“Oiga señor, con todo el respeto que usted se merece: ¡ábrase de aquí! Porque usted ya nos echó la policía”.
Esta fue la frase con la cual la joven (la hija mayor de Pablo y Gloria), que minutos antes había tocado a la puerta, lo sentenció, en nombre de los que mandan en el barrio. Si no se iba de la cuadra podría ser objeto de cualquier ataque o agresión. La amenaza no era extraña. En días anteriores la había recibido, directa y tajante, de boca del propio Juan David, alias “El Chomo”, después de mostrar su renuencia a pagar la vacuna.
Creyendo que lo podía intimidar con las autoridades le dijo ese día-“Vamos allí a la estación (de policía) para que me cobrés”, pero “El Chomo” le contestó: “Te querés morir viejo hijueputa”. Y él lleno de ira y de ingenua valentía, respondió: ¡Hágale, proceda!
Esa misma noche hicieron fiesta en la cuadra. Un equipo de estridente sonido a muy alto volumen en cada extremo de la angosta calle amenizó el concierto de improperios y amenazas de muerte con la que la horda de maleantes hartos de alucinógenos y alcohol le hicieron sentir. Son los amos y señores del barrio, a quienes se debe obediencia y agradecimiento por brindar su protección. “Yo mato, pico y embolso”, se oyó decir esa noche y madrugada, en medio de tanta algarabía, en la que ningún vecino pudo dormir. Todo esto ocurre a menos de media cuadra de la Subestación de Policía del barrio La María, este punto las personas la distinguen como el hueco, barrio Lenín, nombre con los cuales se designa la cuarta etapa del barrio Francisco Antonio Zea.
Los actores de esa terrorífica escena controlan el barrio, extorsionan a los comerciantes, expenden drogas ilícitas al menudeo, cobran por el servicio de aseo y de vigilancia, atracan, amenazan, expulsan, piden cuotas “voluntarias” para llevarle algo a Juan David, alias “El Chomo”, un delincuente paramilitar desmovilizado y criminal reincidente. Su cónyuge, Liliana, la hija de doña esperanza, administra el negocio de venta de drogas desde su propia casa junto con con sus compinches.
Esto ocurre en el barrio Lenín o Francisco Antonio Zea IV Etapa, sector El Hueco, pero dos cuadras mas allá, de la Carrera 71 A hacia arriba actúa otra banda; los “mondongueros”, enfrentados con “los del hueco” y con otras bandas asentadas en el barrio por el control del territorio y de las rentas ilegales, provenientes del microtráfico y la extorsión, entre otras actividades criminales, como las amenazas, el sicariato y el desplazamiento forzado.
Pero escenas como estas suceden a diario en todo Medellín. No es extraño para los comerciantes de la comuna 10, en la esquina del parque Obrero o en parque Boston; en el parque Berrío, la Candelaria o en los semáforos de la avenida oriental. Puede ocurrir en Belén, las Independencias, el Morro; en las Estancias y la Ladera de la comuna 8, o en la 1. Incluso en todas las esquinas del parque Lleras en el corazón de El Poblado; allí han sido identificadas como una de las mayores plazas de droga y comercio sexual para turistas y estratos altos de la ciudad. Se trata del férreo control que desde hace mucho tiempo comenzaron a ejercer los grupos paramilitares armados y financiados por la élite política e institucional en Antioquia, en principio como instrumento para recuperar el control de las zonas marginales donde las milicias populares y la insurgencia habían echado fuertes raíces. Luego de la muy cuestionada desmovilización, estos grupos se reciclaron y derivaron en nuevos grupos paramilitares, bandas criminales, grupos de delincuencia organizada, y combos que sirven a los mismos propósitos de ejercer control sobre la población al tiempo que se lucran de negocios ilegales.
¿Acción concertada?
La Subestación de Policía fue construida e inaugurada en el sitio que ocupó hace años la casa comunitaria creada con esfuerzo por la gente del barrio, según se lee en la placa de acero grabado puesta en su muro frontal, en el mes de abril de 2010, siendo alcalde de la ciudad Alonso Salazar Molina. Este, a su vez agradeció a la compañía Cementos Argos S.A., mediante otra placa similar “por su invaluable ayuda para la construcción de la subestación de Policía La María, noble gesto que demuestra su responsabilidad social y compromiso permanente con la ciudad”. En esa época fungía como comandante de la policía en Antioquía el Coronel Luis Eduardo Martínez, hoy en día general en retiro, llamado a calificar servicios por denuncias en su contra que lo señalan como colaborador de grupos paramilitares y narcotraficantes.
La puesta en funcionamiento de la subestación y la llegada de su primer comandante, coincidió con la mudanza a la cuadra, proveniente de la comuna 13, según se rumora, de Juan David alias “El Chomo”, en la casa marcada con el número 71A-35 de la calle 92DD. A menos de media cuadra de la Subestación de Policía La María. El “Chomo” es un paramilitar desmovilizado y activo en la delincuencia quien al tiempo que recibía pagos del Estado por encontrarse en el proceso de desmovilización, siguió delinquiendo en el negocio de microtráfico, la extorsión y el secuestro, delito (este último) por el cual hoy paga cárcel.
El laberinto del coronel Luis Eduardo Martínez
En el acto inaugural el coronel Luis Eduardo Martínez, quien para ese entonces era comandante de la Policía Metropolitana, según un artículo de El Colombiano el 26 de abril de 2010, manifestó que “Estamos acá para ayudar, garantizamos 24 horas de presencia, queremos interactuar más con la gente del barrio, que tengan confianza en la Policía”.
Más tarde, a comienzos del 2016, al hoy general en retiro, las autoridades de Estados Unidos decidieron retirarle la visa de ingreso a ese país y está involucrado en un escándalo que dio al traste con su ascenso y produjo su llamado a calificar servicios por cuenta de sus supuestos vínculos con la Oficina de Envigado, el narcotraficante Francisco Cifuentes Villa y con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco cuando estuvo en Antioquía; información que la Fiscalía General de la Nación describió como auténtica de las agencias de inteligencia norteamericanas.
En el mismo orden, ha circulado en la prensa nacional información según la cual el general (r) Mauricio Santoyo, hoy preso por narcotráfico en los EEUU y quien fuera jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez en la casa de Nariño, había declarado a la Corte Distrital de Nueva York que tenía pruebas de que el general Martínez tuvo relaciones con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Medellín cuando era comandante de Policía de Antioquia. Santoyo, quien para la época de los hechos era director del Gaula en Antioquia, habría relatado que algunos oficiales de la Fuerza Pública sostuvieron relaciones con la Oficina de Envigado y grupos criminales al mando de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, según se señala en un artículo publicado en El Espectador el 1 de diciembre de 2015.
De la empresa cementera y sus vínculos con el paramilitarismo
La empresa cementera Argos, la misma que donó el cemento para construir la estación de policía, hace parte de un grupo de 25 compañías que a partir de 2007 se dedicaron a la compra masiva de las tierras abandonadas por los campesinos desplazados de los Montes de María. Es la misma que en el municipio del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, desarrolló “comportamiento negocial que, se dirigió a expandir sus negocios en zonas que fueron azotadas por la violencia y a costa de la situación de desplazamiento y abandono sufrida por los propietarios de los fundos adquiridos”, según señala la sentencia del 17 de febrero de 2016 del Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta. El tribunal definió que dado el despojo jurídico, Argos deberá devolver el predio a los campesinos reclamantes; no tendrá derecho a una compensación porque la cementera no es considerada como una compradora de buena fe exenta de culpa; y no podrá, una vez proferida la sentencia, conciliar con los campesinos afectados con el fin de continuar con su proyecto forestal.
Argos S.A. y su empresa filial Reforestadora del Caribe S.A.S compraron, a través de sus intermediarios marrulleros debidamente autorizados, y englobaron más de 12.500 hectáreas de las tierras de campesinos desplazados de los Montes de María, región en donde se cometieron matanzas conocidas por la opinión pública nacional e internacional, por la crueldad de sus autores. Algunas de estas masacres como las de Palo Alto, Libertad, El Salado, Chengue, y Macayepo, se perpetraron directamente en las zonas, donde hoy Cementos Argos desarrolla sus proyectos de reforestación comercial.
La relación de Cementos Argos con el Paramilitarismo no es nueva ni extraña. Varios de sus altos ejecutivos, entre ellos Ricardo Andrés Sierra Fernández, ex Vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Eugenia Restrepo Uribe, gerente de Reforestadora del Caribe, han estado involucrados en casos tan sonados como el de Juan Felipe Sierra (hermano del primero), quien en agosto de 2008 fue capturado y acusado por ser el enlace entre el paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y altos funcionarios de la Policía y la Fiscalía en Antioquia. El mismo individuo fundó la empresa de seguridad Control Total Ltda., que contaba entre su personal con desmovilizados de las AUC y prestaba servicios de seguridad a la empresa Argos S.A. En el mismo orden, Victoria Restrepo Uribe gerente de la Reforestadora del Caribe, está involucrada en las grabaciones realizadas por la Fiscalía, que dieron origen a la captura del ex fiscal Guillermo León Valencia Cossio, el general Marco Antonio Pedreros y el empresario Juan Felipe Sierra por sus nexos con el paramilitarismo en Antioquia.
Los combos de Castilla
En Castilla, hay desplazamientos, microtráfico, extorsión a comerciantes e incluso a los habitantes del común. Es obligatorio pagar a “los muchachos” por el servicio de vigilancia y de aseo. La inseguridad se vive por cuenta de las balaceras entre combos rivales que se disputan el control territorial, robos y atracos constantes.
Las autoridades, llámese Fiscalía, Policía, Alcaldía y Personería, han reconocido la persistencia de los combos que ejercen control violento sobre el territorio a pesar, (o tal vez sea gracias) a la presencia policial en el municipio de Medellín donde ejercen toda suerte de actos delictivos y violaciones constante a los derechos de las comunidades. Entre esos combos, herederos y expresión del proyecto paramilitar, están “Los Mondongueros”, “Los Bananeros”, “Los Lecheros”, “El Hueco de La María”, “El Hueco de La Candelaria”, “La 40″, “La 70″, “Córdoba”, “Los Edificios”, “La 26”, “La Paralela”, “La Fe”, “Florencia”, “Pájaro Azul”, entre otros, que operan a sus anchas en la comuna 5.
Felipe Lopera, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT, afirma que la extorsión al transporte de carga, al transporte público, al comercio, las viviendas, la construcción y como si fuera poco a las personas en vías públicas, por parte de grupos criminales es un secreto a gritos en todas las comunas de la ciudad.
¿Y de Alonso Salazar qué?
El 1 de septiembre de 2005 Amnistía Internacional dio a conocer en Londres el Informe “Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?” en el cual se cuestionaba severamente el proceso de reinserción del Bloque Cacique Nutibara y aseguraba que el paramilitarismo seguía vivo en esta ciudad. Al día siguiente, Sergio Fajardo, quien para ese momento era alcalde de la ciudad, y su secretario de Gobierno, Alonso Salazar, convocaron rueda de prensa para referirse al documento. En ese momento descalificaron el informe y lo tildaron de “burdas evidencias para una generalización mentirosa”.
No valieron las constantes denuncias hechas por organizaciones no gubernamentales sobre las actividades criminales de las estructuras armadas que permanecieron luego de la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, que daban cuenta sobre la vulneración de los derechos humanos de los pobladores de las comunas por parte de esas organizaciones armadas. Por el contrario, fueron desestimadas y desmentidas por Alonso Salazar, quien en varias ocasiones recomendó a estas que no “hicieran tanto escándalo”.
En Agosto de 2013 la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía investigar a Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, por su presunto apoyo a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, durante su paso por la alcaldía, lo cual se basa en una declaración de ‘Don Berna’ en la que se asegura que influyó en las políticas del exmandatario.
Esta confluencia de intereses y prácticas de los combos delincuenciales herederos del proyecto paramilitar que actúan en connivencia con autoridades locales, mandos policiales y empresarios que exhiben vínculos con organizaciones ilegales, deja planteada la pregunta sobre si el proyecto de dominio paramilitar en los territorios (comunas, barrios y cuadras), apoyado en los provechosos negocios del narcotráfico, el paga-diario, apuestas ilegales, la extorsión y el comercio sexual como fuentes ilegales de jugosas rentas para su sostenimiento, cederá ante la realidad que indica la inminente llegada de un acuerdo de paz con la insurgencia armada y la posibilidad de construir una paz estable y duradera basada en el respeto a los derechos humanos. ¿Estará el Gobierno Nacional y los gobiernos local y departamental, interesados en desmontar estas estructuras criminales y mafiosas que le dan soporte a la cultura del miedo y de la intolerancia, para continuar impidiendo el libre ejercicio de una ciudadanía crítica y consciente de sus derechos? Y en concreto, ¿cuál será la estrategia que se implementará para dar inicio a la construcción de la paz en los territorios urbanos en el área metropolitana de Medellín, donde las élites gobernantes siguen sin dar pasos ciertos para desactivar estos focos de violencia?
