Implementar lo acordado: refrendar y ser parte

La violencia por razones políticas ha sido determinante en la conformación de los diferentes poderes y del sistema político del país. Esta violencia, que ha influido en el sistema electoral, en la elección de presidentes, en la forma como el ciudadano colombiano entiende la política y en la no incorporación de sectores sociales políticos alternativos en los principales escenarios del poder, ha ido perdiendo terreno como forma de resolver los conflictos y como expresión de la lucha social, quien ahora ha buscado dentro del sistema democrático que sus exigencias sean tenidas en cuenta y ha pedido al Estado que garantice la diversidad ideológica y no haya connivencia con la violencia política, que se ha sido principalmente hacia sectores de izquierda. Recuérdese la negociación con las guerrillas, entre ellas el M-19 a finales de la década de los 80, que fue la posibilidad para ampliar justas luchas por los derechos que distintos sectores venían reclamando durante todo el siglo XX y que se plasmaron en la Constitución de 1991.

Pero al no quedar incluidas en este pacto todas las guerrillas, sucedieron 21 años más de intensificación del conflicto armado y añadido a esto, la presencia y ofensiva paramilitar desde la década de los 90. Pero desde el año 2012 Colombia volvió a escoger un modelo de negociación política, no de sometimiento a la justicia, en donde las partes construyeron una agenda de conversaciones para llegar a un acuerdo sobre seis puntos que son trascendentales para el futuro político del país. Uno de ellos, el sexto, plantea la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos y con este panorama vale preguntarse ¿Cuál ha sido el espacio de participación social en el desarrollo de este acuerdo? ¿Cuál es el lugar de las organizaciones políticas, sociales y de la ciudadanía en general en la implementación y posterior desarrollo de lo acordado? ¿Por qué es importante la refrendación social en el plebiscito del 2 octubre como una forma de fortalecer la participación y vinculación política de los distintos sectores?

La participación en el Acuerdo
El inicio de la negociación estuvo marcado por la falta de participación de la sociedad civil en las propuestas a la Mesa de conversaciones. Pero poco a poco fueron viajando comisiones (de mujeres, de víctimas, congresistas, líderes sociales, entre otros) y presentaron diferentes propuestas que fueron recogidas y construidas desde Colombia. También la ONU y la Universidad Nacional realizaron diferentes Foros con presencia de representantes de organizaciones de todo el país, y en febrero de este año presentaron un compendio de las propuestas recogidas a la Mesa, entre las que se incluían: participación de la sociedad civil en todo el proceso incluyendo la implementación, medidas para combatir la corrupción y los grupos criminales, y reformas que atiendan a los procesos locales y más afectados por el conflicto armado.

En todos los seis puntos del Acuerdo se hace mención a la necesidad de ampliar los espacios democráticos de participación aludiendo a organizaciones sociales y políticas que serán las principales encargadas de la materialización de muchos propósitos de lo acordado. Verbigracia, el punto sexto (6.1.4) menciona la promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución e implementación; esto supone una nueva oportunidad para dar un viraje en las relaciones entre el Estado y la Sociedad civil y organizada, reconociendo que solamente el desarrollo de las comunidades es posible cuando el Estado valora la importancia de construir endógena y localmente, teniendo en cuenta las necesidades, historia y cultura de donde se implementen las estrategias que pretende generar luego de refrendado el Acuerdo. Esto es un reto significativo para hacer real la Paz territorial, pues serán muchos Planes y Programas para el desarrollo rural, para el fortalecimiento democrático, para luchar contra la corrupción, para la sustitución de cultivos y otros aspectos, que si no se construyen socialmente con las comunidades y no se asegura una institucionalidad local comprometida con el cuidado de lo público, será una fallida implementación de la cual depende el éxito de lo que se acordó en La Habana.

Las normas en sí mismas pueden ser sólo letras. Volverlas realidad y apostar por la materialización de los derechos es un asunto de luchas y conquistas sociales, de encuentros y movilización. Este Acuerdo Final posee un gran poder simbólico: es el texto político más importante producido en Colombia en los últimos años, que recoge, en el siglo XXI exigencias, peticiones y luchas que vienen desde el siglo XX y que con un masivo apoyo el próximo 2 de octubre se convertirá en una norma jurídica directora, guía, que complementa vacíos de la constitución frente a campesinas y campesinos desprovistos de derechos, de tierra, de producción.

Tendremos todos el deber de conocer, socializar y darle sentido, desde los territorios, a este nuevo intento de pacto político en el cual están en juego razones tan indispensables para nuestro futuro, tales como: a) la garantía de que la reforma rural sea una oportunidad para el desarrollo del campo colombiano, la recuperación de sus saberes, el fomento al comercio del pequeño cultivador y el reconocimiento de sus derechos como sujeto político; b) La exigencia social de que el Estado garantice el ejercicio político de todos los partidos y movimientos, incluido el que surja luego de las FARC dejar las armas, promoviendo el respeto por los derechos humanos y la defensa de una cultura que resuelva sus conflictos de forma no violenta; y c) la posibilidad real que las comunidades locales y la ciudadanía en general pueda incidir de manera directa en los planes de gobierno y de desarrollo; es decir, que haya un fortalecimiento del principio democrático de la participación, de manera incluyente, amplia y atendiendo a las necesidades de cada población.

Lo anterior es posible en tanto el Sí gane el próximo 2 de octubre, pues sería el acto de refrendación final, la firma social, el apoyo ciudadano a lo acordado en La Habana. Esto es importante por tres razones: primero, es la primera vez que en el marco de la Constitución de 1991 se activa el mecanismo de participación del plebiscito, en el cual se nos preguntará si apoyamos el Acuerdo; segundo, porque después de discutir si se debía convocar a una constituyente, a una consulta popular, a un referendo o a un plebiscito, se llegó a un acuerdo en la mesa de conversación de acatar la sentencia de la Corte que dio vía libre a la realización del plebiscito, siendo también un paso más de reconocimiento de las FARC a la normativa e institucionalidad colombiana. Y tercero, el Sí en el plebiscito será el inicio del compromiso social y ciudadano con lo político, el que llenará de legitimidad social el Acuerdo Final y permitirá que en los próximos 8 meses se realicen todos los cambios legislativos e institucionales para garantizar la implementación de todo lo acordado.

Con todo esto, los colombianos y colombianas asumen que este Acuerdo Final es un punto de llegada, un lugar de los consensos, en el cual dos partes que se enfrentaron en armas durante 52 años, decidieron darle una salida a la confrontación bélica. Pero también, el Acuerdo es un punto de inicio: todo está por hacer. Implementar significa reformar las condiciones actuales de marginalidad del campo, promover el respeto por las distintas ideologías políticas sin estigmatizarlas. Implementar es exigir al Estado que garantice la seguridad personal de todos los integrantes de las FARC, proteger sus vidas y fomentar un verdadero desarme en la visión de la sociedad y el Estado al trato entre comunidades, y a la búsqueda alternativa de resolver conflictos sin el uso de la violencia. Implementar este Acuerdo es, más aún, ser partícipes de la construcción de la verdad, la reparación y de todas las medidas que garanticen la no repetición de todos los hechos atroces de esta guerra.

Estamos frente a un Acuerdo, a una negociación, conversación, diálogo, donde se pusieron en común los disensos, y por fuera de la guerra fueron consensuadas. Ahora nos encontramos en una oportunidad para un nuevo y renovado pacto democrático. La responsabilidad es atender al llamado a participar activamente en la construcción de la democracia que queremos para nuestros territorios e implementar desde la lucha cotidiana, desde los escenarios del día a día una transformación profunda de la forma en que nos relacionamos y construimos lo político. El Estado en Colombia tiene una oportunidad histórica: construir la paz con las comunidades y organizaciones que llevan una vida entera luchando por conseguirlo.

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Cristian Zuluaga

Politólogo de la Universidad Nacional. Estudiante en la UdeA. Algunos intereses: política, cultura, derechos humanos. La palabra, gran ficción. Respondo y debato mis opiniones.

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