Consultas Populares: ¿Cuál será el futuro de los territorios?

En la Consulta Popular en Cajamarca, Tolima, realizada el pasado 26 de marzo, el 97.7% de los ciudadanos que participaron, no aceptaron la explotación minera de oro en su territorio. La pregunta, diseñada por el Comité Ambiental y aprobada por la Corte Constitucional, fue: ¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en  el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?

Esta Consulta es la primera de origen ciudadano llevada a cabo en el país. Los habitantes convocaron, a partir de una recolección de firmas, a que se realizara este hecho histórico para Colombia, en defensa del territorio y soberanía. Sin embargo, sus resultados han despertado debate a nivel nacional, cuando al día siguiente se conocieron las declaraciones que en nombre del Gobierno dio el Ministro de Minas, German Arce. Este manifestó que la Consulta Popular fue una decisión política sin efecto vinculante, es decir, que no tiene la facultad de cambiar la ley, porque la Anglo Gold Ashanti ya tiene una licencia de exploración y podría solicitar la licencia ambiental para la explotación cuando lo decida.

Así mismo, Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos de la Anglo Gold Ashanti, aclaró que  “El Consejo de Estado, en la  sentencia emitida en diciembre pasado, adujo que deben respetarse los derechos adquiridos de las empresas que han venido desarrollando actividades con sus respectivos permisos”.  Esta declaración había sido emitida también por el presidente de la Asociación colombiana de minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, en la edición virtual de Portafolio el día 26 de marzo de 2017, mientras eran llevadas a cabo las votaciones: “El Consejo de Estado falló en diciembre que los derechos adquiridos no están en peligro con esta clase de consultas”.

La multinacional también argumentó que para el año 2009 recibió títulos legales e inició formalmente trabajos de exploración en la mina “La Colosa”. Este proyecto, ubicado en el municipio de Cajamarca, emergió en ese entonces como uno de los más ambiciosos esfuerzos de la locomotora extractivista, la cual se venía impulsando con fuerza desde el año 2002.

¿Qué dice la Ley?
Existen dos leyes que regulan los procesos de Consulta Popular en Colombia y legitiman la decisión tomada por los cajamarcunos: la ley 134 de 1994 (Art. 8) y la Ley 1757 de 2015 (Art. 4-42). Así mismo, las sentencias 123-2014 (medio ambiente) y la sentencia 273-2016 (autonomía de los entes territoriales).

La ley 134 de 1994, en su Artículo 8, es clara en la medida que explica: “En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”,  y  añade que el  umbral exigido para la validez de la Consulta corresponde a una tercera parte del censo electoral nacional o local, según sea el caso. Si esto es así,  debe de cumplirse la decisión. En el caso de Cajamarca, el umbral fue superado.  

La Constitución Política del 1991 diseñó herramientas para que se hiciera efectiva la participación ciudadana;  la Ley 134 de 1994, nace entonces para  desarrollar  principios constitucionales de la democracia participativa, entre esos la Consulta Popular.
Así mismo, la ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, y concretamente en el capítulo IV, Artículo 41, explica el carácter de la decisión y los requisitos por lo tanto: “La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumpla con los requisitos (…)   debe de votar la tercera parte de los habitantes que aparecen registrados, es decir,  más de  la mitad de la población”.

En el Artículo 42, explica que “Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva”, y para ello el plazo será de dos meses.

Por otro lado, las Sentencias 123 del 2014 y  273 del 2016 de la Corte Constitucional fueron emitidas a raíz de lo consignado en el Artículo 37 del Código de Minas, donde se prohibía a los entes municipales y departamentales excluir la minería de sus territorios y de los POT. Con la Sentencia 273-2016 este artículo fue declarado como inconstitucional, por violar la facultad y la asignación de competencias a las entidades territoriales y su distribución entre ellas y la Nación, consignada en el artículo 151 de la ley orgánica estatuida en la Carta Constitucional.

Por su parte, la Sentencia 123 del 2014, fue emitida a raíz de una demanda que argumentaba que este Artículo 37 estaba “vulnerando el principio de autonomía; además de  impedir  que se cumpla con el deber de protección del ambiente por parte de los concejos municipales”. La  sentencia, entonces, intenta  exponer  que   “el Estado en materia de exploración y explotación minera, (…)  debe buscar  el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio”, y asigna la propiedad del subsuelo y la propiedad de los recursos naturales al Estado (Art 288 y 322). También determina que la intervención del Estado en la economía debe seguir los parámetros establecidos por la ley, y que el Estado es también la población de un territorio, por ende tiene el derecho a regular  y decidir qué se hace en el suelo y subsuelo, si de actividades de explotación minera se trata.

Se han presentado debates alrededor de esto, pero en la práctica el Gobierno Nacional ha sido quien decide y da los permisos requeridos para que se lleven a cabo actividades mineras, por encima de las decisiones de las comunidades que allí se encuentren habitando. Sin embargo, el Artículo 33 de la Ley 136 de 1994 es claro al decir que “cuando haya un proyecto minero o de otra  naturaleza, que amenace con crear un cambio significativo en el  uso del suelo, que cambie la vocación del suelo, se deberá realizar una consulta popular”. Es decir, la realización de esta Consulta es una obligación, no una potestad. En esa medida se está aplicando la ley.

En ese sentido, la comunidad podrá intervenir en esas decisiones y convocar  a una Consulta Popular ya sea como iniciativa propia o del Alcalde municipal, cuando necesite tomar decisiones que puedan cambiar el componente social, económico y cultural en su territorio. En conclusión, la Consulta Popular llevada a cabo en Cajamarca, Tolima, es de carácter legítimo y la decisión tomada por los ciudadanos debería ser de obligatorio cumplimiento.

Otras Consultas Populares llevadas a cabo en Colombia
En Colombia se han realizado Consultas Populares sobre asuntos de seguridad y convivencia, para regular los juegos de azar, sobre la paz, el medio ambiente, la erradicación de drogas con glifosato, los rellenos sanitarios, la restricción vehicular para el día sin carro, los servicios públicos domiciliarios, la educación, la construcción de colegios, entre otros.
Sin embargo, lo que más suena en los últimos meses son las Consultas Populares para la defender el agua, la vida y el territorio de la amenaza que traen consigo las actividades minero-energéticas. Años atrás conocimos la experiencia de Tauramena, en Casanare, la de Piedras, en Tolima, y recientemente la de Cabrera, en Cundinamarca. En las tres, las comunidades rechazaron dichas actividades. Por eso se hizo importante que la  iniciativa se replicara en otras regiones de Colombia.  

En el caso de Piedras, la Anglo Gold Ashanti dirigió en 2013 una carta a la alcaldía del municipio para que considerara la instalación de dicha infraestructura dentro del POT -Plan de Ordenamiento Territorial-, como ya lo había proyectado en Cajamarca e Ibagué. Por eso se adelantó un fuerte proceso de movilización en contra de los impactos sociales y ambientales que podría traer esta irrupción, como la contaminación del agua con cianuro y otros elementos de alta peligrosidad para la vida, y el despojo de terrenos para la implementación de la infraestructura necesaria para las operaciones de tratamiento del material removido.

Se llevaron a cabo  audiencias públicas y tutela, y  finalmente la Consulta Popular, que se realizó el 28 de julio de 2013, con lo cual los habitantes del municipio y las organizaciones sociales y ambientales que los apoyaban pusieron de manifiesto la oposición total al proyecto La Colosa.

Consultas Populares próximas a realizarse
Cumaral, Meta, se suma a la lista de Consultas Populares que se llevarán a cabo a lo largo del país, en defensa del territorio. El Alcalde de Cumaral ha hecho pública la decisión de convocar el próximo cuatro de junio a una consulta frente a la explotación de hidrocarburos en el municipio. Los habitantes de este municipio del Piedemonte llanero decidirán sobre la vocación de sus suelos: continuar siendo despensa alimentaria o permitir la explotación petrolera.
La alcaldía del municipio se dio a la tarea de exponer  el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos No. 009 de 2012, celebrado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la empresa MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA, también llamado Proyecto Llanos 69 –LL69,  señalando que “afectará de manera irreparable el recurso  hídrico contenido en:  ríos, caños, nacederos, morichales, lagunas, fauna y flora en general y aljibes, que incluso surten a otros municipios distintos a Cumaral como: El Calvario, Restrepo, Villavicencio y Medina, en los departamentos del Meta y Cundinamarca”.

Por otro lado, en Ibagué, Tolima, la Consulta Popular es promovida por su  alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, desde el pasado 4 de enero de 2016, quien presentó la propuesta de la mano de comités ambientalistas. El 29 de febrero el Concejo municipal dio el visto bueno a la Consulta, y el 29 de junio el Tribunal Administrativo del Tolima declaró constitucional la pregunta propuesta por el alcalde Jaramillo. Esta fue programada para el 2 de octubre, y luego pospuesta para el 30 de octubre por ser el mismo día en que se realizaría el Plebiscito Especial para la Paz.

Sin embargo, días después fue suspendida de manera provisional, producto de la demanda emitida al Consejo de Estado por Alberto Enrique Cruz Tello,  representante de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del Tolima, quien argumentó que la pregunta no era clara y podrían verse afectadas las actividades mineras llevadas a cabo en el departamento del Tolima desde hace varios años. El 12 de diciembre, se volvió a contemplar la posibilidad de llevar a cabo la Consulta; el Alcalde presentó la nueva pregunta al Concejo municipal buscando su aprobación, y por consiguiente del Tribunal del Tolima.  "Lo que se votará es si Ibagué quiere tener su suelo de vocación minera o agrícola con protección del agua", señaló el Alcalde. Hasta el momento no se han dado más declaraciones. Y se desconoce cómo va el proceso.

En tercer lugar está Pijao, Quindío. En pocos meses se llevará a cabo la Consulta en este municipio, pero aún no se ha establecido una fecha concreta y se desconoce la pregunta. Son 23 títulos mineros los que amenazan la vocación agrícola y cafetera del municipio. La Agencia Nacional de Minas (ANLA) ha informado que de los 42 títulos  otorgados a municipios como Salento, Córdoba y Pijao, el 70% están en proceso de renuncia, todos corresponden a explotación de oro y ninguno está en actividad. Pero los quindianos continúan trabajando para que se lleve a cabo la Consulta en Pijao, y este 17 de abril se conoció la noticia de que Calarcá, Quindío, también se prepara. Las comunidades quieren ratificar  y blindar sus territorios. No piensan aprobar ninguna actividad extractivista que ponga riesgo el agua, la vida y el territorio.

En cuarto lugar, Marmato, Caldas también ha acudido a este mecanismo de participación. En este municipio la situación es muy particular, pues sus habitantes llevan más de trecientos años practicando la pequeña minería, y hoy  también se ven afectados por la minería a gran escala a título de La Gran Colombia Gold. “Las comunidades indígenas, los afrocolombianos y los mineros tradicionales de la población trabajan en reuniones independientes, con la asesoría de expertos, para preparar sus puntos para la discusión con las autoridades nacionales”, informó para El Tiempo un ex personero municipal que ha participado de manera activa en el proceso.

La Corporación Cívica de Caldas, una organización local de veeduría ciudadana, manifestó que la negativa de Cajamarca (Tolima) a la actividad minera en su territorio por medio de una Consulta Popular debe dejar una lección para el caso de Marmato. Por eso emitió un comunicado en el que invita a las autoridades locales "para que brinden un correcto cumplimiento de las obligaciones de participación y acceso a la información que, según la Corte Constitucional, deben ser garantizados a favor de la comunidad del municipio".

La  empresa Gran Colombia Gold  se encuentra desalojando a los habitantes del municipio de Marmato hasta una pequeña vereda llamado El Llano. Poco a poco las familias son ubicadas allí y con los dineros que deben ser invertidos bajo la directriz del Gobierno: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que es un compromiso social que tiene una empresa que se encuentra explotando y generando impactos en un territorio y a su comunidad.

En quinto lugar, está Paujil, Caquetá. La comunidad se encuentra recolectando firmas para llevar a cabo la Consulta Popular: “ya son más de 1.500 las firmas, de las 2.737 necesarias, las recolectadas para la realización de una consulta popular que busca suspender las actividades de exploración petrolera adelantadas por Emerald Energy y Ecopetrol en la región”, según documenta El Tiempo. Martín Trujillo, vocero de esta iniciativa ciudadana, dice que en los próximos días esperan completar 4.000 firmas recolectadas, que serían posteriormente revisadas por la Registraduría Nacional, la cual, en un plazo de 20 días ordenaría a las autoridades correspondientes fijar la fecha para la realización de la Consulta. Los promotores de esta Consulta estuvieron en Cajamarca para aprender de la estrategia de campaña utilizada en el municipio tolimense durante la época previa a las votaciones, y posteriormente replicarla en su territorio.

Por último, cabe mencionar el ejercicio pedagógico, de organización y movilización que vienen llevando a cabo diferentes procesos en todo el país, y que buscan en la Consulta Popular una determinación frente el uso de sus suelos y el futuro de sus territorios. Es el caso, por ejemplo, del Cinturón Occidental Ambiental, COA, que trabaja en municipios del Suroeste antioqueño en contra de la explotación de oro en manos de la Anglo Gold Ashanti, y para declarar esta región como un territorio sagrado para la vida.

Estas iniciativas, realizadas o por realizar, muestran con firmeza cuál es el futuro que desean las comunidades para sus territorios. La Consulta Popular es tal vez el único mecanismo que les queda para detener las actividades minero-energéticas que cambian la vocación de su suelo y degradan el medio ambiente. Sin embargo, el debate frente a su validez continúa, y es incierto quién ganará en esta pelea.

Fuentes:
La BBC; El Tiempo; El Espectador; Dejusticia.org; ElOlfato.com (Medio local en Ibagué, Tolima); Portafolio.co; Justiciaambieentalcolombiana.org.
Ley estatutaria 1757 de2015;  Ley estatutaria 134 de 1994; C-123-14; C-273-16; Registraduría Nacional; EJAtlas.

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Valeria Uran Sierra
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