Grave situación humanitaria en el Pacífico Colombiano

El pasado 10 de abril fue desplazada de su territorio la comunidad Indígena Wounaan del resguardo de Pichimá Quebrada, municipio de Litoral del San Juan, Chocó, a causa de bombardeos aéreos por parte de las Fuerzas Militares. Así lo relató Bernardino Dura, docente del resguardo: “el 11 de abril dos helicópteros y una avioneta sobrevolaban el territorio indígena; a las 3:15 p.m. empezaron los sobrevuelos de los helicópteros del ejército y la ráfagas caían hacia la tierra. Estuvieron volando hasta las 11:00 p.m.”. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) son aproximadamente 136 familias (456 indígenas) del resguardo Pichimá que han sido víctimas de este desplazamiento, de los cuales 130 son mujeres, 150 hombres y 170 niños y niñas, también afirma que 161 indígenas permanecen en el territorio y se desconoce su situación actual.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en un informe frente a la situación de desplazamiento masivo de esta zona del país cuenta que “El 7 de abril se produjeron enfrentamientos entre el Ejército y un grupo armado no estatal en el sector de Orpúa, en zona rural al norte del Litoral de San Juan (Chocó). El primer enfrentamiento causó el desplazamiento de 6 comunidades afrocolombianas e indígenas a otras comunidades. El 13 de abril hubo un bombardeo cerca a la comunidad Wounaan de Pichimá Quebrada, que ocasionó el desplazamiento de 466 indígenas (94 familias) hacia Docordó, y el de 31 afrocolombianos (17 familias) de la comunidad Las Delicias, hacia el casco urbano de Buenaventura”.

Este mismo organismo en un segundo informe amplía que “cerca de 2.760 indígenas de la etnia Wounaan y 1.598 afrocolombianos de 18 comunidades de zona rural del Litoral de San Juan (Chocó) sufren afectaciones humanitarias por las continuas operaciones militares y enfrentamientos entre la Fuerza Pública y un grupo armado no estatal”, enfatizando que las comunidades ubicadas en el Litoral de San Juan padecen una restricción a la movilidad, y están expuestos a un riesgo permanente de desplazamiento forzado intermunicipal, por los constantes operativos militares dados en la zona.

Las necesidades de la comunidad ante la situación
Bernardino Dura nos cuenta que “la situación es muy aberrante, se están enfermando más que todo los adultos mayores y niños. Síntomas más comunes son diarrea, fiebre, vómito, dolor de cabeza, así como una afectación psicológica a causa de esta situación”. Como comunidad han venido haciendo un llamado constante a diversas instituciones del Estado para que conozcan y atiendan esta urgencia humanitaria. Frente a esto, la OCHA informó que “La Alcaldía de Litoral de San Juan atendió la emergencia con ayuda alimentaria y lugar de alojamiento en la cabecera de Docordó. Sin embargo, se evidenció que la magnitud de la situación superó sus capacidades, por lo que se requiere acompañar y fortalecer la institucionalidad local y realizar labores de incidencia ante las entidades de orden departamental para responder a futuras emergencias”.

Dura reporta que tres personas ya presentan paludismo, “cuando nos desplazaron no pudimos traer lo que necesitábamos para protegernos de los sancudos, como cobijas, ropas, toldillos, pues esta zona es selvática”. Otras de las enfermedades que se han presentado en la comunidad son alergias por la contaminación del agua.

Los albergues de recepción de las comunidades presentan daños eléctricos y mala adecuación de sus servicios públicos como depósitos para el agua, utensilios de cocina como estufas, y dotación para la preparación y el consumo de los alimentos. Por su parte las comunidades de las Delicias y Santa María de Pangala requieren condiciones dignas en el albergue que están ubicados en Buenaventura. En cuanto a educación, la jornada escolar está suspendida y se evidencia la necesidad de capacitación a los docentes para casos de emergencia. Así mismo, requieren la presencia de brigadas de salud e insumos médicos para atender la emergencia, y atención psicosocial a la población.

En su informe, la OCHA señala que se hace necesario la activación de rutas de protección y capacitación a líderes de la comunidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, medidas de protección para líderes de la comunidad, y fortalecimiento de acciones que permitan realizar un buen registro de los hechos victimizantes a la población, y presencia de instituciones como la Defensoría del Pueblo.


Un llamado a proteger la vida y los derechos
Las comunidades hicieron un llamado al gobierno de un cese al fuego y a los bombardeos en resguardos indígenas ya que estas acciones afectan el derecho humano a la vida y permanencia en los territorios: “nosotros como comunidad hemos resistido, pero ya no más, esta situación es muy triste e indigna para la comunidad”, puntualizó Dura.
Su llamado también ha sido enfático para que diversas instituciones, particularmente del Estado, conozcan en terreno la situación que vive la comunidad víctima de este desplazamiento masivo, donde se altera su vida y dinámica en el territorio, “esta situación es perturbadora, el solo hecho de desplazarnos a otro municipio, nos afecta todo, los niños están desescolarizados, no tenemos agua potable, no tenemos comida, no tenemos cobijas, hay pocas colchonetas, hemos dejado nuestras casas y nuestros cultivos de pan coger y animales”.

La ONIC por su parte señala “la urgencia de materializar las acciones necesarias desde las entidades e instituciones competentes, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011 y en articulación con las autoridades y organizaciones indígenas, para garantizar la seguridad de las comunidades del Pueblo Wounaan, quienes ven afectados sus derechos individuales y colectivos por la flagrante ocupación de su territorio y las amenazas que se ciernen contra la vida e integridad personal de sus integrantes, generando profundas afectaciones colectivas e individuales; en aras de salvaguardar su pervivencia física y cultural”.

Las comunidades también piden que hayan acuerdos claros en la mesa de diálogo y negociación instalada entre el Estado y las FARC en la Habana, y la próxima a iniciar con el ELN, “ojalá que la paz de la que está hablando el gobierno nos beneficie a las comunidades indígenas y afro, todos nosotros como colombianos queremos un país nuevo y sin violencia; en nuestros territorios y pueblos queremos es la paz, la alegría, la solidaridad, el amor a la naturaleza, nuestro llamado es al compromiso del gobierno a construir la paz”.

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