“Agua, bosques, tierra, para los que no queremos guerra”

En semana, desde muy temprano, Maria Rubiela Vargas se levantaba para salir con el mayor de sus siete hijos a coger los limones, las naranjas, las mandarinas y los plátanos que cultivaba en su huerta, también algo de caña para moler en el trapiche comunitario del que se beneficiaban nueve familias que habitaban en esa vereda, La Aurora, de Cocorná. La vida allá era muy buena, cuenta Rubiela, el agua era abundante, y la comida nunca les faltaba, “yo era feliz, feliz, madrugaba a trabajar; cada ocho días el papá de mis hijos me daba para lo del mercado, y yo  ajustaba con lo que realizaba de mis frutas, de mi caña, de mi molienda, a veces me hacía hasta 600mil pesos”.

Entre 2011 y 2013, cuando la empresa HMV Ingenieros adelantó la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica El Popal sobre las aguas del río Cocorná, Rubiela y los demás habitantes de La Aurora tuvieron que desplazarse porque el agua con la que se abastecían se secó, la tierra empezó a agrietarse y a derrumbarse, y el trapiche comunitario donde todos molían sufrió grandes daños. “Cuando vimos que ya habían terminado y no nos solucionaban los problemas, ya nosotros nos reunimos con el presidente de la JAC, estuvimos donde el alcalde, él nos mandó para Cornare, de Cornare nos mandaron para la alcaldía otra vez. Era como cuando uno chuta un balón en una cancha; así nos han tenido a nosotros. Ya van cinco años y esta es la hora que no nos han solucionado nada”, cuenta indignada.

¿Qué pasa en Cocorná?
Cocorná es un municipio incrustado en las montañas boscosas del Oriente antioqueño, una subregión productora del 29% de la energía del país, que desde los años 70 sufre los efectos sociales y ambientales de los proyectos hidroeléctricos. Para el caso de Cocorná, las comunidades pensaron al principio que las PCH El Popal, San Matías, El Molino, o la Central Hidroeléctrica San Miguel traerían beneficios para sus territorios, pero estos no llegaron, y por el contrario, afectaciones como las de la vereda La Aurora pusieron en alerta a los cocornenses, más aún cuando supieron que, incluyendo los que ya están en funcionamiento, hay aproximadamente 11 proyectos marcados en su territorio.

Actualmente se encuentran en trámite las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas a filo de agua Cocorná 2 y Cocorná 3, y la minicentral Quebrada El Viaho, a cargo de SOTECO S.A, Taborda Vélez y Cía, y HMV Ingenieros, respectivamente; también, EADE – EPM tiene licencia ambiental aprobada para la construcción de la Central Hidroeléctrica Santo Domingo, sin contar otros proyectos más que tienen recurso de reposición, se les declaró caducidad, o están en proceso de revocatoria.

Por esta situación, Javier de Jesús Villegas, habitante de la vereda La Peña y presidente de la ANUC Cocorná, cuenta que “nosotros los campesinos fuimos desplazados por los grupos armados, algunos fuimos antes también desplazados por la construcción de la autopista, y ahora que volvemos a nuestro territorio vemos con mucha preocupación el otro desplazamiento disimulado por culpa de las hidroeléctricas y la minería”. Para Javier, igual que para muchos otros campesinos, es preocupante además que la mayoría de sus fuentes hídricas ya no les pertenezcan, y que incluso, ya no puedan  visitarlas para su recreación familiar porque están secas o tienen sedimentos.

Sumado a esto, hay otro problema que inquieta e indigna principalmente a los pobladores rurales. Recientemente en sus facturas de energía eléctrica les empezaron a cobrar un alumbrado público con el que no cuentan, porque los caminos, según relatan, ni siquiera están iluminados todavía en su totalidad. Jesús Orlando Gómez, habitante de la vereda El Sinaí, dice que “nos están cobrando un alumbrado público que no alcanzamos a pagar, porque los recursos son muy escasos. Muchos estamos sin saber qué hacer, algunos ya han dicho que van a tener que cortar las líneas de energía porque no tienen con qué pagar esas cuotas”.

Este problema no es aislado, porque al ser el Oriente antioqueño, y en este caso Cocorná, un gran productor de energía, el mínimo beneficio que esperarían las comunidades es acceso a bajo costo a este recurso. “Las comunidades hace 10, 15, o 20 años reforestamos las microcuencas sin pensar que años después vendrían las hidroeléctricas. Este es un municipio que tiene la materia prima, pero lamentablemente nos cobran la energía más cara que en cualquier parte del país”, puntualiza Javier.

Acción jurídica y movilización
Para los habitantes más jóvenes de este municipio, el sábado 13 de mayo fue un día histórico. La presencia de decenas de campesinos indignados, pero también esperanzados en obtener soluciones, alimentó una movilización que recorrió las calles del pueblo. Al unísono, la gente gritaba “agua, bosques, tierra, para los que no queremos guerra”, y rechazaron con contundencia los proyectos hidroeléctricos en sus territorios. “Estoy aquí porque vemos que es una injusticia que el Estado le esté vendiendo a las multinacionales los recursos que nosotros hemos protegido durante tantos años. La única solución es unirnos y buscar una Consulta Popular para votar no a las hidroeléctricas”, expresó Gerardo Enrique, agricultor de la vereda Las Playas.

Mauricio Castaño, concejal y abogado, manifestó que “las comunidades están pidiendo de las administraciones, de los entes político-administrativos, acciones y decisiones que permitan blindar el territorio frente a este tipo de proyectos”. Mauricio, junto a la Corporación Cocorná Consciente, presentó ante el Concejo municipal un proyecto de Acuerdo que busca ratificar la autonomía de los municipios en cuanto al  uso que se le da a los recursos del territorio, y prohibir cualquier tipo de proyecto extractivo.

“Este proyecto de acuerdo surtió el primer debate, se aprobó, y está pendiente el segundo debate. Hemos venido estudiando el tema y creemos que puede ser mejor desarrollado; estamos en construcción de esa propuesta para mejorarlo, para que al segundo debate llegue más fortalecido y pueda ser adoptado en el municipio. Sin embargo, esta decisión no es fácil, porque no nos podemos extralimitar en nuestras funciones”, explicó Castaño, quien se refirió además a otro proyecto de acuerdo que se tramita por iniciativa de la administración municipal.

Se trata del Plan de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, que según Castaño, define o relaciona unas zonas de desarrollo turístico prioritario, que de acuerdo con la ley 300 del 97, deben prevalecer sobre cualquier otro tipo de desarrollo o de explotación. “Esa es otra forma de blindar el territorio, entonces tenemos identificadas al menos nueve zonas de desarrollo turístico prioritario, entre ellas los principales ríos y cascadas, que entrarían en esa declaratoria. Sin embargo, lo más importante en este proceso es que siga activa la acción ciudadana y la movilización social”.

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Sara López
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