Nueva Jerusalén: Una violación a la dignidad humana en Medellin - Fotoreportaje

La madrugada del 12 de enero sorprendió a los habitantes de Nueva Jerusalén con la intervención de más de 700 efectivos de la Policía Nacional, Carabineros, Ejército y ESMAD, quienes acompañados por funcionarios de la Alcaldía de Bello y de Medellín,  buscaban desalojar y demoler 175 predios en donde viven entre  600 y 1.000 personas. 

“Desde las 5 de la mañana llegó el ESMAD, agrediendo a la gente porque se rehusó a salir, no porque no quisieran sino porque el municipio y el gobierno no ofrecen ninguna garantía, sólo ofrecen 3 meses de arriendo, según ellos  prorrogable, pero como ya hemos conocido otras personas que han salido y  no les han pagado el arriendo, no hemos querido salir por eso”, precisó Gloria Alzate*, quien llegó desplazada a este barrio desde Chigorodó y recientemente fue notificada de su desalojo; en su hogar viven 7 personas, quienes ahora tendrán que vivir con apenas 300.000 pesos que le ofrecen las entidades municipales. La situación de Gloria es la de cientos de familias que no saben aún como sortear un canon de arriendo tan bajo, los gastos económicos y adaptación que implica el cambio de hogar, del colegio de sus hijos y transportes.

Nueva Jerusalén está ubicado  entre  los  barrios  París,  La  Maruchenga, predios  del  Hospital  Mental  de  Antioquia y  algunas  fincas particulares; es jurisdicción territorial del municipio de Bello en el Predio denominado como El Cortado, sin embargo éste fue comprado en 1997 por la liquidada Corporación de Vivienda y Desarrollo Social –Corvide–, adscrita al Municipio de Medellín, con  el  fin  de  destinarlo a  vivienda  de  interés  social. Desde entonces este predio ha sido ocupado por familias provenientes de regiones marcadas por el conflicto social y armado. Un censo realizado en 2009 determinó que en ese lugar residían 1.118 personas en 261 grupos familiares; para el 2013 la Defensoría del Pueblo señaló que podría ascender a 2.000 el número de viviendas levantadas en este lugar, y a la fecha no hay una cifra sobre el número de personas que actualmente viven allí. La extensión de este asentamiento es de 60 hectáreas y es uno de los más grandes en la periferia de Medellín.

Según este informe de la Defensoría del Pueblo, el actual desalojo se da debido a un “fallo del Juzgado 26 Administrativo Oral de Medellín, del 14 de enero de 2013, que dispone que las personas que están a 30 metros del retiro de la Quebrada La Loca, en terrenos de  riesgo,  por  encima  de  la  cota  máxima  de  prestación  de  servicios  públicos  y  las  ubicadas  en  el polígono minero sean desalojadas”. Igualmente, el fallo indica que estas personas desalojadas deben tener alternativas de vivienda temporal y definitiva por parte de la  Administración  Municipal  de  Bello, y ordena al Municipio de Medellín titular los predios de las restantes familias que pueden quedarse en el asentamiento. Pese a esto, el manejo y comunicación de soluciones por parte de las administraciones causa desconfianza en las personas  notificadas de desalojo.

La incertidumbre ronda las expectativas de los pobladores que exigen tener una solución definitiva y formalizada de vivienda, mientras continúan las demoliciones de cada uno de los 175 hogares señalados de estar en lugar de riesgo. “Hoy me dijeron que si no salía de la casa me sacaban amarrada pa' fuera, y a los niños también, y nos tumbaban la vivienda, entonces yo empaqué todas mis cosas, ahí me dejaron esperando y nunca llegaron. A mí me parece que eso es un desplazamiento forzado”, expresa Rosa Vargas, otra de las afectadas que aún no sabe dónde dormirá mañana una vez se quede sin su casa, una pequeña construcción de madera y lata, de tres salones y un patio en cemento desde donde se divisa el Barrio Paris. Esta casa la construyó con ayuda de una fundación que intervino en el sector, y fue el lugar donde vivió con sus 7 hijos después de desplazarse desde el Chocó.

Después de los primeros días de desalojo, en los que hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad, donde resultaron heridas 42 personas, los habitantes de Nueva Jerusalén aún exigen a las autoridades claridades frente a su futuro. Algunas personas huyeron asustadas por las explosiones, detenciones y gases lacrimógenos que trajo consigo de manera indiscriminada el ESMAD, otras recorren las ruinas de las primeras casas demolidas buscando salvar algunos de sus enseres, o desarman sus hogares para armarlos en otro lugar o vender a bajos costos los materiales con los que estaban construidos. Otras, simplemente, se resisten a abandonarlos.

 

 

 

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Miguel Ángel Romero
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