“Lo que no ves, no existe” Diálogos ELN - Gobierno

¿En qué va la mesa?

A principios del mes de abril de este año culminó el primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional, presidido por Juan Manuel Santos, y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes iniciaron una fase pública de diálogos desde el pasado siete de febrero, con el propósito de buscar caminos que permitan  “terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad”, como lo plantea el acuerdo del 30 de marzo de 2016, en el cual se estableció la agenda temática de dicho proceso.

En este primer ciclo, las delegaciones del ELN y el Gobierno abordaron simultáneamente dos puntos esenciales para avanzar hacia la solución política y la construcción de la paz: Acciones y dinámicas humanitarias, y Participación de la sociedad.

En cuanto al punto de Acciones y dinámicas humanitarias, el Gobierno de Juan Manuel Santos exige la renuncia pública del ELN a las retenciones, reduciendo este tema de la agenda a un aspecto puntual de la misma, a la vez que manifiesta que debe ser el ELN quien dé muestras unilaterales de querer la paz. Por su parte la organización insurgente ha manifestado que está dispuesta a examinar el tema de las retenciones y su accionar en el transcurso de los diálogos, pero dejando claro que no harán gestos unilaterales que obedezcan a imposiciones y condicionamientos por parte del Gobierno, más aún cuando este no se compromete a frenar el genocidio sistemático contra lideresas y líderes sociales, y no asume su responsabilidad en los crímenes y estigmatización a las organizaciones sociales.

Al final del primer ciclo, lo más concreto que existe en materia de este punto son aproximaciones hacia un desminado humanitario, asunto que buscarán acordar en el segundo ciclo en la perspectiva de bajarle intensidad al conflicto, aunque el ELN y múltiples sectores de la sociedad insisten en un cese bilateral al fuego, mientras el Gobierno mantiene la decisión de dialogar en medio de la confrontación.

Con respecto al punto de Participación de la sociedad, las cosas no son muy distintas. El Gobierno hace también en este punto la exigencia al ELN de su renuncia a las retenciones como condición para la participación de la sociedad, la cual entiende como una formalidad, acotada, consultiva y no vinculante. Por su parte, para el ELN la participación de la sociedad reviste una importancia fundamental, según lo han expresado en su órgano oficial Insurrección en múltiples ocasiones, debido a que las voces de la sociedad no deben ser solo para opinar, sino que su participación debe ser protagónica y vinculante, porque en esencia es la sociedad quien ha padecido y padece las causas y consecuencias del conflicto armado.

Por ello en este primer ciclo no se han logrado acuerdos al respecto, aunque como lo señala el ELN en una carta dirigida a algunos sectores de la sociedad que conforman diversas iniciativas de paz: “Para tomar definiciones en lo referente al proceso mismo de participación, mecanismos, metodología, alcances, etc, estuvimos trabajando en la mesa la realización de unos intercambios previos, con distintos sectores de la sociedad tendientes a recoger las iniciativas, propuestas y experiencias de los mismos, sobre la participación. A estos intercambios los hemos llamado Audiencias Previas”.

Una carta de la sociedad con ecos distintos
El pasado mes de marzo la Red Prodepaz, el comité de impulso del Diálogo Nacional y la Mesa Social para la Paz, igual que la Campaña por una Paz Completa, dirigieron conjuntamente una carta a los jefes de las dos delegaciones sentadas en Quito, en la cual manifiestan que “Varias organizaciones sociales y comunidades locales, plataformas, gremios y centros de pensamiento, venimos intercambiando visiones para consensuar una propuesta de diseño de un proceso de participación que responda al espíritu de los Diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, y que sobre todo, contribuya a la democracia colombiana”, y se dispusieron para contribuir al buen desarrollo de la mesa de conversaciones, para lo cual proponen una reunión de intercambio para construir una ruta común que permita la más amplia participación social en los diálogos adelantados en Quito.

Tanto el Gobierno Nacional como el ELN respondieron a dicha carta y en la respuesta una vez más quedó en evidencia la importancia que una y otra parte le dan a la participación.  La corta respuesta del Gobierno deja ver que para este la participación es secundaria y hasta incomoda, al señalar que “Cuando las negociaciones entren en la fase de las consultas a la sociedad habrá el espacio para que la ciudadanía, organizaciones sociales, y otros actores, presenten sus visiones y planteamientos sobre los temas de la agenda”.    

El ELN en su respuesta reveló que la postura de la delegación del Gobierno en la mesa de Quito es buscar siempre imponer sus planteamientos, desconociendo un elemento central de toda negociación y es que las partes dialogantes deben reconocerse como interlocutores políticos, lo que implica que a los acuerdos se llegan por decisión de ambos y no por imposiciones de uno de ellos. A su vez dicha insurgencia ratificó que solo mediante la unión de voluntades y esfuerzos compartidos, la sociedad logrará la presión suficiente para hacerse escuchar en la mesa.

Invisibilizar para negar la participación
Según fuentes cercanas a la mesa, así como a las iniciativas de Paz que insisten en la participación, la respuesta del ELN, en la que hicieron públicos varios detalles de la negociación, no fue del agrado del Gobierno, pues este insiste en que dicho proceso debe ser confidencial y de espaldas a la sociedad. Es por ello que los medios masivos de comunicación, afines a los intereses de los sectores dominantes del país, poco despliegue dan a lo que se discute en Quito entre el Gobierno y la Insurgencia, y logran de ese modo aislar el proceso de la gente, y que la sociedad no pueda incidir, para presionar así al ELN hacia una negociación rápida que no toque los problemas que a la sociedad le competen. Se trata de aplicar una fórmula basada en la premisa de “lo que no ves, no existe” y así, si el conjunto de la sociedad colombiana no puede ver ni saber lo que se discute y cómo se discute en dicha mesa, termina por volverse inexistente dicho espacio y de ese modo mantenerla al margen del mismo.


Por ello las organizaciones sociales, las diversas iniciativas de paz y todos y todas quienes le apostamos a la construcción de la paz con cambios, con participación significativa y decisiva de la sociedad, no solo estamos llamados a presionar y exigir dichos espacios de participación, sino también a exigir que la mesa tenga un carácter más público; que tenga un cubrimiento por parte de los medios de comunicación, acorde con la importancia que tiene para el país el estar discutiendo acuerdos en la búsqueda de la solución política y la paz; que haya equilibrio en el manejo de la información, dando a conocer de igual manera los planteamientos del Gobierno como de la Insurgencia, y mucho más, los de la sociedad.

Pero no basta con ello. Es necesario que quienes estamos por la solución política y acompañamos estos diálogos, del mismo modo que se acompañaron los de La Habana, nos movamos para exigir la implementación de los acuerdos alcanzados entre FARC y Gobierno, sin más dilaciones y triquiñuelas por parte del establecimiento, a la vez que se exige el cese bilateral al fuego entre el ELN y el Gobierno. Esto implica no solo que se detenga el accionar de la insurgencia para generar un clima favorable hacia la paz, sino también, de manera prioritaria, que frenen los asesinatos y criminalización de líderes y lideresas sociales, y que el Gobierno se comprometa en el desmonte efectivo del paramilitarismo y todas las formas estructurales de terrorismo de Estado, porque de lo contrario, si en la búsqueda de la paz, las clases que nos han gobernado por 200 años no son capaces de renunciar a la violencia como forma de hacer política: ¿Qué tipo de paz podríamos esperar?

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