La paz: retos y conflictos

Los diálogos de La Habana entre el Gobierno y las FARC, dejaron enormes retos para el pueblo colombiano en su conjunto, producto de la necesidad de buscar caminos que consoliden lo acordado y lograr la paz estable y duradera tan anunciada, criticada y sobredimensionada en el espectro político nacional.

Sin lugar a dudas en medio de este fundamental reto uno de los puntos sustanciales que quedó por fuera –por lo menos de manera implícita– dentro de los acuerdos, fue el tema ambiental. Mencionado como palabra un par de veces en el documento final y olvidado como concepto, este punto resulta vital dadas las condiciones de desarrollo que se imponen en el país. Por ejemplo, en el punto de Política de desarrollo agrario se anuncia un necesario fondo de tierras de cerca de cuatro millones de hectáreas para ser repartidas entre campesinos; así mismo se anuncia que serán desafectadas tierras que fueron apropiadas en zonas de reserva forestal (y que dejarían de serlo) y la consolidación de zonas de reserva campesina (en las que no habría autonomía administrativa). Todos estos puntos son de vital importancia para el sector agropecuario en Colombia, tan afectado por una guerra de más de cincuenta años y por el despojo que ha dejado marcadas cicatrices en el mundo rural de nuestro país.

El problema en estos puntos radica en que no se logra dar una definición política concreta a las acciones a desarrollar en estas tierras y las zonas que quedan excluidas de su definición; por tal motivo y ante la ausencia de una necesaria aclaración, esas cuatro millones de hectáreas se pueden convertir en grandes monocultivos asociados a plataformas agroindustriales, que condicionarían la producción del campesinado, tal como ocurre en el Valle del Cauca y en el Norte del Cauca con la caña de azúcar. Así mismo el otorgamiento de esas tierras podría llegar a darse – pues no lo deja claro– en zonas ambientalmente estratégicas como fronteras en zonas de reserva forestal, por ejemplo, o en zonas de amortiguación ambiental.

Esta situación es agravada por las miles de hectáreas que fueron despojadas a familias campesinas por el paramilitarismo y el Estado en Colombia. Esas tierras vitales en procesos de reparación a víctimas y reforma agraria, quedan por fuera de escenarios de restitución, en gran medida producto de la presión que ejercen las grandes plataformas económicas, socios del paramilitarismo y dueños hoy de esas tierras despojadas. Por otro lado, también existe la duda sobre las zonas que no quedan definidas dentro del acuerdo, dado que estas pueden –contrario a las zonas de reserva campesina– convertirse en puntos de concentración de emprendimientos extractivistas.

Es claro que los acuerdos de paz entre el Gobierno y la subversión no pueden resolver los grandes conflictos que se ciñen en este país. Es un tema agudo que ciertamente requiere del debate y la participación de la sociedad en su conjunto para que se logre su real implementación, pero no deja de ser una preocupación en los procesos sociales puesto que configuran nuevos conflictos para quienes consideran que la paz ronda por un diálogo fundamental entre el hombre y la naturaleza.

Los procesos sociales, actores en conflicto para los que no hay paz
El Tolima se ha convertido en el epicentro colombiano de las luchas sociales por la defensa ambiental. La multiplicidad de movilizaciones, escenarios de formación y resistencia, han sido un motor importante para la defensa territorial y la resistencia a la entrada de hidroeléctricas, petroleras y emprendimientos de megaminería. Sin temores, organizaciones sociales como el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, han resistido tratando de mostrar que en Colombia se está construyendo paz desde los territorios, con propuestas que parten del reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos.

Sobre estas organizaciones sociales, que históricamente han sido constructoras de procesos que tienen su germen en la búsqueda de la paz, no se puede dar hoy un parte de que se esté avanzando en caminos satisfactorios hacia la paz, ni que se avecinen tiempos mejores. Los proyectos hidroeléctricos en el norte del Tolima tienen acechados a los campesinos que luchan sin descanso para no permitir que privaticen el agua y ser despojados de sus tierras. Hacia el sur, indígenas y campesinos viven una enorme preocupación por la forma como han entrado múltiples empresas mineras e hidroeléctricas a apoderarse del Cañón de las Hermosas, custodiado históricamente por el Frente 21 de las FARC. Así mismo poblaciones como Cajamarca, Anzoátegui, Líbano y Santa Isabel, vienen luchando contra la adjudicación de su territorio para megaproyectos que van en contravía de las necesidades reales de sus comunidades, que son fundamentalmente rurales.

Varias organizaciones sociales articuladas en la Red Departamental de Comités Ambientales han manifestado que la preocupación por la salida del territorio de estos grupos subversivos, se ve reflejada por la acelerada agenda que adelantan gremios económicos, empresas y hasta el Gobierno Nacional; de hecho, el presidente Juan Manuel Santos, adelantó una visita en la zona el 10 de febrero del presenta año. Estos hechos, entonces, han acelerado la conflictividad entre comunidades, empresas, y el modelo de desarrollo del estado que va en contra de la riqueza ecosistémica de los tolimenses (que claman por consultas populares para resolver estos conflictos) y el país en general.

Las negociaciones con el ELN, el protagonismo para los procesos sociales
En una entrevista a Radio Nacional Patria Libre, Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", expresó de manera enfática lo siguiente: "Decimos que la sociedad debe ser protagonista en los acuerdos, se requiere la participación de la gente, sino, no sirve; no hay proceso sin la sociedad, si las víctimas no son tenidas en cuenta", e hizo un llamado a los procesos sociales colombianos para que participen de este proceso de paz.

Este último aspecto es central dentro de la mesa de negociación que se instaló en Quito, Ecuador el 7 de febrero del presente año. De los seis puntos de negociación (Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz, Democracia para la paz, Transformaciones para la paz, Víctimas, El fin del conflicto armado, Implementación), llama la atención el punto de participación de la sociedad, donde la mesa ha pretendido que sean los sectores sociales en conflicto quienes logren dar las pautas de cómo serían para ellos la paz en Colombia.

Los procesos sociales del país han hecho la tarea de sentarse a dialogar y buscar metodologías para recoger los propósitos de aquellas organizaciones que se encuentran en conflicto, y que son las convocadas a asumir la batuta de este proceso de negociación. A nivel nacional se adelantó un ejercicio participativo denominado 100 encuentros por la paz, y que organizó la Mesa Social para la Paz, en el cual, las comunidades, organizaciones y sindicatos se sentaron a manifestar los puntos que consideran sustanciales dentro de la búsqueda de un camino de paz para las y los colombianos.

Este aspecto resulta sustancial teniendo en cuenta los elementos que mencionábamos anteriormente, donde la población se encuentra alarmada por el incremento de megaproyectos que atentan contra la posibilidad de un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Y se abre entonces una oportunidad para construir un proceso de paz desde los sectores sociales, que logre dar peso y protagonismo a las reivindicaciones ambientales que hoy resultan tan amenazadas en Colombia.

Los múltiples asesinatos a líderes de organizaciones sociales, la sobretitulación del subsuelo y de las fuentes de agua en los territorios y el abandono de comunidades campesinas por parte del Estado, son algunos de los varios elementos que deben llamar a rodear, fortalecer y propiciar caminos que conduzcan a que el pueblo colombiano alcance un país en paz, que defiende su riqueza ambiental y que logra construir en medio de las diferencias, sin matarse los unos a los otros.

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