En Santa Rosa de Cabal habitantes reclaman derecho al agua

En Santa Rosa de Cabal, Risaralda, se llevó a cabo el pasado 27 de mayo un Cabildo Abierto, promovido por una iniciativa popular en cabeza del Comité por la Defensa del Patrimonio de este municipio. El tema en debate fue un cuestionado contrato de venta de agua en bloque, realizado por la administración municipal y el gerente de la empresa pública EMPOCABAL, encargada de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, con un privado de dudosa procedencia, sin experiencia en el servicio que pretende prestar, sin la infraestructura que para ello necesita, y cuya sede principal al momento de la firma del contrato era un almacén de zapatos.

Origen de la discordia
La empresa EMPOCABAL fue creada en los años ochenta con un carácter estatal. Hasta ahora se ha encargado de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, ostentando un monopolio natural público. De esto se deriva que su finalidad no es el ánimo de lucro sino, por el contrario, el ánimo de cumplir con una función social y garantizar un derecho.

El 25 de febrero del año 2016 se constituyó con un capital de 10 millones de pesos la empresa Proactivos Inversiones S.A.S., cuyo propietario es el señor Alberto López y representante legal la señora Yudy López, familiar del propietario. El 9 de marzo del mismo año, esta empresa se registró en la Cámara de Comercio con un capital pagado de 100 millones de pesos. Posteriormente, el 26 de mayo de 2016 la asamblea de socios de Proactivos S.A.S. ordenó constituir la empresa Serviaraucarias, lo cual se hizo efectivo el 9 de junio de 2016, con un capital de 400 millones de pesos, siendo propietaria en un 100% Proactivos Inversiones S.A.S.. En agosto 31 del mismo año EMPOCABAL le concedió a Serviaraucarias un contrato para la venta de agua en bloque, de forma que entró a competir con el mismo objeto comercial de la empresa estatal.

Voces en torno al tema
Para Aurelio Suárez Montoya, quien participó en el Cabildo Abierto en vocería del Comité Cívico, el contrato es ilegal, inconveniente e innecesario. Ilegal porque no se acudió a la figura de convocatoria y se entregó a dedo un contrato que disfraza realmente una concesión a una empresa sin idoneidad. Inconveniente porque EMPOCABAL renuncia a su objeto comercial en favor de una empresa privada, y de paso renuncia a expandir la empresa con la creación de 13 proyectos habitacionales que están proyectados en este municipio. Esto afectará, según Aurelio, la situación financiera de la empresa, por lo que seguramente terminará siendo privatizada. Innecesario, porque las finanzas de la empresa han mejorado con activos que superan los 52.000 millones de pesos, con importantes ganancias y una rentabilidad adecuada.

Miguel Fernández Quiroga, representante de los trabajadores de EMPOCABAL, plantea que el contrato no se acogió a los parámetros de la Ley 142 ni de la Comisión Reguladora de Agua Potable. Así mismo, que la empresa Serviaraucarias tendrá que hacer una enorme inversión en planta de tratamiento para cumplir con el objeto social del contrato, lo cual significa además el marchitamiento de la empresa estatal, un perjuicio para el trabajo de los empleados, y un incremento de las tarifas para los usuarios, por cuanto lo que persigue esta empresa privada no es la prestación del servicio, sino la búsqueda de ganancia monetaria. Fernández plantea además que en esas condiciones se violenta el derecho fundamental al agua, porque será más costosa, y que no se garantiza su prestación en términos de calidad pues la empresa privada no tiene las condiciones para hacerlo.

El sacerdote franciscano Bernardo Mesa también hace parte del Comité Cívico, y considera que el contrato conduce a privatizar el agua. Anota que este es a dedo y que presenta serias fallas. Aunque el contrato tenga una validez jurídica, no tiene una validez ética, enfatiza.

Por su parte, algunos líderes que están a favor del contrato, como en el caso de los señores Albeiro Ríos y Nelsón Andrés Trujillo, consideran que Serviaraucarias mejorará la prestación del servicio, generará mayor empleo, se desprenderá de la convención colectiva de trabajo que se plantea como demasiado onerosa, y aprovechará los excedentes de agua con que cuenta el municipio, luego de perder como cliente en la compra de agua en bloque al municipio de Dosquebradas.

Un debate entre el Gobierno municipal y los habitantes
La administración municipal, principal opositora de la iniciativa del Cabildo Abierto y defensora del contrato con Serviaraucarias, argumenta que este tipo de contratos son permitidos por la ley, y que son necesarios para el municipio tanto como para EMPOCABAL, puesto que esta última se encuentra en una insolvencia económica cuya principal causa es la convención colectiva firmada con el sindicato de trabajadores, y de la cual le es imposible salir sin los recursos que ganarán a razón de este contrato de venta de agua en bloque.

Sin embargo, el comité promotor y demás ciudadanos afirman que aunque es permitido por la ley, fue firmado a espaldas de la comunidad, sin su respectiva publicación, sin tenerse en cuenta a la junta directiva de la empresa y al Concejo municipal. Dicen además que tampoco se hizo un estudio previo, necesario para todo tipo de contratación que involucre servicios públicos, para garantizar la sostenibilidad económica de EMPOCABAL.

Cuando el Cabildo Abierto ya había sido aprobado por la Registraduría municipal, el alcalde de Santa Rosa y el gerente de EMPOCABAL se reunieron nuevamente con la empresa privada, anularon el contrato y firmaron uno nuevo que medianamente intenta subsanar algunas de las quejas del pueblo: estableció cuatro puntos de conexión, clarificó un poco el asunto de las tarifas y cambió la multa de 5.000 SMLMV a 2.500 SMLMV.

No obstante, un contrato donde se establece una multa de más de 1.500 millones de pesos para EMPOCABAL en caso de que incumpla, pero ninguna para el privado, deja serias preguntas en los ciudadanos, más cuando hay antecedentes de ser esta la fórmula de la privatización de las empresas públicas del país. En ese sentido, la postura más destacada dentro del Cabildo Abierto por parte de la comunidad fue su constante negativa a que en corto, mediano o largo plazo su recurso hídrico se encuentre manejado por un privado y no por su empresa pública.

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