Se privatiza la práctica deportiva en los escenarios públicos en Colombia

El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia de 1991 lo dice así: “el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”. En principio, jamás especifica si es para los de 15 años, para los de 40 años, o para los de 100 años. No, porque es para todo el pueblo colombiano sin ningún distingo. Además, este es un derecho conexo con otros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida.
Ahora bien, los escenarios deportivos a nivel nacional pertenecen al Estado colombiano y con el único objetivo común del disfrute, el gozo, el aprovechamiento positivo del tiempo libre, la recreación y el deporte. Sin embargo, hoy se excluye y se restringe la práctica del deporte base (atletismo) en dichos escenarios públicos a los atletas sénior y máster (30 años y más), la mayoría de ellos de clase media hacia abajo, con muchas necesidades.

En la ciudad de Cali, tal como lo dijo Clemencia Terán, atleta máster de esta ciudad, en el 2010 “solo consiguieron permiso para practicar en la pista alterna al estadio Pedro Grajales, pues la pista principal es para los atletas de Élite”. Además practica en el estadio Pascual Guerrero diariamente entre las 11 a.m. y la 1 p.m., único horario disponible.

El segundo ejemplo es en la ciudad de Medellín, estadio Alfonso Gálvis Duque, donde entre los años 2005 y 2008 los dirigentes de la Liga de Atletismo de Antioquia de la época adoptaron inconsultamente la medida de cobrar la entrada a este grupo de atletas a mil pesos y con la complicidad de los directivos de la ACLAMAN (Asociación de Clubes de Atletismo Máster de Antioquia). Estos cobros afortunadamente cesaron desde mediados del 2008 gracias a la intervención del INDER, ente deportivo de la Alcaldía de Medellín, por el retorno de los escenarios deportivos públicos en beneficio de la comunidad.

El tercero, en la ciudad de Cartagena, donde a causa de la realización del Campeonato Suramericano de Atletismo categoría de Mayores en el 2012, según relata la señora Amparo Reina, también atleta máster, los directivos del IDER(Instituto para la Recreación y el Deporte de Cartagena) empezaron por no permitir más el uso de la oficina a la ATLEMASBOL (Asociación de Atletismo Máster de Bolívar), y prohibir el acceso a las instalaciones del Estadio de Atletismo Campo Elías Gutiérrez a los atletas tanto sénior como máster con el pretexto y la disculpa de ser estos los causantes del deterioro de la pista atlética. A la fecha ATLEMASBOL continúa sin oficina, y solo les permitían el ingreso a sus entrenamientos atléticos siempre y cuando pagaran una mensualidad, motivo por el cual realizaron varios bloqueos para protestar por dicha medida, hasta conseguir poder volver a los entrenamientos normales en el Campo Elías Gutiérrez sin cobros y sin ninguna novedad.

Por último, tenemos el actual ejemplo de Bucaramanga, con el estadio de Atletismo “Luis Enrique Figueroa Rey” sector “La Flora”. Los atletas miran con preocupación la idea que tiene el INDERBU (Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Bucaramanga) de cobrar la entrada a cada uno de los escenarios deportivos públicos que dependen de él para practicar el deporte, tal como lo cuenta Yamel Arias, atleta sénior de esta ciudad. Aunque por ahora es un proyecto y no se ha decidido nada, bien saben los deportistas bumangueses y sobre todo quienes son atletas sénior y máster, que sus derechos no serán garantizados y por lo tanto deben defenderlos de principio a fin para hacer desistir a los dirigentes del INDERBU de tomar tal decisión, la cual no está siquiera relacionada con la necesidad de remodelar la pista atlética.

Estos cuatro ejemplos anteriores ponen en evidencia que aunque el artículo 52 de la Constitución colombiana es claro, la dirigencia deportiva tanto a nivel nacional como regional se ocupa más de generar modelos de negocio que de garantizar los derechos de todos los colombianos, y para colmo, se atribuye los logros que los deportistas con esmero y por su cuenta obtienen en escenarios nacionales o internacionales. Hablar de vida digna, entonces, también implica la garantía de lo público, en este caso de los espacios de esparcimiento que tienen que beneficiar a todo el pueblo.

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