Empresa de Energía de Bogotá vulnera el patrimonio de Santa Rosa de Cabal

El pasado tres de mayo en la vereda Volcanes del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), se llevó a cabo el proceso de levantamiento de piezas arqueológicas que corresponden a tumbas precolombinas de la cultura Quimbaya. Este hallazgo se dio en el momento que la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) realizaba trabajos para el establecimiento de la torre número 61 del proyecto de transmisión eléctrica UPME-02-2009, subestación Armenia a 230 KV y líneas de transmisión asociadas, que contempla en total 83 torres, las cuales pasarán por cinco municipios de los departamentos de Risaralda y Quindío, involucrando cerca de 27 veredas y  atravesarán el distrito de Conservación de Suelos Barbas – Bremen.

Inicialmente la EEB guardó silencio frente al hallazgo de las piezas arqueológicas y pretendió retirarlas sin reconocer los procedimientos que se requieren para ello. Así lo relató un vecino de la vereda Volcanes, quien además explica que estas piezas habían sido cuidadas por el propietario del predio y campesinos de la zona, así como que fue él quien dio aviso a las autoridades competentes sobre este importante descubrimiento.

Posteriormente funcionarios de la EEB, en compañía de la Policía y Ejército Nacional, Sijin y personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, procedieron a la extracción de las piezas halladas, incurriendo en varias irregularidades, como lo señala el Comité por la Defensa del Territorio de los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, en un comunicado en el cual manifiestan que “No se presentó una orden de allanamiento oficial y se ingresó sin autorización del dueño del predio, en la operación hubo un despliegue exagerado de fuerza pública con aproximadamente 100 agentes entre personal del ESMAD, la policía, SIJIN e incluso el Batallón 8 Móvil del ejército en una clara actitud intimidatoria y de amedrentamiento frente a una comunidad desarmada”.

Así mismo, relatan que “Los agentes de la fuerza pública se dirigieron a la comunidad de manera despectiva, además realizaron daños en fincas aledañas al armar campamentos sin el consentimiento de los propietarios y aprovechando que los predios se encontraban solos. Para realizar el levantamiento de las Tumbas ingresaron por sitios no autorizados de la finca, incluyendo la casa principal interrumpiendo la privacidad de los propietarios, y la acción de desmantelamiento se realizó pasando por encima de una solicitud de medida cautelar de suspensión ante el Tribunal Administrativo de Risaralda en el marco de una Acción Popular, instaurada por la Defensoría del Pueblo seccional Risaralda”. Por estos motivos, el Comité por la Defensa del Territorio argumenta que esta situación constituye un abuso por parte de la Empresa de Energía de Bogotá, las autoridades departamentales, municipales y la fuerza pública, contra la comunidad de la vereda Volcanes y la memoria e historia del pueblo Quimbaya.

Por su parte la comunidad denunció que estas piezas fueron trasladadas en costales y se encuentran en una oficina de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, y aún no se conoce el destino del hallazgo cultural.

Las piezas encontradas consisten en dos tumbas de cancel, es decir, estructuras en piedra que utilizaba la cultura Quimbaya para rituales de sus funerales. Según autoridades, estas piezas arqueológicas datan del año 500 después de Cristo.

Para las organizaciones ambientalistas, sociales, la academia y los habitantes de la zona, este hallazgo significa una oportunidad para el rescate de la historia, la cultura y memoria de los pueblos y por ello proponen que las piezas sean retornadas al sitio y allí se realice la construcción de un parque arqueológico que conecte con otros lugares culturales como el Salado de Consotá y Piedras Marcadas. Igualmente proponen que dicho parque sea administrado por la comunidad organizada, la cual cuenta con un Plan de Manejo que ha sido construido con la asesoría de expertos en el tema.

De igual modo el Comité por la Defensa del Territorio ha solicitado que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, explique a la comunidad por qué no se consultó al Consejo Departamental de Patrimonio, entidad asesora de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda, para tomar una decisión más acertada sobre el manejo del hallazgo arqueológico, a la vez que señalen por qué no estuvieron presentes y supervisaron el operativo que empleó la EEB para el “rescate” de las tumbas que en momentos se hizo sin la supervisión ni siquiera de los mismos arqueólogos de la empresa.

Por último, piden a la Defensoría del Pueblo efectuar una demanda a la EEB por violar la ley que protege el patrimonio arqueológico por encima de leyes que permiten proyectos de infraestructura, y exigen que se tomen las acciones disciplinarias al personal de la Policía Nacional, el Ejército, la Sijin y el Esmad  por incursionar en una acción judicial ilegal, ya que no contaban con una orden judicial concebida por un juez.

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