Minería y autonomía: debate en los territorios

Una de las grandes apuestas que movilizó el proceso constituyente a inicios de 1990 fue la tensión por la descentralización territorial y el intento por reforzar figuras político administrativas que tuvieran más control y presencia en los diferentes territorios del país. De allí se deriva que el primer artículo de la Constitución de 1991 consagre la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales como principios fundamentales de nuestro ordenamiento.

Esta tensión ha sido históricamente generadora de múltiples conflictos por la tierra y el territorio, alimentada por un excesivo centralismo en el cual las decisiones más importantes son tomadas en Bogotá, expropiando así competencias que son naturaleza celular: el rumbo que tomarán los territorios que habitamos. Tanto así que en el mismo corazón del actual conflicto armado que intentamos solucionar como país y en el cual se pretende dar un nuevo rumbo y tratamiento a las tensiones sociales, las palabras como campo, territorio, soberanía, capacidad de decidir, son correlatos de una reivindicación histórica de los movimientos sociales: autonomía.

Dando vigencia a este debate, el pasado 25 de mayo la Corte Constitucional (en una votación de 5-4) declaró inexequible artículo 37 del Código de Minas que prohibía a las entidades regionales y locales establecer zonas que quedaran excluidas de la minería. La demanda, interpuesta por Yorman Torres, Miguel Arias, Luis Guillermo Osorio, Juan David Franco y Damián Ramírez jóvenes estudiantes de Derecho de la Universidad de Antioquia y practicantes de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en compañía de la profesora Diana Carolina Sánchez, expresaron que este ejercicio jurídico les ha permitido ver el derecho como una herramienta y un instrumento, que a partir de un ejercicio riguroso y argumentado se pueden lograr cambios para la realidad social de los territorios; además que conciben, desde una visión sociopolítica del derecho, formas en que se puede intervenir sobre problemáticas de interés general y de alto impacto en las comunidades.

El fin del artículo 37: permitido prohibir
Los últimos quince años, donde se ha desarrollo de manera más agresiva y a gran escala la locomotora minera, fueron los años de vigencia de este artículo, que ya había sido demandado en tres oportunidades bajo argumentos como la vulneración a la autonomía de los territorios indígenas, vulneración al principio de concurrencia y vulneración a la autonomía territorial en general. La tarea no fue sencilla ya que se debían presentar nuevos argumentos ante la Corte. Diana Carolina confiesa que no era una tarea fácil elaborar una demanda a este artículo debido a las grandes exigencias de la Corte para aceptar estudiar que debieron plantear una argumentación que permitiera tanto que la corte aceptara la demanda como que fallara de fondo.

En un trabajo de artesanos que duró 12 meses, los estudiantes se fundamentaron en sentencias, salvamentos de voto y diferentes apoyos bibliográficos sustentaron sus argumentos en dos cuestiones: primero, demostraron que el artículo 37 al ocuparse de una distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales, violaba el artículo 151 de la Constitución que exige al Congreso expedir leyes orgánicas en ésta materia y no leyes ordinarias como lo es el Código de Minas. Segundo, demostraron que sobre la revisión de este artículo no había cosa juzgada, es decir, que al presentar nuevos argumentos la Corte se podría pronunciar de fondo sobre la demanda, mucho más, cuando en el trámite de este artículo se configuró un vicio material.

Implicaciones de la decisión
Hasta el momento la Corte no ha proferido la sentencia completa pero al fallar en favor de los demandantes reconoce un argumento central en esta discusión: el ordenamiento territorial es uno sólo y la minería está incluido en él; por ende, son las entidades territoriales quienes tienen la competencia de prohibir qué proyectos afectan y chocan con otros intereses en sus territorios.

También este fallo se constituye en un instrumento jurídico clave para que ciudades –como el caso de Ibagué– y diferentes municipios y departamentos, cuenten con un respaldo normativo en sus luchas y movilizaciones, contando con mayor relevancia en el uso de mecanismos de participación, que como lo manifestó Miguel, “no solamente queda la potestad en el alcalde sino en concejos municipales y en las comunidades que deben reivindicar la iniciativa y consultas populares, y se apropien hacia poder decidir si sus pueblos tienen o no vocación minera”.

Es preciso aclarar que esta decisión de la Corte no hace ninguna modificación sobre la forma como se entregan los títulos mineros, ni cambia las competencias de otros trámites que tengan que ver con las licencias mineras, por lo cual las entidades territoriales quedan facultadas solamente para la prohibición de la minería; esta decisión también complementa anteriores fallos de la Corte frente al tema en el cual venía exigiendo que tanto el gobierno central como los regionales y locales deben acordar medidas necesarias de protección ambiental y de otros usos que se deseen dar al territorio.

Esta decisión también implica nuevos retos para la Clínica Jurídica quien ya formula ideas luego de esta primera experiencia. Alejandra Arismendy, integrante de la nueva cohorte de la Clínica, expresó que se están proponiendo dar a conocer el fallo y comenzar un trabajo con comunidades y entidades territoriales que crean en esta nueva herramienta y generen procesos de empoderamiento y movilización frente a grandes proyectos mineros que afectan la vida y el uso del suelo en sus territorios.

Minería en el postacuerdo
La discusión social sobre la locomotora minera ya está instalada en el debate público. La decisión sobre la minería que toca con la ordenación del territorio y los usos que se darán a sus suelos, tiene una influencia directa con la vida, la economía y la cultura de un territorio, por lo cual merecen de mayor nivel de participación de los mismos moradores y no pueden quedar a merced únicamente de las decisiones centrales.

Las negociaciones en La Habana han puesto el debate sobre la paz territorial, que se traduce en construcción colectiva del territorio y en responsabilidad del Estado por la garantía de los derechos en todo el país; también el actual proceso de movilización de la Minga Campesina, Étnica y Popular reivindica la autonomía y soberanía sobre los territorios propios y las diferentes territorialidades que allí se expresan. Por eso este fallo es un nuevo instrumento que motiva la movilización, la minga, el encuentro, las consultas, la participación, las nuevas ciudadanías. Enhorabuena los estudiantes usaron para este caso el derecho: cuando la protesta crece en Colombia.

Share this article

About Author

Cristian Zuluaga

Politólogo de la Universidad Nacional. Estudiante en la UdeA. Algunos intereses: política, cultura, derechos humanos. La palabra, gran ficción. Respondo y debato mis opiniones.

Website: bit.ly/2dg94in
Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

últimas publicaciones

Contacto

Medellín - Antioquia - Colombia

 

Calle 50 #46-36 of. 504

 

(4) 231 08 42

 

periferiaprensaalternativa@gmail.com

 

Bono solidario

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.