho menos obtuvieron altos promedios durante su pregrado. No queda otra opción que resignarse con un pregrado o endeudarse y a medias estudiar y laborar.

La Universidad del Tolima, UT, institución de carácter público, atraviesa una situación crítica desde el año 2002, pero manifiestamente agravada desde marzo del 2015, luego de que estudiantes de la Facultad de Educación se pronunciaran frente a una eventual crisis financiera. Se realizaron cierres de la universidad y de esta facultad, y convocaron a una asamblea triestamentaria para socializar la situación, tras lo cual distintas facultades empezaron a denunciar la mala calidad académica y de infraestructura, y se evidenció la falta de presupuesto. Paralelamente docentes, estudiantes y trabajadores pidieron datos exactos y cifras del manejo financiero de la institución con el fin de verificar la situación.

Para finales del semestre B – 2015, docentes y catedráticos de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios -ASPU-, cerraron la universidad por adeudarles dos meses de salario y por falta de garantías del pago de liquidación y prestaciones laborales. Además la administración no reconoció la crisis financiera y mencionó que era un problema de flujo de caja. Posteriormente surgió un periodo asambleario triestamentario, y el rector hizo pública la crisis y el hueco fiscal de aproximadamente 22.000 millones de pesos ubicando posibles soluciones por medio de la autorregulación y austeridad.

El 14 de enero de 2016, al iniciar actividades laborales, funcionarios del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia -SINTRAUNICOL- pararon actividades y se tomaron el Campus universitario, por adeudarles el salario de diciembre y la prima. A esto se sumaron los profesores de ASPU y los estudiantes. El 29 de enero, en el primer consejo del año, se posesionó en la presidencia del Consejo Superior de la universidad el nuevo gobernador del Tolima Oscar Barreto; allí decidieron pedir una comisión de acompañamiento financiero al Ministerio de Educación para dar claridades sobre el monto real del déficit. El 3 de febrero llegó esta comisión, amparada por la Ley 1740 de inspección y vigilancia, pero los estamentos (estudiantes, trabajadores y profesores) impidieron su entrada al campus, porque contrario a lo que pretende, esta ley no garantiza la autonomía universitaria.
Según debates realizados por académicos y estudiantes, la situación de la Universidad del Tolima es reflejo de la ley 30 de 1992 y su hundida reforma en el 2011, posteriormente “Acuerdo por lo Superior 2034”. Esto significa que las universidades públicas de Colombia están sufriendo la agudización de su crisis financiera producto de los recortes presupuestales que los gobiernos de Juan Manuel Santos y mandatarios anteriores han realizado en la consolidación de un modelo neoliberal, que en tema de educación (una de las principales banderas del gobierno actual) busca la privatización del sector público.

Mario Vera, profesor y funcionario de la Universidad del Tolima, plantea que el déficit general de la universidad pública en el país, está entre 5 y 6 billones de pesos. En la Universidad Nacional supera los 90 mil millones de pesos; en la universidad de Caldas los 25 mil millones de pesos; y se estima que el déficit de la Universidad del Tolima está en 28 mil millones de pesos.

¿Cómo va la crisis de la UT?
Además del tema financiero, las causas de la crisis de la UT son políticas, asegura Mario Vera, pues existe “una disputa por el poder y el control de la UT, donde el gobernador Oscar Barreto es uno de los actores claves. Durante su primer periodo hace ocho años, se caracterizó por nunca haberle girado lo que por ley 30 le correspondía girar a la universidad, y por haber bloqueado las diferentes iniciativas que desde la Universidad se agenciaban para captar recursos”. Cabe recordar que el gobernador es actualmente el presidente del Consejo Superior.

Desde el año 1993 el gobierno departamental tiene una deuda con la UT, que al día de hoy suma 12 mil millones de pesos. Barreto, buscando mostrarse como partidario de la solución, giró este año 3.400 millones de pesos, pero esta cifra no representa ni el 3% del presupuesto global del Alma Máter; además, paralelo a esta medida, el mandatario ordenó en el Consejo Superior el recorte del presupuesto del 2016 a 19 mil millones de pesos, cuyo monto original era de 26 mil millones de pesos.

Estefany Andrade, también funcionaria de la UT, explica que “las transferencias de la nación corresponden al 45% del presupuesto total, y las transferencias departamentales a un 3%, es decir, a la Universidad se le asigna el 48% del presupuesto, y un 52% debe ser gestionado con recursos propios para que pueda sostenerse; en ese sentido la Universidad cada vez tiene que hacer mayores esfuerzos para poder garantizar sus actividades”. Esta realidad es similar para las demás universidades públicas del país, con lo que se justifica que tengan que recibir inversión privada, y por lo tanto, dejar de ser instituciones de carácter completamente público.

Ante esta situación, Andrade propone rescatar la autocrítica en todos los actores universitarios, porque hay excesos no solo en los niveles administrativos, sino también en los sujetos involucrados dentro de la universidad. Sugiere entonces tener un ejercicio ético en todos los estamentos, no con el ánimo de generar mayores fracturas entre todos, sino para generar puntos de articulación y unidad en aras de crear un movimiento nacional en defensa de la universidad pública. Es necesario reflexionar sobre el carácter público de la educación, y exigir su financiación total por parte del Estado colombiano.

El déficit presentado por la Viceministra de Educación Superior al Consejo Superior fue aforado en $22.638.616.000 en tesorería, dado que cubrió con el recaudo 2015, obligaciones rezagadas de vigencias anteriores, lo cual cuestiona la viabilidad en funcionamiento y el inicio de clases en este primer semestre del 2016 por parte de la comunidad universitaria.

Ante este panorama, el presupuesto inicialmente aprobado para el 2016 por $126.670.183.373 fue controvertido por el Consejo Superior, sobre el cual decidió realizar un ajuste presupuestal y reducción por $18.948.105.860 para la presente vigencia, que implicó un ajuste en cambio de fuente de financiación por $8.295.039.468 referidos los gastos de inversión a la docencia, investigación y proyección social que se cubrirán a través de proyectos formulados con recursos CREE del Ministerio de Educación. Los $10.653.066.392 restantes, se reflejan en la reducción de gastos de personal, gastos generales y gastos de inversión.

Tal situación ha generado que cada estamento universitario construya sus propuestas por separado, defendiendo sus intereses y en detrimento de los otros estamentos. Esta situación obstaculiza el fortalecimiento y la articulación de la comunidad universitaria. La administración actual ha mediado entre los distintos intereses con el propósito de darle viabilidad a la universidad y dio inicio al semestre académico el pasado 14 de marzo.

La unidad es justa y necesaria
El sector estudiantil de la UT se ha movilizado y organizado para salir de la crisis actual. Luisa Fernanda Arango, estudiante de Historia e integrante del proceso Identidad Estudiantil, insiste en estrechar lazos de unidad entre la comunidad educativa y la comunidad ibaguereña y departamental para defender la única universidad pública del Tolima. A su vez, plantea la necesidad de crear un frente común por la universidad pública con el apoyo del pueblo colombiano, pues en el periodo actual donde el tema de la paz hace parte de la agenda nacional, se requiere una formación académica para todos. En eso coinciden trabajadores de SINTRAUNICOL y profesores.

El Pacífico colombiano se ha caracterizado por estar inmerso y determinado durante varios siglos por los vaivenes del mercado mundial, bajo esta dinámica se ha decidido qué producir y hacia dónde exportar, pasando por España, Gran Bretaña, Estados Unidos y ahora China y el resto de Asia. Estas cosas no suceden como algo natural, detrás de la historia de exclusión, violencia y pobreza que deja este legado hay pequeños grupos que han tomado las decisiones y que además han acumulado fortunas para ellos y sus amigos, siendo totalmente indiferentes con la vida de la mayoría de las personas que habitamos este territorio, sus comunidades y el medio ambiente que nos rodea. ¿Acaso sabemos quiénes son y los intereses que los mueven?

El centro de la región
Este inmenso territorio conformado por cuatro departamentos tiene profundas desigualdades en su interior, solo por mencionar un aspecto: para el 2014 el PIB de estos sumó 68.5 billones de pesos, de los cuales el 73.98% (50.7 billones) correspondió al Valle del Cauca. Esto es resultado del mayor desarrollo empresarial en este departamento, donde algunas empresas juegan a nivel internacional y son mucho más grandes que las del resto de la región. La presencia de multinacionales es una característica en común, pero su principal concentración se da en el valle del río Cauca.

Sobre este valle geográfico se ubican grandes intereses que se extienden hacia Buenaventura y van mucho más allá. En el norte del Cauca, donde comienza esta subregión, se ubica el 81.7% de las empresas grandes y el 21.4% de las microempresas del departamento en un entramado que incluye seis zonas francas al lado de grandes extensiones de cultivo de caña de azúcar y dos ingenios. Pero esto es solo el comienzo, pues como mencionamos anteriormente, “la cereza del pastel” está en el Valle del Cauca, allí se ubican 10 de los 13 ingenios agrupados en ASOCAÑA, además de 10 zonas francas y dos más en proyección. Esto es fundamental porque si bien los ingenios controlan una buena parte del territorio, hoy el sector más importante para la economía es el de servicios, el cual aporta algo más del 60% del PIB del departamento, siendo de lejos los “servicios financieros, de seguros, actividades inmobiliarias y servicios a empresas” los que generan el mayor pedazo de la torta, con algo más de 13 billones de pesos al 2014 – 26.3% del PIB departamental –.

Allí están empresas como el Banco de Occidente, que hace parte del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento; pero también agrupaciones como el Grupo Empresarial Coomeva y una de las principales constructoras del país: Conalvías Construcciones. Esta ha estado involucrada en proyectos como la represa del río Ranchería, algunas vías relacionadas con Hidrosogamoso, además de la expansión de la REFICAR, la Ruta del Sol, varios tramos del Transmilenio, del MIO y de Transcaribe. Adicionalmente hay otros grandes actores como Tecnoquímicas, Fanalca y la Organización Carvajal. Estas junto a varias multinacionales que tienen una importante presencia en este territorio, además de las empresas más pequeñas, configuran el corazón económico de la región.

Pero el entramado de poder no se queda solo ahí; el centro económico convive con toda una red de viejos y nuevos poderes en el Estado, que coexisten con la sombra del siempre presente poder del narcotráfico y el paramilitarismo, el cual despliega un amplio control territorial sobre toda esta zona. Este tipo de prácticas los une con el resto de la región, en donde si bien no hay un desarrollo económico tan grande como el del Valle, conviven empresarios rentistas con un sector político alimentado por esa lógica.

Las rentas y el poder en el territorio
La participación que tiene esta región en el Estado no es para nada despreciable, por ejemplo en el Senado el Valle cuenta con 11 curules, el Cauca con 4, Nariño con 6 y Choco no cuenta con ninguna, lo que le da 21 curules de 102; esto sumado a otros entes como ministerios o puestos en el Ejecutivo le da un relativo poder en el Estado a este sector político que no duda en desplegar cuando es necesario. Por ejemplo, cuando se negoció el TLC con EEUU los ingenios lograron preservar algunos mecanismos de protección, además una de las apuestas estratégicas de la élite es la agroindustria, en donde esta región juega un papel vital. Los grandes barones y baronesas (Dillian Francisca, Roy Barreras, Abadías, Martínez Sinisterra y demás) son alimentados por contratos permanentes desde el gobierno nacional, manteniendo bien aceitada la maquinaria para el gobernante de turno.

Sin embargo no todo tiene que ver con Bogotá; históricamente ha habido una confluencia de intereses pocas veces golpeada entre las élites articuladas con el poder en la capital y las élites más locales ligadas a los vaivenes del mercado global y, en muchos casos, la violencia: minería legal e ilegal, narcotráfico, rentas de gobiernos a niveles municipal y departamental, entre otras. Llama la atención que en términos de participación en el PIB en los departamentos de Choco, Nariño y Cauca el principal sector sea el de servicios sociales, comunales y personales donde de lejos el principal componente es “Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria” con participaciones de 15.5%, 11% y 8.4% respectivamente.

En las zonas rurales la puja es permanente entre comunidades organizadas, latifundistas y algunas multinacionales y sus aliados: Smurfit Kappa en Cauca y Valle, Anglo Gold Ashanti en Nariño, Cauca y Choco, en este último junto a Glencore, Colombia Hardwood y Votorantim Metais, entre otras. Allí confluye una vorágine de intereses que mezclan capitales nacionales y multinacionales, mafias, autoridades tradicionales enceguecidas por el brillo pasajero e hipócrita, actores violentos y la búsqueda de vida digna de la gente del común; detrás de esta vorágine solo van quedando territorios destruidos, al lado de la pobreza y marginalidad de siempre, además de la acumulación de riqueza desproporcionada de unos pocos.


¿Qué se viene?
El diagnóstico ha sido claro, con el Plan Pazcífico van es por la gran riqueza que aún queda y los recursos que tiene esta región. Para lograr tener mayores rentabilidades necesitan desarrollar grandes proyectos de infraestructura que van desde nuevos puertos, autopistas y aeropuertos, hasta las denominadas acuapistas y nuevas carreteras. En términos del desarrollo de la infraestructura hay grandes firmas colombianas y españolas en lo que ya se ha concesionado –que puede ser revisado en la web www.ani.gov.co–, teniendo en cuenta que muchos proyectos, como la Acuapista del Pacífico aún están en estudios, aunque ya hay recursos destinados para ello. Esto ya viene andando, el PND 2014-2018 ha dado los lineamientos generales y ya hay un CONPES (3847) que autoriza crédito público externo por hasta 400 millones de dólares, recursos que irán destinados al litoral, donde hoy se profundiza el saqueo. Sin duda alguna, grandes firmas de infraestructura y unos cuantos “dueños del pueblo” se darán un banquete junto al que ya se dan hoy las multinacionales, todo esto bajo la complicidad “ciega” de las elites centrales.

Hablar de conflictos ambientales en los últimos 10 años es algo común y necesario, ya que en este período el nivel de extracción de bienes de la naturaleza se ha disparado por parte de las transnacionales con auspicio del Estado Colombiano. Si bien el tema de la confrontación armada y la guerra fueron institucionalizados, el conflicto ambiental debe ser debatido y elevado al mismo nivel de interés social y político. El futuro de las nuevas generaciones, la vida de todos los seres vivos y la permanencia en los territorios está en juego.

Las luchas ambientales se originaron por la crisis climática como degradación ambiental planetaria, y asumidas por movimientos ambientalistas y organizaciones sociales de toda índole. En la actualidad son muchos más los actores y las iniciativas que se suman a esta causa. El modelo extractivista aplicado en América Latina por empresas de carácter transnacional, puso en alerta ya no solo a los ambientalistas y defensores de Derechos Humanos, sino a cientos de comunidades que se niegan a entregar sus territorios.

Diferentes regiones de nuestro país se han movilizado para defender el agua, la vida y la permanencia en los territorios. La resistencia se ha expresado en movilización social, liberación de la madre tierra, acciones jurídicas, implementación de mecanismos de participación, proyectos de ley, planes de vida y figuras como las zonas de reservas, además. Esta lucha ha traído amenazas, muerte, miedo, destierro y desarraigo de los y las luchadoras sociales. Según Global Witness para el año 2014 en Colombia perdieron la vida 52 ambientalistas, esta situación ha impedido que en muchas regiones del país se denuncien las afectaciones sociales y ambientales provocadas por los proyectos extractivistas y el conflicto armado ligado a la tenencia de la tierra.

El departamento del Tolima se convirtió en una de las regiones más importantes para la lucha ambiental. En el gobierno que Álvaro Uribe Vélez se declarara la mina de la Colosa como la más grande del mundo en reservas de oro, con un potencial aproximado de 12 mil millones de onzas, los tolimenses iniciaron una gran lucha. A través de movilizaciones, marchas carnaval convocadas y dinamizadas por el Comité Ambiental en defensa de la Vida, iniciativas de participación popular como la Consulta de Piedras, entre otras, incrementaron el torrente de resistencia y acción de las comunidades.

Consulta Popular: Ibagué contra la explotación minera
Según la ley 134 de 1994 la consulta popular hace parte de los tres mecanismos más importantes de participación junto con el plebiscito y el referendo. “En el ejercicio de la consulta popular las comunidades dan respuesta a una pregunta de carácter general, sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es presentada por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso. El asunto debe ser competencia de la respectiva autoridad, no puede ser un proyecto de articulado (pues para eso está la iniciativa popular normativa), y no debe referirse a temas que modifiquen la Constitución”.  

En Colombia según la MOE (Misión de Observación electoral), se han promovido dos consultas departamentales, impulsadas sobre la protección del Páramo de Santurbán, 23 municipales y ninguna de orden local y nacional. Uno de los temas más importantes en este ejercicio de participación es el de medio ambiente, con casos emblemáticos como el del municipio de Tauramena en el departamento de Casanare y el de Piedras en el Tolima.

La consulta popular de Piedras Tolima requería el voto de 1.702 habitantes del municipio para frenar la actividad minera en el territorio. El alcalde Arquímedes Ávila Rondón convocó a su pueblo, y el 28 de julio del 2013, 2995 personas dijeron No. Y no podría ser de otra forma, ya que el municipio de Piedras, se iba a destinar para el depósito de desechos y materiales tóxicos utilizados en la planta de producción de oro, es decir implicaría uso de elementos como el cianuro, susceptible de contaminar el agua y ambiente del lugar.

Tras esta experiencia y el impulso de las organizaciones ambientalistas y sociales del Tolima, el Alcalde de la ciudad de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo cumplió con su compromiso de ser actor importante en la lucha contra la minería. Basado en la amenaza que implica tener un aproximado de 105 títulos mineros distribuidos en 44 mil hectáreas de área rural y urbana que pone en riesgo la tradición agrícola, turística y las fuentes hídricas de la región, emprendió la iniciativa de la consulta popular.

En medio de los nervios y la incertidumbre por los resultados de la votación en el concejo municipal, el pasado 29 de febrero el movimiento ambiental logró la primera victoria, con 10 votos a favor y 9 en contra, el Concejo Municipal aprobó la consulta popular. Tras intimidaciones por parte de órganos de control como la Procuraduría y delegados del gobierno nacional, los concejales Víctor Julio Ariza, Juan Evangelista, Camilo Delgado, Ernesto Ortiz, Marco Tulio Quiroga, Oswaldo Rubio, Carlos Castro, Hasbleidy Morales, William Rosas y Linda Perdomo dieron su voto positivo a la iniciativa. Por otro lado Víctor Hugo Gracia, Harol Lopera, Jorge Bolívar, Pedro Mora, Luis Alberto Lozano, Carlos Portela, Wiiliam Santiago, Humberto Quintero y Martha Ruíz votaron de manera negativa.
La Pregunta presentada y aprobada por el Concejo es: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?

Según la proyección del movimiento ambiental, se requiere la participación acertada de 130 mil votos que digan NO. El umbral requerido debe responder al 33% del caudal electoral del municipio que en este momento es de aproximadamente 381.000 ciudadanos.

El proceso se encuentra en la fase de socialización de la iniciativa. Una de las experiencias positivas se dio con los niños y niñas de las instituciones educativas, en el marco de la elección del gobierno escolar. Ellos y ellas tuvieron la oportunidad de definir sobre su futuro y en un ejercicio pedagógico y simbólico la mayoría dijeron NO a la presencia de proyectos mineros en su municipio. Este ejercicio busca sensibilizar a padres de familia y comunidad educativa.

Se espera la revisión de constitucionalidad en el Tribunal Administrativo del Tolima. Según las fuentes pueden ser muchos los impedimentos, amenazas y talanqueras al proceso, pero el pueblo Ibaguereño seguirá adelante. Según el equipo especializado de Dejusticia (Centro de estudios jurídicos y sociales, especialistas en derecho ambiental) la ciudad de Ibagué responde a los requerimientos necesarios y la alcaldía es competente para esta acción.

Se espera que todos y todas acudan a la consulta como una forma real de practicar y construir una verdadera cultura de paz y democracia. De los resultados dependerá el futuro de su territorio, el uso de su tierra, de sus proyectos productivos y la conservación de la memoria y la cultura tolimense.

Campesinos, campesinas e indígenas de los municipios de Samaná, Riosucio, Pensilvania y Salamina, con el acompañamiento del Centro de Investigación y Desarrollo sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat) de la Universidad de Caldas, realizaron un ejercicio de reflexión y recuperación de la memoria de la experiencia vivida desde el origen del conflicto en sus territorios, hasta el proceso de restitución de tierras en el que las familias participan actualmente. Estas reflexiones fueron presentadas por las víctimas en el marco del Foro Público de Restitución de Tierras en Caldas realizado en noviembre del año pasado.


“Así vivimos el conflicto armado en el territorio”
Las décadas de los sesenta y setenta fueron prósperas para el corregimiento de Florencia en Samaná, Caldas. En ese entonces, según sus habitantes, el comercio creció, las vías del pueblo se pavimentaron, se construyeron el centro de salud, el parque, la carretera, escuelas y colegios en el campo, entre otros espacios públicos.

Sin embargo, en los años 90 empezó una disputa entre familias del municipio por las influencias políticas de los partidos tradicionales y la presencia de la insurgencia. En 1996, según lo relatan, empezó en los territorios el impacto de la guerra política; el frente noveno de las FARC-EP realizó su primera toma guerrillera en la cabecera municipal. En 1997 los grupos armados hicieron una división territorial: las FARC-EP se ubicaron en la zona de los Cristales, Arboleda, Pueblo Nuevo y la zona alta de Samaná, mientras que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y los hijos de Ramón Isaza ocuparon la región del Magdalena Medio hasta la Laguna de San Diego.

En 1999 ocurrió la segunda toma guerrillera a Florencia. Cuentan los habitantes que cayó un cilindro de gas a la iglesia y que la gente corría a resguardarse para defender su vida, y a causa de esta toma se desplazaron muchas familias, se generalizó la violencia y la policía abandonó el pueblo. Por esa época, según relata un campesino, la caída del precio del café y la llegada de la roya, coincidieron con el incremento de los cultivos de coca auspiciados por los grupos armados, que al final quedaron dominando el territorio ante la ausencia del Estado.

A partir del año 2000 las cosas empeoraron. Cuentan que la guerrilla les dejaba tres caminos: Incorporarse a ella, morir tras ser amenazados, o irse del pueblo. La decisión fue irse para San Diego. En el año 2002, la guerrilla destruyó el puente que comunicaba el Río Manso con San Diego y amenazaron con quemar el casco urbano. Esto causó que en dos horas las familias huyeran abandonando su pueblo con rumbos diferentes.

Pero los hechos más críticos, que no se borran de la memoria de la gente, se dan con la arremetida de los paramilitares. El 14 de noviembre de 2001 ocurrió una masacre en la vereda El Congal, y el 19 de enero de 2002 entraron los paramilitares: “todos corrimos de miedo, entraron quemando el caserío, así la vida era insostenible y nos tuvimos que desplazar, algunos nos fuimos para la vereda El Volcán, y entre el 2003 y 2007 a raíz de los constantes enfrentamientos armados nos tocaba echar pal monte a escondernos hasta quince días. En esa época hubo desapariciones forzadas y una gran incursión de frentes paramilitares en la zona”, comentan los campesinos.

Cuentan además que a raíz de la situación, en marzo del 2004 después de una reunión de los presidentes de Juntas de Acción Comunal con el general de la policía Rodolfo Palomino, empezaron a asesinar a los líderes y sus familias. Algunas de las víctimas fueron líderes de la vereda el Bosque, la Cumbre y Quebrada Seca, y en total fueron asesinados siete líderes de Juntas de Acción Comunal.

La zona quedó bajo el control paramilitar. En volquetas se transportaban los alimentos para los frentes paramilitares, mientras que a los campesinos les revisaban sus mercados cuando regresaban del pueblo los domingos hacia sus veredas, y si tenían más de 30 o 40 mil pesos en comida, les acusaban de transportar víveres para la guerrilla.

En el 2005 toda la comunidad de la vereda el Bosque se desplazó. Con las fumigaciones aéreas a cultivos ilícitos se afectaron los cultivos de pan coger, las fuentes hídricas como ríos y quebradas se contaminaron y mucho ganado murió. Recuerdan además que en el 2006 las familias de Florencia se desplazaron a causa de los atropellos que el Ejercito Nacional de Colombia venía realizando a la población.

En el 2011 inició el proceso de desminado humanitario en los territorios, y desde el Estado se impulsaron dos programas llamados “Familias en su Tierra” y “Familias Guardabosque”, ambos de asistencia social a población víctima del conflicto armado.

En la actualidad, las familias y víctimas del conflicto armado se encuentran participando del programa de Restitución de Tierras, un programa que desde el Estado es denominado como “el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado”.

Caldas según el Registro Único de Víctimas (RUV) es el departamento del Eje Cafetero con mayor número de hechos victimizantes (150.879, a septiembre de 2015). Carolina López trabajadora social del Cedat, quien acompañó el trabajo de campo en el municipio de Samaná cuenta que a noviembre de 2015 solamente estaban iniciados 95 casos para Caldas, un número bajo con relación al número de víctimas registradas en el departamento. Así mismo apunta que las víctimas son conscientes que el proceso apenas comienza, pero advierte que “la tarea del Estado no solamente es devolver las tierras a quienes fueron despojados de ella, sino generar procesos que permitan el retorno y la restitución de condiciones relacionadas con la totalidad de la cadena productiva y la vida de sujetos, familias y comunidades. Además se requiere reparar por pérdida a quienes por razones diversas, no están dispuestos al retorno”.

Para los campesinos y campesinas del municipio de Samaná, el retorno a sus territorios se convierte en un símbolo de esperanza, pero advierten que les preocupan las condiciones de seguridad y económicas, y el impacto social y ambiental de los megaproyectos hidroeléctricos que afectarían a sus territorios. Como dijo un campesino en uno de los talleres realizados por el Cedat: “Ojalá mis palabras no sean ciertas, pero a futuro lo veo, que a nosotros nos van a volver a desplazar por el uranio y el agua”.

William llegó a los Llanos Orientales en 1984, buscando un mejor destino. Eran los tiempos en que la frontera agrícola seguía extendiéndose en el oriente del país, ejerciendo una atracción especial en muchos colombianos. William decidió adentrarse en esas tierras con machete en mano, junto a tres de sus hermanos, con los que abrió trocha para “civilizar montaña”, como se solía decir en la jerga colonizadora. Un día, en tierras baldías del norte de la Sierra de la Macarena, levantó El Sansa, un fundo que con el paso del tiempo se convertiría en la vereda La Argentina, ubicada en el municipio de Mesetas.

Conocedor del terreno como pocos, William orientó al sociólogo y periodista Alfredo Molano en las correrías que éste realizó por la Sierra de La Macarena en décadas pasadas, y colaboró en el censo de investigación que hizo la Universidad Nacional en 1989 en esta parte del país. Desde su experiencia aportó al reconocimiento de lugares desconocidos en el inventario de la geografía colombiana. Muchos de esos sitios conservan el nombre con el que él los bautizó en sus andares, y hoy son testigos de la magia de los paisajes que guarda la sierra: Caño Sancocho, Caño Dantas, entre otros.

Amante y defensor empedernido de la naturaleza, pero también líder comunitario por vocación, sintió interés por la política, la cual entendía como un oficio para promover el bienestar de la comunidad. En alguna oportunidad fue escogido como concejal del municipio de Mesetas, y de su gestión los habitantes recuerdan su papel en la creación del acueducto comunitario de Santa Lucia, la promoción de los cabildos verdes para la conservación del medio ambiente y el trabajo arduo por el desarrollo del municipio. Esto lo motivó para seguir por esa senda. Quiso ser alcalde de Mesetas, pero no pudo lograrlo porque un atentado casi acaba con su vida. Sus más cercanos amigos dicen que los autores fueron guerrilleros que visitaban el pueblo, quienes lo habían vetado para hacer política. William se inscribió por la recién creada Alianza Democrática M19, y su pretensión casi le cuesta la vida.

En los primeros días de octubre de 1991, y con una bala en el pie, partió con su esposa rumbo a Villavicencio, dejando atrás lo que había construido con mucho esfuerzo durante varios años. Con la marca del desplazado llegó a la capital del Meta, buscando refugio y ayuda económica. Una vieja amiga les tendió la mano, permitiéndoles vivir durante varios días en una casa del barrio El Jordán, mientras encontraba donde vivir y emplearse. Al poco tiempo su esposa volvió a Mesetas para tratar de recuperar parte de las cosas abandonadas, y con lo recogido de la venta de la tierra arrendaron una casa en el barrio Villa Ortiz, donde vivieron cerca de seis meses. Pero la situación era dura y con el deseo de obtener una casa propia, para el mes de junio de 1992 se trasladaron a El Manantial, un barrio que crecía al capricho de sus habitantes, a través de la autoconstrucción.

En Coroncoro
La llegada abrupta a la ciudad no menguó su interés por ayudar a las comunidades. De hecho, contribuyó a la organización popular y la consolidación del barrio El Manantial, lo que le mereció ser el primer comunero elegido por voto popular en la Comuna 4. Como presidente de la Asociación de Padres del Colegio Narciso Matus, William defendió la gratuidad de la educación y la atención de los estudiantes en materia de salud. Junto al licenciado Nelson Vivas se involucró en la búsqueda de soluciones a los problemas que vivían las familias ubicadas en la margen derecha del río Guatiquía, a la vez que promovió su reforestación.

Además, comenzó a realizar recorridos por los terrenos que colindaban con el barrio donde residía, descubriendo un lugar de gran importancia natural: el Humedal Coroncoro, un ecosistema rodeado de árboles de más de 300 años, con cerca de 57 especies de aves, dos clases de murciélagos no identificados y una abeja que no se ha clasificado. El encanto del lugar lo reforzaba el nacimiento de tres caños, entre ellos Caños Negros, un afluente del río Guatiquía. Empezó a buscar información oficial sobre el terreno, encontrando en expedientes del municipio que este figuraba a nombre de Sociedad Mariño Plata y CIA (Decreto 00161 de 1996). El predio titulado, conocido como Hacienda Santa Martha, tenía una extensión de 140 hectáreas, y en ellas un área considerada como de conservación ambiental. William también descubrió que en el Numeral 4 del Decreto, la Junta de Planeación Municipal consideraba necesaria la reglamentación como sector especial de los terrenos mencionados, como también la posibilidad de construcción de vivienda de interés social.

Con esa información logró que 14 hectáreas fueran decretadas como área de preservación y conservación ecológica, mediante el Decreto 109 de septiembre de 1997, entrando a hacer parte de la cartografía ecológica de la ciudad. Este sería el punto de partida de la lucha que libró contra el abandono en que se encontraba el humedal y denunció la ocupación ilegal de sus predios y el interés de construir un proyecto urbanístico sobre el área del ecosistema. Visitó el Ministerio del Medio Ambiente para que revocara las licencias de construcción otorgadas, y blindara jurídicamente el humedal de la acción de los urbanizadores legales e ilegales. Suerte que, por cierto, no han tenido los 14 humedales que existen en Villavicencio, de los cuales cuatro desaparecieron por la acción despiadada de los constructores de vivienda.

Guardián de la selva
En marzo de 2005 la revista Semana publicó una nota donde daba cuenta de la labor que venía realizando William Barrios por la preservación del Humedal Coroncoro en Villavicencio. La nota destacó el trabajo del pereirano, al que llamó el “Guardián de la selva”, y quien sin “contraprestación e incluso con dinero de su propio bolsillo”, defendía la existencia de uno de los últimos ecosistemas de la ciudad. Al ser interrogado sobre su actitud, Barrios afirmó: "Desde pequeño he sido enamorado de la naturaleza porque mi abuelo me inculcó el amor y el respeto que se le debe tener… Amo este lugar como a mi familia".

Con la defensa del humedal arribaron problemas de seguridad para William y su familia. Urbanizadores piratas y finqueros vieron en esta labor un obstáculo para sus intereses. Sin embargo, las presiones para que desistiera no dieron frutos: "Seguiré siendo un guerrero sin arma y defendiendo este lugar con mi propia vida si es necesario, para que en un futuro mi hijo y otras personas que han crecido aquí conozcan la dimensión de proteger esta joya de la naturaleza en medio de la ciudad", se le escuchó decir. Incluso Barrios cuestionó la labor de varias ONG y “ambientalistas” que se presentaban como defensoras de la naturaleza, a los que consideró “los peores enemigos de los humedales y del medio ambiente (…) que dicen ser defensoras de la naturaleza pero resulta que sólo son personas que quieren lograr un objetivo económico. Hay algunas que se esmeran por sacar adelante sus proyectos, pero la mayoría se escuda en la ecología para sacar provecho financiero y vivir de eso”.

En enero de 2007 un sicario acabó con la vida de William. Su cuerpo quedó tendido en una de las calles del barrio que habitó y ayudó a crecer. No obstante, la labor que emprendió surtió, igual que la naturaleza, oportunos frutos. El más importante fue poner en el debate público de la ciudad la necesidad de preservar la naturaleza y velar por su conservación.

Página 1 de 2

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

últimas publicaciones

Contacto

Medellín - Antioquia - Colombia

 

Calle 50 #46-36 of. 504

 

(4) 231 08 42

 

periferiaprensaalternativa@gmail.com

 

Bono solidario

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.