Participación Política Disputar la democracia sin cambiar el Estado

Un punto clave en el Acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC, es el relativo a la participación política, las garantías y la democracia. En todo proceso de paz, las insurgencias buscan espacios que les permitan desarrollar su acción política por otros medios. Si en palabras de un famoso General, la guerra es la continuación de la política por otros medios, un proceso de paz procura que la política se convierta en la continuación de la guerra por otros medios, como afirmó un filósofo.

El alcance
En materia de participación política, el Acuerdo no cobija solamente a las FARC ni al nuevo movimiento que surja del proceso de paz. Los apartes incluidos en el punto 2 procuran cambios para todas las fuerzas políticas y sociales, en especial para los movimientos de oposición. Las curules en Senado y Cámara para las FARC, por ejemplo, se encuentran en el punto 3 llamado “Fin del conflicto”.

El punto 2 tiene tres partes: A) Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general. B) Mecanismos de participación ciudadana, incluidos los mecanismos de participación directa. C) Promoción de participación en el sistema político, en especial en lo relativo al ejercicios electorales.

Los puntos clave de este eje son:
-La conformación de una comisión plural, que incluye al Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, que establezca lineamientos para la redacción del Estatuto de oposición.
-La creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, que buscará evitar la estigmatización de los movimientos sociales y desarticular cualquier fuente de amenaza o de violencia contra quienes participan de la política.
-El gobierno presentará un proyecto de ley relativo a garantías y promoción de la participación ciudadana y otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales.
-El reconocimiento de la movilización y la protesta como formas legítimas del ejercicio de derechos, y la revisión de las normas que limiten el derecho a la protesta.
-La promoción de la participación ciudadana en los medios de comunicación comunitarios, regionales y públicos.
-Desliga la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos políticos del requisito del umbral que amenaza el ejercicio de las minorías políticas.
-Promueve una campaña nacional de cedulación e instalación de puestos de votación en regiones apartadas.
-Crea un Tribunal Nacional de Garantías Electorales, organismo con tribunales especiales y seccionales en los lugares donde se registre más fraude electoral.
-Promueve mecanismos electrónicos en los procesos electorales y promueve mayor transparencia en la financiación de las campañas electorales.
-Establece una Misión Especial, compuesta por expertos de universidades y centros de pensamiento, que hará recomendaciones para reformar el sistema electoral colombiano.
-Establece dieciséis (16) circunscripciones especiales para zonas especialmente afectadas por el conflicto armado. En cada una de esas regiones se elegirá un Representante a la Cámara, adicional a los ya establecidos, por dos períodos electorales (2018-2022 y 2022-2026). En tales circunscripciones no podrán competir los partidos que cuentan con representación en el Congreso.
-Se establece la puesta en marcha de un Programa de Protección Especializada para el nuevo movimiento político impulsado por las FARC.

Disputas y limitaciones
El Acuerdo genera nuevas posibilidades para el accionar de los movimientos sociales y políticos de oposición, entregando herramientas y espacios de disputa del poder en un régimen político que se ha caracterizado por tener una democracia restringida. El esfuerzo por avanzar hacia un nuevo Estatuto de la oposición, de abrir espacios para mayores garantías a los movimientos sociales, o la representación política para regiones afectadas por el conflicto, son avances muy importantes. Sin embargo, el Acuerdo no trae transformaciones que vayan más allá del espíritu de la constitución actual, pues la apertura democrática promovida por el Acuerdo busca materializar las promesas incumplidas tras la constitución de 1991.

Las reformas promovidas para alcanzar la apertura democrática entran en tensión con el modelo de Estado que se ha reorganizado ante las exigencias de los promotores del modelo económico vigente. Mientras el acuerdo está orientado a generar garantías en el seno de la democracia liberal, la reconfiguración silenciosa del Estado fraguada por el gobierno de Santos apunta a cerrar las instancias de participación que se oponen al modelo extractivista. Por otro lado, tal modelo se ha afincado en muchas regiones gracias a la violencia contra los lideres sociales y los defensores del territorio.

El Acuerdo busca que los movimientos políticos postinsurgencia avancen en la persecución del poder político local, pero ello se dará precisamente cuando las agencias del gobierno nacional (Licencias ambientales, Hidrocarburos, Minería) actúan por encima de las competencias de municipios y departamentos. En La Macarena, Caño Cristales, Ibagué, o el norte del Caquetá, los mandatarios locales se han unido a la movilización contra las políticas del Estado central. Muchos alcaldes y concejales que promueven Consultas Populares frente a la explotación minera y petrolera han entrado en rivalidad con el gobierno nacional y los organismos de control. Encontramos una tensión entre la apertura que promete el Acuerdo y la configuración de un nuevo Estado corporativo que busca frenar la democracia local, así como una tensión entre la promoción de garantías para la oposición en un contexto en el que arrecian los atentados contra los movimientos sociales que defienden los territorios.

El logro del Acuerdo consiste en promover espacios para disputar la democracia. Su limitación radica en que no ofrece herramientas para detener un modelo económico en el que el Estado socava la democracia. Muchos pueden decir que esa aspiración no puede ser alcanzada en un proceso de paz, y ese argumento es sólido. Sin embargo, no puede hablarse de apertura democrática sin evaluar el modelo de Estado donde se disputa la vida política.

Las luchas venideras podrán aprovechar los espacios abiertos por el Acuerdo, pero el esfuerzo crucial radicará en buscar modificar la organización actual del Estado, intentando frenar el despojo, defender el territorio y cambiar el modelo económico que bloquea la democracia.

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