Sigue en vilo la Consulta Popular en Ibagué

A través del impulso del comité ambiental en defensa de la vida, se ha venido promoviendo desde hace cerca de seis años el desarrollo de una consulta popular en la capital del departamento del Tolima, con el fin de lograr solventar el conflicto generado por la acelerada adjudicación del subsuelo para actividades mineras y en particular la amenaza de mega proyectos mineros en la capital del territorio Pijao.

Como ha sido relatado en anteriores ediciones de Periferia, la consulta popular fue puesta a consideración del Concejo Municipal por parte de la alcaldía del municipio de Ibagué el 4 de enero de 2016, y posteriormente declarada conveniente por dicha Corporación el 29 de febrero del mismo año. Luego, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1757 de 2015 la Alcaldía remitió la consulta popular al Tribunal Administrativo del Tolima para que se pronunciara sobre su constitucionalidad. Mediante sentencia del 28 de julio de 2016 la Sala Plena del Tribunal Administrativo declaró “constitucional el texto de la pregunta que se pretende elevar a consulta popular en el municipio de Ibagué”. El texto de la pregunta propuesta era el siguiente:

“¿Está usted de acuerdo SÍ o NO con que en el Municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”

Dicha consulta fue acordada entre la alcaldía y la registraduría para celebrarse el día 30 de octubre en Ibagué. (Tras postergarse debido a que la fecha inicial era el 2 de octubre día que se desarrollaría la consulta sobre los acuerdos entre el gobierno y las FARC). Pero antes de la fecha acordada se interpusieron distintas acciones de tutela frente a la decisión del tribunal administrativo, alegando que esta consulta vulneraba el derecho al trabajo y la dignidad humana.

El 7 de diciembre el Consejero Hugo Fernando Bastidas emitió fallo para las sentencias acumuladas y decidió amparar el derecho a la libertad del elector y dejar sin efecto la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima. Esto fue respondido por parte del consejo de estado quien determinó que debía ser cambiada la pregunta pues induce la respuesta al elector y sugirió que sea la siguiente:

“¿Está usted de acuerdo SÍ o NO con que en el Municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras?”

Frente a esto, el comité ambiental y acorde a lo manifestado en la impugnación por parte de la alcaldía frente a esta decisión, precisó que «el objetivo de la consulta no era preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la minería en términos generales, sino con un tipo específico de minería. En efecto, la inclusión de esa segunda parte del texto tenía el propósito de definir el tipo de minería sobre el cual se estaba preguntando, es decir, aquella minería que tiene efectos contaminantes y que tiene la potencialidad de cambiar la vocación agropecuaria y turística del municipio».

La sala cuarta del consejo de estado se extralimitó a frenar la consulta y basar los hechos en un cambio de la pregunta. Pero al ser una consulta de origen gubernativo, faculta al burgomaestre para ser quien coloque a consideración la pregunta que surtirá trámite en el concejo y tribunal, y no debe ser –en términos constitucionales- una imposición dado que desconoce las facultades legalmente establecidas para este tipo de eventos por parte de la administración municipal. Además de esto, el juez de la sala cuarta de estado no logró resolver los asuntos relacionados con la tutela que alegaba el derecho al trabajo y la dignidad humana, y que fue lo que realmente frenó la intención de hacer la consulta popular.

Bajo esta situación la comunidad tolimense se encuentra a la espera de una decisión sobre esta impugnación que tiene con ansiedad y expectativa al pueblo que manifiesta ser quien decide sobre el territorio. Sin lugar a dudas el Tolima ha puesto a nivel nacional un importante debate sobre la posibilidad de que las consultas populares se conviertan en una herramienta en la lucha de los pueblos por la defensa del territorio.

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