De La Habana a Quito Una agenda de paz única del Movimiento Popular

Las negociaciones entre el gobierno y el ELN están bloqueadas, y es probable que el impasse se prolongue durante meses; no es imposible que esto termine por inmovilizar a las partes y suspender indefinidamente el proceso público anunciado. Aún así, si el proceso se desatasca tendrá que darse con unos Acuerdos de La Habana en fase de implementación. Es necesario que desde el campo popular analicemos cómo la participación de la sociedad –que las partes han acordado deberá ser protagónica y determinante– abordará la identificación de las llamadas “transformaciones necesarias para la paz”, ante el hecho cumplido de los Acuerdos con las FARC.

Se trata, como es natural, de una disputa. El movimiento popular –que por necesidad tiende a pensar la paz como justicia social– espera que se trate de todas las reformas democráticas pendientes en un país inequitativo. El establecimiento en el mejor de los casos las entiende como un remozamiento de las instituciones y una modernización de algunos renglones de la economía. Si hemos de llegar a un acuerdo entre adversarios de clase para realizar una negociación sobre tales transformaciones y facilitar la terminación de la guerra revolucionaria, lo más lógico es encontrar un lugar intermedio entre estas posiciones, siempre que garanticen mínimamente que los sectores subalternos podamos tener la posibilidad cierta de ser oposición y ser gobierno, sin que este establecimiento acuda a la violencia política y el crimen para impedirlo. Determinar el alcance de esas transformaciones depende no solo del acuerdo sobre su pertinencia para superar el conflicto armado, y de la correlación política de fuerzas entre ELN y el Estado, sino esencialmente de la correlación en términos sociales, en tanto la agenda de negociaciones de Quito incluye la participación determinante de la sociedad.  

A mi juicio son cuatro las transformaciones necesarias para la paz, en tanto representan cambios sustantivos en las formas del conflicto social y su logro tiene impacto directo en la superación de la acción armada revolucionaria y en la terminación del terrorismo de Estado: 1. Garantías democráticas para el movimiento popular, social y político (opinión, movilización, protesta, participación política y electoral), que implica: a. Función, composición y orientación de las fuerzas armadas (depuración); b. Desmantelamiento del paramilitarismo; c. Justicia, seguridad y convivencia ciudadana; d. Reforma electoral y estatuto de la oposición. 2. El ordenamiento territorial, emparentado con: a. Reasignación de competencias a los entes territoriales; b. Incorporación de nuevas figuras como los territorios campesinos y las regiones autónomas; c. Ajuste del régimen municipal y local (competencias sobre la economía y el orden público). 3. El equilibrio entre modelos de economía y sustentabilidad ecológica, que implica: a. Reforma Agraria; b. Política minero-energética y ambiental; c. Solución a las economías ilegales. 4. Los planes para el cumplimiento y garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC.

En La Habana se avanzó en algunos de estos puntos. Hay algunas críticas desde el campo popular a lo allí acordado. La  mayoría corresponden a expectativas infundadas sobre lo que puede resultar de una finalización negociada del conflicto militar o una lectura infantilmente optimista sobre la correlación de fuerzas; en otros casos se confunden las razones por las cuales se justifica una rebelión armada con las condiciones para imponer en una mesa de diálogo nuestro programa de transición a la democracia. Por ejemplo, la impunidad de de crímenes cometidos por las fuerzas armadas y los paramilitares, la moderada afectación del carácter terrorista del Estado colombiano o la casi segura profundización del extractivismo minero-energético en nombre de la paz, han sido presentadas por algunos críticos como déficit insalvables de los acuerdos. Planteado escuetamente, la crítica resulta sólida, pero el asunto resulta menos desequilibrado si se reconoce que los militares deberán confesar sus crímenes para acceder a un tratamiento benévolo de la justicia, que la insurgencia tampoco aceptó ser tratada como una organización terrorista –como quería el gobierno–, que no habrá cárcel para los excombatientes guerrilleros responsables de crímenes de guerra, y que una Comisión de la Verdad independiente caracterizará los rasgos centrales del conflicto armado –que desde nuestra óptica incluye el terrorismo de Estado–. Otras críticas son puramente voluntaristas, como la que cuestiona que las FARC acepten que ese Estado (terrorista) sea el nuevo escenario de su acción política; cualquiera sabe que luego de una negociación el Estado permanecerá, y sugerir que la insurgencia podría lograr otra cosa en una mesa de negociaciones es mero sofisma.  En otras partes  he señalado que el problema no radica tanto en que lo logrado en La Habana tenga alcances limitados -expresión de una correlación de fuerzas desfavorable-, sino más bien en que sectores del campo popular lo quieran presentar como una victoria modélica que no admite pronta superación.

La fase pública de los diálogos del ELN y el gobierno debería entenderse (sobre todo por el movimiento popular) como la continuación de las negociaciones en el marco de un solo proceso; lo nuevo es que la agenda será abordada con una participación de la sociedad más amplia y determinante, la cual generará una correlación de fuerzas más favorable para el campo popular y democrático. El gobierno pretende imponerle al ELN los Acuerdos de La Habana como un límite inamovible y hasta el momento no expresa interés en que la participación de la sociedad sea algo más que un ritual descafeinado (y aunque aceptó acordar con la Cumbre Agraria un mecanismo de participación de la sociedad en el proceso de paz, su verdadera voluntad se conocerá cuando tal mecanismo deba adoptarse), pero resultaría equivocado desarrollar un proceso de participación social sin atender esos avances conquistados. Más allá de cómo se evalúen dichos acuerdos, lo cierto es que serán parte central del contexto en que se desarrollará la participación. La participación vinculante de la sociedad en los diálogos de Quito debería incidir por tanto en: complementar lo que es parcial, corregir lo que pudo ser deficiente, y hacer cumplir lo que siendo correcto merece un esfuerzo de implementación. Una propuesta de participación de la sociedad para la terminación de la guerra debe atender ese escenario, so pena de desconocer a los actores que lo conquistaron, de aislarse a título de despreciar los acuerdos, y en últimas de no dialogar con amplios sectores de la sociedad popular que ven en éstos un quiebre histórico.

El mecanismo de participación de la sociedad en los diálogos de Quito debe incorporar por tanto un componente explícitamente relacionado con la implementación de los Acuerdos de La Habana, en tanto éstos son evidentes desarrollos de varias de las transformaciones para la paz que el ELN y el gobierno han acordado discutir. Me refiero en primer lugar a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, que se pueden ver inicialmente como planes para el cumplimiento y garantía de los DESC. Es entendible que gobierno y FARC prioricen 16 zonas campesinas de presencia de esta insurgencia; pero el acuerdo también prevé la posibilidad de extender esta modalidad a otras regiones. En clave del diálogo de Quito y de la participación de la sociedad, es posible acordar la inclusión de otras zonas campesinas y zonas urbanas de elevada conflictividad, y adoptar la modalidad de planeación participativa como formato permanente para el diseño de Planes Regionales. Más allá de eso, los PDET pueden ser una referencia útil para pensar en Proyectos de Región como la forma de concreción de los diálogos que se den en el seno de la sociedad para acordar las transformaciones necesarias para la paz y como forma-espacio de los acuerdos del Estado con el ELN; incluso tomando prestado el concepto gubernamental de la “paz territorial” se puede dialogar, si se entiende que un Proyecto de Región para la paz obliga a las transformaciones en materia de ordenamiento territorial que hemos señalado, así como los ajustes institucionales y normativos del orden territorial, municipal y de competencias locales; de hecho, los acuerdos que la Comisión Mixta de Implementación deberá hacer para concretar los acuerdos de La Habana serían más sólidos en esta clave.

El nivel más detallado de los acuerdos en los otros asuntos agrarios deja menos espacio a la incidencia del movimiento social para enfocarlos en su fase de implementación o para ampliarlos en un proceso de participación social como el que se puede abrir con el ELN. Por eso las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, generan inquietudes ya resueltas con pueblos indígenas y comunidades afro, y conciliables con algunas organizaciones campesinas que tienen enfoques diferentes. A mi juicio hay tres desafíos que pudieran abordarse en la fase de participación de la sociedad y que ampliarían el alcance de éstas: su carácter de entidad territorial, su posibilidad de ser una figura de “protección dura” frente al extractivismo y la posibilidad de que los planes de desarrollo agroalimentarios tengan un respeto y un apoyo más visible por parte del Estado; de todos modos, en materia territorial el horizonte sigue siendo los territorios campesinos, con similar alcance que las Entidades Territoriales Indígenas. En cuanto al Fondo Nacional de Tierras, dos elementos podrían ser complementarios: la exigencia de que haya continuidad física de las tierras recuperadas, de modo que pueda haber proyectos viables de economía campesina, y obviamente que su monto coincida mínimamente con los 6 y medio millones de hectáreas que el propio Estado reconoce como apropiadas ilegalmente por el narcotráfico y el paramilitarismo.

Similar situación tenemos con la Comisión de la Verdad. Difícilmente podríamos acordar en una nueva negociación otra Comisión de la Verdad y resultaría una torpeza no contribuir al éxito de la que fue pactada. Se trata más bien de profundizar en los temas centrales que no pudieron resolverse en la negociación de La Habana. Con la participación de la sociedad, la Comisión de la Verdad puede resolver la caracterización del conflicto mismo, cuyo rasgo central es el terrorismo de Estado, siendo pertinente documentar la responsabilidad de las fuerzas armadas, limitada por el acceso solo parcial a los archivos militares y de inteligencia. En segundo lugar, en la Comisión de la Verdad la participación de la sociedad debe apuntar a superar el discurso oficial de la equivalencia entre los victimarios y posicionar el carácter masivo y sistemático de la violencia oficial y paraestatal. En tercer lugar, hacer que el sistema educativo y los medios de comunicación se comprometan con la verdad, mediante propuestas de implementación urgente que traduzcan los resultados de la Comisión de Esclarecimiento y la Comisión de la Verdad en un nuevo relato histórico que impacte en la cultura política del país. Superar el “victimismo” producido por la política oficial -que nos oculta como organizaciones y comunidades con proyectos políticos alternativos que deben ser reconstruidos y cuyas experiencias de “resistencia” son más relevantes que los hechos victimizantes-, y fortalecer los ejercicios de memoria de las organizaciones y sus enfoques propios de reconstrucción histórica, permitirán que la “memoria para el apaciguamiento” no capture a las comunidades. A partir de los acuerdos, deberíamos apuntar a que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad tengan un carácter vinculante, ética y normativamente. Nada de esto es contradictorio con los Acuerdos de La Habana.

También es compatible abordar en clave complementaria la Reforma electoral y el Estatuto de la oposición, cuyas comisiones de trabajo vienen avanzando; se requeriría un rediseño del mecanismo de concertación para ampliarlo al conjunto de actores sociales populares y darle un carácter decisorio a sus resultados; pero no tiene sentido hacer una nueva negociación para conquistar ese mecanismo. Algunos actores han sugerido que la Comisión de Diálogo con voceros y voceras de las organizaciones y movimientos sociales (previsto en los Acuerdos de La Habana) podría incluso considerarse como espacio de la participación de la sociedad en los diálogos con el ELN; aunque esta Comisión es muy limitada para abordar esa tarea, la idea no debería ser desestimada de plano, siempre que haya disposición del gobierno a que el espacio suponga un diálogo nacional con otros actores, que la agenda temática incluya todas las transformaciones para la paz y que los resultados de esa comisión tengan el carácter vinculante que venimos reclamando.

Es claro que asuntos centrales y necesarísimos para la paz no fueron concretados en los Acuerdos de La Habana. Con el argumento de que el Estado no discutía con las FARC (y se supone que tampoco con el ELN) la composición de las fuerzas armadas ni su doctrina, estos temas claves para una paz estable y duradera siguen pendientes. El gobierno no podrá objetar discutir el papel de las fuerzas armadas en la transición hacia la democracia en un proceso de participación ciudadana, pues se trata de un tema ineludible. Otros temas relacionados con  las garantías democráticas fueron abordados con muchas limitaciones por ese axioma gubernamental de no tocar los asuntos militares: el desmantelamiento del paramilitarismo, el desmonte del ESMAD, la normativa de seguridad ciudadana, etc. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Pacto Político contra el paramilitarismo, junto a la Unidad Especial de Investigación y el Cuerpo Élite contra Organizaciones Criminales, pueden ser reforzadas en un proceso de participación de la sociedad para que tengan dientes explícitos para perseguir a los miembros de la fuerza pública involucrados; y la comisión que revisará las normas de seguridad (donde el Código de Policía y la Ley de seguridad ciudadana será discutidos) bien puede ser incluida dentro del proceso general de participación social en el marco de los diálogos de Quito.

El acuerdo del último día entre el gobierno y las FARC, de convocar a los partidos, movimientos políticos y sociales, y en general a la sociedad colombiana, para concertar un Acuerdo Político Nacional donde se definan las reformas y ajustes institucionales necesarios la paz, es totalmente compatible con el acuerdo de la agenda de Quito de lograr un Consenso Nacional para la Paz y con la propuesta de sectores sociales para lograr un Acuerdo Nacional por la Paz donde se concreten las transformaciones necesarias para la paz. Este acuerdo puede servir para instalar el Diálogo Nacional que proponemos y para concretar las transformaciones de la transición a la democracia. Obviamente para eso debe incorporarse un nuevo convocante de ese Acuerdo Político, que bien podría ser un  Comité de Impulso del Diálogo Nacional.

Para terminar, debemos recordar que algunas alternativas para superar problemas claves del país y que son necesarios para la paz fueron planteadas por las FARC en La Habana; se quedaron en el llamado cuarto frío de los diálogos, congeladas por una correlación de fuerzas político-militar que debemos valorar adecuadamente para modificarla con la participación de la sociedad en la fase siguiente del proceso de paz. Nuestras propuestas para solucionar los problemas de las economías ilegales, avanzar hacia una Reforma Agraria, lograr un ordenamiento territorial democrático, garantizar la sustentabilidad ecológica del país o consolidar una política minero-energética y ambiental soberana e inteligente, que son parte de las “transformaciones necesarias para la paz”, deberán recoger las propuestas presentadas por las FARC, muchas de las cuales fueron a su vez producidas en espacios de participación ciudadana. 

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Juan Houghton

Activista, nostálgico de una Ilustración que aún no ha sido. Empero, más amigo de la muchedumbre que de los iluminados. Con la certidumbre del poder popular.

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