Centenares de seres humanos mueren al año en las cárceles colombianas

Las dos masacres de presos en Brasil en lo corrido de este año (2017) que dejaron al menos 89 muertos han sido noticia mundial. Sin embargo, se trata de un saldo trágico anunciado, pues estos hechos atroces se producen en medio de una realidad carcelaria en la que la violación de derechos humanos es sistemática y generalizada. En un informe publicado en octubre de 2015 por Human Rigth Watch – HRW, se advirtió que la superpoblación carcelaria superior al 60% imposibilita el control de las instalaciones, que se encuentran en cabeza de facciones criminales, a lo que se suman la tortura y el tratamiento degradante contra la población reclusa, perpetrados desde la autoridad penitenciaria.

Aunque la gravedad de la situación carcelaria en Brasil es innegable, no lo es menos en Colombia, donde centenares de presos mueren en los establecimientos de reclusión por distintas causas sin lograr conmover el conjunto de la sociedad; a finales de la década de los noventa, paramilitares presos en la cárcel Modelo de Bogotá desaparecieron y asesinaron a mas de 100 presos, lo que apenas hoy la Fiscalía investiga.

A expensas del desgobierno de entonces en las prisiones, en nuestro país se abrió paso a la “nueva cultura carcelaria”, hija del Plan Colombia, esto es, a la apertura al imperialismo carcelario. Con la asesoría e inversión norteamericana, se construyeron establecimientos de alta seguridad y se implementó un régimen basado en el desarraigo social y el castigo al recluso; se actualizó la doctrina del enemigo interno, dando inicio a una gradual militarización al interior de prisiones, concretada en una formación marcial de la guardia, la creación de grupos de choque y finalmente en la entrega de la administración de las cárceles y el sistema penitenciario en general a personal retirado de las fuerzas militares y policías activos.

Las violencias al interior de las cárceles colombianas son una problemática cotidiana y no se expresan solamente en el número de presos muertos o heridos, sino también en las indignas condiciones materiales de reclusión, aunadas a un régimen penitencio deshumanizante. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, un promedio de cien personas al año mueren en los establecimientos de reclusión por causas violentas, siendo los elementos que mayor número de decesos han ocasionado, las armas de fuego (40 en promedio por año), seguidas de aquellos que se producen con armas cortopunzantes. Lo que esto evidencia es precisamente que ese culto a la seguridad de la nueva cultura penitenciaria, de severas restricciones, en nada es inmune a la histórica corrupción que convierte en negocio toda prohibición al interior de la cárcel y que permite el ingreso de objetos letales.

En concordancia con lo que se ha venido diciendo, se encuentra que el cacicazgo o gobierno de individuos, ha sido una fuente de violencia conocida, avalada y que favorece la guardia penitenciaria. Los caciques (como se llaman en Colombia, lo que equivale en Brasil a los “llaveros”) legislan, “impuestan” y controlan las cárceles, en función de sus propios intereses y ostentan supremacía económica sostenida por medio de la comercialización de elementos restringidos en los reglamentos internos. Este fenómeno se mantiene por medio del miedo y el silenciamiento. Otro factor que determina o incrementa la violencia intracarcelaria, es la indebida clasificación de la población reclusa, que potencia las relaciones desiguales y de poder o las tensiones del conflicto armado dentro de la prisión.

Mención especial debe realizarse sobre la violencia estructural. Un indicador de ella es la muerte declarada de 10 personas entre los años 2014 y 2016 (fecha de corte septiembre 29) por causa de intoxicación y 47 por suicidio. Estos motivos sin una aparente relación, son en realidad, formas mudas de la degradación del ser humano en las cárceles de Colombia, en las que la alimentación de los internos se ha convertido en el negocio de contratistas privados y donde la angustia, soledad y sentimientos de frustración de la población reclusa, no merecen un mínimo de atención.

En materia de salud, es evidente el abandono y desidia estatal, concretado no sólo en la falta de intervención preventiva o asistencial, sino también en la muerte por carencia de atención oportuna. El año 2016 fue tal vez uno de los más caóticos en la historia reciente en este aspecto, y probablemente ello sea causa directa del incremento alarmante de “muertes naturales” dentro de las prisiones.

Tal como fue publicado en el resumen del informe alterno presentado por el Equipo Jurídico Pueblos, el Congreso de los Pueblos y la Red Internacional de Derechos Humanos – RIDH ante el Comité del Pacto de las Naciones Unidas, con el apoyo de otras organizaciones y juristas internacionales, “En julio del presente año [2016] la defensoría del pueblo denunció que de 137 cárceles 91 reportan que no cuentan con personal médico disponible y 71 están sin medicamentos. Durante al menos 8 meses pacientes con VIH no recibieron tratamiento. En el reporte semanal sobre atención de salud en centros de reclusión a cargo del Inpec, esta entidad registra que a Septiembre 15 del presente año [2016], se encuentran represadas 1.383 cirugías, 9.367 citas por medicina especializada no han sido asignado pese a requerirse, 1.028 exámenes de laboratorio clínico están pendientes de ser practicados, 12.866 servicios de apoyo diagnóstico, terapéutico, soluciones ópticas, entre otros, aun no se practican. Estas cifras reflejan que la atención en salud sigue siendo crítica aún después de la intervención realizada en el marco de la emergencia carcelaria”. Los problemas que hoy afronta el sistema de atención en salud para la población privada de la libertad son de diversa índole, entre ellos, la grave dispersión de responsabilidades y dificultades para acceder a mecanismos de reclamación que tienen las y los detenidos, que por lo general deben acudir a la acción de tutela para lograr la asistencia que requieren.

Así mismo, en relación a la tortura y otros tratamientos inhumanos en prisión, que tristemente son referencia obligada, en Colombia, con alrededor de 120 mil privados de la libertad, entre los años 2012 y 2016, el Inpec ha sido demandado 1.449 veces por presuntos hechos de agresión o malos tratos contra la población reclusa, 33 por condiciones indignas de reclusión, 145 por falta de atención médica y 488 por muerte de personas privadas de la libertad (fecha de corte, septiembre de 2015). Las cifras sin duda no reflejan ni la totalidad ni la significación real de la tortura y la humillación sistemática en contextos de encierro, pero no dejan de ser alarmantes.

Share this article

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

últimas publicaciones

Contacto

Medellín - Antioquia - Colombia

 

Calle 50 #46-36 of. 504

 

(4) 231 08 42

 

periferiaprensaalternativa@gmail.com

 

Bono solidario

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.