Movimiento social, conflictos ambientales y postacuerdo

El postacuerdo, para el caso colombiano, es la fase posterior al fin de la guerra como expresión violenta del conflicto social; en otros términos, se trata del fin de la confrontación armada, más no del conflicto social, el cual es consustancial a la sociedad. El conflicto debe entenderse como motor de cambio o transformación social; sería más exacto emplear las categorías postacuerdo o postnegociación para designar lo que actualmente se denomina como postconflicto.

De otro lado, los conflictos ambientales son un tipo de conflicto social en los que se enfrentan o interactúan actores con intereses opuestos o complementarios, en torno a situaciones que implican la degradación, el despojo o utilización particular de la base ambiental (ecológica y socio-cultural), que da sustento a las comunidades. La mayoría son conflictos de valoración: los que le dan énfasis a los aspectos económicos utilitaristas y le dan a la base ambiental el carácter de “recurso”; y por otro lado, los que le dan gran contenido simbólico, y se constituyen en sustrato, sustancia y esencia de la vida; en portadores de sentidos fundamentales para las cosmovisiones de las comunidades y sus proyectos de vida.

Estos conflictos en gran medida son consecuencia del crecimiento de las sociedades económicamente más desarrolladas, las cuales demandan enormes cantidades de energía, agua y materiales, lo cual genera presión sobre los ecosistemas y comunidades de los países periféricos o dependientes, como el nuestro, que se constituyen en fuentes para suplir estas demandas y en sumideros de desechos.

Por su parte, el movimiento social es una fuerza de cambio social, constituida por una amalgama de actores individuales y/o colectivos que comparten uno o más propósitos y cuyo marco de acción está por fuera del ámbito institucional, aunque tiene una ligazón con este a través de la construcción de agendas y políticas públicas que atienden sus demandas sociales, o en situaciones en las cuales el movimiento gana vocación de poder y se constituye en gobierno. El movimiento social es la expresión dinámica de movilización de la sociedad o parte de esta hacia la concreción de marcos institucionales y políticos que den cabida a las reivindicaciones de sectores y actores sociales.

El momento actual
Colombia se encuentra en un momento histórico crucial, cuyo desenlace marcará significativamente el devenir de la nación en las próximas décadas; este momento tiene que ver con las expectativas alrededor de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y el inicio de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); escenarios que pretenden alcanzar una salida negociada al conflicto armado que completa casi seis décadas y que ha dejado centenares de miles de muertos, y millones de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Sin embargo, desde el gobierno nacional se acentúan las políticas propias de los procesos de acumulación por desposesión, tales como la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC), y las locomotoras del desarrollo (en particular la agrícola y la minero-energética), que son tremendamente cuestionadas por sus implicaciones ambientales, económicas, sociales, políticas y culturales. Este proceso se da en el marco de un modelo abiertamente neoliberal, el cual privilegia la inversión privada, principalmente de capital extranjero, el cual goza de grandes estímulos económicos y exenciones tributarias, en tanto que se descuida la atención a las necesidades y demandas de las comunidades.

En este escenario es posible visualizar que la aplicación del modelo económico desarrollista incrementará los conflictos territoriales, que en esencia son conflictos ambientales, generados por el despojo de la soberanía de las comunidades para definir el uso y manejo de la riqueza ambiental que sustenta las configuraciones territoriales.

Una característica de dichos conflictos es la fuerte dinámica de movilización y oposición social, por parte de actores locales, regionales, nacionales e incluso internacionales; quienes demandan del Estado la adopción de una política soberana y participativa que respete las cosmovisiones de las comunidades, así como el interés de las futuras generaciones; que garantice la conservación de la riqueza de biodiversidad y sociodiversidad de la nación y el territorio colombiano y que esté orientada hacia el bienestar colectivo.

Algunos aspectos pendientes
Llama la atención que de la agenda de negociación con la insurgencia de las FARC hayan quedado excluidos temas como el modelo de desarrollo, la política minero-energética y la estructura de la propiedad, los cuales son parte de las causas estructurales del conflicto social y armado. En este punto, desde una perspectiva pragmática, se puede entender que en la mesa de negociación se discuten y concretan acuerdos sobre aquellos temas que la correlación de fuerzas en el campo de confrontación permite. En este sentido, es evidente que el gobierno nacional no reconoce a la insurgencia el poderío suficiente como para verse obligado a discutir y acordar aspectos en estos asuntos.

Entre tanto, la acumulación por desposesión de bienes comunes sigue en marcha, y como reacción ante estas dinámicas, es palpable cómo en el seno del movimiento social ha cobrado gran relevancia la reivindicación de derechos territoriales, seguridad y soberanía alimentaria, la defensa de fuentes hídricas, ecosistemas de páramo, humedales y ciénagas; el uso de semillas nativas y el rechazo a las semillas transgénicas, el rechazo a la implementación de modelos de agronegocios de producción extensiva, proyectos minero-energéticos, la construcción de rellenos sanitarios y en general la reivindicación del derecho constitucional y fundamental a un ambiente sano. En este escenario se observa un evidente conflicto entre múltiples territorialidades agenciadas por actores gubernamentales, con comunidades locales, líderes, organizaciones y movimientos sociales, actores armados, autoridades ambientales y empresarios nacionales o extranjeros.

Los Retos
Dadas las limitaciones del alcance de los acuerdos entre la insurgencia y el gobierno alrededor de temas relacionados con factores generadores de conflictos ambientales (política minero energética, hidrocarburos, modelo de agronegocios y estructura de la propiedad, principalmente), es previsible que serían los movimientos y organizaciones sociales, así como las organizaciones y partidos políticos, quienes deberían asumir la tarea de abrir paso a estas reivindicaciones en la postnegociación, y estarían marcados por los alcances de lo pactado en los puntos de participación política e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.

Desde esta perspectiva el alcance de procesos como la Asamblea Nacional Constituyente propuesto por las FARC-EP, y el punto aprobado en la agenda entre el ELN y el gobierno sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz, se constituirían potencialmente en escenarios no solo para la refrendación de los acuerdos, sino para la discusión y adopción de marcos constitucionales y legales para la gestión de los conflictos que emergen o se acentúan en el territorio nacional.

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