Resumen del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera

Después de casi 4 años de negociaciones las FARC-EP y el Gobierno colombiano llegaron a un acuerdo para que cese el ruido de las armas entre dos partes del conflicto armado. Los puntos  del acuerdo tocan temas centrales: los que originaron y desarrollaron el conflicto, la reintegración de los guerrilleros y la apuesta por un nuevo escenario político para el país. Cada punto negociado tiene total relación con los otros del acuerdo total y final.

1) Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral:

El conflicto armado entre las FARC-EP y el Estado colombiano empezó por el campo, luchando por la tierra. Es en el campo donde se debe resolver. El Acuerdo se centra en dos cuestiones: primero, crea un Fondo de Tierras que redistribuye la tierra para que más campesinos puedan ser propietarios, priorizando a madres cabeza de familias y desplazados. Estas tierras provendrán de lotes baldíos, tierras expropiadas por actividades ilegales y tierras de reservas forestales que terminaron siendo utilizado de otra forma y perdieron valor de reserva. Durante los próximos 10 años habrá una extensión objeto de la Reforma Rural Integral de 10 millones de hectáreas. Del Fondo de Tierras (3 millones de hectáreas) y a través de la formalización masiva de la Propiedad Rural (7 millones de hectáreas). Se busca formalizar la tierra, crear condiciones para trabajarla y fortalecer las Zonas de Reserva Campesina. Segundo, se busca garantizar que esa propiedad esté acompañada de recursos para que los campesinos saquen provecho a sus tierras mediante Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), apoyo tecnológico, capacitaciones y un mejoramiento de las condiciones infraestructurales de sus contextos: construir vías, escuelas, redes eléctricas, agua potable, entre otros, con el fin de reducir la brecha entre el campo y la ciudad.

2) Participación política. Apertura democrática para construir la paz:

Nuestro conflicto es social y político. El sistema social excluye diferencias y el sistema político no permite que proyectos alternativos y democráticos de país sean poder estatal.

Este acuerdo busca que esta realidad cambie dando prioridad a la participación de la mujer como medida afirmativa que promueva su fortalecimiento en el escenario político, garantizando la creación de los partidos o movimientos políticos productos de la negociación, haciendo una revisión del régimen electoral y garantizando la verdadera existencia de una sociedad pluralista y multicultural. El acuerdo crea un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que busca garantizar la seguridad de los excombatientes que puedan participar en espacios socio políticos y un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que busque renovar los pactos políticos basados en el respeto, el pluralismo y la diversidad. También el acuerdo reconoce la importancia de la información y el fortalecimiento de los medios comunitarios para la difusión de las diferentes posturas e ideas en el ambiente político.

3) Fin del Conflicto

Este punto contempla las condiciones, procedimientos y el monitoreo y verificación para el Cese al Fuego Bilateral y Definitivo que comenzó la hora cero desde el 29 de agosto de 2016. Después de 52 años de conflicto se deben buscar acciones que lleven a reincorporar de manera efectiva a los excombatientes tanto a la vida civil, como en la garantía económica, social y político. Por primera vez en el país se silencian las armas de manera definitiva entre dos partes del conflicto y con un acompañamiento internacional tan grande por parte de organizaciones como la ONU. Para garantizar el cumplimiento de estos compromisos los guerrilleros se ubicarán en 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Allí estarán monitoreada por militares enviados por la ONU y por el ejército colombiano, quienes garantizarán el cumplimiento de la Dejación de Armas. Con estas armas entregadas (180 días después de la firma final del Acuerdo) se procederá a la destrucción y se realizarán tres monumentos uno en la ONU, otro en la República de Cuba y otro en Colombia. Este punto también contempla el fomento de la realización de un gran Pacto Político.

4) Solución al problema de las drogas ilícitas:

Este punto buscar dar un tratamiento radicalmente distinto al problema de las drogas tanto desde la siembra como hasta el tratamiento al consumidor. Se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, con el fin de que las comunidades campesinas en situación de pobreza, de manera voluntaria y concertada, que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, encuentren también una solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio, con el fin de iniciar la sustitución de cultivos. Busca también abordar el consumo con un enfoque de salud pública e intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.

5) Víctimas:

Este punto es central, inédito y valorado positivamente en el mundo por todos los países garantes, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un paso más para todas las organizaciones de víctimas del país. El punto crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y contiene un Compromiso sobre Derechos Humanos. Este Sistema busca la satisfacción de los derechos de las víctimas, mediante la combinación de mecanismos de carácter judicial y extra-judicial. Se especifica las formas de reparaciones desde materiales hasta simbólicos, individuales y colectivos en las que deberán participar los actores del conflicto vinculados en la situación. Habrá amnistías e indultos excepto para los delitos de lesa humanidad. Se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que busca ser una fuente de reparación no solo para las víctimas sino para que todo el país sepa la verdad de lo ocurrido en este conflicto armado. También se crea la Justicia Especial para la Paz (JEP) que será encargada de sancionar a los excombatientes, que si contribuyen con la verdad tendrán sanciones alternativas entre 5 y 8 años. Si son conductas muy graves y se contribuye con la verdad antes de la sentencia, la sanción tendrá una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión. Si las conductas son muy graves y el procesado no reconoce verdad y responsabilidad y resulte declarado culpable por el Tribunal, tendrá sanciones previstas en el Código Penal, con privación efectiva de libertad no inferior a 15 años ni superior a 20 en caso de graves infracciones o violaciones. En todo caso, la sanción se asignará de acuerdo al grado de verdad y a la gravedad y participación en la conducta sancionada.

6) Implementación, verificación y refrendación:

En este punto se crea la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias. Se encargará de hacer todo el acompañamiento al proceso luego de la aprobación del SI en el plebiscito. El punto explica todos los principios y los protocolos de la implementación y verificación, tanto en el compromiso asumido por Gobierno y FARC, como por todo el acompañamiento internacional que tendrá el proceso. Finalmente las partes se comprometieron a aceptar el mecanismo de refrendación popular PLEBISCITO, que será votado el 2 de octubre.

 

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Cristian Zuluaga

Politólogo de la Universidad Nacional. Estudiante en la UdeA. Algunos intereses: política, cultura, derechos humanos. La palabra, gran ficción. Respondo y debato mis opiniones.

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