Los cultivos de uso ilícito y la realidad rural

El problema de los cultivos de uso ilícito, establecido como punto de acuerdo entre la insurgencia de las FARC –EP y el gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y su equipo negociador, expresa la relevancia que tiene el problema del narcotráfico dentro de la sociedad colombiana, y la necesidad de garantizar su extinción como práctica económica subterránea, si es que en verdad se quiere garantizar la promoción de condiciones de bienestar colectivo para el conjunto del pueblo colombiano y en especial para las comunidades rurales que se ven afectadas por las dinámicas de la droga.

Con esa intencionalidad, en los acuerdos de La Habana se puede encontrar un trato diferencial al problema de las drogas a través de tres elementos: atacar el problema del cultivo, atender el tema del consumo, y castigar su comercialización.

En este orden de ideas, el acuerdo contiene una serie de apuestas políticas que buscan atacar el problema desde un enfoque mucho más humanista, en el que no se condena al campesino por su participación en el negocio de la droga, sino que se comprenden las condiciones económicas y sociales que llevan a que un gran número de trabajadores del campo se sumen a la cadena del narcotráfico, en la búsqueda incansable por mejorar las situaciones de miseria y exclusión que llevan a cuestas, en un país cuyo modelo capitalista de corte neoliberal se ha encargado de profundizar la desigualdad. No tratar al campesino como delincuente sino como damnificado social, es tal vez uno de los mayores aportes de este punto a la discusión nacional del problema de las drogas, en tanto permite una mirada mucho más real sobre la implementación de una solución acertada en el territorio.

El acuerdo invita a comprender el tema del consumo desde un enfoque de salud pública, que entienda el rol del consumidor no como el criminal que atenta contra la sociedad, sino como el afectado mental y físicamente por el consumo, y a su vez, lleva a reconsiderar y promover la construcción de una nueva política pública que intente dar otras respuestas y soluciones a los consumidores. Dicho ejercicio tiene antecedentes exitosos en el continente europeo y en la alcaldía de Bogotá durante el periodo 2011 – 2015, en la cual la atención al consumidor arrojó resultados favorables en términos de la reintegración social que el consumidor necesita.

Finalmente, el castigo a los carteles y al crimen organizado busca atacar a los grandes mercaderes de la droga, responsables de la promoción del narcotráfico y promotores de esta vejación humana.
En síntesis podríamos decir que la posibilidad de implementación de los acuerdos vislumbra un escenario de nueva política antidrogas con logros más efectivos que la tradicional visión guerrerista y destructora que se ha promovido desde la geopolítica mundial.

Sin embargo, los retos para que dicha implementación logre trascender son altos, pues romper la cadena de valor pasa necesariamente por destruir la criminalidad institucional que existe alrededor del narcotráfico; por atacar los carteles de la droga que no darán su brazo a torcer en esta disputa por mantener el papel que juega Colombia como productor dentro del mercado global; por la gestación de nuevas opciones reales de economía campesina, efectiva y auto sostenible que distancien al campesino del negocio de la droga, y por la capacidad institucional para comprender y hacer realidad el enfoque de salud pública a lo largo y ancho del territorio nacional.

El flagelo de las drogas necesita entonces del empoderamiento social y popular, para que las comunidades y movimientos sociales asumamos la implementación de lo acordado, pero a su vez generemos una estrategia que vaya más allá y profundice de manera radical un accionar capaz de transformar la visión actual sobre el problema, construya una nueva política antidrogas, y geste opciones económicas en las que el campesino colombiano pueda, a través de modelos productivos sostenibles y de soberanía alimentaria, construir una nueva realidad rural. Si queremos Paz real, esta será una de las principales batallas que debe librar el campo popular.

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