Institucionalidad, partidos, y financiación: tres frentes para mejorar la democracia

La Reforma Política y Electoral nace del punto de participación política del Acuerdo de Paz realizado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Fue radicada el 17 de mayo en la Cámara, recogiendo gran parte de las propuestas elaboradas por la Misión Electoral Especial (MEE). Sus tres focos son: las mejoras a la institucionalidad electoral (el CNE), el sistema y la manera de escoger, y la financiación de las campañas.

Entre varias de sus creaciones institucionales –como la Fiscalía General, o la Corte Constitucional–, la Constitución de 1991 creó el Consejo Nacional Electoral, el organismo que se ha encargado desde entonces de regular lo relacionado con los comicios y con los partidos políticos.

La MEE propuso encargar de todo lo relativo con el sistema político-electoral, a tres entidades: la Registraduría, el Consejo Electoral Colombiano (CEC) y la Corte Electoral (CE). La primera, que ya tiene funciones electorales (organiza, planea, y ejecuta los eventos de índole electoral del país), mejoraría sus funciones con el uso de plataformas tecnológicas. El CEC asumiría el grueso de las funciones del Consejo Nacional Electoral. Y la Corte Electoral, que fue lo más novedoso y controversial de las propuestas, sería una nueva alta corte para la Rama Judicial, y se encargaría de resolver demandas y procesos de pérdida de investidura, separación de cargos, nulidad de elecciones, pérdida de personería jurídica de los partidos, y emitiría sanciones disciplinarias.

Algunos analistas y académicos se mostraron a favor de la propuesta de la MEE. Como el ex fiscal, ex procurador, y ex ministro en el Gobierno de Juan Manuel Santos, Alfonso Gómez Méndez, para quien esta propuesta, que implica serias reformas y reconsideraciones de orden constitucional (como quitarle el poder electoral a las Sección Quinta del Consejo de Estado para dárselo a la Corte Electoral), es “un mecanismo en la dirección correcta para corregir las fallas que hoy todos estamos comentando en temas de partidos, listas y financiación de campañas”.

Otros, de entrada, rechazaron la propuesta, como el exsenador Juan Lozano, quien es más cercano a las toldas uribistas: “como si no fuera ya suficiente la carga burocrática que debemos asumir con los impuestos de los colombianos, crear una nueva supercorte. La supercorte electoral, como si ya no tuviéramos suficientes cortes, altas cortes, consejos superiores, cortes especiales, consejos nacionales y tribunales”.

¿Cómo quedó este punto en el proyecto radicado?
No se acogió la idea de crear una corte o tribunal electoral. Se propuso la creación de una nueva institución, el Consejo Electoral Colombiano. Este órgano electoral, además de todas las tareas que hoy cumple el CNE en cuanto a regulación de elecciones y partidos, tendría más dientes para corregir irregularidades, como en el caso de las inhabilidades o los fraudes electorales, en los que actuaría –y este es un planteamiento que hizo la MEE- antes de las posesiones, evitando así la realización de jornadas electorales atípicas. Tendrá más presencia regional, y contará con funciones de policía judicial para controlar la financiación ilegal. Además, con el fin de “despolitizar” al Consejo y de garantizar una verdadera autonomía, los consejeros no serán nombrados por el Congreso (como ocurre con los magistrados del CNE); la elección de nuevos integrantes se hará por el método de “cooptación” (los miembros antiguos nombran a los nuevos). A la Registraduría se le exigirá llegar a las zonas donde antes había confrontaciones armadas, facilitar las votaciones en las zonas rurales (ofreciendo el transporte, por ejemplo), y mejorar sus procesos de contratación, para hacerla más transparente y eficaz.

Remodelación del sistema electoral ¿Una oportunidad para tener verdaderos partidos?
“Con la mejor intención de acabar el bipartidismo, los constituyentes del 91 prácticamente acabaron con los partidos. Hoy, solo tenemos siglas o nombres cuya principal función es repartir avales”, expresó el ya citado Alfonso Gómez Méndez, en una de sus columnas. Y precisamente a corregir esta situación, la falta de partidos serios, se enfocaron las recomendaciones de la MEE, así como lo acogido de estas por el Gobierno.
Se continuará con la circunscripción nacional de 100 senadores, pero no con voto preferente, sino con lista cerrada y bloqueada, lo que quiere decir que cada partido ofrecerá una lista de candidatos enumerados, los ciudadanos no votarían pensando tanto en personas, sino en el partido, y en la lista que este acomoda luego de procesos internos de escogencia. Reformular el sistema de partidos de esta manera, es convertirlos en centros políticos democráticos y con agendas programáticas serias. Sería una oportunidad para formar partidos estructurados, con democracia interna, y sobre todo, con diferencias ideológicas marcadas.

Es común, por ejemplo, ver en un solo partido, en las plenarias del Senado, un conjunto de posturas distintas, y a veces contradictorias. Pocas diferencias ideológicas y programáticas pueden haber, por ejemplo, entre el Partido Conservador y el Liberal (en este último se han hecho propuestas que van más allá de lo conservador, como limitar la posibilidad de adoptar a un concepto de familia cerrado, y excluyendo a las parejas homoparentales). Y ya se ha escuchado a los mismos senadores –incluso a Claudia López– que no es si quiera imperativo tener una constante interacción con sus respectivos partidos. “Yo puedo volver por la dirección del Partido Verde en cuatro años y no pasaría nada”, expresó la senadora en un debate sobre la Reforma al Equilibrio de Poderes en el 2014.

Además, para conformar el Senado los aspirantes compiten con campañas costosas (el máximo autorizado en las elecciones de 2014 eran 740 millones, pero según estudios, como el realizado por la firma Cifras y Conceptos, en promedio cada campaña costó alrededor de 3.000 millones, y algunas llegaron casi hasta los 12.000). Esto también se reduciría, porque el Estado aumentaría su financiación, y esta se haría de manera más directa y organizada (gracias a la lista cerrada), con los partidos.

La lista cerrada, propuesta que ya había estado sobre la mesa en las reformas políticas anteriores (la del 2003, la del 2009, y con la del Equilibrio de Poderes del 2014), es un gran avance. Así se corregirá la aguda atomización de los partidos, que desde la creación de la Carta Política se ha querido revertir.

Más financiación pública
Se aumentará la financiación pública, en busca de disminuir la privada (lo que ayudará a reducir la dependencia y la filiación que tienen muchos políticos con sectores económicos o particulares). Esta será directa hacia los partidos, tanto antes como después de los procesos electorales, y de manera indirecta (con el transporte de los electores y el acceso a los medios de comunicación). Será de obligación legal la entrega de rigurosa información contable, que será revisada y auditada por una unidad especializada. Se aumentará el control y la regulación en relación con financiación de propaganda electoral, transporte y movimientos monetarios, y se prohibirá a las campañas y partidos la entrega de donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos. Se estimulará, con incrementos en la financiación estatal, a los partidos donde se dé más espacio a las mujeres y los jóvenes.

La pugna política ya comenzó
La reforma toca de manera directa a los partidos políticos y sus integrantes, incluyendo a los congresistas que serán quienes le darán el visto bueno. Esta fue radicada faltando un poco menos de un año para las elecciones legislativas y presidenciales. Los congresistas ya están calculando sus movimientos.

Por otro lado, las reglas de juego, ahora que se están implementando vía legislativa los Acuerdos de Paz, ya son otras: con una votación que quedó 5-3, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó literales del denominado “Fast-Track”. Ahora la votación de cada proyecto para implementar los Acuerdos se hará artículo por artículo, y no se tendrá que contar con el aval del Gobierno para que se hagan cambios a las propuestas.

¿Pasará, de manera integral, esta reforma en el Congreso, ahora que el trámite legislativo es otro, y teniendo en cuenta que es un tema que toca de manera directa a los mismos congresistas?

Varios partidos ya aclaran sus posturas. Las listas cerradas, que es el tema que más toca a los congresistas, está pensada a partir de 2018, pero es probable que, ni si quiera los congresistas más afines al Gobierno acepten cambiar las reglas de juego tan apresuradamente. El temor a que sea más difícil regresar al Capitolio, por cuenta de que no hay mecanismos democráticos claros para que sus partidos los postulen en la lista, ya se siente. Además temen que estos, aun teniendo esos mecanismos, los dejen en puestos de lista tan altos que les sea más difícil alcanzar una curul.

Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, afirmó que su colectividad aprobaría la propuesta, “pero para 2022”. Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, más radical aún, afirmó en entrevista para El Tiempo que en su partido no van “a votar la reforma política, ni un solo artículo, y no lo haremos por las listas cerradas, que son una improvisación”. Una de las principales cabezas del Polo, el hoy presidenciable Jorge Enrique Robledo, también expresó su desacuerdo con la propuesta: “Nos quieren vender ahora el cuento barato de que cerrando las listas se evita la corrupción en la política”.

En conclusión, es probable que la propuesta pase, pero no para las elecciones que vienen. En cuanto a los otros puntos, que no tocan de manera tan directa a los congresistas, no ha habido tanto rechazo. El punto de financiación les conviene, y el de mejorar el sistema institucional no les preocupa tanto.

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Juan David Guerra
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