Domingo, 30 Abril 2017 00:00

Editorial 127: Participar y sacar la violencia de la política

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Se cierra el primer ciclo de negociaciones en Quito entre el ELN y el Gobierno Nacional, sin embargo en el país del sagrado corazón el auditorio para el tema de paz, participación, democracia y transformaciones que requiere la Nación está casi vacío. Algunos se fueron para la marcha uribista contra la corrupción (así suene a chiste), otros están en Mocoa llorando los muertos que se habrían podido evitar si a esta élite que gobierna, donde se incluyen los uribistas, algún día le hubiera interesado la gente pobre; los demás siguen rebuscándose en medio de una economía en quiebra la posibilidad de algún empleo precarizado. Definitivamente las élites siguen gobernando en un ambiente de ensueño, un lugar de zombis en donde cada uno camina porque ve caminar, en donde cada uno mira para otro lado cuando se le llama a tomar su responsabilidad en la reconstrucción de un país saqueado por la clase política, y ofrecido por esta a las transnacionales.

Los medios masivos de desinformación juegan al ritmo de los desastres, como aves carroñeras están ahí listos para devorar los restos del moribundo país. Igual que en el proceso de diálogos con las FARC, en la mesa con el ELN no le apuestan a la pedagogía de paz, ni a la verdad, ni a la memoria ocultada; le apuestan a la desesperanza, a la tragedia, a la construcción de discursos contrainsurgentes, en favor de las transnacionales y en contra de los movimientos y luchas ambientalistas que defienden el agua, la tierra y la vida. En ese marco ocultan más de 160 asesinatos de líderes y lideresas sociales en el último año.

Desastres como los de Mocoa y el robo descarado de billones de pesos al erario público a manos de la élite oligarca, antes que servir para desenmascararla, se convierten en materia prima de una prensa amarillista que vende en sus páginas cadáveres y espectáculos bochornosos, en los que el fondo, el humanismo y el contexto se pierden, y los responsables quedan con la cara más limpia que antes.

Este desastre generalizado solo lo enfrentan con grandeza los campesinos de Cajamarca en contra de la todopoderosa Anglo Gold Ashanti; el pueblo ibaguereño que hace lo propio para que su municipio no sea concedido a las explotaciones mineras; los movimientos sociales del Oriente antioqueño asociados en el Movete, que luchan y obtienen pequeñas pero valiosas victorias contra la proliferación de hidroeléctricas en sus territorios; los campesinos del Quimbo y  los que están en contra de Hidrosogamoso; las comunidades urbanas en contra de la minería en los cerros orientales de Bogotá, entre otras decenas de organizaciones y comunidades, que son ejemplos de dignidad popular.

O sea que participar sí sirve. Las comunidades lo vienen haciendo por siglos, pero al parecer ni ellas mismas creen en su poder inconmensurable, y también es entendible porque es una participación sufrida, que cuesta sangre, muertos, y demasiado esfuerzo. Para las organizaciones sociales y populares el sabor dulce de ganar una batalla, casi siempre se amarga en la boca con la hiel que producen los golpes y las muertes. Aunque se le pueda ganar con la participación a las élites, es fácil adivinar por qué las comunidades no emprenden esas iniciativas más a menudo. La verdadera participación lleva una alta dosis de pragmatismo, de acción real, de lucha callejera, de movilización, y las clases políticas asesinas que gobiernan lo saben y se encargan de que la participación de calidad cueste víctimas. Y esto es porque las élites le tienen pánico a la democracia, porque esta les arrebataría sus privilegios.

No hay otra razón para explicar la actitud evasiva y mezquina de la oligarquía a la hora de cumplir los compromisos adquiridos en medio de los procesos de paz, en materia de pedagogía, educación y promoción de ambiente de paz, y a la hora de incentivar la participación ciudadana, y la democracia en la toma de las decisiones más importantes del país en materia económica, política y social.

El gobierno ha firmado miles de compromisos con los movimientos sociales, con los campesinos, con los indígenas, con los afrodescendientes, y por miles los ha incumplido. También lo hizo en las agendas de paz con las guerrillas, y estos incumplimientos no afectan solamente a los líderes, a sus organizaciones, y a los insurgentes, sino a toda la Nación. Por varias razones: porque alimentan una cultura de la trampa, del atajo, de faltar a la palabra; ahondan los problemas por los cuales la sociedad se moviliza; profundizan la antidemocracia, la desigualdad; evitan el debate necesario y rico de las transformaciones que requiere el país; desgastan a la administración de justicia, al propio Gobierno; promueven la salida violenta a los conflictos sociales y armados. En general esta es una pésima medida para una sociedad que pide a gritos los cambios.

El Gobierno ha dicho públicamente que uno de los objetivos en el proceso de paz en Quito es sacar la violencia de la política, y sería fundamental que la sociedad entera comprara ese debate. Las organizaciones políticas, la fiscalía, los organismos de control, entre otros, deberían iniciar un examen detallado de cómo, quiénes y en qué circunstancias han utilizado las armas para tomar el poder político, económico y militar, y a quiénes ha beneficiado esa práctica; quién ha elegido en el Congreso de la República hasta un 35% de paramilitares, cómo lo hizo y para qué; quiénes han asesinado más de tres mil sindicalistas en los últimos 20 años y con qué fin; quiénes eliminaron más de cinco mil militantes de un partido político de izquierda; quién asesinó de manera desalmada a por lo menos 5300 personas y las hizo pasar por muertos en combate; quién responde por la política de salud que deja morir a los ciudadanos en las puertas de los hospitales; quién ha provocado tanta desigualdad y pobreza en el país. Tal vez, señores del Gobierno y de la oligarquía, sea el momento de sacar la violencia no solo de la política sino de nuestros territorios y de nuestras ensangrentadas vidas.

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