¡Dejemos de matarnos!

En el marco de los acuerdos de paz, el punto tres de la agenda denominado fin del conflicto, trae consigo la ubicación de los elementos centrales para que el proceso de ceses de fuego y culminación del conflicto armado se lleve a cabalidad en nuestro país.

Habría que destacar que en la práctica el ejercicio del silenciamiento de los fusiles se ha venido desarrollando, pero que su acallamiento final pasa por la materialización e implementación de una serie de medidas y reformas contenidas en los acuerdos, que permitan la profundización de la democracia y posibiliten reducir las brechas de desigualdad existentes en nuestro país, así como la apertura democrática que durante tanto tiempo los movimientos alternativos han exigido al régimen colombiano.

Esta tesis se expresa en tres momentos centrales del proceso de negociación que se ha desarrollado, a saber: una dinámica inicial de cese unilateral de fuego por parte de la insurgencia de las FARC –EP, un proceso de cese bilateral de fuegos entre los dos ejércitos, que inicia con el desminado conjunto y se ratifica el pasado 29 de agosto, y un proceso de dejación de armas y reintegración a la vida civil que pasa por la implementación de lo expresado en La Habana.

El primer momento nos lleva a comprender la voluntad política de la insurgencia para ganar legitimidad dentro del proceso; una jugada táctica que representó en términos políticos la posibilidad real de disminuir las muertes como resultado del conflicto, tal como se puede verificar en fuentes como CERAC, quien destaca la reducción a solo cuatro muertos en el último año; pero también la posibilidad de reorganizar su tropa en función de la discusión política de los puntos de la agenda, y la concentración de sus cuadros en función del proceso de paz. Esta decisión hizo del cese unilateral un arma política que le permitió a la insurgencia potencializar su fuerza interna hacia la discusión de lo político, y que a su vez representó para el país la posibilidad de evidenciar de manera palpable la reducción del conflicto armado y la generación de una atmosfera donde es posible silenciar las armas; ambiente que se respiró principalmente en las zonas en las que se concentra dicha conflictividad.

El segundo momento expresó un avance significativo en el sentido manifiesto de los dos bandos en contienda para acabar el conflicto armado. Este ejercicio representó un golpe a la cultura guerrerista que intenta a través de los belicistas mantenerse en el país, pero a su vez un cambio en la cultura del conflicto, al hacer de la consigna de la solución política y negociada, una expresión real para la sociedad colombiana. La orden emanada por Timoleón Jiménez y Juan Manuel Santos, como comandantes de sus respectivos ejércitos, para decretar la hora cero al fin de hostilidades a partir del 29 de agosto, representó uno de los puntos más altos en términos de la materialización del fin del conflicto. Este hecho permite entender hoy, que más allá de los resultados del plebiscito del dos de octubre, las dos partes han asumido silenciar las armas y continuar la batalla ideológica desde otras aristas en el marco de la disputa del poder.

Finalmente, está la necesidad de la materialización del tercer momento, en el que los puntos del acuerdo de “Fin del conflicto” se implementen como condición necesaria para hacer del fin del conflicto armado con esta guerrilla una realidad. Esto se expresa en la generación de condiciones de reinserción real para los excombatientes, buscando a toda costa la no reincidencia en el uso de las armas. El punto tres de Fin del conflicto señala entonces la necesidad de brindar garantías expresadas en subsidios económicos, promoción de proyectos productivos y la posibilidad de formarse técnica y académicamente para mejorar sus condiciones de vida. La experiencia nacional ha mostrado que esta inversión se hace necesaria, toda vez que evitará el regreso a la guerra como forma de subsistencia económica para los ex combatientes.

Sin embargo, la garantía del cese al fuego pasa a su vez por la implementación de los demás acuerdos, toda vez que la decisión de las FARC – EP de convertirse en un nuevo partido político, implica la implementación de condiciones institucionales capaces de preservar la vida de los miembros del nuevo movimiento político, así como de los sectores alternativos que hemos sufrido el flagelo de la violencia paramilitar y la represión estatal. La apropiación de una reforma agraria integral que genere nuevas condiciones para el campo, la titulación de tierras, la implementación de proyectos productivos que integren al campesino y lo alejen de la cadena de valor del narcotráfico, la construcción de vías, de hospitales, la apertura de nuevas ofertas laborales y educativas, la reparación a las víctimas, y la apertura política a la construcción de una nueva sociedad, son elementos centrales para permitir que la lucha armada como táctica de confrontación ocupe otro espacio en el ejercicio político de las fuerzas de la izquierda en Colombia.

Dejar de matarnos, para un país que ha vivido un conflicto armado por más de sesenta años no es nada sencillo, pero observar un cese bilateral de fuegos que se ha construido a lo largo de estos años de manera real, permite pensar que el fin de la guerra es posible y que efectivamente podemos generar las condiciones para que nuevas formas de acción política expresen el sentir de la lucha social y la necesidad por construir un país diferente.

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