Jurisdicción Especial para la Paz, ¿una justicia para los militares?

La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, que atravesó los cuatro debates correspondientes con el fast track, terminó el proceso de conciliación en la Cámara de Representantes el 28 de marzo, y pasó a revisión en la Corte Constitucional.

Luego de intervenciones del fiscal en todas las discusiones, y con la presencia y participación de organizaciones de víctimas, activistas sociales, miembros de la Fuerza Pública, y del ámbito académico, se aprobó el modelo de justicia transicional que nació del Proceso de Paz con las FARC, y que tendrá como tarea brindar justicia, buscar y esclarecer la verdad, y reparar a las víctimas del conflicto armado.  

Guerrilleros, civiles, y agentes del Estado serán procesados. Pero, a diferencia de lo que se creía, no habrá un trato igualitario para estos tres grupos. En cuanto a los miembros de la Fuerza Pública y el tratamiento que tendrán en esta jurisdicción, preocupan varios puntos: la responsabilidad de mando, la presunción de legalidad, y que los militares sean liberados sin exigírseles el cumplimiento de los deberes de reparación y contribución a la verdad.

A propósito de estas preocupaciones, las declaraciones de los líderes defensores de la Fuerza Pública, y de los líderes de Derechos Humanos, no se han hecho esperar.  “Estamos ante una ley de perdón y olvido, y de punto final disfrazada. Hoy no está claro cómo van a reparar”, expresó Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad.  Por su parte, Nelson Romero, presidente de la  Confederación Colombiana de Organizaciones del Personal en Retiro y Pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (Confecore), expresó: “Es una justicia creada para juzgar militares y exonerar terroristas. Será una cacería brutal en contra de los militares”.  

Responsabilidad de mando  
El Estatuto de Roma, que es la reglamentación internacional que habla de la figura de responsabilidad de mando, expresa en el artículo 28 que “el jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo”. Colombia está adscrita a este Estatuto, así como a la Corte Penal Internacional, que es el tribunal encargado.

Pero en el último debate, y luego de que miembros de la Fuerza Pública exigieran al Presidente y a los legisladores modificar lo establecido en el Proceso de Paz, se estableció que se aplicaría esta figura cuando hubiere una  responsabilidad “de tipo jurídica y de facto”, y cuando hubiere “control efectivo de la respectiva conducta”, lo que recorta el margen de aplicabilidad de la figura y contradice lo dicho en el Estatuto, que no solo no habla de “control efectivo sobre la conducta”, sino que presenta un espacio más amplio al dejar claro que no es necesario que el alto mando sepa de la conducta para que sea castigado, y dice que aplica cuando éste “hubiere debido saber” de la realización de la misma.

Presunción de legalidad  
Se trata de un principio jurídico que presume como legales las conductas de los integrantes de la Fuerza Pública. Este se observa como una ventaja que tendrán los militares al momento de enfrentar los juicios. Además pone en riesgo la aplicabilidad de la justicia; qué pasaría si, por ejemplo, un militar acude a este principio en su defensa, alegando que cometió un crimen grave siguiendo una directiva del Ministerio de Defensa, como ocurrió con los falsos positivos.

¿Los militares también repararán y contribuirán a la verdad?
El viernes 17 de marzo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, pidió a través de una resolución la libertad de 817 miembros de la Fuerza Pública, que cometieron delitos relacionados con el conflicto armado, para que ingresaran al modelo de justicia especial. Se ha dicho que varios de esos militares, que ya han pagado parte de sus condenas (cinco años o más), no tendrán que continuar en ningún proceso de justicia, lo que lleva a preguntarse si sí habrá contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas.

¿Qué dicen los militares?
Nelson Romero Velásquez, presidente de Confecore, ofreció su postura a propósito de estos cuestionamientos.

Al hablar de la responsabilidad de mando, y mencionarle el recorte que hubo al artículo del Estatuto de Roma, Romero expresó que  “es justo que se maneje de esta forma por cuanto no es justa la justicia que se maneja en mi país, de serlo se podría pensar en la injusticia de este recorte en la norma”, e hizo hincapié en un asunto que está siendo objeto de cuestionamientos en sectores políticos: la conformación del Tribunal de Paz. Al respecto señaló que “los jueces de la Justicia Especial van a perseguir y encarcelar a los comandantes militares que dieron resultados positivos en contra de los integrantes de las FARC. Solo hay que conocer la procedencia de cada uno de estos jueces para poder prever lo que se viene en contra de los integrantes de la Fuerza Pública”.  

Además, al hablar sobre la llamada “línea roja” del Gobierno de no negociar lo relativo a la Fuerza Pública y a la doctrina militar, Romero mencionó los llamados a militares a calificar servicios, el desmonte de las unidades de combate y el cambio de léxico en las escuelas de formación militar, como consecuencias de lo pactado en La Habana. “No es cierto, lo primero que se negoció debajo de cuerda fue a la Fuerza Pública, puesto que para poder pensar en la toma del poder, que es lo que los terroristas están dispuestos a hacer, sabían que lo primero que se debía hacer era debilitar a las Fuerzas Militares y policiales”, agregó.  


Las organizaciones de Derechos Humanos se preocupan
Adriana Arboleda, abogada y directora de la Corporación Jurídica Libertad, denunció las que para ella son las trampas del Gobierno en la Jurisdicción Especial para la Paz en el tratamiento a los militares.

“La primera trampa que hace es que establece un pie de página donde empieza a recortar el tema de la responsabilidad de mando, lo que amerita que la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal, se haya pronunciado diciendo que dejar por fuera la responsabilidad de mando, es dejar abiertas las puertas para que la Corte Penal Internacional entre y actúe”, respondió ante el cuestionamiento sobre la delimitación realizada a la responsabilidad de mando. Delimitación que, según ella, no se hará para los guerrilleros, quienes prefirieron tener “seguridad jurídica”.  

Una segunda trampa de la que habla Arboleda es el establecer como legítimas las acciones del Ejército amparados en la figura de presunción de legalidad. “Usted no puede presumir la legalidad ante graves violaciones a los derechos humanos. Eso ya no solo viola el derecho internacional sino el mismo derecho interno. Usted no puede decir que se presume legal una ejecución extrajudicial, una tortura, una agresión sexual”, expresó.  

Por último, explicó por qué hay facciones de asociaciones y organizaciones de ex militares que están en contra de la jurisdicción: “¿A Acore por qué no le interesa el Proceso de Paz? Porque ellos están involucrados en los grandes negocios que tiene el Ejército, negocios para la compra de uniformes, de armamento, de alimentación”.

¿Las víctimas qué dicen?
Martha Soto, a quien le desaparecieron su hermano en acciones en las que se vincula a la Policía, y quien es la secretaria técnica del capítulo de Antioquia del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), expresa su preocupación por las modificaciones que al Acuerdo de Paz han hecho en el Congreso: “Siento que ha habido un manoseo por parte de los legisladores que han acomodado las cosas a su conveniencia. Se pierde la esencia del Acuerdo, que con sus aciertos y sus fallas, fue firmado por dos partes”.

También mencionó lo que para ella es la responsabilidad de la Fuerza Pública en esta etapa de posconflicto. “La Fuerza Pública debería combatir a los grupos paramilitares, perseguir y judicializar. Han detenido a ocho personas, dirigentes campesinos, siendo acusados de ser del ELN”, dijo al tiempo que contaba que mientras ella estaba en esta entrevista, realizada en un foro nacional para la creación de estrategias de participación política de las comunidades, en Barrancabermeja, donde se hacía el mismo evento, miembros del CTI entraron a llevarse a varios líderes y defensores de Derechos Humanos. “Necesitamos unas fuerzas armadas para la paz”, concluyó.

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Juan David Guerra
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