Paro en Buenaventura: para vivir con dignidad en el territorio

Por décadas todos los colombianos y colombianas que visitaban  Buenaventura se encontraban con la paradoja de ver tanta pobreza y desamparo social en medio del puerto más rico del país. Pero, si se extiende la mirada a todo el Pacífico se aprecia un panorama similar; el cinismo estatal con esta región es pasmoso, ni un solo Gobierno le ha cumplido a los habitantes de esta región, los niveles de necesidades básicas insatisfechas son del 36%, las más preocupantes del país, a pesar de contar con incalculables riquezas estas son explotadas de manera inmisericorde con el medio ambiente y son comercializadas por mafias, transnacionales, paramilitares y toda clase de delincuencia. La tapa de la olla es la corrupción de la clase política nacional y local, que campea ante la mirada permisiva de los organismos de control.

Ante la gravedad de la situación social, la mañana del 16 de mayo de 2017 el comercio, los trabajadores portuarios, los transportadores, los maestros, los estudiantes y las comunidades en general decidieron apoyar el llamado al paro cívico convocado por las 61 organizaciones sociales, políticas, económicas, religiosas, indígenas y negras más importantes de la región. La indignación es total para los habitantes del puerto, ya que según el comunicado publicado por el Comité de Paro, Buenaventura le aporta al año 5,47 billones de pesos a la Nación por concepto de recaudo de aduanas por comercio exterior, y a pesar de ello la sociedad de Buenaventura, en especial los más pobres, atraviesan una situación insostenible.

El paro ha sido declarado desde el día 16 de mayo, con carácter indefinido y bajo el lema “Para vivir con dignidad y en paz en el territorio” y persigue que el Gobierno declare el estado de emergencia económica, social y ecológica. Los indicadores sociales de marginalidad, discriminación y desconocimiento, manifiesta el comunicado, se agravan por la presencia de grupos armados que han causado miles de víctimas, especialmente en la última década.

El desempleo se ubica en un 62%,  y el empleo informal llega al 90%. La pobreza en la zona rural pasa del 91% y en la ciudad es del 64%. Existen más de 162 mil víctimas del conflicto armado, casi el 40% de la población total. El déficit en salud y vivienda es crítico. Las cuencas de los principales ríos de la región están contaminadas con mercurio. Por otro lado Buenaventura es una ciudad controlada por actores armados ilegales.

Una vez el Gobierno nacional declare la emergencia económica, social, y ecológica, los organizadores del paro se pondrán a disposición para iniciar un proceso de negociación de ocho puntos fundamentales: cobertura en prevención y atención de salud de baja, media y alta complejidad y medicina tradicional; recuperación y conservación de cuencas y otros ecosistemas estratégicos degradados; cobertura, calidad y pertinencia de la educación básica, media, técnica y universitaria; fortalecimiento y promoción masiva de las prácticas culturales, recreativas y deportivas; saneamiento básico e infraestructura de operación pública y comunitaria de los servicios públicos domiciliarios; acceso a la justicia y reparación a las víctimas individuales y colectivas; ordenamiento del territorio, como hábitat para la vida y el bienestar colectivo, con reparación y nuevas viviendas para las familias; fortalecimiento de la producción local y regional y otras medidas económicas, jurídicas y políticas que garanticen la generación de empleos dignos y los ingresos requeridos por las familias.

En pocos días se espera que toda la comunidad se sume y fortalezca el paro cívico, manifestaron los líderes del movimiento, e invitaron a las regiones cercanas y al país a solidarizarse con Buenaventura y sus pobladores.

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